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En provincia de Buenos Aires, donde la población carcelaria excede en más del doble la capacidad de las plazas para alojar a personas privadas de libertad, ¿cuál será la salida?
La situación de hacinamiento en las prisiones bonaerenses genera un grave peligro para la salud de todos los internos. Ya no se trata de aquellos grupos que denominamos "de riesgo". En esas condiciones, toda la población carcelaria se transforma en un gran grupo de riesgo. Si se sigue como hasta ahora, ese riesgo es cada vez mayor.
Los defensores oficiales ya desde hace un tiempo estaban solicitando excarcelaciones y prisiones domiciliarias. ¿Qué sucedió? Muchísimo trabajo para los defensores y pocas salidas de prisión. Los jueces, en vez de colaborar para descomprimir la situación que ellos mismos han generado, aplican los mismos criterios que condujeron a esta situación. La pandemia es un dato de la realidad que parecen ignorar.
Ante la situación, y con el tiempo corriendo contra las personas detenidas, los defensores generales plantearon un habeas corpus colectivo. El juez Víctor Violini lo concedió parcialmente. A pesar de ello, la decisión permitiría, eventualmente, reducir la población carcelaria.
¿Qué sucedió? El fiscal ante el tribunal de casación interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con el único propósito de evitar las salidas de prisión. Eso sí, expresó su profunda preocupación ante la gravedad de la crisis. ¿Qué hicieron los jueces? Conceden salidas con cuentagotas, dejando de lado, entre otras cuestiones, que el 55 % de esas personas no han sido condenadas. Es decir, deberían ser tratados como inocentes.
Ante el temor generalizado de la población carcelaria, que anuncian una huelga de hambre, la mayoría de los defensores generales ha solicitado formalmente al gobernador Axel Kicillof la conmutación de la pena a dos grupos de personas privadas de libertad con sentencia firme:
1) personas condenadas con fecha de agotamiento de pena durante este año; y
2) personas condenadas a penas no mayores de cinco años que hayan cumplido o cumplan este años los dos tercios de su pena.
El primer grupo abarca a personas condenadas que —sin importar su pena— de todos modos saldrían en libertad pronto, durante este año. El segundo grupo abarca hechos de pequeña o mediana gravedad (hasta cinco años de pena) que este año cumplirían dos tercios de sus condenas.
Conforme surge de la presentación de tres páginas, los fundamentos del pedido serían tres:
1) La situación de hacinamiento en prisiones y comisarías;
2) El peligro generado por la pandemia de COVID-19 tanto para las personas detenidas como para las personas que ingresan a la cárcel; y
3) El hecho de que se agota el tiempo para tomar medidas en forma racional y ordenada.
Se señala, además, que es necesaria una "urgente reducción de la población carcelaria" para poder garantizar la vida y la salud de quienes permanecerán detenidos, del personal penitenciario, de sus familias y de toda la comunidad.
No solo se agota el tiempo y la desesperación puede empezar a cundir entre las PPL [personas privadas de su libertad], los recursos psíquicos de todos los operadores que tienen relación directa con la cuestión (tanto en el ámbito del Servicio Penitenciario, como en el Poder Judicial) están al límite por la tensión y estrés que la cuestión viene generando: los juzgados de ejecución están colapsados, los defensores públicos recibimos cientos de pedidos diarios de PPL y organizaciones de DDHH, los operadores del Servicio Penitenciario y de salud penitenciaria no dan abasto a responder los requerimientos que se generan.
No se trata de un "perdón" del resto de la pena, sino de "la manifestación del equilibrio de todos los intereses en juego y de la realización del ideal de justicia". Es una manera de "compensar las condiciones en las que permanecieron privados de libertad".
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Ante el juez Ricardo Borinsky se presentó el defensor ante el tribunal de casación, Mario Coriolano, solicitando que se monitoree y evalúe la ejecución de lo dispuesto en la resolución que concedió parcialmente el habeas corpus colectivo.
Por otro lado, se presentaron dos asociaciones de víctimas, "Usina de justicia" y "Fortalecidos por el dolor". Solicitan que se informen los nombres y las causas de las personas que se liberen.
Borinsky rechazó ambas solicitudes, pues no es competencia del tribunal monitorear la tramitación de las domiciliarias ordenadas, ni cuenta con la información que las asociaciones mencionan.
Ante la falta de ejecución de lo que ya se había ordenado por parte de los jueces de primera instancia, ordena que se ejecuten inmediatamente a pesar de que la decisión no esté firme. Finalmente, ordena que se notifique a las víctimas de las decisiones liberatorias.
Hoy por la mañana las personas detenidas tomaron los techos en la Unidad 23, donde una persona detenida resultó muerta. Se investiga si se trató de un ajuste de cuentas o si murió por un disparo, en los momentos en que fueron reprimidos.
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