UN POCO DE CORDURA
La fiscal federal Paloma Ochoa
solicitó la indagatoria del juez de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo
Rafael Riggi en la causa de las
coimas y por “haber tomado intervención en las conductas ilícitas que se
desplegaron de común acuerdo para obtener ilícitamente de la Cámara Federal de
Casación Penal un fallo favorable que revocara los procesamientos y
denegatorias de las excarcelaciones de los entonces imputados”, por el asesinato
de Mariano Ferreyra.
La fiscal Ochoa, con buen tino, descartó la
hipótesis de las “dos etapas”, que consistía en: 1) manipular el sorteo para
que cayera en la Sala III; y 2) recién en ese momento coimear a Riggi. Esta hipótesis —pensada a la
medida del casador— suponía que primero se manejaría el sorteo para recién
“convencer” a Riggi. Es muy poco
creíble que los hechos sucedieran de ese modo. ¿A quién se le ocurriría organizar
las cosas de esa manera? ¿Manejar el sorteo para que caiga ante jueces que aún
no han sido “convencidos”?
Naaa...
De la página del Ministerio Público Fiscal:
La
teoría de las dos etapas
A
continuación, la fiscal federal recordó la “teoría de las dos etapas”, una
estrategia introducida por el juzgado de instrucción que previno y luego
ratificada por la Cámara del Crimen al confirmar los procesamientos de Aráoz de
Lamadrid, Riquelme, Stafforini, Pedraza, Ameguino Escobar y Planas.
“Se
afirmaba con ella que existió una primera etapa en la cual se manipuló el
sorteo para que los recursos de Casación interpuestos en el marco de la
investigación del crimen de Ferreyra quedaran radicados en la Sala III de la
Cámara Federal de Casación Penal”, explicó Ochoa. A partir de esae movimiento,
entraría en juego una “segunda etapa de ese plan criminal que consistía en
ejercer una indebida influencia sobre el juez Riggi, integrante de la Sala III
de la Cámara Nacional de Casación Penal y directa o bien indirectamente, a
través de él sobre los restantes miembros de ese Tribunal, esto es, los jueces
Mitchell y Catucci, para que en el estadio procesal oportuno se revocaran los
procesamientos dictados en la causa del Juzgado de Instrucción Nº38”, agregó.
Supuestamente,
esta parte del plan iba a ser ejecutada a partir del día 2 de febrero de 2011.
Por esa razón, en las distintas conversaciones telefónicas protagonizadas por
los procesados se hacía constante referencia a la importancia del “día dos”.
La
fiscal federal resaltó que el análisis integral de la prueba reunida “a lo
largo de esta investigación permitió desterrar esta ‘teoría de las dos etapas’
que encauzó durante años el curso de la investigación, haciéndose hincapié en
que en todo caso, lo que hubo fue una forma de organización de la maniobra,
pero, en ningún caso hubo desconocimiento en los autores de cada uno de los
pasos del hecho delictivo investigado”.
En
efecto, lo que los imputados Aráoz y Riquelme afirmaron en las escuchas sobre
los encuentros y charlas con los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal
- principalmente Riggi y Mitchell- fue real y concreto. La representante del
Ministerio Público indicó que “el juez Riggi no sólo estaba al tanto de las
maniobras ejecutadas por el resto de los imputados (ya procesados) sino que
además formaba parte de un pacto previo que culminaría con la entrega del
dinero prometido a contraprestación de la resolución judicial buscada por el
grupo de los siete imputados”. Es decir, el sobreseimiento y consecuente
libertad por el crimen de Mariano Ferreyra.
A
partir de la investigación, surgió que Pedraza fue quien, de la mano de
Stafforini, “se movilizó para conseguir el dinero que compraría su efectiva
desvinculación, pues hasta la definición del sorteo de la Sala que entendería
en los recursos interpuestos, nada le aseguraba a aquél que lograría torcer
esos procesamientos”, señaló la representante del MPF.
De
esta manera, Ochoa concluyó que el análisis integral de la prueba reunida
“mostró un panorama más certero sobre la verdadera dimensión de la
participación que le cupo al juez de Casación Eduardo Rafael Riggi en las
maniobras delictivas objeto de investigación […] consistente en haber acordado
con Aráoz y -a través de éste con el resto de los aquí imputados- una
resolución favorable, previo pago de una suma de dinero aún no determinada”,
para revocar “los procesamientos y las denegatorias de las excarcelaciones de
los imputados [por el crimen de Mariano Ferreyra], que mediante el sorteo
irregular practicado el 26 de enero de 2011 por parte del ex funcionario de la
Sala de sorteos Ameguino Escobar, recayeron para su tratamiento en la Sala III
de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada en ese entonces por Eduardo
Rafael Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Liliana Catucci”.
