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19 oct 2018

COMODORO 3,14: TOTAL NORMALIDAD





La nota

Viernes, 7 de la mañana. Por algo que leí en Twitter caigo en Infobae, y cuando estaba por cerrar la ventana, el título de una nota llamó mi atención: Después de los cuadernos.  Voy a la nota y comienzo a leer. El primer párrafo ya me hace ruido. 

El caso de los cuadernos, globalmente considerado, presenta importantes complejidades jurídicas, incluso más en materia civil que penal. Es que no sólo se trata de condenar a los culpables de los eventuales delitos, sino también resolver la suerte de los contratos y definir otros efectos patrimoniales derivados de aquellos.

Sin embargo, me animo a seguir leyendo por eso de las "complejidades jurídicas".

En lo penal, recordemos que el juez se encuentra recolectando pruebas, y, con base en ellas, definiendo el grado de sospecha (sólo eso) que puede pesar sobre cada uno de los imputados ("procesamiento" o sometimiento al proceso penal) con o sin prisión preventiva, según los casos. Después vendrá el juicio propiamente dicho, y recién allí la sentencia, siempre sujeta a apelación. Para llegar a una sentencia firme de condena falta mucho tiempo (¿dos o tres años?), mientras tanto todos y cada uno de los imputados tienen derecho a la presunción de inocencia (art. 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, y art. 18 de la Constitución). Estos principios son los que nos permiten vivir en un país civilizado y respetuoso de la libertad de todos.

El segundo párrafo me hace pensar que quien escribe parece un juez, uno muy cínico, y de algún fuero extraño al derecho penal. Releo ese párrafo y luego continúo leyendo hasta llegar al final. De ese párrafo en adelante, el autor de la nota se dedica al "grave problema" de la validez de los contratos vinculados a las coimas que son objeto de la causa penal.

Todo un ex ministro

Al final se aclara que el autor de la nota ha sido juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El dato me sorprendió. Vuelvo al principio para saber de quién se trataba. Cuando leí "Rodolfo barra" entendí.

Si hasta el diario "La Nación" lo corre por izquierda cuando menciona algunos de sus grandes éxitos:

Hasta ese momento, de la gestión pública de Barra habían quedado ciertos hitos inolvidables.

Como ministro había intentado aplicar la ley mordaza contra el periodismo, que proponía aumentar las penas por calumnias e injurias; la ley anticorrupción, que prohibía publicar las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios, y una ley que permitía a la policía requisar y secuestrar elementos sin autorización judicial. 

Regresando al segundo párrafo de la nota, no se puede creer que escriba que lo que está haciendo el juez de la causa de las fotocopias significa que "solo" está investigando, para cerrar la frase señalando como al pasar que se están dictando los procesamientos "con o sin prisión preventiva, según los casos".

Agrega que faltan años para obtener sentencia firme, y en un razonamiento tan propio de los jueces, aclara con firmeza que "mientras tanto, todos y cada uno de los imputados tienen derecho a la presunción de inocencia". Me resulta francamente admirable esa fe de los jueces en el poder de la palabra. Suelen aclarar en sus resoluciones que las medidas adoptadas no vulneran los derechos de una de las partes cuando efectivamente lo hacen. Como si fuera posible deshacer lo que se hizo limitándose a decir que no se ha hecho.

La última frase del párrafo citado es sublimemente cínica cuando menciona que vivimos en un país "civilizado y respetuoso de la libertad de todos". ¿En serio cree que cuando se aplica el encarcelamiento preventivo se respeta sin problemas el principio de inocencia? ¿En serio cree que el encarcelado preventivamente siente que el Estado está respetando su derecho a la libertad?

El hecho de que Rodolfo Barra haya sido juez de la Corte Suprema es una de las tantas manifestaciones de la degradación de nuestro poder judicial.

Total normalidad

Pero la mayoría automática de la Corte menemista pasa a ser una simple anécdota comparada con las prácticas actuales de los federales de Comodoro 3,14.

Lo más grave del estado de degradación actual de la justicia penal federal de Comodoro 3,14 es, lamentablemente, que el paisaje de arrepentidos, fotocopias, prisiones preventivas como mecanismo de apriete institucional del adversario político, con el transcurso del tiempo, se está "naturalizando".

En efecto, las arbitrariedades de los jueces federales en la persecución penal de ex funcionarios kirchneristas han resistido las impugnaciones de la defensa y solo preocupan a sus simpatizantes políticos. Que quede claro, el hecho de que esas personas sean o no culpables es un dato que debe ser irrelevante para el derecho. No se trata de eso. Se trata de comprender que la persecución penal —especialmente en casos de corrupción— de estos y cualquier imputado solo puede realizarse respetando principios básicos del Estado de derecho.

Si jueces y fiscales admiten, toleran o incentivan actividad procesal irregular están actuando para los titulares del día, en lugar de blindar el caso contra futuras impugnaciones. No solo deben respetar los derechos de los imputados porque eso es lo correcto, sino, además, con un fin eminentemente práctico: que las eventuales condenas resistan las futuras impugnaciones de la defensa.

Las dificultades de los casos de corrupción no consisten en complejidades propias de ese tipo de casos. Los delitos de corrupción dependen, en gran medida, de factores como la falta de voluntad persecutoria real, la vigencia de reglas procesales obsoletas, la falta de capacitación de jueces y fiscales para llevar a cabo y controlar la persecución penal de estos hechos, las prácticas de todos los operadores de la justicia penal.

En este contexto, la aplicación discrecional de leyes como la del arrepentido y, especialmente, del encarcelamiento preventivo, no solo es innecesaria sino, además, peligrosa para los derechos de las personas sometidas a persecución penal.

Los federales de Comodoro 3,14 están desbocados y su arbitrariedad se está naturalizando. Hasta ahora, ninguna de las causas contra funcionarios del gobierno anterior parece tener algún tipo de solución en el futuro cercano. Y todos parecemos aceptarlo. Eso es lo terrible...





28 ago 2018

OTRA DE TERROR EN COMODORO PY






Cuando parecía que Comodoro 3,14 no podía ya inventar maneras adicionales de vulnerar derechos, un título de La Nación de hoy asusta: 

Las revelaciones suman presión para reabrir causas judiciales

Se afirma que se trata de la doctrina de la cosa juzgada írrita, "que permite reabrir causas de corrupción cuando su cierre fue producto de maniobras fraudulentas". Curiosamente, se olvida de mencionar las causas en las cuales órganos internacionales han aplicado esta doctrina, rechazando la aplicación de principio ne bis in idem, tales como Bulacio (Argentina) o Carpio Nicolle (Guatemala) de la Corte IDH.

La súbita atención de la doctrina de la cosa juzgada írrita, aparente o fraudulenta se debe, según la nota, a dos factores:

1) las declaraciones en la causa de los cuadernos de Oyarbide el "presionado"; y

2) una auditoría que presentará el Consejo de la Magistratura sobre el fuero federal que exhibiría las resoluciones a ser cuestionadas o revisadas.

A esto se agrega:

Por otro lado, es improbable que los fiscales pidan que se anule una sentencia, porque esto implica denunciar como fraudulento un fallo que un colega suyo consintió.

Muy interesante. Se pretende revisar decisiones de jueces y fiscales que deberán ser analizadas por esos mismos jueces y fiscales, que continúan en sus cargos. Además, es muy preocupante esta afirmación, pues presupone que los fiscales —algunos de ellos— por mero ánimo corporativo no denunciarían fallos que saben que fueron fraudulentos.

Resulta también muy interesante que el Consejo de la Magistratura se dedique a hacer auditorías de jueces que el mismo órgano designó y jamás destituyó... La actuación de este órgano ha sido lamentable, en este sentido, en todos los gobiernos. Como señala Pablo Slonimsqui, el Consejo "seguramente no será recordado por los pocos jueces que destituyó, sino por los muchos jueces que no destituyó. Y por haber sido utilizado para ejercer presión sobre ellos".

Una cuestión que despierta la curiosidad es la de qué se hará con quienes intervinieron originariamente en esas causas que serían declaradas fraudulentas. Lo mínimo que habría que hacer sería destituir a esos funcionarios (jueces y fiscales), en la medida en que hubieran participado intencionalmente en la realización del fraude o en su ocultamiento.

Pero lo más sorprendente de todos es en quién deberemos depositar nuestra confianza para que inicie las acciones legales contra las resoluciones supuestamente fraudulentas:

Quien tiene legitimación procesal para pedir la reapertura en las causas que involucran a funcionarios es la titular de la OA, Laura Alonso. Ella dijo que está a favor de que se reabra la causa, pero como titular de la OA todavía no accionó.

Efectivamente, la elección de las causas que deberían ser revisadas dependería de la Sra. "técnicamente no es delito", con lo cual tenemos asegurada la imparcialidad... Como no podía ser de otra manera, está hablando de una causa contra Cristina Fernández de Kirchner.

No sé ustedes, pero yo no hice nada y tengo miedo...