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La presentación
El pasado 18 de noviembre de 2010 se presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires la tesis doctoral del Dr. Daniel Rafecas. La tesis fue publicada por Editores del Puerto con el título La tortura y otras prácticas ilegales a detenidos, con Prólogo del Prof. Dr. David Baigún. La presentación estuvo a cargo de los Dres. Ignacio Anitua, Luis Niño y DavidBaigún.
En primer lugar, Anitua realizó una detallada descripción del contenido de la obra, destacando especialmente el entramado interdisciplinario empleado por el autor para abordar un tema tan complejo como el de la tortura, tanto desde una perspectiva universal, como regional y, en particular, del contexto argentino.
El Dr. Anitua ponderó las fuentes históricas y sociológicas en las que abreva la tesis de investigación, como también la rigurosidad —propia de la buena dogmática penal— para abordar todas las cuestiones jurídico-penales relacionada con los delitos de torturas, apremios ilegales, vejaciones y detenciones ilegales analizados a partir del tercer capítulo del libro. Concluyó su exposición destacando la verificación de las hipótesis de trabajo de la tesis. Finalmente, destacó de manera especial el hecho de que la obra de Rafecas ya ha dejado de pertenecerle, ha pasado a integrar el saber de las disciplinas penales, y como tal, se ha transformado en una herramienta intelectual generadora de debates, discusiones y críticas sobre las complejas cuestiones tratadas.
El Dr. Niño intervino a continuación. Su comentario no apuntó a la obra sino a la maduración intelectual del autor. Recordó los primeros pasos dados por el Dr. Rafecas, al aceptar hace muchos años una invitación a participar de una obra colectiva sobre los “Delitos contra la libertad”, empresa que culminó satisfactoriamente con la publicación hace siete años de un libro con ese título, bajo la dirección de Stella Maris Martínez y el panelista.
El Dr. Niño destacó el desarrollo evidenciado por el autor a partir de entonces y hasta la cristalización de esta obra, en especial con respecto al tema de la tortura, para lo cual era evidente cómo el Dr. Rafecas había capitalizado la experiencia y el contacto con investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que tramitan en el Juzgado Federal a su cargo, y que se ve plasmado en el contenido y desarrollo de la tesis.
Finalmente, tuvo lugar la intervención del Dr. David Baigún, quien fuera a la vez director de la tesis y prologuista del libro presentado en el acto. Baigún sorprendió al público presente y al resto del panel, al advertir que su intervención no iba a estar dirigida a hacer comentarios acerca del libro, sobre cuyos méritos e importancia ya habían expuesto los dos juristas que lo precedieron en la palabra, sino que era su intención detenerse en la figura del autor. Tute Baigúncontó que conoce a Rafecas desde que éste era un joven estudiante de la carrera, quien luego, como graduado, ingresó en la carrera docente y estuvo durante unos años en su cátedra, y a partir de allí siempre estuvo en contacto con él, en el marco de las intensas actividades académicas de ambos. En todo este tiempo, ponderó Baigún, Daniel Rafecas ha sido un ejemplo de coherencia intelectual y de valentía, como docente y como juez. Destacó del autor su fina percepción para prefigurar el advenimiento de cambios históricos, percepción que le ha permitido estar a la vanguardia de esos cambios y mostrando el camino, en especial a las nuevas generaciones.
Para cerrar el acto, el autor de la obra, Dr. Daniel Rafecas, comenzó por agradecer las palabras y conceptos vertidos por los panelistas, y al público por estar presente en el acto. Resaltó que dos eran los objetivos propuestos con este libro, en primer lugar, en el plano del deber ser, que esta tesis de investigación y sus conclusiones constituyan un aporte a las ciencias penales argentinas en sus distintos ámbitos, en especial en el estudio que se efectúa de estos tipos penales desde la perspectiva de las tres garantías penales constitucionales básicas (legalidad, lesividad, culpabilidad); y en segundo término, ahora en el plano del ser, expresó el autor su deseo de que la obra en cuestión se convierta en una herramienta de trabajo para los operadores del sistema penal, de modo tal que contribuya a una mayor y mejor selección de estos delitos ‑—que en todos los casos constituyen graves afectaciones a los derechos humanos básicos de libertad, dignidad y en muchos casos, la propia vida— por parte de las agencias judiciales, y de este modo, que se vaya reduciendo el ejercicio del más brutal poder punitivo subterráneo que lamentablemente aún persiste en muchos ámbitos, especialmente policiales y penitenciarios, a lo largo y ancho del país. En este sentido, concluyó el Dr. Rafecas, descontaba el aliento y la ayuda de todos los presentes, colegas y amigos, para lograr esos objetivos, tan preciados para la consolidación de nuestro sistema democrático.
Comentarios recibidos por el autor
Querido Daniel:
Acabo de recibir tu excelente libro de la tortura que supera con mucho lo que ya me mandaste en una versión anterior. Se ve que lo has trabajado a conciencia y que conoces el tema a la perfección, tanto en sus aspectos jurídicos, como en los otros en los que incide directamente este tema. Enhorabuena. Gracias también por la referencia a tu estadía en Sevilla.
Un abrazo
Paco (Prof. Francisco Muñoz Conde)
16/11/2010
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Querido Daniel:
Te felicito por haber producido una obra que se haga cargo de una temática tan esencial como su título lo indica. Seguramente será un aporte enorme para clarificar, ayudar a la toma de conciencia, y además para servir de fundamento teórico a quienes recorremos estos mismos caminos de lucha.
Un fuerte abrazo con mi gran reconocimiento y todo mi afecto.
Hugo Cañón
15/11/2010
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Daniel:
Estos días me fui a Cariló y ayer pude terminar de leer el libro. Me pareció muy bueno, sobre todo la parte en que habla de las diferencias entre torturas y apremios y/o vejaciones, como así también las características de éstos últimos. ¡Qué bueno que haya un libro específico sobre esta clase de delitos! Lamentablemente, y por el rol que me toca desempeñar en el proceso, soy consciente de que les va a servir muchísimo a los fiscales y a los querellantes. El tema de la comisión por omisión, de la posición de garante, de la autoría mediata, etc., es una posición muy respetable, como también lo es la contraria, la mantenida por Zaffaroni y Silvestroni. Por supuesto, que tendré que apoyarme en estos autores y no tanto en vos, ja ja.
Más allá de la seriedad del libro, por las citas, fallos, doctrinas y la profundidad abordada, noté algo que me parece muy importante: la fluidez de su lectura y la sencillez del desarrollo de los temas.
Te cuento un caso: estábamos en la playa antes de ayer, y veo a mi viejo que se pone a leer tu libro (es médico). Al rato, veo que sigue con el libro. Pensé: para qué lo lee si no va a entender nada o peor aún, luego me va a hacer 20 preguntas sobre el tema. A la noche, se me acerca y me dice: "Muy interesante ese libro, sobre todo cuando habla de la diferencia entre tortura y apremios". Y nos pusimos a hablar unos minutos sobre ello.
En síntesis: me parece un gran logro realizar un libro que pueda ser entendido o comprendido por cualquiera. Sobre todo, me parece perfecto desarrollar ideas o pensamientos en forma clara y concreta, sin tantas palabras o frases sofisticadas que, muchas veces, no dicen nada.
Te mando un abrazo y, nuevamente, felicitaciones.
Mariano (lector anónimo)
EL PAIS › REFLEXIONES A FAVOR DE LA PUBLICIDAD DE LOS JUICIOS PENALES
Los juristas Alberto Bovino y Gabriel Anitua abordaron el tema en un seminario organizado por Abuelas de Plaza de Mayo. Coincidieron en que se debe precisar por ley en qué casos puede acotarse la publicidad de un juicio.
Publicado en el Página/12 del jueves 9 de octubre de 2008
“La Justicia tiene un tremendo temor a la publicidad y en particular a la televisión. Si los jueces le temen, significa que algo bueno tiene la TV”, planteó Alberto Bovino. “El control del principio de publicidad en los juicios penales no puede quedar a cargo del propio juez porque, como funcionario, igual que un gobierno o un Parlamento, también él debe ser controlado. La publicidad es un principio constitucional y un juez es un funcionario. Si no le gusta, lo que puede hacer es renunciar”, explicó Gabriel Ignacio Anitua.
Las reflexiones de Bovino y Anitua, prestigiosos docentes de la Facultad de Derecho de la UBA, formaron parte ayer de la segunda jornada del seminario organizado por Abuelas de Plaza de Mayo y el departamento de Derecho Penal de esa casa de estudios y tienen un destinatario inequívoco: el Tribunal Oral Federal 5 que, a diferencia de sus pares del resto del país, prohíbe a los reporteros gráficos cubrir y a la sociedad acceder por su intermedio a las audiencias de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
La prohibición del tribunal que preside Guillermo Andrés Gordo fue objetada por el fiscal federal Félix Crous, por los querellantes, por organizaciones de prensa como Argra o Fatpren, por el Concejo Deliberante y el intendente de Morón, Martín Sabbatella, por prestigiosos jueces como Leopoldo Schiffrin, Carlos Rozansky y Jaime Díaz Gavier, y ahora también por académicos. Al debate, sin embargo, le sigue faltando una pata: el tribunal porteño que concentra la mayor parte de los juicios a represores apenas invocó el riesgo de atentar contra “la espontaneidad de los testigos” y no se pronunció sobre la posibilidad de transmitir alegatos y sentencias, como las que permitieron seguir la arenga de Menéndez, el llanto de Bussi o el desequilibrio de Cecilia Pando. Crous ya apeló la negativa, por “arbitrariedad manifiesta”, ante la Cámara de Casación.
“Es ridículo pensar que la publicidad se satisface con el ingreso a la sala de las partes y unas pocas personas”, consideró Anitua, que dedicó al tema su tesis doctoral. Entre las funciones que debe satisfacer la publicidad subrayó la de garantizar al imputado un juicio justo, “el derecho al grito de la víctima y de la sociedad” y “la posibilidad de controlar a los funcionarios judiciales” como ocurre en Estados Unidos, donde un canal de cable transmite juicios en vivo.
Anitua vinculó la decisión de Gordo “con la crisis actual de la Justicia” y subrayó que en los juicios vinculados con el terrorismo de Estado “la publicidad tiene la función esencial de fijar la memoria histórica”. Citó como antecedentes el juicio de Nuremberg, el Tribunal Penal Internacional que juzgó crímenes en la ex Yugoslavia y el Juicio a las Juntas. “Así como los aliados tuvieron especial interés en que los alemanes conocieran los hechos aberrantes de los campos de concentración, el TPI se planteó como prioridad la filmación y difusión del juicio en toda la ex Yugoslavia, para que la verdad tuviera efecto”, destacó. “La publicidad del Juicio a las Juntas, pese a que se transmitió sin sonido por el contexto de 1985, fue un gran acierto. Su efecto fundamental fue que sólo unos pocos locos siguieron reivindicando la dictadura militar”, agregó, y consideró que “no es casual” que a diferencia de Augusto Pinochet o Francisco Franco los jerarcas autóctonos fueron marginados por la sociedad.
Quienes reforman los códigos argentinos “no tienen televisión en la casa”, ironizó Bovino. “La Justicia es el más oscuro de los poderes, tiene diversos mecanismos para opacar sus actos”, dijo. Bovino refutó uno a uno los argumentos que suelen esbozarse para restringir la publicidad de un juicio. Sobre la afectación a la espontaneidad de los testigos invocada por Gordo explicó que “un testigo nunca puede ser espontáneo”, por varias razones: desde la advertencia sobre el castigo que recibirá si miente, pasando por la presencia indiferenciable de imputados y abogados, hasta “el estrado en las alturas, la cruz amenazante y toda una simbología de poder que oscurece” la posibilidad de declarar con espontaneidad. Bovino también destacó que “la TV tiene sentido en las salas si la organización de la actividad judicial es comprensible” y para ello es imprescindible que el lenguaje del micromundo judicial sea accesible a toda la sociedad.
Ambos profesores disintieron con la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia use sus facultades de superintendencia para pronunciarse sobre el tema y coincidieron en que debe ser el Congreso el que esclarezca por ley en qué casos puede acotarse la publicidad de un juicio. Organismos de derechos humanos y diputados ya trabajan en un proyecto para modificar el Código Procesal Penal con el fin de terminar con la discrecionalidad que permite a los magistrados actuar de espaldas a la sociedad.
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