"Si hay sentencias inentendibles, no puede haber Justicia"
La Defensora General de la Nación, Stella Maris
Martínez, sostuvo que "la Justicia no puede inspirarle temor a la gente"
y se manifestó a favor de que haya "participación ciudadana en la
elección de los jueces", aunque no que éstos sean elegidos mediante el
voto popular.
"La
Justicia no puede inspirarle temor a la gente. El ciudadano de a pie no
entiende lo que dicen los jueces en sus sentencias inentendibles, y así
no puede haber Justicia. Hay que transparentar la administración, no se
puede funcionar en base al secreto", remarcó Martínez durante una
conferencia de prensa ofrecida en el marco de las jornadas Justicia Legítima.
Durante su exposición, consideró que "los jueces tienen que
dialogar, explicar a la ciudadanía cómo trabajan, qué hacen", pero
estimó que "estos cambios no se van a dar nunca desde la cúpula, sino
que tienen que empezar desde abajo, hay que empezar oxigenando desde
ahí".
...
"Ni yo como Defensora General conozco cuál es el sistema por el que se
seleccionan algunos temas por sobre otros. Hay algunos jueces de la
Corte que usan y abusan del artículo 280 para rechazar recursos de queja
sin explicación alguna. Es el único poder del Estado que puede tomar
una decisión que afecte a un ciudadano sin explicar por qué. Esto no es
democrático", concluyó.
Mario Wainfeld y la Justicia Legítima
El periodista Mario
Wainfeld sintetizó en menos de siete minutos un tema que está en agenda,
la democratización de la justicia. Ponderó el debate y sostuvo que “en
la Argentina, cuando abrís una discusión, en general es muy difícil
cerrarla sin resultados”.
El periodista Mario Wainfeld se refirió a la democratización de la
justicia y en siete minutos explicó un panorama complejo pero alentador.
“Hay un sector del poder judicial que quiere marcar que la
independencia no sólo del poder político sino de las grandes
corporaciones”, sostuvo y agregó, “muchos jueces quisieron marcar la
diferencia entre ellos y Francisco de las Carreras, el camarista que viajó a Miami con todo pago por Clarín”.
Respecto al juez “tentado” por el monopolio, Wainfeld citó al
Presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, que comparó al juez con un
árbitro y aclaró que, “no se puede cambiar al árbitro en el medio de un
partido”. “Tampoco se puede permitir que antes de un River- Boca, el
árbitro viaje con alguno de los dos clubes y luego dirija el partido”,
refutó el periodista.
Por otro lado, Wainfeld destacó que “en la Argentina, cuando abrís
una discusión, en general es muy difícil cerrarla sin resultados” y
enfatizó “un lugar tan elite como es el ambiente judicial ya comenzó a
hablar para modificarse, y eso no es poca cosa”.
Gils Carbó: "Cuando se trata de plata, la Corte Suprema no respeta la Constitución"
La procuradora subió el tono de la
disputa con el máximo tribunal por el pago de Ganancias; "Lo que se está
diciendo es que paguemos nosotros, mientras ellos no pagan", afirmó.
Sin ánimo de bajarle el tono a la disputa
retórica con la Corte Suprema por el pago del impuesto a las Ganancias,
la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Garbó, aliada al
kirchnerismo, redobló la apuesta y acusó al máximo tribunal de no
respetar lo que fija la ley.
"Cuando se trata de plata, no es la primera vez que la
Corte Suprema no respeta la Constitución", afirmó, en diálogo con radio
Del Plata. Gils Garbó se mostró "sorprendida" por la respuesta del
máximo tribunal a su pedido para trabajar en forma conjunta con la
implementación del pago del impuesto a las ganancias de jueces y
fiscales.
"Es sorprendente porque lo que nosotros pedíamos era
sentarnos en la mesa de discusión que ellos anunciaban que estaban
teniendo para que funcionarios paguen ganancias. No es cierto que la
Corte no puede tomar decisiones sobre nuestro nivel salarial", apuntó.
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La relación entre la Procuradora y la Corte es cada vez más tensa
- 25 de febrero / Durísima definición
La
procuradora Gils Carbó afirmó, en una entrevista con LA NACION, que la
Justicia actual es "ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies
aceitados". No dejó fuera de esta definición a la Corte
- 26 de febrero / Desaire a Lorenzetti
Gils
Carbó rompió con el protocolo y faltó al acto de apertura del año en la
Corte, donde se conmemoró además el 150° aniversario del tribunal.
Tampoco asistieron los invitados kirchneristas
- 27 de febrero / Justicia legítima
Gils
Carbó encabezó el primer encuentro de Justicia Legítima en la Biblioteca
Nacional, con críticas al mensaje unificador de Lorenzetti
- 1° de marzo / Anuncio presidencial
Cristina
Kirchner anunció que enviaría al Congreso una serie de proyectos de ley
para "democratizar la Justicia" y cuestionó a la Corte porque los
jueces no pagan impuesto a las ganancias. Varios referentes de Justicia
Legítima celebraron los anuncios, que generaron críticas de la
Asociación de Magistrados
- 8 de marzo/ Nota a la Corte
La
Procuración envió una nota a la Corte diciéndole que si estaba
discutiendo el tema del impuesto a las ganancias, la incluyeran en el
debate. Alegó que lo que se resolviera, se aplicaría también a los
fiscales. La Corte le respondió que no era así y dijo que, según la ley,
Gils Carbó ya debería aplicar el impuesto
El mensaje por "justicia legítima" llegó a la Rosada
El ministro de Justicia, Julio Alak, se reunió con
los representantes del movimiento "Justicia legítima", quienes le
acercaron las conclusiones del encuentro realizado el 27 y 28 de febrero
en la Biblioteca Nacional. "Las ideas principales tienen una
coincidencia profunda y clara con el desafío que planteó la Presidenta
durante la apertura de la Asamblea Legislativa", sostuvo Alak.
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Alejandra Gils Carbó: "La Justicia actual es ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados"
La jefa de los fiscales dice que no le
teme a las presiones del Poder Ejecutivo y que es más preocupante la
influencia que tienen sobre los jueces los poderes económicos
"hegemónicos".
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils
Carbó, abrió una semana clave para el Poder Judicial con una definición
terminante: sostuvo que la Justicia actual es "ilegítima", porque es
"corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados".
Para la jefa de los fiscales, es más preocupante "el
poder hegemónico" que ejercen sobre los jueces "las corporaciones
financieras" y las "mediáticas" que las presiones del Poder Ejecutivo,
que encuentra sobredimensionadas.
El desafío de Justicia legítima
Un espacio de debate sobre los cambios en la Justicia
Por Martín Granovsky
Opinión
La Justicia no es ya una familia judicial. Las franjas más
conservadoras pueden ser dominantes, pero no todos los jueces y fiscales
son conservadores. Ni siquiera todos responden a los cien mayores
estudios de la Argentina, ni fallan o dictaminan por encargo público o
privado. Tampoco el segundo es un sector homogéneo. Por ahora hay dos
novedades. Una, que creció de manera reactiva ante el exhibicionismo de
poder de los conservadores. La otra, que decidió juntarse. El documento
“Justicia legítima”, emitido a principios de enero, fue el primer
ejemplo de espíritu de grupo. El segundo se producirá esta semana,
cuando centenares de funcionarios judiciales se congreguen el 27 y 28
para discutir qué pasa en el Poder Judicial y reflexionar sobre su
propia práctica.
El fiscal Félix Crous fue uno de los firmantes del texto. Cuando el
martes 19 asumió como jefe de la Procuraduría en Narcocriminalidad,
Crous hizo un discurso sin giros corporativos. Más bien fue
anticorporativo.
...
“El sistema condiciona, pero no determina”, dijo al hablar del Poder
Judicial. Y explicó que por eso no quedan justificados “ni indolentes ni
vagos”.
...
Aunque no es altisonante ni recurre a consignas, el fiscal suele ser crítico con una parte de la realidad que lo circunda.
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Mirar hacia adentro
Llegó la hora de mirar hacia adentro del sistema de administración de
justicia y hacer pública nuestra autocrítica a fin de dar sentido a la
diferencia entre el accionar corporativo y una “Justicia legítima”. Para
conformar otro sistema de Justicia hay que partir de un núcleo
irrenunciable de principios y prácticas que aseguren la vigencia plena e
irrestricta del Estado de Derecho, la defensa y ampliación permanente
de los derechos humanos y de las garantías consagradas en la
Constitución y en los tratados internacionales y el rechazo de toda
forma de discriminación por condición social, étnica, religiosa o de
género. Sabemos que todavía hay que superar las marcas que la dictadura
imprimió y que subsisten en la estructura y en muchos agentes judiciales
de cualquier nivel.
Queremos discutir cómo se forma a los jueces, magistrados,
funcionarios y agentes; cómo y por quiénes se llevan adelante los
procesos de selección para ingresar y permanecer en la institución
judicial en todos sus niveles; cómo se asegura que la postulación y
elección de miembros de los consejos de la magistratura sea abierta y
sin restricciones; cómo se conforma y se exhibe la gestión de los
recursos, de la jurisdicción y de la administración; cuáles son las
condiciones imprescindibles para efectivizar el acceso a la justicia
para todos, protegiendo a los vulnerables y cuáles las posibles vías de
intervención de la sociedad civil en la construcción de una Justicia
fuerte, independiente y democrática. Y estamos dispuestos a persistir en
este intento.
Un programa real de democratización
Por Por Andrés Harfuch * y Alfredo Pérez Galimberti **
Luego
de tres décadas de luchar por una Justicia democrática en toda
Iberoamérica, promoviendo la reforma de los caducos y medievales
sistemas corporativos de Justicia hacia el modelo acusatorio adversarial
y con jurados previsto en nuestras constituciones, el Instituto en
Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) propone al
debate público los diez puntos mínimos que deben estar en la agenda de
cualquier programa “real” de democratización de la Justicia.
...
1) Juicio por jurados.
Es imposible, ingenuo e ilusorio pretender independencia judicial si
seguimos insistiendo tozudamente en que nuestro sistema judicial sea
administrado íntegra y exclusivamente por magistrados profesionales.
Aunque no nos guste admitirlo, ese modelo sólo provoca debilidad
estructural y ha producido un divorcio total de la ciudadanía con el
Poder Judicial. Por eso, el punto de partida para democratizar la
Justicia debe comenzar por cumplir con la Constitución e instaurar el
juicio por jurados clásico, como lo quisieron y legislaron los padres
fundadores de la república, en materia penal, en temas ambientales y
civiles de gravedad, cuando se afecten derechos de los consumidores, de
tierras y pueblos indígenas y en el resto de los fueros (art. 24 de la
Constitución). Sólo cumpliendo con esta exigencia constitucional, por su
efecto práctico y por el alto contenido simbólico que poseen las
decisiones judiciales cuando las toma el pueblo, se irá allanando el
camino para dar contenido real a la agenda democrática. Ningún Estado
moderno le entrega el monopolio de la administración de los conflictos
judiciales más graves de la sociedad a una Justicia exclusivamente
profesional. Todos estos países se valen del pueblo (a través de la
labor de los jurados) para compartir esas decisiones y hacer concurrir
el sistema judicial a la gobernabilidad democrática, como lo marca la
Constitución. Argentina, lamentablemente, es la perfecta muestra de un
Poder Judicial integrado sólo por jueces profesionales, que es incapaz
hoy de procesar con eficacia las justificadas demandas ciudadanas de
justicia. Es imperioso, por lo tanto, cumplir con la Constitución y
abrir de una vez por todas los tribunales a la intervención directa del
pueblo, no sólo a través del juicio por jurados, sino de los demás
mecanismos de participación ciudadana. La historia del jurado en los
pueblos de todas las latitudes demuestra empíricamente que esta práctica
cívica desencadena cambios democratizadores irreversibles en los
sistemas de Justicia. Por eso, la manifiesta resistencia corporativa –de
cuño inquisitorial o pseudoprogresista– a su implementación. Los
restantes puntos de la agenda democrática son propuestas consustanciales
a la participación popular directa en la Justicia.
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Defensa pública inclusiva y eficiente
Por María Florencia Hegglin *
Dotar de un significado auténtico a la novedosa y bienvenida
proclama de una democratización del sistema de justicia nos obliga, como
operadores del sistema, a intentar definir lo más ajustadamente posible
de qué hablamos cuando hablamos de una Justicia democrática. Es muy
posible que no todos estemos queriendo decir lo mismo, o pensando el
asunto desde un mismo lugar, principalmente porque la denominada
administración de justicia no está conformada sólo por jueces, sino
también por fiscales y defensores públicos que formamos parte de ese
mismo engranaje. Más allá de ello, creo que algunos ejes centrales han
llegado para instalarse, o al menos para dar pelea, con un inusitado
vigor, en este abierto debate.
Los binomios democracia-inclusión y democracia-igualdad, que
consagran el valor de la administración de los asuntos públicos para el
bien común y, como tal, para todos, son ejes temáticos que emergieron
con enorme fuerza, para interpelarnos. ¿Es la administración de justicia
lo suficientemente inclusiva en la aplicación de la ley? ¿Qué niveles
de inclusión social garantizan las agencias judiciales? ¿De qué modo se
garantiza una política inclusiva e igualitaria en la defensa pública?
Respecto de este último interrogante, hay cursos de acción que mostrar y
cuestiones para señalar desde la perspectiva del Ministerio Público de
la Defensa.
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Lorenzetti abre el fuego
Con la excusa de los 150 años de la Corte, que se
cumplen en octubre, Ricardo Lorenzetti encabezará un acto ante
centenares de jueces, donde sentará posición sobre el estado de la
Justicia, cuando crece el debate por la democratización.
Por Irina Hauser
El
Poder Judicial parece en estado de ebullición. En Tribunales puede
percibirse la gran expectativa reinante por una sucesión de
acontecimientos que ocurrirán esta semana y que muestran a muchos de sus
integrantes como protagonistas en un escenario de reflexión sin
precedentes sobre la esencia misma de su tarea como parte de uno de los
poderes del Estado, el único que no es votado por el pueblo, pero que
tiene en sus manos grandes decisiones que lo afectan. El disparador, ya
conocido, fue la iniciativa de cientos de jueces, fiscales y defensores
que en medio de la disputa alrededor del caso Clarín salieron a
diferenciarse de la Asociación de Magistrados que –alentada por parte de
la Corte Suprema– denunciaba presiones políticas, y terminaron
convocando a dos jornadas de debate abierto para mañana y pasado en la
Biblioteca Nacional con el lema de buscar una “Justicia legítima”. Sin
embargo, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se les anticipó y
hará hoy a las 11 un acto de apertura del año judicial que intentará
amplificar más que otras veces con la excusa de que el máximo tribunal
cumple 150 años. A los ojos del mundillo judicial, es evidente el
intento por marcar la cancha y condicionar la agenda, en medio de lo que
ya es una discusión abierta e instalada sobre lo que se ha dado en
llamar “democratización de la Justicia”.
...
El surgimiento de esta corriente puso en duda la idea de unidad que
Lorenzetti alimenta hace tiempo. A fin de año, frente al llamado de la
presidenta Cristina Kirchner a democratizar, eligió contestar desde una
cena de la Asociación de Magistrado que los jueces no son “una
corporación sino un Poder del Estado”. Esta vez, dicen en su entorno,
hará un discurso amigable, intentará mostrar al Poder Judicial como
amplio y abierto a los debates y a una agenda común. Lorenzetti tiene
una capacidad para hablar de los grandes temas de la coyuntura sin
nombrarlos explícitamente. Lo ha hecho al hablar de la libertad de
expresión –en medio del debate por la ley de medios– y hasta al hablar
del transporte ferroviario tras la tragedia de Once. En casa ocasión
retomará, casi como un mantra, el concepto de que la Justicia debe
ofrecer un servicio y estar cerca de la gente. El enigma es si cuando
hable hoy ignorará el debate creciente sobre el Poder Judicial, si lo
abordará con su estilo elíptico habitual o si hará referencias más
directas. En los últimos días también circularon rumores de que haría
anuncios, como la generalización del ingreso democrático, por concurso a
la carrera judicial.
Ver nota completa.
El punto de partida para una reforma de la Justicia
En el cierre del encuentro de “Justicia legítima”,
la defensora general, Stella Maris Martínez, llamó a que los jueces
tomen empleados por concurso. Se debatió en talleres sobre
independencia, participación ciudadana, transparencia e ingreso a la
Justicia.
Por Irina Hauser
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La asistencia masiva sorprendió al grupito inicial de autoconvocados,
que tuvo como una suerte de madrinas a la defensora Martínez y a la
procuradora general, Alejandra Gils Carbó. “Nos van a decir que el clima
ayudó. Claramente esto es viento de cola”, ironizó el fiscal Félix
Crous sobre el final del encuentro, desde una mesa larga y poblada sobre
el escenario. Con el mismo aire socarrón agregó que por la Biblioteca
pasaron, entre ayer y el miércoles, “dos mil personas que se enamoraron
de las palabras” y que hablaron “bajo la epopeya de no quedar bien con
tirios y troyanos”. Era una nueva alusión tácita al presidente de la
Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuyos discursos buscan contentar a
todos los sectores. “Los que estamos acá nos tomamos en serio el decreto
de supresión de honores, acá no hay prerrogativas de sangre ni de
nacimiento”, cizañó Crous. “En el Poder Judicial todo es
revolucionario”, se rió el fiscal, y con él todo el auditorio, que
estaba colmado.
El primer día de encuentro de “Justicia legítima” hablaron decenas
de personas que se iban pasando el micrófono cada cinco minutos, el
límite establecido. En la segunda jornada se dividieron en cuatro
grupos, cada uno con un tema, y escribieron algunas ideas, que los
coordinadores leyeron al atardecer. El taller más concurrido fue el de
“Independencia judicial” y, llamativamente, el que menos asistencia tuvo
fue el de “Transparencia”. En ambos se esperaba surgiera la discusión
sobre las exenciones impositivas que benefician al Poder Judicial y los
ministerios públicos, pero se tocó de manera colateral. Otro grupo
analizó los mecanismos de ingreso al Poder Judicial y el cuarto, las
posibles formas de participación de la ciudadanía en los quehaceres
judiciales y la “gestión democrática”.
Ver nota completa.
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