Siempre me
molestó que la policía caminera, en los controles de la ruta, se crea con
derecho de preguntarte de dónde venís, o hacia dónde vas. Lo peor es que uno
termina por someterse a esa arbitrariedad y a responder mansamente, en vez de
preguntarles qué carajo les importa.
Me molesta porque
los agentes policiales no tienen esa facultad, y ejercen ese poder de facto
solo por nuestro temor a que si no les contestamos, nos demoren, nos pregunten
hasta la fecha de nacimiento de nuestros bisabuelos y demás datos absurdos, es
decir, nos sometan a más arbitrariedad aún. Y porque la mayoría de las veces
debemos contestar esas preguntas solo porque el agente policial está aburrido.
Estamos muy
acostumbrados a estos controles, del mismo modo de que estamos acostumbrados a
que para muchos trámites públicos o privados se nos solicite el certificado de
antecedentes. Todos estamos bien clasificados, documentados, fotografiados,
escaneados, numerados.
Y los controles
siguen creciendo, sin importar si tienen fines legítimos que los justifiquen, y
si resultan razonablemente útiles. Jamás se mide, además, la dimensión de la
molestia que tal control provoca en las personas sometidas a él.
La última
novedad: la creación de un registro nacional de identidad de usuarios de teléfonos
celulares. El motivo, el de siempre, el que permite entrometerse en nuestras
vidas sin necesidad de dar motivos reales: la seguridad.
El motivo, según la resolución, es de
seguridad: asegura que la base de datos cruzada de celulares reportados
como robados que comenzó a funcionar este año es útil, pero insuficiente para combatir
el “delito complejo y el crimen organizado” donde “se advierte en los últimos
años que, en forma creciente la delincuencia en general, y en especial las
bandas delictivas, utilizan teléfonos móviles” (ver).
Impresionante la
sagacidad del funcionario que realizó el “descubrimiento” sobre el uso
creciente de teléfonos móviles de las bandas delictivas. Y yo que pensaba que
aún se comunicaban por señales de humo.
Según los ministros
que firman la resolución, el registro no tendrá costo alguno para los usuarios:
La resolución firmada por Aguad y Bullrich
instruye a las operadoras nacionales a “desarrollar, operar y administrar a su
costo los sistemas a implementar” para nominar las líneas, es decir, determinar
quién es el dueño de cada una de los más de 60 millones de líneas móviles que
hay en la Argentina. Y define la creación de una comisión con seis integrantes
(tres de cada ministerio) para seguir la implementación de esta resolución; la
información de esa base de datos deberá ser perdurable (los datos de propiedad
de la línea no caducan) y estar disponible para la Justicia.
Para nada, ¿se
supone que las telefónicas no trasladarán esos costos a los usuarios? De paso se crea una nueva comisión de
funcionarios, y se obliga a conservar los datos de modo “perdurable”, es decir,
a perpetuidad.
De
este modo se justifica la creación y mantención de un registro que en México
fue implementado en 2009, y tres años después fue dado de baja: “un estudio encontró que no
contribuyó a evitar que se usaran los celulares para secuestros, terrorismo,
extorsiones, etcétera”.
Es decir que no
importa si el registro que se crea pueda ser de utilidad, bastan dos renglones
para invocar motivos de seguridad y de “combate del delito” para seguir creando
registros. Del mismo modo se ha creado el “régimen de control de identificación
de pasajeros” para los micros de larga distancia.
“Gracias al trabajo en conjunto con Seguridad logramos
terminar con un vacío legal. Todo pasajero va a tener que identificarse para
comprar un pasaje y ese boleto va a estar vinculado al equipaje que lleva,
tanto de mano como el que despacha. Esto se suma a la regulación que
establecimos para el viaje de menores. Son medidas fundamentales que ayudan a
combatir el flagelo que es el narcotráfico y la trata de personas”, sostuvo el
ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, en un comunicado.
...
Además, la medida establece que “en caso de presentarse un
pasajero que no portase el documento de identidad correspondiente, no podrá
abordar el servicio, salvo el supuesto en acreditare haber formulado la
correspondiente denuncia o exposición de extravío, robo o hurto de la
documentación requerida para abordar el servicio y contare con el
correspondiente certificado de documento en trámite” (ver).
El Estado
traslada, de este modo, algunas de sus funciones referidas a la seguridad a los
particulares, generando más y mayores controles. Dado que la recopilación de
datos la mantendrá el Estado, los graves peligros para la seguridad individual
representados por la manipulación de toda esa información ni siquiera es
considerada como un problema.
Resulta curioso
que nuestros funcionarios y nuestros jueces, que suelen rechazar cualquier
forma de control externo de sus tareas en calidad de servidores públicos, sean
tan generosos cuando se trata de obtener, recopilar y utilizar información
ajena.
Justificar este
tipo de controles con la simple invocación de “motivos de seguridad” o de la
lucha “contra el delito complejo” es lo mismo que no justificar nada. El
control de los viajes en micro y de la titularidad de las líneas de teléfonos
móviles, por otra parte, no puede ser tomado seriamente como una herramienta de
persecución del narcotráfico.
Fuentes
extraoficiales nos han informado que los narcotraficantes más poderosos, al
enterarse de estas medidas, están desesperados por negociar su rendición...
