LA RELACION ENTRE LA
IDONEIDAD Y LA NARIZ
Por Mario Alberto Juliano
La crónica periodística suele
sorprendernos con la amenaza de someter a los funcionarios públicos a
rinoscopias, con el evidente propósito de determinar la existencia de
adicciones a sustancias estupefacientes. Esto es lo que ocurrió
con el anuncio del gobernador del Chubut (que dijo que sería el primero
en someterse al estudio) y el jefe de policía de Catamarca, aunque los
emplazamientos geográficos son anecdóticos, ya que se trata de una intención
(hasta ahora nunca concretada) que se repite con cierta frecuencia en distintos
puntos del país y suele formar parte del inventario de reclamos de algunos
sectores y organizaciones sociales.
Mi idea sobre esta temática
es que se trata de una medida indebidamente invasiva de las esferas de reserva
personal, pero además inútil, inconducente y meramente simbólica y
propagandista, lo que intentaré demostrar en las breves líneas que siguen.
La Constitución
(artículo 16) establece que el único requisito para el acceso al empleo público
es la idoneidad. No hay cláusula que prohíba el desempeño de personas afectadas
por adicciones de ninguna índole.
Luego, quienes proponen
detectar funcionarios públicos adictos al consumo de sustancias estupefacientes
presumen (en realidad, dan por hecho) que los consumidores de ese tipo de
sustancias no son idóneos para el desempeño de cargos públicos. Considero que
esa idea no tiene respaldo estricto en la realidad y responde a una visión
estereotipada de los adictos, a quienes se supone como zombies, que andan
tirados por los rincones y que no se encuentran en condiciones de
gobernar sus actos. Sin ignorar que algunos adictos (fundamentalmente los adictos
pobres, que difícilmente llegarán a ser funcionarios públicos, no por adictos,
sino por pobres) pueden responder a esa imagen, Antonio Escohotado nos
recuerda, en su “Historia General de las Drogas”, que son numerosos
los personajes célebres de la historia, remotos y contemporáneos, que en
diferentes etapas de su vida tuvieron adicción a distintas sustancias y que, no
obstante, mostraron desempeños y producciones notables, sin cuyos aportes la
historia de la humanidad hubiese sido muy distinta. Dentro de los adictos
famosos y reconocidos como tales podemos citar a Freud, Goethe, Goya,
Tolstoi, Baudelaire, Víctor Hugo (me refiero al notable novelista y
no al periodista), solo por nombrar a algunos de una larga lista.
Lo que quiero significar es
que la idoneidad no depende, necesariamente, de las sustancias que consumen los
funcionarios públicos y que, muy por el contrario, no es necesario consumir
sustancias estupefacientes para ser un mal funcionario público. En ese
sentido, no existen registros que demuestren que los militares que se
apoderaron del poder en 1976 lo hubiesen hecho bajo las influencias de las
drogas. Lo mismo para desatar una guerra por las Malvinas (como no sea que
incluyamos al alcohol en esa categoría, difícilmente detectable por rinoscopias)
o para desguazar el Estado en beneficio del capital extranjero, allá por
los 90.
Sin embargo, preocupa que un
funcionario público consuma sustancias estupefacientes, pero no se evidencia
idéntica inquietud con la corrupción, los abusos de poder, el transfuguismo y
la inidoneidad en general.
A propósito, es tan irracional
la amenaza de rinoscopías, que coloca en el centro de las preocupaciones
a las sustancias que se inhalan por las fosas nasales (que son las únicas que
se detectan con la rinoscopía), pero se desprecia a otras sustancias, que se
beben, ingieren, inyectan o fuman y que, sin embargo, no parecerían participar
de la categoría demoníaca de la cocaína.
Tampoco se conoce cuál sería
la sanción para el caso que, como consecuencia del examen, se detecte que un
funcionario consumió o consume cocaína. ¿Se lo exonerará, se lo sometería a un
tratamiento compulsivo, se lo reubicaría dentro de la administración, pasando
de una dirección a la recolección de residuos? ¿O simplemente servirá
para exponer al funcionario al escarnio público? ¿Deberían anularse sus actos
precedentes por haber estado viciada su voluntad? Todo hace pensar que
cualquiera de las respuestas a la detección del adicto conduciría,
irremediablemente, al fracaso y a afrontar cuantiosas indemnizaciones por el
trato notoriamente discriminatorio.
En resumidas cuentas,
las campañas rinoscópicas ponen de relieve que se quiere aparentar ante
la opinión pública que se hace “algo”, aunque ese algo sea un montaje
inconducente e inoperante.
No se postula que el
consumo de sustancias estupefacientes sea una virtud. Por el contrario, las
adicciones en general, y particularmente las relacionadas con drogas,
exteriorizan diferentes niveles de reducción de los ámbitos de libertad y
autodeterminación personal. Pero estamos convencidos que la persecución de los
consumidores, sean funcionarios públicos o no, en poco contribuye a los fines
que proclama y, lejos de ello, esas campañas profundizan la estigmatización y
los peores rasgos como sociedad.
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