A partir del viernes pasado a las 13:30 comenzó la
feria judicial de invierno, esto es, dos semanas que tiene la justicia para
bajar sus persianas y gozar de inmerecidas vacaciones invernales. Como pareciera que todos
los tribunales nacionales y federales van adelantados con su trabajo
y con sus casos, la justicia nacional cierra por “feria” todo el mes de enero y
la mitad del mes de julio. La feria, una institución que, junto con otros privilegios de
los jueces, sobreviven al paso del tiempo.
Como en tantas otras cosas, los jueces se guardan para
sí la facultad de habilitar la feria discrecionalmente, es decir, trabajan si
tienen muchas ganas. Y parece que en el caso del amparo colectivo contra el
aumento de las tarifas del gas tienen unas repentinas ganas de trabajar.
En ese caso, el Centro de Estudios para la Promoción de
la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), junto con dos asociaciones de
consumidores, lograron que en primera instancia el juez Recondo ordenara la convocatoria a audiencias públicas, pero
sin suspender el aumento tarifario. Impugnaron esa decisión y la Sala II de la
Cámara Federal de la Plata, con voto de Álvarez,
Schiffrin y Calitri,
resolvió “con alcance colectivo anular los aumentos en la tarifa del gas”, y
anular las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de energía “por no haber sido
precedidas de audiencias públicas” (ver).
Este lunes 18 de julio la misma Cámara Federal (esta
vez con el voto de Álvarez, Lemos Arias
y Reboredo) habilitó la feria para
que se pueda decidir si se concede el recurso extraordinario federal presentado
por el gobierno. Si el tema se resuelve durante la feria, intervendrá el
tribunal de feria; si la decisión se tomara luego, intervendría el mismo
tribunal que concedió el amparo colectivo (ver).
En caso de que el tribunal platense rechazara el
recurso extraordinario, el gobierno deberá interponer una queja ante la Corte
Suprema. De un modo u otro, el caso llegará rápidamente al cuarto piso de
Talcahuano 550.
En el medio de todo este despelote judicial, al
presidente se le ocurrió echar más leña al fuego otorgando un inoportuno
privilegio a los ministros de la Corte. A ello debe agregarse la mala costumbre
presidencial de reunirse con el presidente de la Corte Lorenzetti —esta vez tuvieron una reunión privada—.
Pareciera que Macri y Lorenzetti no terminan de comprender que
la Corte Suprema —en verdad, todos los tribunales— es igual que la mujer del
César, que no solo debe ser honrada, sino además parecerlo.
Un grupo de diputados criticó la decisión del gobierno
a través de Aerolíneas Argentinas, de concederles automáticamente a los
ministros de la Corte Suprema el privilegio de subir a clase ejecutiva en
cualquier vuelo de esa línea aérea.
La carta hace referencia a la nota del periodista Horacio
Verbitsky publicada el domingo 17 de julio por este diario en la que se
describe que “el 9 de julio el gerente de Aeropuertos de Aerolíneas Argentinas,
Ricardo Lehmacher, envió por correo electrónico una circular a todos los jefes
de Escala de la compañía aérea estatal comunicando el privilegio concedido”.
“Mientras millones de compatriotas hacen esfuerzos desmedidos o se ven
imposibilitados de pagar las facturas de gas, sobre las cuales esta Corte
Suprema debe resolver, este beneficio personal por parte de Aerolíneas
Argentinas a los ministros de la Corte avasalla la confianza popular en la
Justicia y extiende un manto de sospecha social y en definitiva ofende el
decoro que la división de poderes requiere en nuestro sistema democrático”,
reza uno de los párrafos de la misiva de los diputados a los jueces.
“Nos dirigimos a ustedes a los fines de solicitar
atentamente que en un gesto de respeto por las instituciones republicanas
renuncien públicamente al beneficio dispuesto por parte de la empresa
Aerolíneas Argentinas que otorga a los ministros de la Corte Suprema derecho
upgrade a clase ejecutiva en los vuelos de dicha empresa, o bien aclaren las
circunstancias que son de público conocimiento respecto del otorgamiento de tal
beneficio”, sostienen los legisladores que firman la carta: Leonardo Grosso,
Remo Carlotto, Silvia Horne, Lucila De Ponti, Andrés Guzmán y Araceli Ferreyra.
El momento elegido por el gobierno para conceder un
nuevo privilegio a los ministros de la Corte Suprema no puede ser más
inoportuno. En efecto, mientras el gobierno está haciendo fuerza para que el
caso del amparo colectivo llegue cuanto antes a la Corte Suprema, se les regala
este nuevo privilegio para que los ministros y la ministra viajen más
cómodamente si deben hacerlo por vía aérea. ¿A quién se le puede ocurrir que un
cortesano viaje con la chusma?
Lorenzetti ha declamado que
la Corte está a favor del pago del impuesto a las ganancias de los jueces. Sin
embargo, hasta ahora solo se le ha ocurrido pedirle su opinión a algunas
asociaciones de jueces, con el resultado más que previsible. Seguramente, en un
futuro próximo declamará que la Corte está en contra de los privilegios
voladores que Aerolíneas Argentinas les ha concedido a los cortesanos.
¿No será más apropiado, antes que tanta declamación,
que la Corte Suprema, ahora, haga pública su decisión de rechazar el nuevo y
volador privilegio?
1 comentario:
Pareciera que tener ascensores privados en edificios públicos no es suficiente para vuestra prestigiosa corte. Ahora recibe dádivas legalmente.
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