OTRA POLÉMICA EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Reproducimos una investigación de Gabriel
Ramonet publicada en El Diario del Fin del Mundo, sobre prácticas bastante exóticas
del Consejo de la Magistratura fueguino en la selección de jueces. Ramonet es
un periodista que conoce muy bien la justicia fueguina. Es autor del
libro Justicia adicta. Breve historia del poder judicial de
Tierra del Fuego (1994-2007), una excelente crónica de la
degradación de la justicia de la provincia.
Ésta sería la segunda parte de
una nota ya publicada en este blog. En
aquella se explicaba que uno de los candidatos a camarista civil, el abogado Daniel
Alejandro Sacks, integraba el Consejo de la Magistratura como representante de
los abogados de Ushuaia hasta fines del año 2017. Como tal, intervino como
jurado en el concurso para el cargo al que ahora aspira, y que fue declarado
desierto en aquella oportunidad en la que el ahora candidato intervino. Pero
eso no fue todo. Lo que faltaba es lo que aquí publicamos.
Un
candidato a camarista asesora a uno de los consejeros que debe evaluarlo
Se
trata del abogado Daniel Sacks, postulante a ser juez de la Cámara de
Apelaciones de Ushuaia. Mantiene un contrato rentado de asesoramiento con el
legislador y miembro del Consejo de la Magistratura Pablo Blanco. Tanto Sacks
como Blanco sostienen que no hay incompatibilidad porque el contrato es “con el
bloque” parlamentario. Es el mismo letrado cuestionado porque antes de ser
candidato fue consejero y participó del mismo concurso al que ahora se postula.
14/11/2018
Un candidato a camarista Civil de la ciudad de
Ushuaia será evaluado por un jurado al que le presta servicios de asesoramiento
legal a través de un contrato rentado de la Legislatura fueguina, según
constató EDFM con fuentes vinculadas al caso y mediante una investigación
propia.
El postulante a ocupar un cargo en la recién creada Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia se llama Daniel Alejandro Sacks.
El abogado sin carrera judicial y con una maestría en Derecho Penal (a pesar de que pretende ser juez civil) es asesor del legislador provincial (UCR) Pablo Blanco, que a su vez es integrante del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego donde se lleva adelante el concurso para cubrir la vacante en el tribunal.
Según verificó este medio con fuentes documentales, Sacks mantiene vigente un contrato de asesoramiento legal con la Legislatura, por el que percibe $ 45 mil mensuales al menos desde mayo de este año y hasta la actualidad.
El dato podría constituir un debate ético pero también una irregularidad, tras comprobarse, además, que el candidato a juez omitió informarle al Consejo este antecedente laboral.
En el currículum oficial presentado al organismo, Sacks precisó haberse desempeñado en cinco organismos públicos y en cinco estudios jurídicos, aunque nunca consignó su desempeño como asesor de la legislatura provincial.
Es más, en la declaración jurada que adjuntó como requisito para inscribirse en el concurso de juez, dentro del apartado “cargos públicos”, tampoco mencionó su actividad legislativa, lo que de acuerdo a fuentes legales podría constituir una “omisión maliciosa” y hasta un supuesto delito si algún fiscal actuara de oficio.
Además, Sacks declaró estar casado legalmente con Silvia Mabel Ruiz, quien según determinó este diario, también se desempeña como secretaria privada del legislador Blanco en el parlamento fueguino.
El nivel de cercanía laboral entre Blanco y Ruiz incluye que la mujer represente personalmente al funcionario en reuniones de relevancia institucional.
Por ejemplo, el 25 de septiembre del año pasado, se reunió la comisión reformadora del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, en instalaciones de la Escuela Judicial de Ushuaia.
Un parte oficial de prensa de la propia Justicia, consignó que en representación del legislador Blanco se presentó “la doctora Silvia Ruiz”.
Sin embargo, ni su relación contractual con el parlamentario, ni la de su esposa, le impidió a Sacks postularse a juez de Cámara en el mismo organismo donde su empleador (y el de su pareja) ejerce como jurado, a la vez que el legislador, hasta el momento, no consideró que existan elementos para excusarse de intervenir en el concurso público.
“Asesoro al bloque”
Consultado por este medio, Sacks aseguró ayer que “no asesora personalmente al legislador Blanco” sino al bloque UCR-Cambiemos de la Legislatura.
Además, explicó que omitió citar ese antecedente en su declaración jurada como candidato a juez, porque el formulario establecido por el reglamento interno del Consejo “solo exige detallar las asesorías legales a empresas que hayan sido contratistas del Estado, no a organismos públicos”.
El abogado admitió que su esposa, Silvia Ruiz, efectivamente trabaja como secretaria del legislador Blanco.
Sin embargo, en relación a si el parlamentario debería excusarse de intervenir en el concurso por estos antecedentes, dijo que se trata de un tema “ajeno a su competencia” y que en todo caso deberá ser resuelto por el Consejo de la Magistratura.
“Probo y correcto”
En tanto, el legislador Blanco —también a consulta de EDFM— insistió en que Sacks “no lo asesora personalmente como legislador, sino que asesora al bloque legislativo en un tema específico que es la reforma del Código Procesal Civil de la provincia".
“Trabaja en un tema específico del bloque y no creo que eso tenga que ser motivo de excusación, porque con ese criterio no se podría elegir a nadie, ya que todos los candidatos tienen una relación. (Sergio) Bertero trabaja en la Justicia, (Maximiliano) Tavarone en la Fiscalía de Estado y (Nicolás) Graffigna en Gobierno. Para mí lo importante es que se trate de un profesional probo y correcto. Y Sacks es todas esas cosas”, sostuvo Blanco en dialogo con un periodista de este medio.
Pero una cosa es trabajar para un poder o institución, y otra tener una relación laboral directa, tanto el candidato como su cónyugue, repreguntó EDFM.
“Le reitero. No es mi asesor, sino del bloque. Y en cuanto a su mujer es una persona de mi confianza desde hace muchos años, que nada tiene que ver con este concurso”, respondió el legislador.
De jurado a candidato
El caso de Sacks es particular porque, como reveló EDFM días atrás, el año pasado fue también miembro del Consejo de la Magistratura e intervino como jurado en el mismo concurso donde ahora se postula como juez.
El abogado participó de la selección de dos jueces de la Cámara Civil, Aníbal Acosta y Alejandro Fernández, y el 13 de diciembre de 2017 formó parte, como consejero, de la sesión donde se declaró “desierta” la tercera vacante.
Al poco tiempo dejó el puesto en el Consejo de la Magistratura y se presentó como candidato para el cargo que quedó sin cubrir mientras él fue jurado.
Según abogados de Ushuaia consultados por este diario, la situación es irregular porque Sacks tiene ahora como contendientes a candidatos a los que conoce y evaluó cuando era consejero, y además mantuvo una relación laboral de 12 meses con cuatro de los siete miembros del Consejo que siguen en funciones, como el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, el ministro jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, y los legisladores Federico Bilota (Frente para la Victoria y Pablo Blanco (UCR-Cambiemos).
“Si este abogado es designado juez, se estaría aprovechando de todo lo que conoció mientras fue consejero. Su nombramiento podrá ser legal pero de ningún modo legítimo”, evaluó el abogado de Ushuaia Héctor Montero.
Relaciones
El concurso para elegir camarista Civil de Ushuaia parece un compendio de intereses contrapuestos.
Sacks declaró entre sus antecedente que entre 2010 y 2011 compartió estudio jurídico con el legislador del Frente para la Victoria Federico Bilota, otro integrante del actual Consejo de la Magistratura que participa como jurado del concurso.
El propio Bilota se encargó de interrogar a Sacks sobre este tema en la entrevista oficial del certamen: el abogado contestó que “no fueron socios” sino que Bilota le facilitó un lugar en su estudio para ejercer la profesión, y que nunca representaron juntos a ningún cliente ni tuvieron expedientes en común.
Otro de los candidatos a juez de Cámara es Maximiliano Tavarone, quien se desempeña como Fiscal de Estado adjunto desde el 15 de diciembre de 2011 hasta la actualidad, según se desprende del edicto oficial publicado por el Consejo de la Magistratura.
A pesar de que Tavarone —de acuerdo a la misma fuente— trabaja en la Fiscalía de Estado en diferentes funciones desde el 13 de marzo de 2009 (hace casi 10 años) el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, que integra la Magistratura y es otro de los jurados del concurso, tampoco manifestó hasta el momento su voluntad de excusarse de intervenir en la elección donde su subordinado es postulante.
Un sistema cuestionado
El doble cuestionamiento a Sacks, por haber sido consejero y porque es asesor rentado de uno de los jurados, revivió las críticas al sistema de selección de jueces en la provincia, signado por numerosos escándalos durante los últimos 15 años.
Es que el método de elección de magistrados no incluye un examen escrito u oral puntuado por un jurado técnico: los postulantes elaboran un documento a partir de un tema que les asignan, con posibilidad de acceso a cualquier tipo de fuente digital, y el trabajo no es merituado con una nota.
El procedimiento incluye una entrevista personal y un apto psicológico, y se define por una ronda de sucesivas votaciones donde los consejeros no tienen que justificar por qué prefieren a un candidato en lugar de otro.
“Así como están planteados, los concursos solo sirven para blanquear al candidato que fue elegido de antemano, a través de acuerdos políticos. Es un procesos falto de controles y de transparencia”, opinó el abogado Montero.
Por su parte, el abogado de Río Grande Javier Da Fonseca, también se mostró crítico con el sistema de selección de jueces fueguinos.
“El sistema de selección de jueces es inapropiado más allá de la idoneidad técnico jurídica de los eventuales candidatos. Uno puede ser el mejor penalista, civilista o comercialista, pero falta una visión de auténtico compromiso con la justicia. Más aún, con la idea de fortalecer el sistema de democrático. Un buen penalista será un mal juez o un mal fiscal, si acomoda la dogmática según la conveniencia o los intereses en juego, en lugar de aplicar las reglas de la sana crítica y de la lógica”, señaló Da Fonseca.
“Por ejemplo, soy muy crítico de cómo el sistema penal procesa y condena en casos de abuso sexual sin más prueba que el testimonio de la supuesta víctima. Sin embargo cuando un personaje público con poder político o económico es acusado, el sistema tiende a protegerlo. Y esto solo es posible cuando los operadores judiciales no tienen compromiso con el sistema democrático. No les duele la crisis ni les preocupa el mal funcionamiento de las instituciones. Solo les importa su cuenta bancaria. Son una isla de privilegios rodeada de un mar de crisis”, criticó el letrado.
************Fin de la nota************
Epílogo
Por AB
Debemos tener en cuenta el contexto
en que ocurren estos hechos. En primer término,
es necesario considerar que el procedimiento de designación de jueces fueguino, en sí mismo, por su diseño, es más
que cuestionable.
Por otra parte, el poder judicial
local, por diversos motivos, ha recibido severas críticas por sus prácticas, muchas de ellas apartadas de
las reglas vigentes. El Consejo, además,
también ha sido protagonista de numerosos
escándalos en el proceso de selección de jueces en los últimos años.
En este contexto, e
independientemente de las reglas vigentes referidas a la selección de jueces, el Consejo debe tener
especial cuidado en mejorar estos procesos. En este sentido, dada la falta de
confianza en los poderes judiciales, un aspecto esencial a resguardar es el de
las formas de los procesos de selección.
Por este motivo, entre otros, es que
las explicaciones que diera el legislador Blanco no son adecuadas. El
legislador, en este sentido, lo que está
pidiendo es que le tengan fe en que él
solo designará a alguien "probo y
correcto".
Pues bien, el respeto de las reglas
propias del Estado de derecho es necesario en todas las ocasiones para
garantizar procesos imparciales de verificación
de la idoneidad para cualquier cargo. Los funcionarios que desempeñan la tarea de selección de jueces no pueden pretender
confianza en su integridad personal. Para ello existen, precisamente, las
reglas previstas para excluir de la toma de decisiones a quienes por cualquier
motivo puedan ver afectado su juicio por circunstancias como las de este caso.
Ni hablar del hecho de que el
candidato a camarista considere datos irrelevantes en este asunto el hecho de
que él haya intervenido personalmente en este mismo concurso meses antes, o las
relaciones con dos de los actuales jurados.
Lo más
grave de todo esta cuestión, a mi juicio,
consiste en el hecho de que quienes están
a cargo de la importantísima función de seleccionar a quienes impartirán justicia no comprendan —o no
quieran hacerlo— de qué se trata el
problema.
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