JUZGANDO A LOS JUZGADORES

Reproducción parcial de la nota publicada en Página/12

 Por Alejandra Dandan

El proceso oral que empieza a ser nombrado como “el juicio a los jueces” comenzará en febrero en Mendoza. El marco será un nuevo juicio por los crímenes de la dictadura en el que serán juzgados 41 acusados: militares, policías y, además, cinco ex integrantes del sistema judicial. Entre ellos llegará a juicio oral Otilio Romano, el ahora ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza que se fugó a Chile para burlar a la Justicia y fue extraditado en agosto del año pasado. Pablo Salinas es abogado querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y repasa en esta entrevista algunas singularidades del debate. La presencia de los cinco acusados del Poder Judicial, entre los que hay ex jueces, fiscales y un ex defensor, mostrará en un mismo debate los distintos modos en que actuó la Justicia durante la dictadura y su modo de legitimar la barbarie.

–¿Cuál es la singularidad del juicio?

–La particularidad es que será acusado al mismo tiempo un bloque integrado por militares, policías, ex jueces y ex fiscales. Que es el mismo bloque que se ponía en funcionamiento ante cada secuestro. Después de cada operativo, una familia iba y planteaba un hábeas corpus, hacía la denuncia. Cualquier penalista podía saber que eso que estaba sucediendo era, por lo menos, un secuestro extorsivo, porque la persona no aparecía pero estas personas, en vez de investigar ese secuestro o desaparición y todos los delitos vinculados, rechazaban el hábeas corpus, con costas además de que le cobraban a la familia.

–El tema de las “costas” es conocido, pero cuando se lo menciona vuelve a impresionar, parece grotesco.

–Cuentan algunos familiares que incluso han visto las resoluciones de los hábeas corpus que se rechazaban colgadas en ganchos, como los que se usaban para la carne. Esto demuestra la poca importancia que le daban a la denuncia de alguien. Y el tema es que no sólo no investigaban los hábeas corpus, sino que esas resoluciones hoy son una prueba porque, a la vez, son una constancia de que tenían pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Y no sólo eso. Cuando la persona secuestrada era llevada a la D2, por ejemplo, que era como la ESMA mendocina, para ser sometida a interrogatorios bajo tortura, jueces y fiscales tomaban esas declaraciones como válidas y le incriminaban hechos que supuestamente penaba la ley 20.840. Con esta metodología, además, legitimaban falsamente todo el proceso de detención, porque vale aclarar que todas las declaraciones firmadas así eran autoincriminatorias porque los secuestrados eran obligados a firmar lo que les ponían ahí.

Lea la nota completa.