En
el marco de un sistema acusatorio material, el principio acusatorio significa
que el órgano (estatal) habilitado para tomar la decisión de controversias de
carácter penal no puede intervenir en el caso a menos que exista un pedido
concreto de un particular, cuya actuación se desempeña fuera de la de cualquier
órgano público o dependiente del Estado. Tanto en un sistema de acción privada
como en un sistema de acción popular,
el órgano llamado a cumplir funciones decisorias necesita de la intervención de
un particular que cumpla las funciones de acusador, solicite su pronunciamiento
y, a la vez, defina el objeto de discusión.
Con
la caída histórica del sistema inquisitivo —sistema que destruyó todo vestigio
del principio acusatorio—, se mantuvo el principio material de la persecución
penal pública de los delitos, pero se introdujo de modo tenue el principio
acusatorio: así nació el principio acusatorio que hoy denominamos formal y cuyo
contenido difiere sustancialmente de la regla histórica que le dio origen. El
principio, redefinido en términos estrictamente formales, fue una de las
conquistas de la Ilustración y aún hoy estructura el procedimiento penal.
El
producto de la redefinición del principio analizado exigió la separación de las
funciones requirentes y decisorias —que antes reunía el juez inquisidor— y su
atribución a dos órganos estatales diferentes. Esta separación fue sólo formal
porque la función requirente fue depositada en un órgano estatal (el ministerio
público) distinto del tribunal, con lo cual se mantuvo el principio material de
la persecución pública.
Una
característica esencial del sistema acusatorio consiste en la división entre
las tareas requirentes, a cargo del ministerio público, y las tareas
decisorias, a cargo de los tribunales. En este sentido, se afirma que: "el
principio acusatorio conlleva la afirmación de que la acusación sea formalmente
mantenida en el proceso por aquellas partes que están legitimadas para ello,
sin que en ningún caso pueda ser sostenida la misma por el Tribunal llamado a
fallar el asunto penal... el principio acusatorio formal [supone] un
desdoblamiento de funciones estatales en orden a la atribución de las
diferentes tareas acusadora y decisora a órganos distintos, de los propios del
Estado, llamados a desempeñar misiones de contenido no equivalente".
A
pesar de la claridad de esta exigencia, los sistemas procesales de América
Latina denominados modernos no logran cumplir con ella. Por regímenes
"modernos" hacemos referencia a códigos procesales como el Código
Procesal Penal de la Nación (mal) copiado del CPP Córdoba de 1939.
La
justificación de esta brecha entre funciones persecutorias y jurisdiccionales,
según se explica, obedeció a la necesidad de respetar ciertos derechos
reconocidos al imputado. En este sentido, se afirma, generalmente, que el
principio acusatorio se estableció para garantizar el derecho de defensa. Según
Maier, "En verdad, cuando las
ideas se aclararon por su racionalización, se advirtió que se trataba de
realizar un sistema inquisitivo en esencia —por los principios materiales que
lo informaban— bajo formas acusatorias (acusatorio meramente formal); ello se
advierte no bien se observa que, en realidad, el poder penal sigue
perteneciendo al Estado en su totalidad, quien persigue la aplicación de ese
poder y lo aplica, desdoblando esa labor en dos funciones, que pone en cabeza
de distintos órganos, al solo efecto de
permitir al eventual oponente una defensa eficaz, evitando que quien juzga
sobre la existencia de una infracción y aplica el poder penal sea también quien
afirma la existencia y pide la aplicación de la ley (acusatorio formal)".
Sin
embargo, creemos que esta vinculación directa entre principio acusatorio y
derecho de defensa puede ser cuestionada. Se debe señalar que resultaría
posible garantizar el derecho de defensa en un grado aceptable aun si
ignoráramos el principio acusatorio. En este sentido, la necesidad de formular
la acusación para permitir la defensa del imputado puede ser respetada con
prescindencia del órgano encargado de formularla. La fijación clara y precisa
del hecho imputado permite, por sí misma, el ejercicio del derecho de defensa,
y el conocimiento de esa imputación no depende de que ésta sea presentada por
el ministerio público y no por el juez instructor. El mejor ejemplo de esta
circunstancia quizá sea el de la ampliación de la acusación durante el debate.
Para poder defenderse, el imputado debe ser advertido acerca del nuevo
contenido de la acusación ampliada, y para cumplir con esa exigencia no
importa, en realidad, si fue el tribunal o el ministerio público quien planteó
la modificación del objeto del juicio.
Consideramos
que, en verdad, el principio acusatorio tiene una vinculación mucho mayor con
la realización de una garantía distinta al derecho de defensa: la imparcialidad
del tribunal. Esta vinculación ha sido, a nuestro juicio, menospreciada por la
doctrina tradicional, pero hoy comienza a ser rescatada, especialmente en el
marco de movimientos de reforma que reconocen la necesidad de dotar al
procedimiento penal propio de la tradición continental de rasgos más
acusatorios. Así, por ejemplo, el reciente trabajo de Alejandro Álvarez,
y, también, la posición de Barrientos Pellecer, quien destaca que uno de los
aspectos fundamentales del sistema acusatorio consiste en la distinción entre
persecución y decisión, "con lo que se busca obligar la persecución técnica
y eficiente de los delitos y mantener la
imparcialidad de los jueces en los casos sometidos a su conocimiento".
Para
comprender mejor la vinculación entre el principio analizado y la garantía de
imparcialidad debemos recordar que mientras la Ilustración mantuvo la
persecución penal pública, fue creadora, en el ámbito político, del principio
de la división de los poderes del Estado. Este principio tuvo como una de sus
principales consecuencias la diferenciación estricta de las tareas ejecutivas,
legislativas y judiciales a cargo de los órganos del Estado y, como producto de
esa diferenciación, el nacimiento del principio de independencia judicial. Este
principio intentaba garantizar que los jueces, para poder cumplir su función,
no recibieran presión alguna al decidir los casos, y que se limitaran a la
aplicación casi mecánica de la ley.
En
este contexto, el restablecimiento del principio acusatorio en su aspecto
formal, como criterio determinante de la estructura del procedimiento penal,
sólo es imaginable —cuando la persecución sigue siendo estatal— si distinguimos
la función jurisdiccional de las demás funciones del Estado. Así, mientras que
el reconocimiento del derecho de defensa es el reconocimiento de uno de tantos
derechos en el ámbito del procedimiento penal,
el principio acusatorio parece determinado en mayor medida por las nuevas bases
estructurales de la organización del poder político.
En
el ámbito anglosajón, esta vinculación se manifiesta más claramente durante el
desarrollo histórico del sistema de enjuiciamiento penal. En el momento en que
los Estado Unidos establecieron el sistema de persecución penal pública, no
alteraron el procedimiento de partes propio de su derecho, y mantuvieron el
principio acusatorio formal como principio fundamental del procedimiento penal,
principio que llega hasta la actualidad. En ese ámbito, la división entre
funciones requirentes y decisorias no se relaciona con el derecho de defensa,
sino, precisamente, con la imparcialidad del juzgador.
Esta
circunstancia puede ser explicada por dos razones. En primer lugar, el derecho
estadounidense no establece el derecho de defensa como tal, esto es, como
principio general del que derivan ciertas exigencias que la actividad
persecutoria debe respetar. Antes bien, existen diversos derechos del imputado
que integran lo que nosotros denominaríamos, genéricamente, derecho de defensa
—v. gr., derecho a ser representado por un abogado, derecho a confrontar los
testigos de la acusación—. Por otra parte, el fiscal estadounidense ingresó al
sistema de persecución penal desplazando a la víctima, pero su ingreso, a
diferencia de lo que ocurrió con la inquisición en el ámbito europeo, no
representó una modificación estructural del procedimiento penal.
En el proceso que configuró el sistema de persecución estatal en los Estados
Unidos, el órgano del Estado encargado de la persecución heredó un
procedimiento estructurado profundamente sobre la base de la intervención
persecutoria de los particulares cuyo origen proviene del sistema acusatorio
inglés de persecución penal organizado alrededor de la acción popular.
En
nuestro contexto cultural, en cambio, las cosas fueron diferentes, pues el
principio acusatorio material desapareció con el advenimiento de la inquisición
y, luego de varios siglos, resurgió con un nuevo contenido, ahora sólo formal.
Independientemente de cómo se haya justificado el principio históricamente, se
puede afirmar que él se vincula, objetivamente, con la posibilidad de
intervención de un tribunal imparcial.
La
misma garantía de imparcialidad, como tal, ha sido definida más recientemente
con un mayor grado de precisión —mientras que en el derecho estadounidense fue
reconocida en el texto constitucional—. A pesar de ello, los principios de juez
natural y de independencia del poder judicial, principios ambos que intentan
hacer efectiva la garantía de imparcialidad, fueron principios aceptados en el
siglo pasado. En ese marco procesal que instrumentó principios garantizadores
de la imparcialidad en un contexto político que definía y distinguía la función
jurisdiccional, el principio acusatorio es un elemento necesariamente
integrante del nuevo sistema.
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