CRISIS EN LA JUSTICIA PENAL – PARTE III

LA RACIONALIDAD

DE LOS PROCEDIMIENTOS

I. La racionalidad de lo procedimental

Si algo ha caracterizado siempre a los procedimientos y prácticas judiciales es que lo último que importa de ellos es su irracionalidad procedimental y, por supuesto, los resultados a los que se arriba con su aplicación. “Razones” tales como “en este tribunal siempre se hizo así” o “así lo ordenó el juez” son cláusulas pétreas de la Constitución y reglas de ius cogens del derecho internacional.

Nada ni nadie podrá alterar estas prácticas, pues son reglas tan rígidas e inmodificables como los diez mandamientos que Moisés que, adaptados en versión judicial, dirían algo más o menos así:

1º. Venerarás a los jueces por sobre todas las cosas.

2º. No tomarás en nombre de la Justicia en serio.

3º Santificarás el carácter meramente ordenatorio de los plazos judiciales.

4º. Honrarás el carácter perentorio de los plazos ajenos.

5º. No matarás, a menos que estés de turno.

6º. No cometerás actos útiles o racionales.

7º. No robarás. El cohecho es tu mejor opción.

8º. No dirás falso testimonio ni mentirás, a menos que lo consideres necesario, útil, o simplemente divertido.

9º. Asumirás pensamientos y deseos impuros en todos los imputados.

10º. No codicies bienes ajenos. Secuéstralos y llévalos a tu casa.

Un ejemplo sucedido en un caso real y una reflexión de Julio B. J. Maier ponen al desnudo el punto que aquí queremos señalar.

II. La causa de los presidentes

Este episodio absurdo creo que ya lo hemos contado en otra entrada, pero la importancia de incluirlo en este post es dar sentido a su tema central. Recuerdo que ya hace muchos años, un comisario acusado de represor (Jorge Colotto) querelló a los presidentes de los ocho organismos históricos de derechos humanos. Así, su querella por calumnias e injurias se dirigió contra las siguientes organizaciones:

• CELS

• MADRES – LÍNEA FUNDADORA

• ABUELAS

• SERPAJ

• APDH

• COMISIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

• MOVIMIENTO ECUMÉNICO POR LOS DERECHOS HUMANOS

• LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE

Como abogado del CELS, asumí conjuntamente con Gastón Chillier la defensa de la Sra. Laura Conte. Además, por un acuerdo con los demás organismos, asumí la defensa de lxs presidentes de Madres, Abuelas, SERPAJ, Comisión de Familiares y Movimiento Ecuménico. La Liga y la APDH irían con sus propios abogados, pero en el marco de una estrategia común.

La primera vez que fui al Juzgado Correccional que llevaba la causa, fui a dejar el escrito en el cual la Sra. Laura Conte nos designaba a Gastón Chillier y a mí sus abogados defensores de confianza. Mientras esperaba que el pinche natural me pusiera el cargo y me firmara la copia, veo que mira hacia el fondo del bunker/juzgado y grita con desesperación

—Dra. N.N. femenina… aquí hay alguien por la causa de los presidentessssss!!!!!

Luego de unos segundos, apareció majestuosa la funcionaria NN femenina y me dijo con absoluta convicción:

—¡Buen día doctor! La documentación está toda completa, pero la Sra. Conte debe concurrir al juzgado a ratificar su designación…

¡A la mierda, pensé, ésta sí que no la conocía! Tratando de hacer memoria, dije:

—Dra., el código vigente dice en una de sus reglas, que el imputado puede designar abogado defensor particular por cualquier medio. Y este escrito con su firma es, precisamente, uno de esos medios.

—Dr., en este juzgado siempre se hizo así…

Armándome de infinita paciencia contesté:

—Dra., un error, mil veces repetido, no deja de ser un error.

—¡Pero ya le dije Dr.! Siempre lo hemos hecho así.

—Eso ya lo comprendí… —dije levantando temperatura, mientras pensaba en alguna maldad, poniendo mi mejor cara de boludo— Una pregunta, ¿cuántos imputados hay en esta causa?

—Hay ocho imputados. Sí, exactamente ocho imputados.

Agradecí que no fueran 8 imputados y ¾. Entonces le dije:

—¡Uyyyy! Eso va a ser un grave problema. Yo pensaba defenderlos a todos ellos, pero como no tengo tiempo para acompañarlos a ratificar a cada uno de ellos, entonces cada uno deberá designar su propio defensor y tendrá ocho defensores…

La funcionaria NN femenina puso cara de espanto y dijo:

—A ver, espere un minuto por favor…

—Con todo gusto.

La funcionaria NN femenina desapareció, y a los pocos minutos regresó con una “solución” tan absurda como la práctica que, según sus dichos, “siempre se hizo así”.

—Mire doctor, vamos a hacer lo siguiente. Como con este simple escrito no basta para tenerlo por designado, deberá presentar un nuevo escrito, en el cual cada uno de los imputados debe ratificar su designación.

MA-RA-VI-LLO-SO

De este modo, el tribunal no solo consolidó una práctica manifiestamente errónea y violatoria del derecho de defensa sino que, además, generó el mecanismo de designar por escrito y ratificar del mismo modo para asegurarse de que la designación sea cierta ¿¿¿???

En una oportunidad presenté dos escritos juntos (uno de “designa” y otro de “ratifica”) en orden inverso. Por supuesto, en vez de incluir en el expediente el escrito de “designa” en primer lugar, me citaron para que vuelva a presentar un nuevo escrito de “ratifica”. También por supuesto, el caso prescribió, más allá de que teníamos razón sobre los méritos del caso.

Si bien esta historia real muestra la actuación de un juzgado en una causa concreta, lo cierto es que pone al desnudo la imposibilidad de pensar que provoca la maldita muletilla del “siempre se hizo así”, que no es un argumento. Y los jóvenes que ingresan al poder judicial son entrenados especialmente para aceptar esta respuesta absurda como un argumento válido.

III. Cómo no debe solicitarse un documento al fiscal de al lado

Hace un par de años Gustavo Arballo, en una entrada que tituló “Maier y la papelización de la justicia”, en la que comenta el libro de Mirna Goransky sobre Ministerio Público, transcribe un trámite entre dos fiscales tan absurdo como real:

El problema se advierte en la anécdota que contábamos en 1986 para mostrar el funcionamiento de los tribunales. Les voy a dar una idea de cómo se comunican dos jueces de la misma competencia o, mejor, dos fiscales, el fiscal 23 y el 24, por ejemplo. Vamos a suponer que el fiscal 23 necesita algo que le puede proporcionar el fiscal 24; por ejemplo, un expediente administrativo donde conste la compra de un revólver, y supongamos que lo necesita, por alguna razón vinculada con alguno de sus casos. Cada uno tiene un caso, lo digo porque caso se confunde con legajo de papeles, y si desaparece ese legajo de papeles, no tienen más un caso.

¿Cómo hace el pedido? Están ubicados uno al lado del otro; los separa una puerta que normalmente utilizan, por ejemplo, cuando uno le pregunta al otro que va a hacer esa noche. Pero cuando tienen que pedir una cosa vinculada con el expediente, el fiscal 23 le escribe una carta al fiscal 24 y se la da a un empleado suyo que lo anota en un libro. Ese empleado también hace un recibo en otro libro que se llama libro de recibo. Con ese libro de recibo y la carta, el empleado sale de su oficina, da la vuelta y entra por la otra puerta a la fiscalía 24, allí un empleado firma en su libro de recibo, el primer empleado vuelve y deja el libro otra vez en la fiscalía 23. ¿Qué tiene que hacer el empleado de la 24? Tiene que anotar en un libro de entradas que ingresó esa carta, y agregar una serie de indicaciones. Luego pone la carta en un cesto de papeles para que alguien la lea. Primero la lee un pinche, que proyecta, por escrito, algún tipo de decisión sobre esa carta; por ejemplo escribe: "no te voy a mandar lo que me pedís porque lo necesito yo", o bien "te voy a mandar lo que pedís". Esto se escribe de la forma que normalmente se usa para escribir las decisiones judiciales. Le lleva el escrito a su fiscal. El fiscal la estudia y, si le parece bien, la firma. Vamos a suponer que no la modifica, o incluso que la dicta él mismo. Esta decisión, en caso afirmativo, dirá: "escríbase una carta a mi colega diciendo que acá tiene a su disposición lo que me pidió". No terminarnos, todavía tienen que proyectar esa nueva carta, porque hasta ahora sólo tenemos una decisión que dice: "Líbrese oficio haciéndole saber a mi colega que es posible acceder a lo solicitado". Ahora alguien tiene que proyectar ese oficio, esto demora tres cuatro días, una carta no es tarea fácil. Una vez que está lista se la presenta de nuevo al fiscal y podemos suponer que el fiscal 24 cambia algo, pero, al final, la firma. Con la carta firmada, el empleado lo anota en el libro de entradas y le da de baja a la otra anotación diciendo que ya contestaron y hacen un recibo en su libro de recibos para que lo firmen del otro lado de la puerta diciendo que recibieron la respuesta a la carta. Después todo eso sigue y hasta que mandan a alguien a buscar eso que piden y todo este ir y dura meses y meses; esto es lo que hacen todos los días en todos los tribunales y fiscalías. ¿Por qué no se lo pide por teléfono? ¿Por qué no golpea la puerta? En el caso de que se necesite una constancia; ¿por qué no limitarse a decir que el expediente lo tiene tal persona? Porque hay una desconfianza extrema y todos piensan que les van a robar el expediente. No hay forma de no seguir esos pasos. Ese funcionamiento burocrático nos confunde y nos hace perder de vista "el caso" creyendo que esa es la realidad y no lo que pide la ley que es que se persiga penalmente.

El problema es que, tal como señala Binder, estas no son deformaciones de  la racionalidad judicial, son la racionalidad judicial misma.

“El sistema judicial de América Latina es básicamente el inquisitivo, y éste es un modelo judicial nacido en una época precisa y al servicio de una concreta estructura del Estado. El sistema inquisitivo no sólo es una forma de proceso, sino un modelo completo de organización judicial, una figura específica del juez y una cultura también de contornos bien precisos, él es una creación del Estado moderno y la monarquía absoluta. Muchos de sus atributos centrales como el carácter escrito, secreto, formalista, lento, curialesco, dependiente, burocrático, etc., son cualidades esenciales de este sistema y no defectos”.

AFICHES DEL FACEBOOK

TEXTOS ELEGIDOS DE "NUEVA DOCTRINA PENAL"

ELENA LARRAURI Y

FRANCISCO MUÑOZ CONDE

Elena Larrauri: Abolicionismo y garantismo

Muñoz Conde - La objeción de conciencia en derecho penal

EL FASCISMO SALUDABLE SE PREPARA PARA HACERNOS HACER GIMNASIA

MAÑANA VA A SER TARDE

LONDRES.- Si alguna vez necesitó un shock que lo hiciera levantar del sofá y calzarse un par de zapatillas es éste: la falta de actividad física mata casi a tanta gente como el tabaquismo. Ese es el inquietante mensaje de una serie de trabajos publicados esta semana acerca del impacto en la salud de la inactividad.

Las investigaciones publicadas en The Lancet sugieren que más de 5.300.000 muertes podrían ser evitadas anualmente si todas las personas sedentarias hicieran ejercicio, casi la misma cantidad que arroja el tabaco, que asciende a 5.000.000.

Todas ellas podrían haber sido evitadas si las personas cumplieran con la meta de 150 minutos semanales o más de actividad moderada, como la caminata enérgica.

"Tratamos de estimar cuántas muertes podrían evitarse si toda la gente inactiva del planeta se volviera activa", dice I-Min Lee, de la Escuela de Medicina de Harvard, primer autor del equipo que publicó uno de los trabajos.

Ver nota completa en LaNacion

Tenemos una buena y una mala noticia. La buena es que a los que nos rompen las bolas con lo del cigarrillo y no hacen ejercicio los podemos mandar al cuerno, y decirles: vos tenés más probabilidades de morir que yo.

La mala es que en breve nos pasarán a buscar para hacer gimnasia. Y esta vez lo digo en serio...

CRISIS EN LA JUSTICIA – PARTE II Y 1/2

Estimado Alberto,

Nuevamente arremetés contra la justicia y, como en aquellas otras oportunidades, no puedo sino compartir en un todo la crítica. Es más, te diría que los post llegaron en un momento por demás oportuno. Han pasado más de treinta años desde el regreso de la democracia y, de algún modo, desde que se gestaron los primeros intentos por modificar, modernizar y democratizar la administración de justicia. Sin embargo, los pocos avances que han ocurrido —elogiables muchos de ellos— no han podido revertir la lógica y la cultura inquisitiva que aún impregna cada una de las prácticas judiciales. Y cuando digo “cada una” me refiero a “todas”.

No existe duda alguna en punto a que los conflictos interpersonales no pueden resolverse en forma escrita. Me llama significativamente la atención que aún haya muchos operadores jurídicos que sigan pensando lo contrario. Las cosas más importantes de la vida las solucionamos —o al menos intentamos hacerlo— hablando. No se me ocurre entonces cómo pretendemos que otros tengan que defender su libertad o patrimonio por escrito. ¡Y encima a través de intermediarios! Para llegar al despacho del juez hay que atravesar un largo recorrido. Desde el letrado que ejerce la defensa, hasta el muchacho o muchacha que “lleva la causa”.

Pero no es ése el aspecto más grave. La práctica inquisitiva no exige el mero registro en actas. Requiere un lenguaje particular —el castellano antiguo propio de 1810— y, en especial, minuciosidad. Pocas frases resumen la lógica inquisitiva del modo en que lo hace ésta:

Lo que no está en el expediente no está en el mundo.

Y lo peor de todo es que pagamos —más bien pagan otros— un precio muy caro por encontrar a diario las palabras exactas que integraran cada proveído. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa el tiempo que lleve resolver una situación si tenemos la habilidad o la suerte de escribir como lo hubiera hecho Vélez Sarsfield. Y qué relevancia tiene. Si al poder judicial no le corren los plazos.

Tampoco existen objetivos a largo o mediano plazo. La gestión judicial preocupantemente se limita a tratar de encontrar el mejor tipo o tamaño de letra, o el modo en que se caratula tal o cual expediente, etc.; al tiempo que la modernización de la justicia, a excepción de algún que otro juzgado, se reduce al envío de correos electrónicos con unos pocos organismos públicos.

Y cuando digo “algún que otro juzgado” si bien pareciera hablar bien de alguna sede judicial en particular, cabe otra crítica. No existe una mirada global del poder judicial. Si existen juzgados que funcionan bien, no se debe sino a la actuación aislada del juez que se encuentre a cargo que, desde ya, poco puede hacer por el resto. Cada juez conduce su juzgado como si se tratara de una “PyME”; circunstancia ésta que repercute sobre quienes tienen la desgracia de tener que concurrir a diario ante una mesa de entradas, así como sobre el resto de los integrantes del juzgado.

En el primer caso, porque los letrados, procuradores, imputados o víctimas que deben acercarse a la mesa de entradas no sólo deben conocer o lidiar con las normas del código procesal —que ya es bastante vetusto—, sino también con las costumbres propias de cada juzgado que, más allá de que puedan ser bien intencionadas, no tienen asidero legal alguno. Y en la práctica, llevan a que en un juzgado las cosas se realicen de un modo y en otro, aun cuando los puedan separar unos escasos metros, de una manera totalmente distinta.

En último lugar, porque cada juez trata a los demás integrantes de su juzgado, como si se tratasen de sus empleados cuando, en rigor de verdad, son empleados del Poder Judicial de la Nación. Le deben, claro, el respeto que exige el cargo, del mismo modo en que lo hace cualquier empleado, por ejemplo, a un gerente de una multinacional, etc.; al tiempo que le caben las obligaciones que derivan de la función que cumplen día a día en una agencia estatal.

En el sistema actual, la carrera de cualquier empleado judicial y, por ende, el esfuerzo de tantos años, se puede derrumbar de un día para otro sin ningún tipo de explicación, indemnización y posibilidad —al menos a corto o mediano plazo— de encontrar otro lugar de trabajo. No estoy de acuerdo con la “estabilidad del empleado judicial” pero sí con que debería haber las mismas posibilidades y oportunidades de cambio que existen en otros organismos públicos y empresas para aplicar para cualquier puesto de trabajo. Esto obligaría a democratizar el ingreso a la justicia y a que las designaciones, ascensos, etc. no dependan, al menos exclusivamente, de la decisión aislada de un juez.

Algunos dirán que un secretario, prosecretario y por qué no un auxiliar debe ser de la “confianza del juez”. Por favor… existen organismos y empresas donde se ponen en juego intereses de la misma naturaleza o incluso más delicados, y no por eso dejan de utilizar un “Departamento de Recursos Humanos” y, en definitiva, un grupo de especialistas capacitados para seleccionar al personal. El estado actual de cosas y la inestabilidad propia de los contratos, interinatos, etc., no genera otra cosa, salvo raras excepciones, más que sumisión. Podría seguir, pero a esta altura tengo miedo de perder mi contrato.


Fernando Gauna Alsina

EDITORES DEL PUERTO CUMPLE 20 AÑOS

Nuestro más sincero agradecimiento

a todos nuestros autores, lectores y amigos

Editores del Puerto s.r.l. cumple hoy 20 años de trabajo ininterrumpido en la publicación, distribución y promoción de los aportes más valiosos y recientes en el ámbito del derecho penal, derecho procesal penal, derecho de ejecución penal, derecho contravencional, derecho penal juvenil, derecho penal tributario, derecho comparado, derecho internacional de los derechos humanos, derecho constitucional, libertad de expresión, teoría del derecho, criminología y ciencias sociales.

Ha corrido mucho agua bajo el puente desde que con Martín Abregú decidiéramos iniciar la editorial publicando La industria del control del delito, traducido por Sara Costa, del gran maestro Nils Christie.

El grupo de socios fue variando. Se incorporó Guillermo Jorge; se retiró Martín Abregú. Posteriormente Adriana Orlando reemplazó a Guillermo Jorge, y con ella somos los dos único socios de Editores del Puerto.

Sin embargo, el espíritu es el mismo, y seguimos dedicados a la producción de obras de vanguardia, de alta calidad académica pero que, sobre todo, estén orientadas a transformar la realidad social y a promover la defensa de los derechos humanos.

También intentamos mantener la editorial como un lugar de circulación y debate de ideas de los juristas más jóvenes, pues ellos hoy son los responsables de destruir todo lo que nosotros les hemos dejado, para construir algo mejor, en la continua lucha por diseñar las regulaciones humanas en un marco de mayor igualdad, equidad y solidaridad.