LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SON PARA TU PROPIO BIENESTAR

LIMITACIÓN TEMPORAL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por Cristian Penna

I. INTRODUCCIÓN

Las medidas de seguridad penales se encuentran previstas en el art. 34 inc. 1 CP que establece en su párrafo segundo que “en caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás” y en el tercero que “en los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso”.

Como puede verse, según tales disposiciones, una medida de seguridad sólo cesaría ante la desaparición del peligro que le diera origen.

Sin embargo, tal regla suele ocasionar en la práctica situaciones absurdas y arbitrarias, en las que el máximo de la pena prevista para la conducta delictiva que diera origen a la intevención penal resulta ampliamente superado por la privación de la libertad.

Justamente, el presente trabajo se inspira en un caso real. En el mismo, una persona fue declarada inimputable y absuelta, imponiéndosele una medida de seguridad. Si se tiene en cuenta que el hecho que diera origen a tales actuaciones era calificado como hurto simple (art. 162 CP), contando con un máximo de dos años de prisión según la escala penal legalmente prevista, resulta alarmante que mientras me encuentro escribiendo estas palabras esa persona supera los doce años sometida a la medida de seguridad impuesta en el marco del proceso originado por tal delito.

Lamentablemente son numerosos los casos en que se presentan situaciones como la comentada. De hecho, la misma no es la mas grave ni la mas leve, sino simplemente la que me incentivó a efectuar el presente análisis.

Así, considero pertinente analizar la validez constitucional de la indeterminación temporal de las medidas de seguridad, según lo contemplado por el art. 34 inc. 1 CP, y en todo caso, buscar un límite temporal que las torne tolerables a la luz de la Constitución Nacional.

II. SOBRE EL CARÁCTER DE SANCIONATORIO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

En primer lugar debe aclararse que las medidas de seguridad son verdaderas sanciones penales, en tanto son, del mismo modo que las penas, “reacciones penales de carácter coactivo” (De La Fuente, Javier Esteban, “Medidas de seguridad para inimputables”, en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal Nº 8-A, Ad-Hoc, p. 290/293). En efecto, “las medidas de seguridad constituyen una clase de sanción penal, es decir, una reacción del Estado contra el individuo que cometió un hecho penalmente dañoso” .

Opinando en la misma dirección, enseña Muñoz Conde que debe partirse de que las medidas de seguridad son un instrumento más de control, que consiste en la limitación de derechos individuales impuesta coactivamente por el Estado, razón mas que suficiente para tratarlas como a las penas desde el punto de vista de las garantías (Muñoz Conde-García Arán, “Derecho Penal parte General”, Tirant Lo Blanch, p. 511).

Resulta evidente, por lo tanto, que no puede negarse a las medidas de seguridad su carácter de sanción penal, máxime si se tiene en cuenta que se trata de la privación de un bien jurídico tan importante como la libertad, y que se produce en el marco de un proceso penal a raíz de la presunta comisión de un hecho delictivo por parte de una persona considerada inimputable.

III. SOBRE EL LÍMITE TEMPORAL DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD

No debemos pasar por alto que según lo estipulado por el art. 34 inc. 1 CP la medida de seguridad culmina cuando desaparece la peligrosidad del inimputable. Y es justamente, en tales preceptos que las posturas tradicionales encuentran apoyo al considerar que las medidas son absolutamente indeterminadas en el tiempo.

Ello ha conllevado (y aún lo hace) casos en los que la duración de una medida de seguridad supera amplia y exageradamente el máximo de la pena prevista para el hecho ilícito que diera origen a la intervención penal en el caso concreto (recuérdese que las presentes líneas han encontrado inspiración en un caso real, en el que una persona acusada de hurto simple -1 mes a 2 años de prisión- y luego declarada inimputable llevaba más de 12 años privada de su libertad, es decir, sometida al poder punitivo estatal a través de una medida de seguridad penal).

No debería resultar necesario, a esta altura, resaltar que tales posturas permisivas de situaciones abusivas como la comentada, resultan cuando menos cuestionables.

Ahora bien, considerando la redacción de nuestro actual art. 34 inc. 1 CP, deberíamos analizar, como fuera adelantado, si tal norma resulta respetuosa de los preceptos impuestos por nuestra Constitución Nacional. Al respecto, sostiene justamente De La Fuente que “la indeterminación temporal de las medidas de seguridad es violatoria de los principios de legalidad y razonabilidad”.

Principio de legalidad penal:

Ya hemos hecho referencia al carácter sancionatorio de la medida de seguridad y a la necesidad de que las mismas respeten las mismas garantías que la pena a los efectos de evitar situaciones abusivas como la descripta; no debe olvidarse que ambas implican la privación de ciertos derechos fundamentales (en especial la libertad).

El principio de legalidad en materia penal (arts. 18 CN, 9 CADH y 15 PIDCP en función del art. 75 inc. 22 CN) consiste no solamente en la descripción legal del hecho, sino también en la determinación de la pena y sus consecuencias, es decir, que en el tipo penal debe especificarse en forma clara y precisa la duración máxima de la pena.

Pues bien, teniendo en cuenta lo hasta aquí desarrollado, tratándose las medidas de seguridad de sanciones penales que privan coactivamente de importantes derechos a las personas, las mismas reglas deberían aplicarse en relación a éstas. Tal como sostiene De La Fuente, resulta forzoso concluir que “la 'indeterminación' de su duración es contraria al principio mencionado", es decir, legalidad penal.

Ahora bien, considerando que a la luz de los preceptos dictados por nuestra Constitución Nacional, las medidas de seguridad, en tanto sanciones penales (como las penas), deberían contar con un tope a su extensión en el tiempo, y que dicho tope no se encuentra previsto en nuestro art. 34 inc. 1 CP, la única vía para evitar su inconstitucionalidad sería efectuar del mismo una interpretación que resulte armoniosa de las mandas constitucionales. Para ello debería buscarse cuál es el límite temporal máximo que surge como tolerable a la luz de la Constitución Nacional, teniendo en cuenta a tal efecto el principio de razonablidad, que también se ve afectado por la indeterminación temporal de las medidas de seguridad.

Principio de razonabilidad:

Este criterio se encuentra contemplado en el art. 28 CN y también en el art. 30 CADH. De La Fuente, citando a Bidart Campos, dice que “para la constitucionalidad de la ley hace falta un cierto contenido de justicia. A este contenido de justicia lo llamamos razonabilidad. Su opuesto es la arbitrariedad”, y citando a Sagües, dice que “para aprobar el examen de razonabilidad, la norma tiene que subordinarse a la Constitución, adecuar sus preceptos a los objetivos que pretende alcanzar, y dar soluciones equitativas, con un mínimo de justicia” .

Y continúa afirmando que “resulta 'irrazonable' que un individuo, al que el Estado no quiere castigar, se vea afectado en sus derechos en una medida mayor de lo que hubiese correspondido en caso de ser condenado como autor responsable. El medio escogido (medida de seguridad de carácter penal indeterminada en su duración) no guarda relación con el fin propuesto (protección del inimputable y de la sociedad). Para resaltar dicha incongruencia, basta señalar que el Estado tiene otros medios idóneos y menos gravosos, como la legislación psiquiátrica prevista en el Código Civil”

Determinación del límite temporal:

Como se había adelantado, considerando que la indeterminación temporal de las medidas de seguridad prevista por el art. 34 inc. 1 CP resulta constitucionalmente intolerable, como condición de validez de la norma es necesario crear o extraer del ordenamiento jurídico dicho límite temporal.

Así, el autor anteriormente mencionado propone que “es indudable que la medida no puede superar la pena máxima que hubiese correspondido en caso de condena” y que “mas allá de este límite el sometimiento del sujeto al control penal resulta manifiestamente irracional”. Y continúa explicando que “como se trata de un problema constitucional, este límite puede imponerse aunque no se encuentre previsto en la ley”.

IV. CONCLUSIONES

Resulta constitucionalmente intolerable y fácticamente absurda la indeterminación temporal contemplada por nuestro ordenamiento penal en cuanto a la duración de una medida de seguridad.

Ello por cuanto, tratándose de auténticas sanciones penales, su aplicación debe respetar los mismos principios que rigen la aplicación de las penas propiamente dichas, como el principio de legalidad material que exige la precisa determinación de la duración de la coacción penal.

Como se ha desarrollado, dicho límite temporal podría extraerse, en función del principio de razonabilidad, de la pena prevista para el tipo delictivo que diera origen a la intervención penal. Es decir, que, aún ante persistencia de las circunstancias fácticas que fundaron la implementación de la medida de seguridad penal, una vez agotado dicho período, la misma debe cesar.

Lo expuesto no significa que se deje desprotegido al enfermo y a la sociedad; debe tenerse presente que el derecho cuenta con otros medios de control tendientes a brindar tal protección (tan efectivos como la medida de seguridad penal), pero que resultan menos gravosos, como la intervención de la justicia civil con la eventual internación de la persona declarada demente (conf. art. 482 y 140 y ss. C.Civ.).

Así, una vez agotado el límite temporal tolerable para una medida de seguridad penal, persistiendo las razones psiquiátricas que le dieran origen, corresponde declarar la cesación de la medida dando intervención al correspondiente al juez civil.