te lo advertimos...

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25 may. 2016

JUECES, INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y PRIVILEGIOS







El 23 de mayo la Asociación de magistrados y funcionarios de la justicia nacional emitió el comunicado nº 41/2016, en el que, para no sorprendernos, se oponen a la publicidad de las declaraciones patrimoniales. Como señala Irina Hauser en su nota de hoy: 

Es habitual que los jueces intenten mantener o conseguir privilegios cada vez que alguna norma intenta igualarlos con los otros dos poderes del Estado.

Lo que se pretende, sintéticamente, es esto:

• Los datos que podrían comprometer la seguridad personal de los jerarcas de las fuerzas judiciales solo se pueden mostrar si uno acredita un “interés real” que debe ser “jurídicamente valioso”.

• Es inadmisible que la guarda y publicidad de la información patrimonial dependa de algún órgano ajeno a las fuerzas judiciales.

• Cualquier reforma debe compatibilizar el interés general con “las especiales características, responsabilidades y exposición personal que resulta inmanente a la delicada tarea” que ejercen las fuerzas judiciales.

La voluntad de no someterse a las reglas de juego es inequívoca. La concepción de “publicidad” propia del poder judicial, cuando se trata del desempeño de sus tareas funcionales es, como regla, más que restringida, muchas veces de manera ilegítima (ver, por ej., esta nota).

En el caso de las declaraciones juradas, y dado que no tienen más remedio, nos informan que ellos solo se someterían a algún mecanismo de control de sus datos patrimoniales si el control, paradójicamente, lo tienen ellos.

Imagínense que desde este blog solicitáramos esa información por el motivo que fuera. Pues bien, un eventual órgano perteneciente a las fuerzas judiciales debería, en primer término, evaluar si nuestro interés es “real”. A ustedes le podrá parecer que la simple solicitud, en sí misma, demostraría la existencia de ese interés. Pues bien, para las fuerzas judiciales eso no sería así de obvio, y serían capaces de embarcarse en alguna discusión dirigida a demostrarnos que nosotros, en realidad, no estamos interesados en obtener la información que hemos solicitado. 

Muchos jueces utilizan el mismo mecanismo cada vez que rechazan la solicitud de apartamiento presentada por otro juez que invoca problemas de imparcialidad. En efecto, ellos le explican, al juez que solicita apartarse de un caso porque él mismo estima que no podrá ser imparcial, que está equivocado, que sí podra serlo, por razones absurdas, tales como la “bonhomía” y el “pundonor”.

Si logramos convencerlos de que nuestro interés existe, entonces avanzamos a la segunda etapa, esto es, la discusión sobre si nuestro interés es “jurídicamente valioso” o no. Tengamos en cuenta que aun cuando vayamos a un tribunal de juicio, si pedimos, por ejemplo, los fallos que resolvieron algún tema determinado, que son públicos, en muchos casos nos piden que expliquemos, a modo de justificación, para qué los queremos. ¿Qué parte de “son públicos” no se comprende?

El margen de arbitrariedad de un órgano que controlara a quienes pretendemos controlar (OQCAQPC), en este punto, podría ser más amplio aún. Con la eventual futura jurisprudencia sobre los miles de razones que imposibilitarían el acceso a la información solicitada, en este aspecto, se podrían, seguramente, escribir varios tomos. La imaginación judicial, en este sentido, es infinita.

Imagínense, por otro lado, el reglamento procesal que dictará el mismo OQCAQPC para tramitar alguna solicitud de información:

1. La sede del OQCAQPC donde tramitarán las solicitudes queda en:

Calle 187, nº 5.333
(12345) Winhoek
Embajada Argentina en Namibia

2. La solicitud se debe presentar por cuadruplicado, de lunes a viernes de 8:30 a 8:33 am, horario namibio de verano.

3. Se debe usar hoja A4, en 26 renglones y con 265 palabras por página.

4. Las resoluciones del OQCAQPC se tomarán en resoluciones fundadas según su sano criterio discrecional, y serán irrecurribles.

5. El OQCAQPC podrá responder “téngase presente” en las primeras cinco oportunidades que el solicitante formule su pedido. De ese modo se ayuda al solicitante a demostrarnos que su interés es real.

Y así...

El descaro que tienen para “justificar” un privilegio no tiene límite alguno. Ellos, a diferencia del resto de los agentes estatales, no pueden someterse a un régimen general que permita el control ciudadano, porque solo en su caso, por la “delicada tarea” que desempeñan, se comprometería su seguridad personal.

Su reacción ante el término “publicidad” les genera un sentimiento de aversión. Atribuyen la necesidad de acceder a la información a “las pretensiones y expectativas” de “algunos sectores de la política”, insinuando un interés faccioso. También se indica que el proyecto de acceso a la información, al regular sus datos patrimoniales, lo hace “so pretexto de publicidad y transparencia”. Así, se trata de una especie de agresión ilegítima y facciosa a las fuerzas judiciales. Así, la necesidad de una ley que nos garantice a los ciudadanos el acceso a la información pública es solo un “pretexto”.


Sería tan sano para la república que alguna vez dejen de defender tantos privilegios...



17 may. 2016

VIOLENCIA SEXUAL CONSENTIDA








El siguiente texto pertenece a la sentencia de un tribunal de juicio de esta ciudad. Fue un caso de abuso sexual reiterado contra dos hermanas de 13 y 15 años ocurrido a mediados de 2013. Actualmente, el caso está en casación.

La doctrina ha advertido siempre la necesidad de la suma cautela con que deben analizarse las circunstancias en que este tipo de actos se produce. Así, dice Ernesto Ure con indiscutible elegancia que “no hay delito cuando el acta acaece merced a los esfuerzos del hombre, dirigidos a despertar el instinto y a vencer la oscilante resistencia, pues más que devastar una plaza sitiada, es apoderarse de una plaza rendida”. El concepto se refiere a aquellos casos en que la mujer por un acto voluntario termina por consentir los deseos del sujeto activo, aunque haya sido éste el que provocó ese consentimiento por una conducta que pudo haber comenzado con la apariencia de fuerza, pero en el que la fuerza deja de ser un factor decisivo, y es reemplazada por el instinto sexual.

De la sentencia del Tribunal Oral Nº 23 de la Capital Federal (Luis María Rizzi, Javier Anzoátegui y Marcela Rodríguez). 

La cita que se realiza en la sentencia corresponde a un texto de 1952, destaca el Página/12 en el copete de su nota. El hecho de que se cite un texto de mediados del siglo pasado no es un hecho cuestionable en sí mismo. Tampoco lo es que se cite un texto que interpreta normas derogadas del Código Penal que han sido reemplazadas por leyes recientes. La regla derogada no es, necesariamente, la responsable de semejante percepción de la violencia sexual[1].

Antes, igual que ahora, los hechos analizados en esa sentencia quedaban comprendidos en el texto que penaba la penetración sexual sin el consentimiento de la víctima (supuestos de violencia, fuerza o intimidación). El problema consiste en el concepto de “consentimiento” que han utilizado los jueces. Y ese concepto está ligado directamente con una concepción de la libertad sexual prácticamente cavernaria.

El descreimiento del relato de las mujeres se pone de manifiesto en la advertencia que hace el tribunal respecto a la “suma cautela” con que deben considerarse “las circunstancias en que este tipo de actos se produce”. Los jueces deben usar la “suma cautela” en todos los casos penales, no solo ante cierto tipo de hechos.

Resulta muy llamativo la escasa credibilidad que se les da a las mujeres cuando denuncian una agresión sexual. Cuanto mayor es la distancia entre la figura de su agresor y el estereotipo de violador desconocido y violento, menor será la credibilidad de su declaración. Pero ello no depende de los hechos concretos del caso, es una regla no escrita de valoración de la prueba para estos casos. ¿Cómo explicar, si no, que varios jueces y fiscales ordenan un peritaje psicológico para determinar si la víctima es “fabuladora” antes de escuchar su declaración? ¿Ordenan el peritaje de “fabulación” cuando se trata de un hurto o de una defraudación? ¿Lo ordenan cuando se trata de la agresión violenta sufrida por un hombre a quien se le han causado lesiones graves?

Veamos la terminología utilizada en la sentencia. Según lo que se dice en el fallo, el hombre no es violento, solo “se esfuerza”. Y se esfuerza en “despertar el instinto”, es decir que la mujer no puede resistirse al “instinto”, como buen animalito que es, una vez que es penetrada por la fuerza. Además, solo ejerce una “oscilante resistencia” porque siempre está dispuesta a ceder a sus ganas de ser penetrada. La metáfora de la “plaza rendida”, además de tratar a la mujer como una cosa, es un claro incentivo para se continúe con la violencia contra la mujer.

De modo predecible, se interpreta que la falta de resistencia física de la víctima que teme recibir mayor violencia de su agresor es “consentimiento”. Se exige, de este modo, una resistencia heroica, tal como claramente lo expresara, con total desvergüenza, el Tribunal Supremo español, con las siguientes palabras, en una decisión de 1972:

una resistencia seria y constante de la mujer atacada que tenaz y firmemente luchó para no dejarse avasallar ni vencer, aun a costa de su integridad física[2].

Por otra parte, la definición de “acto voluntario” del fallo es un poco extraña: acto voluntario es aquel que se provoca mediante el uso de la fuerza. La violencia que sufre la víctima, por otro lado, es traducida como “apariencia de fuerza”. Así, las mujeres “aparentemente” forzadas a soportar que el agresor las penetre, sucumbirán a su “instinto” y, en una manifestación de su libre albedrío, darán su consentimiento en un acto voluntario para ser agredidas sexualmente.

La sentencia es un mensaje claro para los violentos:

Sometela por la fuerza, porque si lo hacés bien, a ella le va a terminar gustando.





[1] Es cierto que las reglas derogadas del Código Penal manifestaban claramente que se protegía el “honor” de las mujeres y de la familia antes que la libertad sexual, con todo lo que ello significa respecto del papel social atribuido a las mujeres. Nuestra afirmación se refiere exclusivamente al texto que describía el supuesto de violación.
[2] STS 6/6/1972 (R.A. 2988), citado por Cugat, Miriam, La ambivalencia de la protección de la libertad sexual. Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de violación, en "Jueces para la Democracia", Ed. Jueces para la Democracia, Madrid, 1993, nº 20, p. 77.

Aclaración de nuestra amiga Marcela Rodríguez (no la del fallo):

Si bien creo que no es necesario en este blog, quiero aclarar que la jueza Marcela Rodríguez que integra el tribunal no soy yo, Marcela Virginia Rodríguez, que fuera diputada nacional y previamente autora parcial del proyecto de reformas de la Ley 25.087 sobre delitos contra la integridad sexual y publicaciones sobre estos crímenes. Desde hace décadas mi práctica y mi pensamiento son radicalmente contrarios y críticos de lo expuesto en la sentencia.


10 may. 2016

MUJERES Y POLÍTICA. Imágenes de R. Saba







Todas estas fotos fueron tomadas del muro de Facebook del amigo Roberto Saba (con su presunto consentimiento). 













































































Representación del Estado Argentino
ante la Comisión Interamericana




















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