te lo advertimos...

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3 de mar. de 2015

LAS REGLAS GENERALES DEL NUEVO CPP NACIÓN






Una de las particularidades del nuevo CPP Nación consiste en una abundante cantidad de normas que establecen principios generales en el Título I (Principios y garantías procesales) del Libro Primero (Principios fundamentales) de la Primera Parte (Parte general).

La práctica de los operadores de la justicia penal dirá en qué medida estos principios generales determinarán la aplicación de las reglas del Código. La inclusión de esta enunciación de principios fundamentales al inicio de la parte general del Código podría resultar muy beneficiosa si ellos se aplicaran realmente en todas las situaciones y circunstancias que el CPP regula.

En el marco de un sistema jurídico heredado de la tradición del derecho continental europeo, nuestro sistema no solo es codificado sino, además, codificado de cierta manera particular. Así, se supone que los códigos regulan para cada área del derecho un conjunto de reglas organizadas y coordinadas, sin lagunas, contradicciones o indeterminaciones, de modo tal que contienen todas las soluciones posibles para un grupo determinado de casos jurídicos. Por supuesto, esto es una ficción que exige reglas de clausura del sistema.

Además de una ficción, se trata de la pretensión de establecer un sistema determinado de interpretación y aplicación del derecho positivo. Así, los principios generales del CPP no están para regular situaciones en las cuales nos encontramos ante una laguna jurídica. Dichos principios deberían operar para determinar la interpretación de los operadores cada vez que se aplique el resto de las reglas del código. Una ventaja de regular legalmente estos principios consiste en su mayor “cercanía” a las reglas particulares que son aplicables al caso concreto, y por ello en la mayor posibilidad de discutir las consecuencias de su consideración.

Así, por ejemplo, los artículos 3, 11, 14, 16 y 17 del nuevo CPP operan cada vez que se apliquen las reglas de la privación de libertad como medida cautelar.






El texto de los principios establecidos en esos artículos debe aplicarse cada vez que se discuta o se pretenda recurrir al encarcelamiento preventivo. Lo positivo de su redacción es que se han agregado consecuencias que son necesarias en textos más breves, pero que sin embargo nunca se aplicaban.

Un buen ejemplo es el del artículo 14, que exige la interpretación restrictiva de las reglas que limiten la libertad personal. Ello significa que no se puede recurrir a la interpretación extensiva, pero en la práctica esa consecuencia jamás es respetada. Por ello, parece saludable que esa imposibilidad de interpretar extensivamente las disposiciones que limiten la libertad sea prevista expresamente.

Lo mismo sucede con la prohibición de utilizar las garantías en perjuicio del imputado, práctica bastante arraigada en nuestra justicia penal e, incluso, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso “Todres”, la Corte afirmó que la excarcelación del imputado tenía rango constitucional —lo raro sería que no lo tuviera—. Al mismo tiempo, afirmó que también era de origen constitucional su “necesario presupuesto”, el instituto de la prisión preventiva, “desde que el art. 18 de la Carta Fundamental, autoriza el arresto en virtud de orden escrita de autoridad competente”. Este tipo de interpretación es absurda, entre otras razones, ya que el artículo 18, CN, solo contiene cláusulas que establecen derechos individuales o límites a la injerencia estatal. Si pudiera interpretarse el artículo 18 de este modo, al imputado le convendría que no existiera.

“Algunos de estos principios son demasiado buenos para ser ciertos”, diría algún escéptico. No sabemos si es así, pero es otro tema sobre el cual los distintos operadores de la justicia penal debemos poner especial atención.

Suele ocurrir en los procesos de reforma que se resuelvan las cuestiones de interpretación a partir de los principios fundamentales del régimen derogado. Ésa es una buena receta para el fracaso de una reforma. Por ello es que debemos exigir el respeto de estas reglas fundamentales que podrían dar forma a una nueva justicia penal: la adecuada en el marco de un Estado republicano y democrático de derecho.















NOTA AL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE AXEL LÓPEZ





Julio Maier, Alberto Binder, León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, la Asociación Pensamiento Penal (APP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras ONGs enviaron esta nota a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura por el jury iniciado ayer 2 de marzo para destituir al juez Axel Gustavo López.


Haga click en las fotos para ver en tamaño normal.










27 de feb. de 2015

ZAFFARONI Y EL GARANTO-ABOLICIONISMO ESTÁN MAL VISTOS












Si hay una mala costumbre “conceptual” entre los penalistas es la de inventar nuevas categorías o nuevos términos —muchas veces cada vez más sangrientos—. De esa mala costumbre, probablemente, habría que declarar culpable a Zaffaroni. De lo que habría que absolverlo, con seguridad, es de ser “garanto-abolicionista”.

Sí, como han leído, ustedes —que leen este “pasquín-blog”— desde ya son sospechosos de ser garanto-abolicionistas, y son los exclusivos responsables de todos los problemas de seguridad de nuestro país (los que existen, y los que no existen también).

Maravillosa muestra de prejuicios, ignorancia y autoritarismo la nota del Sr. Martín Etchegoyen Lynch, que parece ser experto en seguridad —porque estudió, y porque escribe mucho sobre el tema—. Hay párrafos que parecen extraidos del guión de algún programa cómico televisivo.

Según nos informa este señor, el “garanto-abolicionismo” es un movimiento que en nuestro país es liderado por Zaffaroni. Entérese también el señor lector o la señora lectora que el garanto-abolicionismo es un “movimiento anacrónico y demostrado fracasado en otras latitudes hace más de 40 años”. Eso sí, ni idea de por qué es anacrónico, mucho menos de cuáles son esas latitudes.


Pero no queremos quitarles el placer de leer tan preclaras ideas, que han sido registradas en esta nota, así que aquí acabamos este comentario bibliográfico.



20 de feb. de 2015

¿A CUÁNTO ESTÁ EL KILO DE ESPOSA? (dogmática procesal)





El casador Riggi, hace ya casi diez años, dictó un fallo que respondía a la “repercusión social del hecho”. El clamor por la excarcelación de Chabán exigió el actuar de un buen juez encarcelador, y allí subió a escena él. Acompañado por Tragant —que adhirió al impecable voto de su distinguido colega preopinante—, revocaron rápidamente la decisión de Cámara que había concedido la excarcelación, firmada por María Laura Garrigós y Gustavo Bruzzone.

Resulta problemática la evaluación de las características personales y cómo evaluarlas. Riggi, en ese caso, tuvo en cuenta que no tenía esposa e hijos, para de allí determinar que había peligro de fuga: “… advertimos que es una persona que no ha conformado una familia propia (no está casado, ni tiene hijos); y pese a que no desconocemos que tiene madre y hermanos (conf. informe socio ambiental de fs. 8621/8625), no apreciamos que esos vínculos familiares generen en el caso un ligamen tan profundo como para neutralizar el riesgo de fuga”. Este párrafo pone en evidencia, además, toda la racionalidad del encarcelamiento preventivo: “deme usted motivos para que yo le conceda la libertad".

Pensemos en el párrafo citado. ¿Cuánto vale un matrimonio civil? ¿El religioso suma? ¿Y una esposa? ¿Cuánto cada hijo? ¿Es por puntaje o es un porcentual? ¿Cuánto conocen los jueces que ordenaron la detención de Chabán sobre su vida familiar y el peso de sus afectos? ¿Se investigaron esas relaciones familiares, o solo se está opinando? ¿No habría que hacer un peritaje? ¿O eso está tasado en el socio-ambiental?

Así, conceptuamos que el análisis sobre la posible intención del imputado de evadir la acción de la justicia o entorpecer el curso de la investigación puede —según el caso— ser realizado valorando la severidad de la pena conminada en abstracto; la gravedad de los hechos concretos del proceso; la naturaleza del delito reprochado; el grado de presunción de culpabilidad del imputado; la peligrosidad evidenciada en su accionar; las circunstancias personales del encartado (individuales, morales, familiares y patrimoniales, si tiene arraigo, familia constituida, medios de vida lícitos, antecedentes penales o contravencionales, rebeldías anteriores, entre otros) que pudieran influir u orientar su vida, el cumplimiento de futuras obligaciones procesales y aumentar o disminuir el riesgo de fuga; la posibilidad de reiteración de la conducta delictual; la complejidad de la causa y la necesidad de producir pruebas que requieran su comparecencia, así como la posibilidad de que obstaculice la investigación impidiendo o demorando la acumulación de prueba o conspirando con otros que estén investigados en el curso normal del proceso judicial; el riesgo de que los testigos u otros sospechosos pudieran ser amenazados; el estado de la investigación al momento de resolverse la cuestión; las consecuencias que sobre la normal marcha del proceso habrá de tener la eventual libertad del acusado; la conducta observada luego del delito; su voluntario sometimiento al proceso, y en definitiva, todos los demás criterios que pudieran racionalmente ser de utilidad para tal fin, como los que antes desarrolláramos.

Con semejante catálogo de variables, es posible fundar cualquier decisión acerca de la “existencia” del peligro procesal. Más allá de ello, es dudoso que todas las circunstancias citadas puedan ser investigadas y discutidas para fundar una decisión estatal que priva de la libertad al imputado.

Por lo demás, sería bueno saber cómo podría tener el Estado capacidad para investigar tan variadas circunstancias, si aún no ha podido investigar el hecho punible.

Suponiendo que investigara solo un número de las variables citadas, ¿cómo se podría investigar en unos días cuestiones referidas directamente a la responsabilidad del imputado, si se supone que se lo detiene para poder investigar tales hechos durante meses o años?

Sacando aquellas cuestiones que se pueden apreciar en el mismo expediente, la verdad es que nadie investiga nada. Se trata, en verdad, de meras suposiciones y afirmaciones que a nadie le importan demasiado, y que no vale la pena discutir porque la decisión no se toma por esos motivos. ¿O sí?









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