18 ago. 2017

FONTEVECCHIA: AUDIENCIA EN LA CORTE INTERAMERICANA






Midiendo el impacto de la decisión de la Corte Suprema argentina en “Fontevecchia” y otros casos fallados por la Corte IDH

Por Viviana Krsticevic

El lunes 21 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sostendrá una audiencia pública para supervisar el cumplimiento de la sentencia en el caso “Fontevecchia y D’Amico”, fallado en contra del Estado argentino.

Se trata de un caso de libertad de expresión motivado por la sanción civil impuesta a dos periodistas y confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) argentina en el año 2001, a raíz de un juicio promovido por el ex presidente Carlos Menem. En su sentencia, la Corte IDH determinó que la sanción civil constituía una restricción innecesaria a la libertad de expresión y pensamiento de los periodistas, asimismo, dispuso —entre otras reparaciones— “dejar sin efecto la condena civil impuesta”.

Uno de los temas centrales de la audiencia ante la Corte IDH es una nueva determinación de la CSJN argentina que desvirtúa el carácter vinculante de la resolución de la Corte IDH.

En su decisión, la Corte argentina cuestiona la competencia de la Corte IDH para disponer algunos tipos de reparaciones. El razonamiento del máximo órgano del poder judicial argentino sujeta algunas sentencias interamericanas —las que afecten a la CSJN— a un control adicional por parte de la judicatura local, rompiendo la lógica de la protección internacional de los derechos humanos.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en sus artículos 67 y 68, que las sentencias de la Corte IDH son obligatorias y definitivas. Asimismo, la jurisprudencia del tribunal sobre este tema es tan firme como el texto convencional.

Adicionalmente, es preocupante advertir que la CSJN evita analizar cómo debe interpretar la Constitución a la luz de los artículos adoptados por los y las constituyentes en 1994, teniendo en cuenta la historia del país y el compromiso con los derechos humanos, que determinaron la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos, incluyendo expresamente a sus órganos de protección. La decisión de sujetarse a un orden jurídico internacional en materia de derechos humanos mediante la reforma constitucional de 1994, ha sido un acto tan soberano como el del constituyente de 1853, aspecto que debe ser valorado independientemente de si se adopta una hermenéutica constitucional originalista.

De esta manera, el fallo de la CSJN argentina pone en juego el alcance del cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH a nivel interno y, en consecuencia la eficacia de las decisiones del sistema interamericano en el país. En consecuencia, la Corte Suprema argentina restringe los derechos de los y las ciudadanas a recurrir a la protección internacional.

Es importante advertir, que en especial en los últimos años, la interpretación armónica de los derechos consagrados por la Constitución Nacional con los tratados internacionales de derechos humanos, y la interpretación que de ellos han realizado los órganos de control (en especial la Corte IDH), redundó en una generosa jurisprudencia de la Corte Suprema argentina que, entre otras cosas, posibilitó la reapertura del proceso de Verdad y Justicia en ese país.

La Corte Interamericana ha dictado muy pocas sentencias relativas a Argentina, pero ellas y la jurisprudencia interamericana han servido para motorizar importantes cambios en favor de mayores niveles de protección de la libertad de expresión, los derechos de las personas privadas de libertad, las garantías del debido proceso, los derechos de la niñez y adolescentes y de las personas con discapacidad, por mencionar algunos. En los últimos cinco años, este tribunal interamericano ha dictado un promedio de 15 decisiones finales por año, en su mayoría, relativas a otros países. Respecto a la Argentina, en los 33 años desde la aceptación de la jurisdicción de la Corte, aquella ha resuelto menos de 20 casos individuales.  Ello convierte en la práctica a la Corte IDH en un tribunal importante para la protección de derechos humanos pero de intervención excepcional.

Para quienes seguimos el litigio interamericano es significativo observar que la audiencia de supervisión es pública ya que en general son privadas. Esta es una indicación a través de la cual la Corte IDH marca la importancia de la discusión, por su capacidad de repercutir en el resto de la región. En ocasiones el tribunal lo hace para generar un mayor impacto a una acción significativa de cumplimiento, o para llamar la atención sobre un debate valioso o sobre una conducta reprochable.  

En este caso particular, el debate y la resolución del tribunal serán muy importantes dadas las posibilidades de que la jurisprudencia de la CSJ repercuta sobre otros poderes judiciales de la región, debilitando la efectividad del sistema de protección regional de derechos humanos.


Los y las invitamos a estar pendientes de esta discusión y seguir de cerca la audiencia, en la que participarán los representantes de los agraviados del caso: el Centro de Estudios Legales y Sociales, al igual que el Relator de Libertad de Expresión, y representantes de la Comisión Interamericana y representantes del Gobierno argentino. 


Quienes estén en Costa Rica, podrán acercarse a la sala de audiencias de la Corte IDH para presenciar el debate, debiendo registrarse a través de la web de la corte. Para quienes están a la distancia, podrán ver la audiencia por la web: www.corteidh.or.cr


5 ago. 2017

CAMPAÑA QUE LA CORTE DIGA NO AL 2X1



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La campaña es impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), APDH La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Comisión Vesubio y Puente 12, Andhes y Memoria Abierta, entre otros.

Los organismos de derechos humanos lanzamos este lunes 31 de julio, primer día hábil después de la feria judicial, una campaña virtual para reinstalar el repudio social al fallo que habilitó el beneficio del 2×1 a represores de la última dictadura, y para reclamar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emita un nuevo fallo revirtiendo este peligroso antecedente.

El objetivo de la campaña es visibilizar que este peligro se encuentra latente y acercar argumentos de referentes de la justicia nacional e internacional que sostienen que el 2×1 no debe aplicarse a delitos de lesa humanidad.

Como lo hizo en las calles el 10 de mayo, volvemos a pedir a la ciudadanía que nos acompañe; esta vez en las redes.

No existen razones para que la Corte dilate el tratamiento de este tema. Tanto los querellantes como la Procuración General de la Nación sostuvieron en presentaciones ante el máximo tribunal que no corresponde la aplicación del 2×1 para los criminales de la última dictadura, en línea con la ley que aprobó el Congreso el 10 de mayo último y promulgó el Poder Ejecutivo dos días después.


Desde acá, se pueden ver algunos de los videos que conforman la primera etapa de la campaña:




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28 jul. 2017

LA "MANO DURA" DE DONALD TRUMP





El quiebre de la cárcel

Una aproximación al encarcelamiento demuestra su costoso error

No tiene que ser de esta forma

Nota publicada en The Economist, Mayo 27/ Junio 2, 2017 (traducción de Gustavo Bruzzone)                                                                            

Shirley Schmitt no es la idea que uno tiene de un criminal peligroso. Vivía silenciosamente en una granja en Iowa, criando caballos y una hija, hasta que su marido murió en 2006. Deprimida y sufriendo de un dolor crónico, comenzó a usar metanfetaminas. Imposibilitada de afrontar su hábito, con un grupo de amigos comenzaron a fabricar la droga, para su uso personal. La arrestaron en 2012, sometida a tratamiento antidroga, se encuentra sin consumir desde entonces. Nunca vendió drogas con fin de lucro, pero las reglas de penas mínimas, respecto de previos procesos de tenencia y abandono personal, determinan que el juez la condenara a diez años de prisión. Cada año de prisión le costara a los contribuyentes cerca de u$s 30.000, suficiente para pagar las matrículas de tres esforzados estudiantes en la Universidad de Iowa. Cuando recupere su libertad Shirley tendrá edad suficiente para acogerse a una jubilación.

Barack Obama intento reducir el absurdo número de sentencias largas en USA. Su procurador general, Eric Holder, instruyó a los fiscales federales que evitaran pedir el máximo de la pena en casos de delitos, no violentos, vinculados a la comercialización de drogas. Esta reforma produjo una modesta modificación de la cantidad de presos federales (que representan cerca del 10 % del total de encarcelados en ese país).

El procurador general de Donald Trump, Jeff Sessions, acaba de modificar esa instrucción en sentido contrario. Este mes (mayo 2017), instruyó a los fiscales que se esfuercen por conseguir las penas más duras que la ley les permita, calificando, esta nueva cruzada contra los “dealers” de droga, de “moral y justa”.

Más no siempre es mejor

Las prisiones son una herramienta esencial para mantener a nuestra sociedad segura. Un ladrón que está encerrado no puede meterse en tu casa. Un asaltante, probablemente, no te haga nada si piensa que robarte significa ir a la cárcel. Sobre la amenaza de una celda que los mantendrá encerrados, los fuertes y egoístas no se aprovecharan del débil, como ocurre en los países donde el Estado es capaz de asegurar una apropiada administración de justicia.

Pero como pasa con muchas cosas buenas, no siempre son lo mejor. Las primeras personas que toda sociedad encarcela son los criminales más peligrosos, como asesinos y violadores. Pero, cuanta más gente se encarcela en un país, menos peligrosos son los restantes presos. En algún punto, los costos del encarcelamiento comienzan a superar sus beneficios. Las cárceles son costosas, las celdas se deben construir, contratar guardias, alimentar a los prisioneros. El interno, mientras permanezca en detención, trabajará a disgusto, no mantendrá a su familia, ni pagará impuestos. El dinero que se utiliza en cárceles podría ser empleado en otras actividades que pueden reducir aun más el delito, como contratar policía adicional o mejorar el control del horario de ingreso a la escuela en vecindarios peligrosos. Y, muy especialmente, debemos tener presente que encerrar primarios los puede convertir en más peligrosos, porque pueden aprender hábitos delictivos de los ya curtidos con los que van a compartir su tiempo de encierro.

Los EE.UU., hace tiempo, superaron en este sentido su punto de retorno negativo. El encarcelamiento prácticamente se quintuplicó entre 1970 y 2008. En relación a su población, en este momento se encierra siete (7) veces más gente que en Francia, once (11) más que en los Países Bajos y quince (15) más que en Japón. Se encarcela gente por conductas que no tendrían que ser delitos (tenencia de drogas para consumo personal, prostitución, infracción sin intención de regulaciones incomprensibles, etc.) y, por delitos menores, se imponen penas cuya dureza quita el aliento. Bajo la regla del “triple strike”, delincuentes menores son encerrados de por vida.

Una sentencia a 10 años de prisión cuesta 10 veces más que la de un año de prisión, pero no es ni mucho menos 10 veces más eficaz que otros elementos disuasorios. Los delincuentes no piensan hacia el futuro los próximos 10 años. Si lo hicieran, hubieran pensado en alguna otra línea de trabajo. Un estudio detectó que cada año extra de prisión aumenta el riesgo de reincidencia en seis puntos de porcentaje. También, porque la masa de encarcelados quiebra familias y mantiene a muchos ex convictos sin trabajo, ha elevado la tasa de pobreza en los EE.UU. al 20 %. Muchos estados, incluyendo el hogar del Sr. Sessions, Alabama, han decidido que suficiente es suficiente. Entre 2010 y 2015 la tasa de encarcelamiento cayó un 8 %. Lejos de estar acompañado de un crecimiento del delito, fue acompañado por una caída del 15 %.

Si bien los EE.UU. son un caso aparte, muchos países fallan con el uso inteligente de la prisión. Hay muchas evidencias de qué es lo que funciona. La prisión se debe reservar para los peores delincuentes y desviar a los menos peligrosos a tratamientos farmacológicos, servicios a la comunidad y otras formas de sanción y control que no representen romper sus vínculos con su trabajo, familia y vida habitual. Un buen lugar para comenzar son los casi 2,6 millones de presos en el mundo —un ¼ del total— que están esperando juicio (presos preventivos). Por una fracción del costo de tenerlos encerrados, podrían ser provistos de pulseras o brazaletes con GPS que permitan saber dónde están o, incluso, si se están drogando.

El control electrónico también puede ser un uso alternativo al encierro de condenados (“prisión sin paredes”), citando a Mark Kleinman de la Universidad de Nueva York, quien estima que la mitad de los presos en USA podrían ser útiles estando controlados. Un estudio en Argentina demostró bajos riesgos en presos que están sometidos a control, quienes rara vez reinciden, probablemente porque están rodeados de gente normal en vez estar sentados ociosamente en una jaula con sociópatas.

El sistema de justicia también puede hacer mucho más para rehabilitar a los presos. Terapia cognitiva conductual, asesorando a los presos en cómo evitar ciertos lugares, personas y situaciones que los predisponen y condicionan a cometer delitos, pueden reducir recaídas en el delito entre un 10 y 30 %, y, es especialmente útil, con jóvenes que cometieron su primer delito. También es más económico; con un mínimo error, 80 billones de dólares gasta USA por año en encarcelamiento y probation. No obstante, se estima que sólo el 5 % de los presos tienen acceso a los sistemas de control electrónico.

El camino a la rehabilitación


Ex convictos que encuentran un trabajo y un lugar para vivir son menos proclives a reincidir. En Noruega, los presos pueden empezar su nuevo trabajo 18 meses antes de su liberación definitiva. En USA hay cerca de 27.000 leyes estatales de inhabilitación para ex convictos respecto de diferentes clases de trabajos, incluso como barbero, peluquero o techista. Noruega tiene una tasa de reincidencia menor a la de los EE.UU., a pesar de encarcelar solo a los peores criminales, que son los más propensos a reincidir. Mientras tanto, a algunos estados de los EE.UU. les va mejor que a otros. El estado de Oregón, que insiste en que los programas para reformar criminales deben ser evaluados por su eficacia, tiene la mitad de la tasa de reincidencia que California. Apelar a construir prisiones más humanas a menudo cae en oídos sordos; los votantes detestan a los criminales. Pero odian al crimen aún más, por lo que los políticos no deberían estar asustados en abrazar otras vías probadas de convertir a la cárcel, ya no en una escuela para el crimen, sino en un camino a la ciudadanía productiva.