4 jul. 2017

SUBROGANCIAS Y DELEGACIÓN DE FUNCIONES






El 28 % de los cargos de la justicia nacional y federal están vacantes: 277. Éste no es un problema de hoy, se arrastra desde hace años: “hace más de diez años que los cargos sin cubrir superan siempre el 20 %”. En una nota de septiembre de 2007, Adrián Ventura ya cuestionaba la cantidad de subrogantes. En 2012, Andrés Gil Domíngez cuestionaba al gobierno nacional por haber frenado “en los últimos años la designación de jueces” .

De esas 277 vacantes, 213 corresponden al Consejo de la Magistratura (77 %), 38 al poder ejecutivo (14 %) y 26 al Senado (9 %).


A la hora de atribuir responsabilidades, se mencionan distintas circunstancias:

“Hay problemas en el Senado y en el Consejo. Los concursos están trabados por falta de acuerdo político. ¿Cómo es posible que las vacantes de Casación estén desde 2015 [en el plenario, que no aprueba las ternas]?”, dijo a LA NACION la presidenta de la Asociación de Magistrados, María Lilia Díaz Cordero. La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, tiene cuatro vacantes. Los exámenes para cubrirlas se tomaron en 2014.
...
El diputado Pablo Tonelli (Pro) es poco optimista. Integra la Comisión de Selección del Consejo y sostiene que se arrastran problemas coyunturales, como la “preferencia que tuvo el kirchnerismo por los subrogantes”, pero advierte que a eso se suma que el procedimiento de selección es muy largo y que la estructura colegiada conspira contra la celeridad.

Lo cierto es que el problema viene de arrastre, y si bien todos se quejan, nadie hace nada para darle solución. El sistema debe ser funcional para algunos; si no, no se podría explicar su subsistencia. Tampoco se podría explicar el deseo de muchos jueces de ser designados subrogantes. Binder señala, en este sentido, que las vacantes permanentes del poder judicial le sirven al ejecutivo para negociar con la corporación. Yo agregaría que les sirve a todos los sectores involucrados en  el régimen de designación de jueces.

Lo curioso es lo que dice La Nación

Mientras las vacantes se acumulan, los expedientes se reproducen y las causas se demoran. Se recurre a jueces vecinos, que suelen delegar el trabajo en los secretarios, o a subrogantes, siempre más débiles que un juez titular.

Se señalan, entonces, dos cuestiones problemáticas: a) la delegación en secretarios que realizan los “jueces vecinos”; y b) la “debilidad” de los subrogantes comparados con los jueces titulares.

La cuestión de la delegación nos resulta absolutamente increíble. La periodista que escribe la nota (Paz Rodríguez Niell) es muy ingenua o está muy desinformada. En primer término, cuando se refiere a los “jueces vecinos” está hablando de subrogancias, y luego menciona a los “subrogantes” como si fueran algo distinto. Más allá de ello, su preocupación por la delegación “en los secretarios” parece ignorar la tremenda delegación que existe en todos los fueros del poder judicial. Y no solo en los secretarios, sino en el resto de los empleados. Los famosos “el/la que lleva la causa”...

Cuando se publicó en la revista No Hay Derecho (Nº 5, 1991) este afiche de protesta de la Unión de empleados de la Justicia Nacional (UEJN), se tituló “Una sociología, etnografía, cartografía instantánea del poder judicial”. 


Tal como se afirma al final del afiche:

No olvidemos que se conocen casos de juzgados que funcionan sin jueces, pero nunca de juzgados que funcionen sin empleados.

La frase, lamentablemente, es muy cierta, y pone de manifiesto crudamente la práctica de la delegación, que subsiste intocable hasta la actualidad. Esta práctica define la manera de trabajar del poder judicial, no es un simple subproducto no deseado.

Nuestros jueces no trabajan de jueces, esto es, escuchando a las partes, determinando los hechos y aplicando el derecho. Las partes y las pruebas son simples papeles amontonados en un expediente que puede ser resuelto por cualquier persona que trabaje en el tribunal. El juez, en verdad, no es necesario; solo su firma (en Ushuaia, ni siquiera eso). ¿Cuántas decisiones de cada caso las toma realmente el juez? No hablamos solo de los pedidos de fotocopias; hablamos de decisiones importantes y que pueden determinar el resultado del litigio. Y aun cuando se trate de decisiones que toma el juez, los hechos vienen determinados en actuaciones probatorias en las que el juez no participó.

Nuestra organización judicial colonial no solo permite que los tribunales vacantes funcionen. Además, permiten que todos los casos sean tramitados por quienes no son jueces. Si no abandonamos los procedimientos escritos que giran alrededor del expediente y la delegación, todo seguirá igual. Ése es el verdadero problema.




20 jun. 2017

JUICIO POR JURADOS: ¿PARA CUÁNDO?





En una nota publicada en Mendoza se decía que el juicio por jurados no era una prioridad para el gobierno provincial, que la justicia requería, antes que el jurado, “la modernización de otros tantos aspectos del sistema judicial” (Marcelo D’Agostino, subsecretario de justicia. 

La intervención del jurado, al menos en los juicios penales, es una garantía constitucional incumplida —además de un derecho-deber ciudadano—. No está sujeta a las prioridades coyunturales del gobierno de turno.

Más allá de ello, algunos de los argumentos que se dan contra el jurado resultan insostenibles. Veamos, por ejemplo, el argumento de que los jurados son caros:

Uno, es que la implementación de estos juicios es muy costosa. Quienes son convocados para esta carga pública deben ser aislados, no pueden ir a trabajar y hay que garantizarles seguridad adicional. Una logística que se supone complicada —y bastante cara— desde el vamos.

Los jueces también son caros —más bien carísimos—, y no por eso dejamos el juzgamiento de los delitos en manos de la policía. Por otra parte, quienes invocan el argumento del costo del jurado deja de lado la modificación en el procedimiento penal que la participación del jurado exigiría. Así, no se tiene en cuenta, por ejemplo, que se simplificaría sustancialmente la etapa denominada “instrucción”, que prácticamente desaparecería, y la intervención de un solo juez durante el juicio.

Además, la intervención del jurado implicaría una serie de transformaciones del procedimiento que solo pueden considerarse positivas. Una de ellas, la estricta separación de las funciones decisorias, a cargo de los jueces, y las funciones investigativas y persecutorias, a cargo de los fiscales. Otra consecuencia de la participación del jurado es la necesaria transformación del lenguaje de abogados y jueces, que deberán utilizar el castellano que hablamos todos los días, potenciando de este modo la publicidad del juicio penal. Por otra parte, el jurado obligará a los acusadores públicos o privados a presentar íntegramente su caso de manera ordenada y comprensible durante el juicio, con la consiguiente carga de probar toda su acusación sin ayuda del tribunal.

Otra de las resistencias a la participación ciudadana en los juicios penales que nuestra Constitución Nacional exige es la siguiente:

Otro reparo, políticamente incorrecto pero tal vez el más sustancial, es que en el mundo de la Justicia no confían demasiado en el criterio que pueda tener un ciudadano de a pie. Saben, porque conocen el paño como nadie, que lo emocional muchas veces termina inclinando la balanza. Ejemplos de esto sobran en países donde se aplica desde hace años. El caso del exjugador y actor O. J. Simpson fue un emblema de ese singular manejo psicológico del tribunal.


A mi juicio, la desconfianza de la justicia es una buena señal, pero sin necesidad de compartir mi prejuicio, debemos tener en cuenta que los jueces profesionales dictan resoluciones arbitrarias e irracionales cotidianamente. El estado de la justicia penal en la actualidad es consecuencia directa de la intervención de los jueces profesionales y no habla muy bien de su trabajo, a pesar de que ellos siempre saben a quién echarle la culpa de sus propios actos.

A quienes invocan como ejemplo el caso estadounidense de O. J. Simpson le podemos dar muchísimos contraejemplos de los jueces profesionales. En la página de la #FiestaPorLaJusticia  se pueden leer muchas barbaridades dictadas por nuestros jueces profesionales.

Veamos, entre tantos otros, el caso del hurto tentado de tres kilos de palomita, que implicó la participación de once jueces, cuatro fiscales y cinco defensores en un proceso que duró más de cuatro años y que terminó en una condena de quince días de prisión en suspenso. Finalmente, se impuso la cordura y el imputado fue absuelto en casación .




Se pueden invocar muchos más ejemplos de decisiones descabelladas de jueces profesionales (en el ámbito de las agresiones sexuales sobran ejemplos de decisiones que garantizan la impunidad de los acusados), pero, simplemente, no se trata de eso. Se trata de una exigencia constitucional, no de prioridades.




17 jun. 2017

LA ASOCIACIÓN DE JUECES FEDERALES: SIN VERGÜENZA







Si hay algo que nuestros jueces saben hacer ante cualquier situación, es atribuir las culpas de las consecuencias de su pésimo desempeño a cualquiera menos a sí mismos. Esta práctica ha pasado a una etapa de superación con la propuesta hecha por la asociación que reúne a los jueces federales.

En mayo de este año se realizó la “asamblea fundacional” de la Asociación de Jueces Federales (AJuFe) en el Salón Azul de la Facultad de Derecho (advierto que nuestra casa de estudios no se hace responsable por las acciones de dicha asociación). 

Imagínense, una institución indispensable para la vida democrática que estaba faltando en nuestra república. Créase o no, una de las primeras medidas de la AJuFe consistió en una propuesta para avanzar en las causas de corrupción... La propuesta no implica que todos ellos renunciarán a sus cargos, no se ilusionen, pues ellos, como de costumbre, no son responsables de nada negativo.




El diario Clarín informó que: 

Apenas unos días antes de la la manifestación contra la supuesta inacción judicial contra la corrupción, la flamante Asociación de Jueces Federales (Ajufe) firmó su primer pronunciamiento con una "propuesta par avanzar en causas de corrupción".

Los magistrados "declaran que es necesario avanzar en las causas donde se investigan casos de corrupción, identificando cuáles son los obstáculos y proponiendo soluciones concretas".

Según el diagnóstico de los jueces federales, ellos no tienen la culpa de nada:

La Ajufe cree necesario "fortalecer las instituciones" para poder luchar eficazmente contra la corrupción, y admite un consenso en que "existen enormes dificultades prácticas" que según los jueces obstaculizan su trabajo "cotidianamente". Entre los principales, destacan "la falta de recursos materiales y tecnológicos, la gran cantidad de juzgados vacantes y la demora en la designación de magistrados, así como también la ausencia de legislación actualizada que brinde herramientas rápidas y efectivas para combatir la corrupción".

Lo que nos queda claro es que tienen ganas de viajar (ver):

La recientemente creada agrupación de magistrados federales propuso "incentivar las relaciones bilaterales con otros Estados y organismos internacionales" y, en ese marco, pidió "tener en cuenta las experiencias en los países hermanos, como Brasil, España, Chile y México".


También han formulado sugerencias sobre reformas procesales a las que oportunamente se han resistido, sin ningún pudor. Entre ellas, “fortalecer el área de investigación, dotando al poder judicial de una agencia de investigación especial y una policía judicial, como existen en otros países”, dejando de lado que los jueces no deben investigar, sino  decidir. Sin embargo, no proponen ninguna transformación real que modernice nuestro modelo procesal napoleónico e instale un modelo acusatorio con una organización judicial horizontal. 

En la propuesta se hacen referencias a la elaboración de “políticas de Estado” en conjunto con otros órganos estatales para “luchar contra la corrupción”. Más allá de que la elaboración de ese tipo de políticas es una competencia ajena al poder judicial, no queremos ni imaginarnos las “políticas de Estado” que estos jueces pueden llegar a formular...

Sin embargo, poco se habla de la real intención que está detrás de esta iniciativa, que reúne a todos los jueces encargados de las causas de corrupción, que por supuesto, no se consideran para nada responsables de la impunidad que gozan quienes cometen estos delitos.


Conforme se informó en Infobae , en el primer discurso como titular de la nueva asociación, el juez Morán expresó su aspiración de que el fuero federal “pueda tener algún día las herramientas y los hombres para poder tener una Justicia que permita llegar a una República con la que soñamos”. Nos preguntamos si se trata de una promesa o de una amenaza...