14 dic. 2018

USHUAIA: CRÓNICA DE UNA DESIGNACIÓN ANUNCIADA






Tal como el periodista Gabriel Ramonet explica en esta nota, se confirmó finalmente que fue designado camarista civil el caballo del comisario, el abogado Daniel Sacks, en Ushuaia. Se trata del señor que aprendió aprevaricar antes de ser designado. Como miembro del Consejo de la Magistratura intervino en el mismo concurso, que terminó desierto, y luego se presentó como candidato. Su designación, además, fue aprobada por un consejero de quien es asesor legislativo por $ 45.000 mensuales y por otro consejero con quien había compartido despacho. Total normalidad.

Hace un mes se había publicado en el diario las "repercusiones" de las notas periodísticas que habían expuesto públicamente los conflictos de intereses del concurso, con el título:  Algunas voces “en off”, única repercusión delpolémico concurso en el Consejo de la Magistratura. Así comenzaba esa nota:

EDFM reveló que un candidato a camarista Civil asesora a uno de los jurados, mientras que la esposa del postulante trabaja para el mismo consejero. También detalló otros presuntos conflictos de intereses en el mismo certamen. Ni los colegios de abogados de ambas ciudades ni la Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales, salieron a pronunciarse públicamente sobre el tema.

Un puñado de testimonios en “off” con expreso pedido de que no sean publicados los nombres de quienes los profirieron, fue la escasa (y casi nula) repercusión institucional que tuvo la nota de EDFM publicada ayer, acerca de presuntos conflictos de intereses en el concurso para seleccionar a un juez de Cámara de la nueva Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia, que lleva adelante el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego.

Aquí y aquí las dos notas anteriores de Gabriel Ramonet, y otra nota sobre el tema. A continuación la nota publicada en El diario del fin del mundo con motivo de su designación .
Si así se eligen los jueces y no pasa nada, no se puede pretender, después, que la justicia funcione...

Juez y parte

El Consejo de la Magistratura eligió ayer como juez de la nueva Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia, al abogado Daniel Sacks, quien el año pasado fue consejero y participó como jurado del concurso para el mismo cargo que ahora se presentó. Además, lo votó el legislador Pablo Blanco, a quien asesora en la Legislatura a cambio de $45 mil mensuales.

El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego consumó ayer una de las selecciones más polémicas de su historia, al elegir como nuevo camarista Civil de Ushuaia a un abogado que fue consejero del organismo hasta el año pasado e intervino en el concurso para el que ahora se presentó, y que además fue votado por un jurado al que le presta servicios de asesoramiento rentado en la Legislatura provincial.

El flamante integrante de la recién creada Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia es Daniel Alejandro Sacks, un abogado sin carrera judicial y con una maestría en Derecho Penal.

Sacks fue en 2017 miembro del Consejo de la Magistratura en representación de los letrados de Ushuaia, y con ese rol participó del concurso para elegir a los miembros de la Cámara Civil.

El certamen terminó el 13 de diciembre de ese año con la elección de dos camaristas (Alejandro Fernández y Aníbal Acosta) mientras que el tercer lugar fue declarado “desierto”.

Luego, tras abandonar el cargo por vencimiento de su mandato, Sacks se postuló para ocupar la vacante originada en el concurso del que él mismo fue parte.

Además, este medio reveló hace un mes, que el mismo abogado es asesor del legislador provincial (UCR) Pablo Blanco, que a su vez es integrante del Consejo de la Magistratura. Sacks mantiene vigente un contrato de asesoramiento legal a Blanco (o al bloque que integra) desde al menos mayo de este año y por $45 mil mensuales, según verificó este diario con fuentes documentales.

Saks se inscribió en el concurso para juez pero omitió declarar su vínculo contractual con Blanco, según argumentó, porque no se lo exige la reglamentación vigente.

No solo eso. Sacks declaró estar casado legalmente con Silvia Mabel Ruiz, quien según determinó este medio, también se desempeña como secretaria privada del legislador Blanco en el parlamento fueguino.

Pese a todo, Blanco no solo no se excusó de intervenir en el concurso, sino que ayer votó a favor de la candidatura de su asesor legislativo, en las dos rondas de votaciones que se llevaron a cabo para consagrar al letrado como camarista.
La votación desarrollada ayer en la sede de la Magistratura presentó otra serie de particularidades, a saber:

• Sacks fue votado por el legislador del Frente para la Victoria Federico Bilota, con quien el propio letrado declaró en sus antecedentes haber compartido estudio jurídico.

• Sacks fue votado por el ministro jefe de gabinete del gobierno provincial, Leonardo Gorbacz, quien no planteó la excusación de Blanco por su relación contractual con el abogado, con lo que quedó explícito el aval del Gobierno provincial a la postulación del nuevo camarista.

• Sacks fue votado por los abogados que representan a sus pares en Ushuaia y Río Grande, Oscar Suárez y Miguel Ángel Castro, quienes tampoco plantearon que hubiese motivo de excusación por parte de Blanco.

• Sacks fue votado por nada menos que la jueza del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, quien no planteó objeciones a que Blanco participara de la selección.

• Sacks no fue votado (únicamente) por el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, quien sin embargo no solamente no puso reparos a la situación de Blanco, sino que votó a favor del candidato Maximiliano Tavarone, quien se desempeña en la propia Fiscalía de Estado como Fiscal de Estado adjunto, y tampoco ello le generó la necesidad de excusarse de intervenir en el concurso.

Finalmente Sacks fue elegido, en la ronda final, con seis votos favorables contra cuatro de Tavarone y de Sergio Manuel Bertero, funcionario del Superior Tribunal de Justicia, mientras que el abogado del gobierno Nicolás Grafigna ya había quedado fuera de consideración en la primera ronda con solo dos votos.





5 dic. 2018

DOCUMENTO DEL CELS SOBRE EL USO DE ARMAS







el ministerio de seguridad promueve el uso abusivo de la fuerza letal y debilita los controles policiales

El gobierno modificó la reglamentación del uso de armas de fuego por parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad. La decisión debilita los controles judiciales y la amplitud de las definiciones de “peligro inminente” justifica y habilita un uso abusivo de la fuerza letal.

El gobierno nacional publicó hoy la resolución 956/2018 que establece un reglamento del uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad federales. La medida quiebra el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior. Luego de haber derogado el Programa de Uso de la Fuerza y debilitar los controles internos, con esta nueva medida el gobierno busca evitar también el control judicial.

A partir de hoy, situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente. De este modo, se privilegia la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido y se genera un gran peligro para todos los involucrados en este tipo de situaciones, incluidos las y los transeúntes.

El Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, que forma parte de la legislación nacional a través de la Ley 24.059 de Seguridad Interior, refiere al uso de armas de fuego como una medida excepcional y extrema. La resolución ministerial modifica ese enfoque al habilitar una serie de situaciones claramente no excepcionales en las que se podría usar el arma.

Por ejemplo:

• Se pierde la noción de proporcionalidad al habilitar el uso de armas de fuego contra quienes portan otro tipo de armas o incluso no portan armas.

• La amplitud de situaciones que son caracterizadas como de “peligro inminente” habilita el uso de la fuerza letal contra personas que están huyendo o que forman parte de un grupo en el que hay una persona armada.

• En algunos casos, los policías podrían saltearse garantías tan básicas como el principio de inocencia. Esto ocurre, por ejemplo, porque se otorga la posibilidad de disparar a personas que los policías suponen que podrían haber cometido un delito y se estén dando a la fuga, como ocurrió en el asesinato del niño Facundo Ferreira en Tucumán.

• El nuevo reglamento no expresa que aun cuando se utilicen las armas de fuego los funcionarios deben reducir al mínimo los daños y lesiones y proteger la vida humana, como indican los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que la propia resolución invoca en los considerandos.

• Tampoco explicita que se deberá hacer lo posible para excluir el uso de armas de fuego contra niños, niñas y adolescentes, como indica el Código de la ONU.

Además de elevar las amenazas a la vida y la integridad, la resolución es un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, ya que busca limitar al máximo la capacidad de este último de ejercer su tarea de control del accionar policial.

En la situación actual, los jueces son los que interpretan la normativa y los estándares de uso de la fuerza y deciden en cada caso. El nuevo reglamento recorta las facultades de los jueces para establecer posibles conductas ilegales ya que encuadra como “cumplimiento de deberes” una amplísima gama de situaciones de uso de la fuerza letal que hoy son consideradas como irracionales y excesivas, intentando así eximir de responsabilidad al funcionario a priori. Las facultades que se le quitan a los jueces son en buena medida transferidas al propio policía: el carácter amplio de las definiciones del reglamento implica que casi cualquier cosa pueda ser justificada como un “peligro inminente” por parte de los funcionarios policiales. Estos fueron los argumentos utilizados por el Poder Ejecutivo para defender la actuación del policía Chocobar y que fueron rechazados en la investigación judicial.

De este modo, en un aspecto central del gobierno político de las fuerzas, el Poder Ejecutivo nacional renuncia a profesionalizarlas y transformarlas en policías democráticas. Por el contrario, pretende neutralizar cualquier tipo de control sobre la actuación policial. Esta decisión se alinea con otros mensajes políticos y medidas del Ministerio de Seguridad de la Nación orientados a alentar el uso de armas de fuego (policial y civil) y a evitar que las fuerzas de seguridad rindan cuenta de sus acciones. Esto traerá aparejado mayores niveles de violencia estatal y social.

*Foto: Nahuel Alfonso.