te lo advertimos...

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20 jul. 2016

LA CORTE VUELA EN PRIMERA







A partir del viernes pasado a las 13:30 comenzó la feria judicial de invierno, esto es, dos semanas que tiene la justicia para bajar sus persianas y gozar de inmerecidas vacaciones invernales. Como pareciera que todos los tribunales nacionales y federales van adelantados con su trabajo y con sus casos, la justicia nacional cierra por “feria” todo el mes de enero y la mitad del mes de julio. La feria, una institución que, junto con otros privilegios de los jueces, sobreviven al paso del tiempo.

Como en tantas otras cosas, los jueces se guardan para sí la facultad de habilitar la feria discrecionalmente, es decir, trabajan si tienen muchas ganas. Y parece que en el caso del amparo colectivo contra el aumento de las tarifas del gas tienen unas repentinas ganas de trabajar.

En ese caso, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), junto con dos asociaciones de consumidores, lograron que en primera instancia el juez Recondo ordenara la convocatoria a audiencias públicas, pero sin suspender el aumento tarifario. Impugnaron esa decisión y la Sala II de la Cámara Federal de la Plata, con voto de Álvarez, Schiffrin y Calitri, resolvió “con alcance colectivo anular los aumentos en la tarifa del gas”, y anular las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de energía “por no haber sido precedidas de audiencias públicas” (ver).

Este lunes 18 de julio la misma Cámara Federal (esta vez con el voto de Álvarez, Lemos Arias y Reboredo) habilitó la feria para que se pueda decidir si se concede el recurso extraordinario federal presentado por el gobierno. Si el tema se resuelve durante la feria, intervendrá el tribunal de feria; si la decisión se tomara luego, intervendría el mismo tribunal que concedió el amparo colectivo (ver).

En caso de que el tribunal platense rechazara el recurso extraordinario, el gobierno deberá interponer una queja ante la Corte Suprema. De un modo u otro, el caso llegará rápidamente al cuarto piso de Talcahuano 550.

En el medio de todo este despelote judicial, al presidente se le ocurrió echar más leña al fuego otorgando un inoportuno privilegio a los ministros de la Corte. A ello debe agregarse la mala costumbre presidencial de reunirse con el presidente de la Corte Lorenzetti —esta vez tuvieron una reunión privada—. Pareciera que Macri y Lorenzetti no terminan de comprender que la Corte Suprema —en verdad, todos los tribunales— es igual que la mujer del César, que no solo debe ser honrada, sino además parecerlo.

Un grupo de diputados criticó la decisión del gobierno a través de Aerolíneas Argentinas, de concederles automáticamente a los ministros de la Corte Suprema el privilegio de subir a clase ejecutiva en cualquier vuelo de esa línea aérea.

La carta hace referencia a la nota del periodista Horacio Verbitsky publicada el domingo 17 de julio por este diario en la que se describe que “el 9 de julio el gerente de Aeropuertos de Aerolíneas Argentinas, Ricardo Lehmacher, envió por correo electrónico una circular a todos los jefes de Escala de la compañía aérea estatal comunicando el privilegio concedido”. “Mientras millones de compatriotas hacen esfuerzos desmedidos o se ven imposibilitados de pagar las facturas de gas, sobre las cuales esta Corte Suprema debe resolver, este beneficio personal por parte de Aerolíneas Argentinas a los ministros de la Corte avasalla la confianza popular en la Justicia y extiende un manto de sospecha social y en definitiva ofende el decoro que la división de poderes requiere en nuestro sistema democrático”, reza uno de los párrafos de la misiva de los diputados a los jueces.
“Nos dirigimos a ustedes a los fines de solicitar atentamente que en un gesto de respeto por las instituciones republicanas renuncien públicamente al beneficio dispuesto por parte de la empresa Aerolíneas Argentinas que otorga a los ministros de la Corte Suprema derecho upgrade a clase ejecutiva en los vuelos de dicha empresa, o bien aclaren las circunstancias que son de público conocimiento respecto del otorgamiento de tal beneficio”, sostienen los legisladores que firman la carta: Leonardo Grosso, Remo Carlotto, Silvia Horne, Lucila De Ponti, Andrés Guzmán y Araceli Ferreyra.

El momento elegido por el gobierno para conceder un nuevo privilegio a los ministros de la Corte Suprema no puede ser más inoportuno. En efecto, mientras el gobierno está haciendo fuerza para que el caso del amparo colectivo llegue cuanto antes a la Corte Suprema, se les regala este nuevo privilegio para que los ministros y la ministra viajen más cómodamente si deben hacerlo por vía aérea. ¿A quién se le puede ocurrir que un cortesano viaje con la chusma?

Lorenzetti ha declamado que la Corte está a favor del pago del impuesto a las ganancias de los jueces. Sin embargo, hasta ahora solo se le ha ocurrido pedirle su opinión a algunas asociaciones de jueces, con el resultado más que previsible. Seguramente, en un futuro próximo declamará que la Corte está en contra de los privilegios voladores que Aerolíneas Argentinas les ha concedido a los cortesanos.


¿No será más apropiado, antes que tanta declamación, que la Corte Suprema, ahora, haga pública su decisión de rechazar el nuevo y volador privilegio?


24 jun. 2016

QUEDÓ FIRME EL SOBRESEIMIENTO PARA LAS AUTORIDADES DENUNCIADAS






Transcribo la nota enviada por la Decana, Prof. Mónica Pinto, ayer (23 de junio de 2016).



Estimados colegas profesores,
Un placer saludarlos como siempre!!!

A poco más de un año de la comunicación que con Alberto Bueres les enviáramos el 11 de mayo de 2015 a raíz de la denuncia que una egresada de esta casa, la abogada Florencia Sarso, formulara en contra de nuestra gestión por administración fraudulenta, tenemos el gusto de comunicarles que se ha dictado resolución en esa causa con fecha 5 de mayo de 2016.

En efecto, el juez a cargo de la denuncia, Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº9 de la Capital, ha dictado sobreseimiento, que se encuentra firme.

En su resolución el Juez hace mérito de la entrega de toda la prueba solicitada (la totalidad de los convenios de asistencia técnica suscriptos desde 2012 y la totalidad de los contratos celebrados con todos y cada una de las personas que trabajan en esos contextos), de una auditoría de la SIGEN (que se llevó a cabo entre agosto y octubre de 2015, cubriendo 21 registros que representan el 31.82% del universo y que corresponden al 54% aproximadamente de los ingresos por ese concepto) que concluyó que "En lo que atañe a su aplicación, se ha verificado que la Facultad destinó los fondos provenientes de las ganancias generadas por la ejecución de Convenios, principalmente para la atención de gastos operativos relacionados con el funcionamiento de la citada Unidad Académica".

Asimismo, queda claro en la resolución judicial la motivación electoral de la denuncia: "No escapa tampoco a la mirada de este Juzgador el hecho de que de manera contemporánea a la radicación de la denuncia, la Facultad de Derecho, fiel a las previsiones de su Estatuto y de las normas que regulan el autogobierno de la Universidad de Buenos Aires se encontraba sumergida en el marco de una disputa política en pos de la elección de los representantes de uno de los claustros que la integran. Dicha circunstancia tampoco fue ignorada por la denunciante quien admitió conocer las consecuencias de su accionar y junto con ello, haber sufragado en anteriores elecciones internas de la Facultad." y la conclusión a la que llega el Juez: "En este caso, la denuncia formulada resulta ser una demostración más que clara de la exteriorización de la política interna de la Facultad de Derecho, un intento por judicializar un conflicto en el marco del cual los magistrados somos ajenos y tampoco contamos con potestades legales para intervenir fruto de la plena vigencia de los principios de autarquía y autogobierno universitario".

En definitiva, pues, resuelve sobreseer - dejando expresa constancia que la formación de la causa no afecta el buen nombre y honor de los denunciados.

El sobreseimiento está firme, se comprobó la motivación política de la denuncia y se probó la inexistencia de la conducta que se nos atribuyó.

Entendemos que es nuestra obligación compartir esta noticia con ustedes y también queremos agradecer a la inmensa mayoría que nos acompañó en el año que llevó el trámite.

Un abrazo

Mónica Pinto y Alberto Bueres



22 jun. 2016

LOS JUECES DICEN (DE NUEVO) QUE NO PAGARÁN IMPUESTOS





1
La movida de Lorenzetti es muy original. El ministro de la Corte Suprema trabaja con la AFIP (¿¿¿???), en una novedosa práctica de colaboración entre la cabeza de uno de los poderes del Estado y representantes del órgano recaudador de impuestos. Al mismo tiempo, convoca a distintos representantes de las fuerzas judiciales y de los ministerios públicos a una reunión para debatir si ellos desean pagar impuestos.

Stella Maris Martínez (Defensora General) y Alejandra Gils Carbó (Procuradora general) no pintaron. Todos los demás invitados concurrieron y dieron el presente. Los jueces, fiscales y defensores públicos rechazaron la posibilidad de ser incorporados al pago de ganancias. Nada previsible.

Los representantes de todo el sector judicial decidieron no emitir un documento explícito con su postura, pero resolvieron conformar una comisión que dará forma al criterio que prevaleció en la reunión y luego pedirá una reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, para oficializarla. De todas formas, la postura ya está en conocimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que encabeza Alberto Abad (ver).


Me resulta tan simpático todo esto. Ahora tenemos un poder judicial deliberante. Ellos deliberan si, como todos los demás habitantes bajo la jurisdicción de nuestro país, se sienten con ganas de pagar impuestos.

Lo que debemos reconocerle a Lorenzetti, al menos, es que dio transparencia a la presión de las fuerzas judiciales para mantener sus privilegios, y él quedó como el gran partidario de una nueva institución:

“pagaremo si queremo, pero como no queremo, no pagamo”.

No se comprende, sin embargo, cómo es que Lorenzetti tiene una opinión favorable al pago de impuestos por parte de los jueces y cree que es opcional para ellos pagarlo. Son impuestos, no imponen una obligación legal que pueda ser considerada opcional o voluntaria.

Quizá quiera hacer más interesante la cuestión y establecer, por ejemplo, los plazos “meramente ordenatorios” para el pago de los tributos. De ese modo, los jueces no deben acostumbrarse a la absurda exigencia —que los civiles debemos respetar— de esos “plazos raros” que parece que son de cumplimiento obligatorio. Los señores jueces no tienen tiempo para estas boludeces, ellos están delegando y delegando todo el día.


2

Algún despistado se podrá preguntar cómo es eso de que no pagan impuestos. La obligación jurídica de pagar el impuesto a las ganancias deriva de la ley nº 24.631 aprobada por el Congreso Nacional. Para no someterse a la ley, la Corte Suprema menemista dictó una acordada, que es una resolución administrativa adoptada por los propios jueces (en un caso que los afectaba directamente) y que por supuesto, no debería poder imponerse sobre una ley del Congreso. Firmaron la Acordada 20/96 los ministros Nazareno, Moliné O’Connor, Fayt, Belluscio, Boggiano y Bossert. La Corte dictó esa resolución, que declaró sin que existiera un caso judicial, es decir, sin jurisdicción (ver).

Un funcionario de la Corte Suprema nos contó extraoficialmente que las próximas reuniones de Lorenzetti serán con:

• La Asociación de Automovilistas Civiles, para saber si están dispuestos a pagar los peajes de las rutas y autopistas por las que circulen.

• La Asociación de Los Vencidos En Juicio De La Justicia Nacional, para determinar si están de acuerdo con cumplir con las obligaciones impuestas por sentencia judicial firme.

• La Asociación de Jueces Electorales, para averiguar si el resultado de las elecciones legislativas y presidenciales es de cumplimiento obligatorio para las autoridades que deben dejar el poder al término de su mandato.

• La Asociación de Civiles de las Provincias, para saber si las personas de las provincias asociadas están dispuestas a respetar voluntariamente el Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Penal de la Nación.

• La Asociación de Policías Nacionales y Provinciales, para saber si ellos serían tan amables de detener personas solo cumpliendo los requisitos legales y constitucionales.


¿Les parecen absurdas estas reuniones y su objeto de discusión? Ni más ni menos absurdas que la  reunión con los jueces celebrada hoy en Talcahuano 550.


3

¡Son tan lindos estos tipos! A veces me da la impresión de que ellos realmente creen las cosas que dicen para justificar sus privilegios. El titular de la Junta de presidentes de cámaras federales y nacionales, Javier Leal de Ibarra dijo que “la Constitución Nacional es un óbice infranqueable, el artículo 110 de la Carta Magna señala claramente que no puede ser afectada la remuneración judicial de ninguna manera”. Agregó que:

No es un privilegio, toda vez que apunta a la independencia del Poder Judicial y a la dignidad de los magistrados.

Ajá. Ahora me quedo más tranquilo. Si él dice que no es un privilegio, entonces no debe serlo. Me parece excelente idea preguntarle a los privilegiados si ellos tienen privilegios. La imparcialidad de la respuesta está garantizada.

Otro de los jueces, que parece que no se animó a decir “yo dije eso”, dijo:

Por su parte, otro de los jueces que participó del encuentro afirmó que hay una situación muy compleja para resolver, que vista superficialmente parece meramente inequitativa, y agregó que, en rigor de verdad, los sueldos judiciales siempre se calcularon con la idea de no pagar Ganancias.

Además, resaltó que los magistrados tienen incompatibilidades que le impiden generar ingresos por otra vía que no sea su sueldo. En ese sentido, aseveró "como juez yo no puedo comprar un taxi y hacerlo trabajar, yo no puedo instalar una librería o cualquier otro comercio, yo no puedo realizar ninguna otra actividad, salvo la docencia universitaria".

Ahora sí me tranquilizaron del todo. Los escasos pesos que les tiramos a los jueces, unidos al hecho que fueron ellos mismos quienes decidieron no pagar ganancias, constituyen una situación que solo “superficialmente parece inequitativa”.

Nuestro problema consiste en que tenemos una mirada superficial de estos temas, que son muy complejos. ¡Haberlo sabido antes! Encima de que somos superficiales, no somos capaces de ver que se trata de un tema muy complejo, que solo los jueces están capacitados para explicarnos. Por suerte, este juez anónimo nos explicó todo. Ellos quieren trabajar más y no los dejamos.

Otro juez (Anónimo 2) nos aclaró que si permitimos que el poder ejecutivo “audite” a los jueces a través del pago de ganancias, se abre una puerta que afecta gravemente la independencia judicial:

Esto forma parte de las garantías que tiene la sociedad para tener jueces independientes.

Ésta parece ser la clave. Hay que explicarles a todos los países en donde los jueces pagan impuestos que tienen una justicia de porquería, sin jueces independientes. ¡Pero ya! Con urgencia hay que ir a casi toda Europa y a los Estados Unidos, entre otros, y decirles que ellos no saben garantizarles jueces independientes a sus sociedades... ¡Pobres sociedades! Sus jueces no entienden nada de independencia judicial...



(Las citas de este último punto corresponden a esta nota de Infobae). 


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