te lo advertimos...

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23 de abr. de 2015

EL SUPERIOR TRIBUNAL FUE OBLIGADO POR LA CSJN A CAMBIAR SU JURISPRUDENCIA



Si bien demoró un poco, finalmente salió el Fallo "Wilson" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena al Superior Tribunal fueguino cambiar su jurisprudencia en materia de encarcelamiento preventivo, aplicando precedentes de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana. El Superior Tribunal se había resistido a aplicar ese criterio.









21 de abr. de 2015

SOY JURADISTA Y OSCURANTISTA









Una de las críticas al juicio por jurados que más me llama la atención es aquella que tilda al jurado de “oscurantista”. Especialmente si tenemos en cuenta que la primera acepción del término es:





Un régimen procesal que garantiza la publicidad de los juicios penales en un lenguaje comprensible para las personas normales —o sea, no abogadas— es lo mejor que le podría pasar a cualquier sistema judicial.

Las bondades de la participación del jurado, más allá de la participación popular, produce grandes efectos sobre las formas del juicio. La participación de los ciudadanos opera como una sólida barrera contra las peores prácticas de la justicia.

El secreto, los latinazgos, el enrevesado lenguaje que usamos los abogados, el ingreso por lectura de la prueba documental de un tirón sin orden racional alguno, el conocimiento previo que los jueces tienen de todo el expediente y de los antecedentes del imputado, las categorías de la dogmática penal sustantiva profesional exacerbada, las interpretaciones absurdas de las normas, etcétera, tendrán que ser evitadas de modo necesario.

Quienes califican como “oscurantista” al jurado suelen afirmar que un grupo de doce ciudadanos no está calificado para decidir sobre complejas cuestiones técnicas de la ley penal. Me imagino que esas personas, en consecuencia, no comprenderán las series y películas estadounidenses en las escenas relativas a un juicio penal.

Sobre esta cuestión, es bueno recordar que existe el “principio de legalidad” en materia de derecho penal sustantivo, y que el único sentido que puede tener tal principio es que las personas normales puedan conocer y comprender las acciones prohibidas. Si alguna prohibición no se comprende, entonces esa conducta no debería estar prohibida.

Respecto de los conocimientos técnico-legales, el sentido del jurado es, precisamente, que los juzgadores carezcan de ellos, y por ese motivo los abogados estamos excluidos de participar como jurados.

En caso de que otros conocimientos técnicos resulten indispensables o útiles, se convoca a expertos para que declaren como peritos. Y si el perito no puede explicarnos algún dato técnico de manera comprensible, ni los jurados, ni los abogados comprenderemos. Hemos conocido peritos que, aun siendo muy buenos en su campo técnico, no sirven para transmitir la información a quienes somos ajenos a su disciplina. Por supuesto, hemos conocido, afortunadamente, a muchos más peritos muy capaces de explicar claramente cuestiones referidas a sus conocimientos técnicos.

Si estamos ante un jurado, es tan importante decidir qué transmitimos y también cómo lo transmitimos. Eso es algo que todos tenemos claro. Frente a un tribunal profesional sucede lo mismo, solo que no lo admitimos. ¿Cuántos jueces dirían que no han comprendido nada luego de que el perito termina su exposición? Seguramente muy pocos.

Algo similar sucede si afirmamos que el conocimiento de los antecedentes del imputado afectaría la imparcialidad del jurado. Lo mismo sucede cuando son los jueces que juzgan quienes acceden a ese conocimiento, y sin embargo no admitimos que en esos supuestos hay un gran problema de imparcialidad. Y no interesa cómo se justifica la decisión, pues seguramente nadie va a reconocer que el conocimiento de los antecedentes del imputado fue determinante.

Para quienes no están de acuerdo con esta idea, imagínense que son jueces y leen los antecedentes del imputado, que consisten en una suspensión del juicio a prueba por abuso sexual simple, y una condena por abuso sexual agravado. El acusado va a juicio por otro abuso sexual. ¿Quién puede decir sinceramente que los antecedentes no sellarán su suerte? Como sucede con otros motivos de temor de parcialidad, al seleccionar al jurado se discutirán tales circunstancias, que no podemos discutir respecto de los jueces.

Lo paradójico es que en el proceso de selección del jurado (voir dire)[1] el juez que aplica adecuadamente los posibles motivos que afectarían la imparcialidad de un jurado, rechaza esos motivos si se invocan para solicitar su propio apartamiento.
  
¿Cómo ingresarían al juicio la prueba de varias piezas documentales que servirán para determinar la responsabilidad o inocencia  del imputado? En el actual procedimiento nacional, el ingreso por lectura de estos elementos de prueba, seguramente consistirá en algo similar a la primera escena del video que sigue. Y ello teniendo en cuenta que no se adopte la decisión del célebre “Se da por leído”.

En un juicio con jurado, la prueba documental no solo se debe ingresar sino que también se debe ingresar en el momento conveniente para la parte que la ofrece y, además, se debe analizar, explicar y evaluar junto con el resto de las pruebas. En el juicio del CPP Nacional, en cambio, toda la documental ingresa desordenadamente por una lectura a la que nadie presta atención, y esa forma de ingreso, además de desordenar el relato, genera la necesidad de analizar el valor de esa prueba antes o después de la audiencia. Es decir, fuera de la audiencia, sin control alguno y sin sopesarla (en realidad, sopesándola en menor medida), como todos los demás medios de prueba, con el resto del cuadro probatorio.

Ante el jurado, en cambio, son las partes quienes están obligadas a introducirlas ordenada y comprensiblemente.













16 de abr. de 2015

JURADOS, IN DUBIO PRO REO Y FISCALES







Recién hablaba con un amigo que me confirmaba las opiniones que ya había leído por ahí en contra del jurado. Como siempre, la exigencia constitucional del juicio por jurados sigue dividiendo aguas y despertando pasiones encontradas.

Lo que me parece muy positivo de todas esas críticas es que, en gran medida, involucran a muchos más ciudadanos que antes, pues he leído muchísimas opiniones de personas que, muy probablemente, no opinaron con semejante vehemencia para criticar a los profesionales que abundamos por ahí. Bienvenido sea, entonces, este debate.

Ir a un juicio por jurados no debe ser una tarea fácil. Ante el jurado, los dueños de la pelota son los acusadores, y su caso debe estar preparado de manera impecable.
 
Ya no tenemos a un dúo acusador fiscales/tribunal, en el cual este último corre a socorrer a los acusadores cada vez que no cumplen con su papel. Toda la iniciativa será de los acusadores públicos y, eventualmente, también de los privados. La preparación de un juicio ante un jurado exige mucho más trabajo, y, especialmente para los acusadores, la comprensión de lo que se espera de ellos.

Entre otras exigencias, deberemos hacer frente al principio in dubio pro reo, que exige al fiscal probar que todos los elementos necesarios para poder obtener una condena hayan sido demostrados, expuestos ordenadamente y, además, con la certeza necesaria para condenar.

Ya no podremos recurrir al “se da por leído”; tampoco jugará a nuestro favor el conocimiento previo y la toma de posición que ya tiene el tribunal de juicio en el modelo decimonónico de proceso nacional. No se ingresa a la audiencia con el expediente “bien estudiadito”, como proponía Claría Olmedo

Nada de eso. Por los resultados de los pocos juicios bonaerenses que han tenido lugar hasta el momento —y al contrario de lo que se presagiaba, acerca de jurados enardecidos y ansiosos por condenar— diría que, al menos en estos casos, el in dubio pro reo está operando como debe. Es decir, las fiscalías parecen estar pagando el precio de litigar sin la ayuda de los jueces, y de no estar acostumbrados a soportar de manera real la carga de la prueba.

Si ello es así, la instalación del jurado no puede ser más bienvenida. Podría hacer realidad el respeto al principio in dubio pro reo y, por el mismo precio, obligar a las partes —especialmente a los acusadores—, a que necesariamente lleven a juicio casos sólidos.






15 de abr. de 2015

EJERCICIO SOBRE ENCARCELAMIENTO PREVENTIVO








Mire el video y después conteste las preguntas.











Preguntas

(1) ¿Cuáles son los requisitos del encarcelameinto preventivo? ¿Se discuten todos ellos en los dos casos?

(2) El primer argumento de la fiscal es que “no hay un nuevo motivo para revisar la decisión”, ¿es ése un motivo para no hacerlo?

(3) ¿Cuál es la diferencia entre “posible” y “probable”? ¿Tiene alguna relación con lo que discuten las partes?

(4) ¿Creen que el hecho de que el acusado ofrezca la casa de la madre tiene alguna relevancia para evitar el encarcelamiento preventivo?

(5) ¿Como cree la fiscal que opera el principio de inocencia en relación con las distintas etapas del procedimiento? ¿Cree Ud. que esa opinión es la correcta?

(6) ¿A qué se debe la diferencia del monto en cada uno de los casos? ¿Cree que es correcto?

(7) ¿Qué cree Ud. que sucedería si los acusados no tuvieran dinero para pagar la fianza?

(8) ¿Es posible que un acusado se fugue estando detenido preventivamente? En caso de que lo fuera, ¿tendría sentido el encarcelamiento preventivo?









7 de abr. de 2015

EL VOIR DIRE Y LA SELECCIÓN DEL JURADO EN CASOS PENALES







La selección del jurado en los Estados Unidos

La integración del jurado compuesto de doce ciudadanos que interviene en la gran mayoría de los juicios penales en los EE.UU. comprende dos pasos. Téngase en cuenta que en los EE.UU. existen 51 regímenes de jurados diferentes: el federal y el que pertenece a cada uno de los 50 estados. Sin embargo, estos procedimientos son muy similares entre sí. En los videos sobre la selección de jurados que subiremos al blog en próximas entradas se aplica la ley del Estado de California.

El primero de tales pasos consiste en conformar un grupo de posibles jurados, grupo que se denomina venire. Los ciudadanos que integrarán el venire se designan por algún mecanismo que depende, esencialmente, del azar, tal como podría ser un sorteo[1]

El venire, o pool de prospective jurors (posibles jurados), se integra con los ciudadanos del condado sorteados al azar de listas que pueden ser obtenidas del padrón electoral —que se integra voluntariamente por quienes desean votar—, de las listas de quienes tienen registro de conductor o, también, de las listas de personas que reciben seguro de desempleo (http://goo.gl/goQyyB).

Los posibles jurados, una vez sorteados —o seleccionados por el mecanismo legal— son convocados mediante una notificación para presentarse ante el tribunal que los requiere. Allí se les recibe juramento de que dirán la verdad a las preguntas que se les formulen (http://goo.gl/SGVakr).


Aquí comienza, entonces, el segundo paso de la selección de los jurados para finalizar obteniendo doce personas que integrarán el jurado en el caso concreto, más los eventuales jurados suplentes. Si bien la regla general es que los jurados son doce personas, la Corte Suprema estadounidense ha admitido un mínimo de seis jurados [Ballew v. Georgia (1978)].

Este segundo paso del procedimiento se denomina voir dire (http://goo.gl/uTrIyk). Su objeto consiste en obtener un grupo de ciudadanos que puedan resolver el veredicto con imparcialidad y que se atengan estrictamente a los hechos del caso.

El procedimiento de voir dire difiere de estado en estado, y hasta de juez en juez. En los videos que veremos más adelante se realiza, en primer lugar, una serie de preguntas por escrito que todos los jurados deben contestar. Estas preguntas se vinculan con la imparcialidad del posible jurado y se acuerdan entre las partes con aprobación del juez.

Luego, cada posible jurado es examinado por el fiscal y por el abogado defensor, y en ocasiones por el juez. Luego de estos interrogatorios, ambas partes utilizan las recusaciones para excluir a las personas que no desean en el jurado. 

Existen las recusaciones con causa (challenges for cause) y las sin causa (peremptory challenges) —que en algunos videos se traducen como “veto”—.

Lo interesante es que no existe una definición legal de las causales de recusación. Basta con que una de las partes demuestre al juez que debido a determinadas características personales, a sus antecedentes o a cualquier otra circunstancia, uno de los posibles jurados no podrá garantizar la imparcialidad. La distinción es importante porque el número de recusaciones con causa no tiene límite, pero el de las sin causa tiene un máximo legal. En California, la defensa tiene 10 recusaciones con causa en casos penales comunes, y 20 en casos de hechos penados con prisión perpetua o con pena de muerte (http://www.courts.ca.gov/2240.htm).

Los interrogatorios de las partes y del juez continúan hasta que ambas partes aprueban a los doce miembros del jurado y, en su caso, a los jurados suplentes. Entonces se les recibe juramento a todos los jurados designados y el juicio puede comenzar.

Es muy interesante ver los interrogatorios y los argumentos de las partes cuando cuestionan la eventual parcialidad de los posibles jurados. Es importante tener en cuenta que el veredicto y la sentencia pueden ser revocados en el supuesto en que se restrinja indebidamente el derecho de la defensa de realizar determinadas preguntas a los candidatos a jurados, preguntas dirigidas a establecer si el jurado podrá ser imparcial (ver, por ej., U.S. Supreme Court, Ham vs. South Carolina, 409 U.S. 524 (1973)).





[1] A modo de ejemplo se pueden ver las reglas del procedimiento penal de Puerto Rico (http://goo.gl/yaRohg).




6 de abr. de 2015

INNOCENCE PROJECT BUSCA ABOGADA/O CON EXPERIENCIA





El plazo final es el 4 de mayo








Ver todos los datos aquí

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2 de abr. de 2015

EJERCICIO: TESTIGOS





Shanon es acusada de haber matado con premeditación al gobernador de California y a su amante. Ambos habían recibido disparos de una pistola calibre 22. Se reproducen los interrogatorios del médico y del agente policial que dirigió la investigación.






 









26 de mar. de 2015

PELIGROSIDAD SUSTANTIVA Y "RIESGO DE FUGA"


















Preguntas



1. ¿A qué renuncia el defensor al principio de la audiencia?


2. Cuando la fiscal dice “riesgo de fuga”, ¿está usando un término de igual sentido a nuestro “peligro de fuga”? ¿A que hechos vincula ese “riesgo de fuga”?


3. ¿Qué cuestiones menciona el defensor para fundar el pedido de fianza?


4. ¿Por qué el juez pregunta sobre la pena de muerte?


5. ¿Qué fundamentos da el juez para rechazar la fianza en el caso del Sr. Cross?


6. ¿Cómo contradice la fiscalía el argumento defensista de la popularidad del Sr. Avalon?


7. ¿Qué opina el juez del caso del Sr. Avalon sobre la fianza y por qué?


8. ¿Qué gran problema existe en la decisión del juez en el caso del Sr. Avalon?






¿EL SISTEMA FUNCIONA... ?














Como se ha visto en el video anterior, la defensora incluyó dos cuestiones centrales en su alegato: a) una identificación errónea debida al color de piel del imputado; y b) el estado del auto del imputado, que no tiene daño alguno.

Este es un caso típico en el cual los antijuradistas argumentarán que no es posible que el destino del caso dependa del “capricho” incontrolable de doce personas. Sin embargo, el error más grave en este caso ha dependido de un juez profesional. Veamos el siguiente video.











Preguntas y notas

1. ¿Qué preguntas de la defensora no fueron respondidas por los testigos por lo cual debió insistir, formulándolas nuevamente?

2. Entre el  momento de ordenar la detención del Sr. Jackson y el juicio, ¿se agregó información relevante para confirmar o descartar el grado de sospecha?

3. ¿Cree Ud. que es un caso de “duda razonable”?

4. En el derecho estadounidense, el estándar de “mas allá de toda duda razonable” (beyond a reasonable doubt) es el que los jurados utilizan para dar su veredicto sobre la culpabilidad del acusado en los casos penales. En supuestos de bench trial, que es cuando el imputado solicita un juicio sin jurados y la fiscalía consiente con dicha solicitud, ese estándar también debe ser aplicado por el juez profesional para poder declarar la culpabilidad del acusado. Solo se aplica en casos penales. En los casos civiles y en el resto de las decisiones tomadas en el proceso penal existen otros dos estándares: “prepoderancia de la prueba” (preponderance of the evidence) o “prueba clara y convincente” (clear and convincing evidence).

5. ¿Está de acuerdo con la estrategia de la defensora? ¿Cree Ud. que el caso se podría haber cerrado antes del veredicto del jurado?

6. ¿Cuál es la opinión del juez sobre la cuestión racial? ¿En que se funda el juez para dar esa opinión? ¿Qué efecto produce tal opinión?

7. ¿Tiene competencia legal el juez para darle su opinión al Sr. Jackson sobre el funcionamiento del sistema? Examine la respuesta del Sr. Jackson y la posterior reacción del juez.










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