20 abr. 2018

LAS LÁGRIMAS DE LA SUPERVIVENCIA






Por Pedro Aristizábal

El acusado tiene varios nombres: según el Registro Nacional de las Personas se llama Diego Hernán Ramirez (alias Braian Fabián Hernández o Carlos Javier Alzamendi), es argentino y nacido el 8 de febrero de 1999. Tiene diecinueve años de los cuales ocho los vivió en la calle. Ante el juez dijo con seguridad, una y otra vez, que se llamaba Carlos Javier Alzamendi, contradiciendo los registros oficiales.

Hace unos años conoció a su novia, Ayelén, que no tiene ningún alias pero que también vivió en la calle desde los trece años. Ambos abandonados por sus padres. Ambos, hoy son padres, aunque quizás nunca fueron hijos. Hoy son la mamá y el papá de Kevin que tiene dos años. En las noches de suerte los tres duermen en un parador del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si no, abajo de la autopista 25 de mayo. Su despertador son los ruidos de los autos por la mañana, cuando la gente ingresa al centro de la ciudad para ir a las oficinas.

Carlos, un sábado intentó robar un estéreo y un GPS con su soporte y su cargador, que estaban adentro de un coche estacionado sobre la Avenida Corrientes en la zona de Once. Utilizó un destornillador y abrió la puerta del auto, agarró las cosas que necesitaba y salió corriendo.

El policía que estaba en la cuadra vio cuando salió del auto y empezó a perseguirlo. El pibe tiró el estéreo y más adelante lo agarró otro policía que estaba en apoyo. Lo detuvieron, le sacaron el destornillador y el GPS con el cargador. Después levantaron el estéreo y lo llevaron a la comisaría.

Tenía antecedentes en varios juzgados, de menores y mayores. Robos y hurtos, principalmente. Hacía dos semanas había jugado su ultima ficha ante el sistema penal. Intentó robar un celular y pudo acordar una probation en una audiencia de flagrancia. Además, están pendientes de juicio oral algunas otras causas que tiene.   
  
Llega al juzgado sucio, cansado, harapiento, enojado. Lo recibe la defensora quien empieza a tener la entrevista “privada” que regula el código procesal, pero que se hizo delante de todos. Era casi un sinsentido hacerla privada. Todos ya sabían lo que iba a pasar. De todos modos la defensora hablaba bajito con Carlitos, y todos los que estaban ahí escuchaban.

—“Lamentablemente no puedo hacer mucho por vos” le dice con un gesto de ternura, “Vas  a quedar detenido”.  Y le agrega “Mentiste con tu nombre, no tenés un hogar fijo y los antecedentes son muchos”. 

En ese momento sacó unas dos hojas impresas con todos los antecedentes que tenía.  Después le preguntó si tenía algún teléfono de alguien que lo conozca y pueda aportar un domicilio. Carlitos le dice que cada tanto va a la casa de su mamá, en Quilmes, en el barrio Novak, ese Obispo que dedicó su vida a trabajar por los más pobres y a denunciar los crímenes de la dictadura militar argentina.

Sabe la dirección pero no recuerda teléfono de la madre.

—“Está peleada conmigo” dice.

Después aportó el único teléfono que recuerda, el de una señora que tiene una fundación, donde a veces come y duerme con su familia y a quien conoció en el Agote, un centro de detención de menores de edad de la Ciudad. La defensora intentó comunicarse con ella y no lo logró.

—“No puedo ayudarte” repite, “voy a pedir que se acumulen las causas, así en un mismo juzgado puedo negociar más adelante una pena mejor para vos”.

El joven se rasca, se toma la cabeza, cae en la cuenta de que esta vez no zafa. 

—“Tengo una sola cosa para pedirte: no quiero ir a la Unidad 24, ahí me pagaron mucho la última vez”.

—“Voy a hacer todo lo posible” le dice su abogada.

Comienza la audiencia con las preguntas de rigor sobre las condiciones personales. La duda sobre nombre y apellido real se lleva un tiempo.

El juez le pregunta: ¿Dónde vivís? En la calle. ¿Desde cuándo? Desde que tengo 11 años. ¿Tenés padre y madre? Madre sí, pero la veo muy poco. Padre no sé. Nos abandonó cuando era chico. ¿Tenés algún vicio? Sí, consumo pasta base, cocaína y marihuana. ¿Te gustaría recuperarte, hacer algún tratamiento? Sí. ¿Tenés trabajo? No. ¿Estudiaste? Sí, hasta los 12 años. Primer año de la secundaria. ¿Tenés pareja? Sí, una novia. Ayelén, tiene 18 y vive conmigo. Tenemos un hijo de 2 años que se llama Kevin.

Mientras la secretaria tipea se hace silencio. El chico con los ojos abiertos, mirando de frente al juez comienza a dejar caer una lágrima justo cuando dice “Kevin”. Después llega otra y después otra. Su defensora le da un pañuelo descartable. Todos miran la situación, y luego bajan la cabeza, nadie se anima a levantar la mirada.

En esas lágrimas se entendió todo. Era la culpa porque iba a abandonar a su hijo como hizo su papá. Iba a dejar de ver a Ayelén con quien tenía esa amistad que un amor puede construir cuando están cercados por las mismas angustias, que cuando se comparten por lo menos se hacen un poquito más livianas.

En esas lágrimas estaban los años de miseria, marginalidad e injusticia. Eran los años del Estado ausente, de la sociedad cómplice.

Era la soledad. La soledad que se viene, que es insoportable cuando ya no contás para nadie.

Eran la desesperación y la desesperanza. Era ese eterno presente, estar detenido en un instante de tiempo donde no se sabe si es más tarde o más temprano. Eran ese lugar donde “todo lo sólido se desvanece en el aire”. Donde tiempo y eternidad se confunden entre sí, en un lúgubre despacho del suntuoso palacio de tribunales.

Era la culpa de haberse mandado tantas cagadas. La insistencia. O quizás la culpa de haber sido tan boludo que otra vez lo agarraron. La culpa de no haber registrado el límite o de no ser más despierto. La impotencia de no haber podido hacer mucho más que lo que hizo contra todo ese sufrimiento.

Esas lágrimas eran también el abandono de su padre, que los dejó tirados para hacer la suya. La crueldad y el dolor que tiene el abandono es que no se puede gritar. Sale como lágrimas de ira y de certeza de que todo vuelve.

Esas lágrimas eran también el miedo a que lo maten, esta vez que lo maten ahí, en ese depósito de gente dónde van los pobres. Las lágrimas de la pobreza son sinceras, por eso son didácticas. El pibe no quería dar lástima, no pedía clemencia, piedad, perdón, ni nada.

Eran las lágrimas de la supervivencia.

Esas lágrimas que salen ahora pero que estaban ahí adentro desde siempre. Hace ocho años empezaba su vida en la calle, y quizás una noche lo encontrabas jalando poxiran en la misma cuadra en la que la gente se come una pizza después del teatro, del cine, del recital o del stand up. Carlitos era un nene que formaba parte del paisaje al que te acostumbrás. Por eso cuando ahora llora se baja la cabeza. Porque da vergüenza, porque ese pibe va a ir a la cárcel no por robar un estéreo, va ahí porque siempre se supo que nunca iba a terminar en otro lado.

La fiscalía lee la imputación y el juez resuelve la acumulación de causas en el juzgado vecino. Se resuelve que mientras tanto continúe detenido, ahora a disposición de otro juez.

Carlos se va detenido porque Carlos es “culpable”. Las palabras traicionan a los hechos. Y la lógica del sistema penal es castigar. Dar dolor. Dar más dolor a quien ya tiene suficiente.

El chico pidió la palabra.

—“Señor juez, le pido por favor simplemente poder quedar en la CDR de la unidad 26. No quiero ir a la 24, mi hermano se mandó muchas cagadas ahí y me las quieren cobrar a mí. La última vez que estuve en la 24 me dieron una puñalada en el brazo y me rompieron la cabeza. Por favor no me manden ahí, es lo único que pido, corro mucho peligro, se los digo de verdad”. Sigue: “la última vez me dijeron que no me iban a mandar ahí, la jueza me dijo eso, pero después el camión me llevó igual. Ese mismo día casi me matan.”

—“Quedate tranquilo” le dice el juez, “yo mismo voy a llamar” dice. 

La fiscalía y su defensora también piden al juez por la integridad del acusado y que haga lo posible para conseguirlo. Eso es lo único que pudo hacer el Estado por Carlitos. Un llamado para que, al menos, no lo maten en la cárcel, así sigue sobreviviendo como lo hace desde que nació.

¿Habrá alguna ilusión que lo sostenga? ¿Serán su consuelo los ojos de Ayelén y la risita de Kevin?

Mientras la mayoría de la gente sobrevive una vida ficticia ligada al conformismo, lo único que tiene Carlos es que su supervivencia siempre fue real.

El juez se para para hacer el llamado, mientras tanto el joven seguirá en ese eterno presente, esperando su traslado en la Unidad de detención del Palacio de Tribunales.




17 abr. 2018

EL SENADO REGULANDO LAS ESCUCHAS EN TRÁMITE FAST FOOD







Cinco organizaciones que promueven mecanismos de control del sistema de inteligencia escribieron una carta a los senadores y expresaron su preocupación por el tratamiento express de una ley que regula las escuchas.

De no creer. ¿Qué es lo que se pretende? Parece una joda. Se pretende legalizar el desastre que ha causado la filtración de las escuchas en la órbita de la Corte Suprema, asignando a ese  tribunal funciones ajenas a la función judicial.




Las organizaciones que integramos la Iniciativa de Control Ciudadano del Sistema de Inteligencia (ICCSI) nos dirigimos públicamente al Honorable Senado de la Nación para solicitar que el proyecto de ley para la regulación de las escuchas, que sería tratado en recinto la próxima semana, sea devuelto a comisión y se convoque a un debate público del que deseamos participar.

El Congreso de la Nación debe impulsar una reforma integral del sistema de interceptación de las comunicaciones, por lo importante que resulta para prevenir abusos y resguardar derechos fundamentales de las personas. Y se trata de un tema sensible debido a que por estos tiempos, tal como hemos señalado en otros comunicados, la crisis del sistema de inteligencia se ha trasladado al ámbito de la Corte Suprema, desde que una oficina que le depende (DAJuDeCO) ha asumido el monopolio de la producción de escuchas. Han sido muchas irregularidades en la transferencia de las escuchas a la Corte por decisión del Ejecutivo, hoy son notorias las deficiencias y complicidades, lo que nos lleva a cuestionar su legalidad y eficacia: la constante filtración ilegal de escuchas y la incapacidad de la Corte y la DAjuDeCO para prevenirlo son un palmario ejemplo de ello. Además, esta misma semana, en otra muestra del grosero nivel de irresponsabilidad e incompetencia del organismo, las propias autoridades de la DAJuDeCO en un programa de Telefe, en horario central, permitieron la difusión de números telefónicos que estaban siendo intervenidos en el mismo momento de la transmisión.

En este escenario, el Senado se dispuso a avanzar con un proyecto de ley de autoría del Senador Urtubey, que ingresó a la Cámara el martes 10 de abril, obtuvo dictamen de comisión el miércoles 11, y según se difundió públicamente sería aprobado en el recinto el próximo miércoles 18, en apenas una semana. Pocas veces una Cámara da un tratamiento tan ágil, excepto que haya pedido del PEN o exista escasa voluntad de abrir la discusión.

En este caso, el proyecto en debate, además de tocar una temática sensible que exige un análisis minucioso y una discusión seria, está muy lejos de resolver los problemas existentes y en varios aspectos, los agrava:

 1.    El proyecto otorga la facultad de interceptación de las comunicaciones a un organismo dependiente de la Corte, decisión muy controversial porque compromete la función de control que tienen los magistrados en la autorización y el uso de estos procedimientos. Siendo las escuchas una herramienta de investigación, lo lógico es que sea administrado por la agencia estatal responsable de la persecución penal, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y sus pares provinciales, pero nunca por quienes deben revisar su legalidad.

El proyecto formaliza un organismo que no fue creado por ley, la DAJuDeCO, al que la Corte ha dado facultades para la investigación y el análisis de información de inteligencia, avanzando sobre competencias propias del Ministerio Público Fiscal. En un sistema republicano y bajo un modelo acusatorio no es admisible que el Poder Judicial sea juez y parte al mismo tiempo. No es función de la Corte ni de los jueces prevenir ni perseguir penalmente el crimen organizado, ni colaborar con esas políticas. Su misión es estrictamente jurisdiccional, de administración de justicia. De otro modo quedaría comprometida la independencia de criterio que exige la función. La creación de la DAJuDeCo, tal y como está planteada, habilita una compresión confusa del organismo que, lejos de tratarse de un cuerpo pericial auxiliar de la justicia, funciona como una estructura de inteligencia dentro del Poder Judicial de la Nación, contrario a lo que establece la Ley de Inteligencia Nacional y el sistema acusatorio reglamentado en el Código Procesal Penal de la Nación. Además, pone en juego la imparcialidad de la Corte ante posibles cuestionamientos sobre información producida por una agencia bajo su dependencia. Esto contradice abiertamente el discurso del Poder Ejecutivo de la Nación y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto al por ellos anunciado impulso del sistema acusatorio.

2. La iniciativa de ley, además, profundiza la confusión vigente respecto a los tipos de escuchas. Hay dos tipos de escuchas diferentes: las de investigación y las de inteligencia. Ambas exigen autorización judicial, pero tienen distintos solicitantes y distintos usos, y por esa razón deben tener diferentes requisitos y controles.

3. Debido a esta falta de distinción, el proyecto comete el error de eliminar disposiciones importantes de la ley de inteligencia, entre ellas la que fija un plazo máximo de 60 días prorrogables por única vez, por igual plazo, para las escuchas de inteligencia. Con esta reforma, además de no establecerse tope temporal para las escuchas de investigación en el marco de causas judiciales, se eliminan los límites temporales para las escuchas de inteligencia, otorgándole una suerte de “cheque en blanco” a la AFI para realizar escuchas sin tope de tiempo, como si ya no hubiera problemas con los actuales usos y límites.

4. Por otra parte, el proyecto tiene serios problemas en el esquema de control que propone. En primer lugar, porque es difícil establecer un mecanismo de control que pueda ser eficaz si el organismo está dirigido por jueces y se ubica bajo dependencia de la Corte. Más problemático todavía es el esquema que propone el proyecto, entregando todo el control a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos de Inteligencia, confundiendo los dos tipos de escuchas que se realizan. No está bien ampliar sus facultades para que controle las escuchas de investigación, que son el 90% de las escuchas que realiza el sistema. Por si eso fuera poco, la bicameral nunca demostró voluntad de fiscalización, y además carece condiciones institucionales para llevar adelante un control efectivo, su integración es siempre favorable al ejecutivo, gracias a un pacto bipartidario inalterable, y funciona bajo reglas de secreto innecesarias y contraindicadas para este caso. Una cosa es que se preserve la confidencialidad de la información que se produce mediante una escucha y otra muy distinta es que no haya rendición ni control público alguno.

5. Finalmente, y sin ser exhaustivos con la revisión realizada al proyecto, el mismo utiliza una terminología absolutamente vaga, que contradice otras normas vigentes (la ley de inteligencia y la mayoría de los códigos procesales refieren a “interceptación y captación de las comunicaciones”, no a “intervención de las comunicaciones”) y no ofrece definiciones que delimiten el campo de actuación. ¿Qué es una intervención? ¿Incluye escuchas de conversaciones cara a cara? Hay un sinfín de vacíos legales que no son resueltos por este proyecto y que deberían atenderse para definitivamente encuadrar legalmente el uso de esta herramienta tan sensible: ¿Ante qué casos se puede requerir una escucha, una medida altamente lesiva para derechos de terceros? Cualquier juez puede autorizarlas, sea este civil, laboral o de otros fueros no penales? ¿Cuáles son los requisitos para la autorización de una escucha? ¿Qué pasa cuando el producto de las escuchas no es relevante para el objeto procesal? ¿Quién es responsable de ese material? ¿Es aplicable para esta labor la excepción de la ley de inteligencia para que los organismos de inteligencia colaboren con el sistema de justicia, cuándo? ¿Qué información debe hacer pública el organismo para garantizar su control?

Estos, entre otros problemas, no son resueltos por el proyecto en debate. Por eso señalamos la necesidad de que el tema sea sometido a un proceso amplio de participación y debate antes de que se cristalice en una ley que convalide una situación crítica y genere mayores problemas de los que ya presenta el sistema de escuchas.



Sobre la ICCSI
La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) es un espacio destinado al seguimiento, impulso y promoción del funcionamiento efectivo de los mecanismos de control sobre el sistema de inteligencia de la República Argentina. Las organizaciones que conforman ICCSI son: Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), la Fundación Vía Libre (FVL), el Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad de NEGyS-UMET y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).