te lo advertimos...

16/4/2014

PRÓLOGO DEL LIBRO "LA ETAPA PREPARATORIA EN EL SISTEMA ADVERSARIAL"









Prólogo

Presentación

En esta oportunidad nos toca presentar la obra de dos jóvenes juristas que trabajan con seriedad y entusiasmo sobre la reforma de la justicia penal: La etapa preparatoria en la investigación penal. Si tuviéramos que utilizar un solo adjetivo para caracterizar este excelente libro de Diego García Yomha y Santiago Martínez, diríamos que se trata de un libro inusual.

Y es un libro inusual por su vocación transformadora, acompañada por un análisis que va desde las prácticas reales de la justicia penal a las normas, y de allí regresa a esas prácticas. Los autores se alejan, de este modo, del formalismo jurídico que, en busca de “pureza” teórica, ignora la realidad de su objeto de estudio.

La obra propone un nuevo modelo de justicia penal realmente contradictorio, respetuoso de los derechos de las partes, respecto del cual debe erradicarse la cultura del expediente y la formalización de la investigación. El análisis que los autores realizan del peso cultural del expediente es sumamente esclarecedor y, por agudo, veraz y sincero, permite la discusión sobre las soluciones propuestas.  Si bien el objeto de este trabajo se limita a la investigación penal preparatoria, tanto el análisis de las prácticas jurídicas como gran parte de las propuestas resultan aplicables a casi todo el proceso penal.

Los autores comienzan por explicar la necesidad de abandonar el modelo “mixto” para adoptar lo que ellos denominan “sistema adversarial” (cap. II). En los siguientes capítulos se realiza una excelente exposición del peso de ese montón de papeles encarpetados de manera irracional —el expediente— (cap. III), de las prácticas cotidianas de la justicia penal (cap. IV), y del modo en que el modelo vigente vulnera derechos fundamentales de las personas (cap. V).

A continuación se puede leer la parte propositiva de esta obra. Así, se propone la desaparición del expediente (cap. VI), la regulación de la actividad de los sujetos procesales (cap. VII), la aplicación de la oralidad durante la investigación (cap. VIII), y la organización judicial adecuada para el buen funcionamiento del nuevo modelo de justicia penal (cap. IX).

Un problema cultural

Si algo tienen en claro los autores de este libro es que la transformación de la justicia penal solo puede llevarse a cabo mediante una reforma integral que, además, no puede limitarse a las modificaciones legales.

En este sentido, consideramos importante destacar que las alteraciones producidas por un proceso de reforma deseable constituyen una modificación sustancial del sistema de enjuiciamiento penal. Y un proceso tal no representa una “reforma” del procedimiento penal sino, en todo caso, el abandono de un modelo procesal y la adopción de otro modelo, cualitativamente distinto.

Por el contrario, no se puede hablar de “reforma” si los cambios consisten en dotar de mayor eficiencia administrativa a los órganos del viejo sistema o en transformaciones parciales que no afectan las bases de ese sistema. El término “reforma” no debe ser entendido, entonces, como una serie de modificaciones dirigidas a reestructurar o reconfigurar el procedimiento penal anterior —o el texto normativo que lo organizaba—, sino como una transformación que afecta los componentes fundamentales de la estructura de la administración de la justicia penal en sentido amplio.

Un modelo determinado de código procesal penal representa una opción político-criminal determinada, cargada de sentido, representativa de valores y expresiva de decisiones fundamentales acerca del modo en que debe ser organizada la persecución penal —especialmente la persecución penal pública— y, fundamentalmente, acerca del valor que se concede al respeto efectivo de los derechos humanos. También representa un aspecto específico, diferenciado y diferenciable, de los demás componentes de la administración de justicia, cuya relevancia influye poderosa y decisivamente sobre los demás elementos de esa totalidad conceptual denominada "sistema de justicia penal", "justicia penal" o "sistema penal", y, en consecuencia, sobre los resultados de toda intervención estatal de carácter punitivo.

Dado el alcance estructural asignado al proceso de transformación y, además, la innegable vinculación entre todos los elementos, sectores, regulaciones jurídicas y operadores del sistema de justicia penal, estos procesos comienzan —al menos en la mayoría de los países—, pero de ningún modo terminan, con la adopción de la nueva legislación procesal. La unidad político-criminal entre derecho penal sustantivo y formal, derecho penitenciario y otras ramas jurídicas requiere, ineludiblemente, la adecuación de todas ellas a las exigencias propias del nuevo modelo de justicia penal que se pretende instaurar.

Pero, además y especialmente, se trata de un problema cultural tan arraigado luego de cinco siglos de vigencia en nuestros países que genera fuertes resistencias y mecanismos de defensa ante las pretensiones de cambio, esto es, de una cosmología de la justicia penal que produce y reproduce prácticas concretas sumamente difíciles de erradicar.

El expediente

Un gran acierto de los autores consiste en la relevancia que le han dado a las prácticas que giran en torno al expediente como objeto del fetichismo judicial. Las prácticas de formalización del caso en esas carpetas que denominamos expedientes a traves de rígidas pautas que sobreviven al paso del tiempo se han naturalizado de tal modo que impiden prácticamente cualquier intento de transformación de la justicia.

En este sentido, el peso del expediente en las prácticas cotidianas de la justicia penal va mucho más allá del peso que puede marcar la balanza. El expediente termina por adueñarse del caso, lo redefine y proyecta su influencia sobre el modo de tomar todas y cada una de las decisiones del proceso penal. Todo sucede como si esas carpetas unidas por cordeles entre sí adquirieran vida propia, vaciando de sentido los escasos actos en los cuales debería prevalecer la oralidad.

Piénsese, por ejemplo, en la práctica judicial que gira alrededor de un pedido de fotocopias. ¿Por qué las partes que tienen pleno derecho de acceder al contenido del expediente deben solicitar por escrito copias simples de dicho contenido? Luego de ese pedido, el juez debe autorizarlo firmando una resolución que también se agrega al expediente y, además, se debe dejar constancia de que el abogado o la persona autorizada efectivamente las ha obtenido. Todo este trámite absurdo quita tiempo a los actores del proceso y, además, aumenta la cantidad de hojas —que en dialecto tribunalicio se dice “fojas”— que el expediente contiene.

Hace unos días fuimos protagonistas de una nueva manifestación de estas prácticas rígidamente burocráticas. Concurrimos con otro abogado a fotocopiar partes del expediente a un tribunal, luego de haberlo solicitado por escrito y de que el juez así lo autorizara. Dado que debíamos fotocopiar muchas páginas, mientras el otro abogado fue a fotocopiar parte de ellas, nosotros le dijimos al empleado que nos había atendido que para ahorrar tiempo, preferíamos sacar fotografías de un incidente allí mismo. Pues bien, el empleado nos dijo que esperásemos un momento, y desapareció entre los laberintos del juzgado. A los pocos minutos regresó y nos “autorizó” a fotografiar el incidente.

Por supuesto que la persona que nos atendió no es responsable de ese acto. Ello sucede porque, como regla, cualquier intento de actuar racionalmente suele generar resistencia en los tribunales y, en un caso como el que mencionamos, podría generar una reprimenda en quien lo consintiera sin consultar. Si nosotros podríamos haber salido del tribunal y fotografiado el incidente en el pasillo, ¿qué necesidad había de que se nos autorizara a hacerlo en la mesa de entradas?

García Yohma y Martínez abordan muchísimos aspectos problemáticos generados por la confección del expediente que afectan derechos fundamentales, distorsionando los fines del proceso penal. Su análisis es muy rico tanto en la enumeración de las diversas prácticas rituales como también en las consecuencias que producen y que afectan principios y derechos fundamentales. En este aspecto, sus desarrollos dejan en claro la necesidad ineludible de eliminar el expediente y abandonar completamente este modelo de justicia penal.

¿Crisis?

En conclusión, este trabajo expone rigurosamente los más graves problemas propios de este modelo de justicia penal. Y no se trata, como los lectores podrán advertir, de problemas coyunturales. Por el contrario, en este estudio se demuestra que en este modelo de justicia los problemas aquí señalados son sus consecuencias necesarias.

Mantener la formalidad y la burocracia –o dejar librado a la voluntad de los actores su elección– puede generar inconvenientes al momento de tomar las decisiones. Es que el proceso penal no es un conjunto de trámites que ordenan un sumario, sino la vía institucional para solucionar los conflictos más graves de la sociedad.
La enseñanza de la cultura judicial se basa en cómo llevar el expediente y no en cómo investigar, litigar o seleccionar la prueba que conduzca a la solución del caso. Esto nos permite concluir que la formalización es una elección sobre la forma de trabajar en los operadores de sistema que, al imprimirse una carátula, la causa se transforma en una pieza compleja a construir (p. 146).

Así, uno de los mayores méritos del trabajo de estos dos jóvenes juristas consiste en cuestionar dura y fundadamente un proceso de “naturalización” de prácticas inquisitivas que lleva más de cinco siglos. Su trabajo nos demuestra, entonces, que no hay crisis de la administración de justicia penal, sino que esta justicia es la crisis.

Alberto Bovino
Ushuaia, 15 de enero de 2014


14/4/2014

CARTELES MALDITOS (4)



JURADOS
  






 


JUECES

 POST FERIA



 





TODO EL AÑO























TRIBUNALES

 














PRINCIPIO DE INOCENCIA















MISCELANEAS
 



















Miren como todos se hacen los boludos!!!!!




11/4/2014

EL DÍA QUE LOS CIUDADANOS QUISIERON FUNDAR - PRIMER JUICIO POR JURADOS EN NEUQUÉN








El día que los ciudadanos quisieron fundar
Por Leticia Frutilupis
 
Durante los días 9 y 10 de abril se desarrolló el primer juicio por jurados de la provincia de Neuquén. El juicio fue en la localidad de Cutral Co, una localidad de aproximadamente 36.000 habitantes ubicada a 109 kilómetros de la capital de la provincia. El hecho juzgado, un homicidio, sucedió en Villa El Chocón, un pequeño pueblo ubicado en la circunscripción de la que Cutral Co es la cabecera.

Mucho se escribirá sobre ese primer caso, ya que constituye una fuente de enseñanza sobre las buenas prácticas y también sobre los aspectos a evitar en el futuro en la realización de otros juicios por jurados.

Particularmente, hay un aspecto que llamó profundamente mi atención al culminar la audiencia y quedar el jurado dispensado de su labor.

Varias de las personas que intervinieron como jurados se veían bastante movilizadas con la tarea que se les había encomendado. Intercambiando comentarios sobre su experiencia uno de los temas que mencionaron fue la dificultad de tomar la decisión, no por falta de convencimiento sino por las consecuencias que la misma generaba en la vida de las personas. En este caso puntual, la decisión unánime fue por la condena y en términos genéricos, sin entrar a hablar del caso, todos parecían haber valorado como suficiente la prueba presentada.

La llamada de atención se dio cuando una de las personas mencionó que le habría gustado explicar por qué habían tomado la decisión que habían tomado. Allí comenzó otra conversación, trascendiendo el caso y apuntando a la importancia para el sistema de anunciar sus aciertos y sus errores. En el momento, no tomé dimensión real de lo que estaba sucediendo pero a medida que pasaron las horas, me apareció claro: el jurado, al que tanto se cuestiona por la “debilidad” que implica para el sistema el hecho de que decidan en su íntima convicción y no deban dar ninguna razón del porqué de su decisión, ¡quería fundamentar las razones por las que había decidido en un sentido y no en otro!

Aquella exigencia que suele estar tan presente en muchos de nosotros con relación a la necesidad de que las sentencias de tribunales técnicos tengan una correcta fundamentación —exigencia que no siempre es satisfecha ya que parecemos cada vez más acostumbrados a asumir que una relación cronológica de los sucesos del juicio, y de los contenidos de las declaraciones de las personas que concurrieron a la audiencia es “fundamentación”— aparecía de forma intuitiva en los ciudadanos que habían intervenido como jurados, que veían la importancia que habría tenido para las partes y para ellos mismos explicar los porqués de la decisión que habían tomado.

Y más aún: entendían la explicación como una forma necesaria de indicar los aciertos pero también marcar los puntos débiles, ya que de esa manera es como se podría mejorar la calidad del sistema. En esos breves minutos de intercambio sobre la experiencia vivida y la importancia de transmitirla a otras personas, no sólo constaté empíricamente nuestras afirmaciones de siempre sobre la responsabilidad con que los ciudadanos y ciudadanas se tomarán su labor como jurados, sino que además pude comprobar que es tan poco probable que una persona (o un jurado entero) decida en forma arbitraria o irracional, que fueron los mismos integrantes del jurado los que marcaron que se habrían sentido más cómodos si les hubieran permitido dialogar con las partes y dar explicaciones.

Y no pude sino reafirmarme en mi convicción juradista. Ahora no con prejuicios o ideas abstractas, sino con, al menos, una experiencia concreta y real.




Agradecemos especialmente a Leticia Lorenzo, gran trabajadora de la causa juradista, testigo privilegiada y partícipe del desarrollo del juicio por jurados en Neuquén. La foto que ilustra esta entrada corresponde a la nota del juicio del diario "La Mañana" de Neuquén.

4/4/2014

LOS JURADOS NO USAN CORBATA





LOS JURADOS NO USAN CORBATA

Por Nicolás Escandar

Leí atentamente la opinión de Martín Böhmer –a quien admiro profundamente– y me dejó pensando. Pueden ser que los jueces y litigantes necesiten una máscara y cierto ritualismo –una liturgia– para llevar adelante con seriedad el duro trabajo de encerrar personas. La violencia que despliega el Estado al condenar es realmente terrible y es saludable que todos –partes y jueces– tomen el asunto con seriedad. Si las formas ayudan a que no se castigue livianamente bienvenidas sean.

Sin embargo, me parece que las formas –sobre todo las relacionadas con cierta pomposidad de los tribunales– no han contribuido para que los jueces se tomen en serio su tarea y meditan profundamente antes de privar de la libertad a un ciudadano.

Las formas contribuyeron al distanciamiento de los jueces de la sociedad y apuntalaron a una justicia oscura y burocrática; al juez que trabaja en su despacho y no en la sala de audiencias a la vista de todos; al olvido de los fines del proceso y de los intereses que debe tutelar; a la invención de miles de formalismos –si no ratifico la denuncia no vale, si no tiene corbata no entra, si no vino con su abogado no le informo– sin sentido. En definitiva, las formas sirvieron para que los jueces y toda la maquinaria judicial olvidaran que están ahí para juzgar a sus iguales.

Por eso creo que es hora de que los tribunales se saquen sus máscaras, que  abandonen las formas que lo convierten en una burocracia inhumana y que recuerden que el que está parado frente al estrado –sea víctima o victimario– es un ciudadano igual que ellos.

No me había percatado –hasta que se desató este debate– que los jurados no se visten de una determinada manera, pueden o no utilizar una corbata –si son hombres–  pero esto no es relevante. Lo fundamental es que se toman su trabajo en serio, porque más allá de las formas, saben que están ante una decisión fundamental, la de encerrar a uno de sus pares por varios años y modificar su vida para siempre.  



3/4/2014

LAS PARTES Y EL ORDEN DE LA PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA EN EL JUICIO PENAL




El orden de la prueba



En el juicio penal, las partes deben construir un relato, esto es, un modo de narrar la historia de lo que cada parte propone como cierto. Así, las partes "juegan" con las distintas circunstancias de hecho para reordenarlas del modo en que apoyen y den sustento a su propia versión de los hechos a través de la actividad probatoria.

Si estamos mínimamente de acuerdo con la afirmación anterior, nos deberían llamar la atención, entonces, la resistencia de los procesos de reforma para otorgar la iniciativa y el orden de los medios probatorios. Aquí van algunos párrafos sobre este tema, y no deje de ver el video al final de esta entrada.





Extracto del trabajo Juicio y verdad en el procedimiento penal.


III. 4. El orden de la producción de la prueba


I. Un segundo problema que resulta extremadamente relevante, en cuanto afecta al control de las partes del juicio penal sobre la narración judicial de los hechos, se vincula con la decisión del tribunal que establece el orden de la incorporación de la prueba. Este problema, debe señalarse, es independiente del mencionado en el punto anterior.

En general, los códigos suelen tener una regla que establece un orden determinado que rige como principio general. En estos casos, el orden se establece según el tipo de medio de prueba[1]. Así lo dispone, por ejemplo, el art. 382, párr. I, del CPP Nación:

 “Después de la indagatoria el tribunal procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere conveniente alterarlo”[2].

Nótese que la aplicación regular de esta solución otorga al tribunal el control absoluto sobre la organización del relato que debe llevarse a cabo en el escenario de la sala de audiencias. Téngase en cuenta que aun en códigos modernos como el nuevo CPP Chubut se mantienen soluciones como las que aquí criticamos. Su art. 41, con el título de “Recepción de pruebas”, dispone: “Después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba, en el orden que considere conveniente, que comunicará a los intervinientes” (destacado agregado).

Ello no sólo conduce a resultados irracionales sino que, además, restringe un derecho fundamental de las partes, pues les impide toda posibilidad de presentar los elementos de prueba[3] ofrecidos conforme a una estrategia adecuada para proteger los intereses que representan.

A pesar de que nada impide que el tribunal acceda, aun en textos legales como el del CPP Nación, a ordenar la producción de la prueba en el sentido solicitado por las partes, lo cierto es que aun cuando el texto legal no contiene cláusula alguna similar al art. 382 del CPP Nación, en la práctica los tribunales se resisten a acceder a los pedidos de las partes.

II. Volviendo al ejemplo del CPP Buenos Aires, es interesante mencionar que éste no contiene regla alguna que establezca —ni siquiera de manera subsidiaria— que los diferentes elementos de convicción deban ser introducidos teniendo en cuenta el medio de prueba de que se trate —v. gr., documental, testimonial, etcétera—.

Por otra parte, el art. 367 de ese texto legal, bajo la denominación de “Iniciativa probatoria”, dispone:

“A la acusación incumbe la prueba de la culpabilidad del acusado. A las partes civiles incumbe la de los hechos en que funden sus pretensiones, defensas y excepciones”.

De esta manera, la regla citada atribuye la iniciativa probatoria, en lo que aquí interesa, a la acusación. Al hacerlo, la regla no distingue entre la elección de los elementos de prueba que las partes ofrecen y el orden en que tales elementos de prueba deben ser producidos. En conclusión, son las partes acusadoras quienes deberían establecer el orden de producción de la prueba.

El mismo art. 328 del CPP Chile es claro al establecer que “[c]ada parte determinará el orden en que rendirá su prueba…”, dejando librado a las partes todo la iniciativa probatoria.

Esta solución es especialmente importante en casos en que la hipótesis fáctica contenida en la acusación reviste un grado de complejidad superior al promedio, o existe una gran cantidad de elementos de prueba a ser producidos durante el debate público. Si el objeto del juicio consiste en la demostración de la verdad, resulta mucho más racional ordenar la incorporación de la prueba atendiendo a los diversos elementos de la acusación, y no de acuerdo con criterios impuestos por el tribunal sin fundamento alguno.

Así, deben producirse los distintos elementos de prueba en un orden que se relacione con el de los distintos elementos de la imputación, aun cuando ello implique la incorporación de diversos medios de prueba de manera “desordenada”: por ejemplo, un documento, dos peritajes y un testigo para el primer elemento de la imputación —v. gr., el carácter de funcionario público del autor del hecho—; dos documentos, tres peritajes y dos declaraciones testimoniales para el segundo elemento —v. gr., la comisión de la acción típica prevista en la figura penal—; y así sucesivamente.

Sin embargo, no conocemos ningún caso en el cual se haya aceptado la solicitud de una de las partes en este sentido[4]. Esta manera de ordenar la incorporación de la prueba produce varias consecuencias negativas. En primer lugar, dificulta el deber del órgano acusador de cumplir con la exigencia de establecer con certeza la responsabilidad penal del imputado. Además de ello, la práctica representa una injerencia indebida del tribunal sobre una decisión que corresponde a la acusación.

En segundo término, la incorporación arbitraria de los elementos de prueba también dificulta la tarea de la defensa. Ello pues produce confusión sobre el cuadro probatorio del procedimiento y, también, porque podría afectar la imparcialidad del tribunal. La decisión de incorporar los distintos elementos de convicción en un orden determinado puede estar motivada, entre otras posibilidades, en el interés en demostrar una hipótesis determinada sobre los hechos.




[1] "Medio de prueba es, en el procedimiento, el acto procesal, regulado por la ley, por intermedio del cual se introduce en el proceso un elemento de prueba, su contenido eventual (la declaración testimonial, el dictamen pericial, el documento)". Maier, Derecho procesal penal argentino, t. 1b, ps. 579 y s. (destacado en el original).
[2] Así, por ejemplo, los peritos e intérpretes (art. 383), los testigos (art. 384) y los elementos de convicción secuestrados (art. 385), entre otros. Una solución casi idéntica está prevista en el art. 349 del CPP Costa Rica, a pesar de que se trata de uno de los códigos más modernos de América Latina. Sobre el CPP Costa Rica, cf. AA.VV., Reflexiones sobre el nuevo proceso penal; Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado.
[3] El “elemento de prueba es el dato, el rastro o señal, contenido en un medio de prueba ya realizado, que conduce, directa o indirectamente, a un conocimiento cierto o probable del objeto del procedimiento” (Maier, Derecho procesal penal argentino, t. 1b, p. 579).
[4] En un caso real en el cual intervenimos como “particulares damnificados” en un juicio público en provincia de Buenos Aires, no sólo no se hizo lugar a nuestro pedido sino que, además, se destinó la primera parte del debate a la introducción por lectura de toda la prueba que debía ser incorporada de ese modo, sin siquiera respetar la distinción entre prueba de la acusación y prueba de la defensa.









Para que les quede claro

el porqué de la facultad de las partes

sobre la actividad probatoria








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