FISCALES (NO) = JUECES
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En la página CHEQUEADO.COM se calificó como "Verdadera" la siguiente frase de la Procuradora
General Gils Carbó: "Solo se llega a condena en el 10 % de los
delitos económicos".
En la nota en que se explicó por qué la frase es verdadera, se señaló:
Las estadísticas, tanto las
oficiales como las de ONG, muestran esa tasa de condena. Entre las razones se
encuentran la falta de incentivos para la investigación de casos complejos, la
falta de formación y recursos en ciertos organismos y la duración de las
causas.
El 20 de diciembre se creó la
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que fue
presentada por la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La
jefa de todos los fiscales se refirió al tema en una entrevista publicada en
Página 12, donde mencionó que “solo llega a condena el 10% de los delitos
económicos”. Por radio, la funcionaria agregó “que el nivel de condenas en
materia de delitos económicos sea irrelevante es algo que nos muestra un
criterio de selectividad punitiva”.
De acuerdo con el trabajo “Los
procesos judiciales en materia de corrupción”, un 9,5% de las 21 causas
analizadas finalizó con condenas. De ese total, “solo seis finalizaron, 3 por
prescripción y 3 por sentencia (dos condenatorias y una absolutoria)”. El resto
“sigue su curso”, ya que, como se señala, una causa “tarda un poco más de 10
años en ser llevada a juicio oral”.
Las
razones dadas tanto por Gils Carbó,
Ezequiel Nino (por ACIJ) y CIPCE
son, entre otras, la falta de incentivos, selectividad de la justicia penal,
falta de capacitación, complejidad de las causas y plazos muy extensos en su
tramitación.
Si
bien coincidimos parcialmente con el diagnóstico del informe, nos gustaría
hacer algunos comentarios. En primer término, antes de hablar de "falta de
incentivos", preferimos hablar de la existencia de
"desincentivos". Los miembros del MPF a cargo de los casos penales,
por ineficientes e inidóneos que sean, no pagan costo alguno ante su mal
desempeño. La falta de responsabilidad del Estado en el fracaso de la persecución
penal se debe, entre otras razones, a las siguientes:
• La
primera razón manifiesta de la falta de responsabilidad del Estado por sus
negligencias, errores y falta de seriedad en la aplicación de las políticas
persecutorias es que se trata del Estado, y aprovecha su situación privilegiada
respecto a los individuos sometidos a persecución penal para no responder por los
daños que legítima o ilegítimamente causa en su actividad acusatoria.
•
Otra razón de la falta de responsabilidad del acusador estatal se vincula con
la existencia estructural de contraincentivos procesales propios de la
persecución penal pública. En efecto, regulado el procedimiento penal sobre la
base de la persecución penal pública, la práctica judicial genera
espontáneamente una serie de contraincentivos a su actuación responsable.
•
Así, por ejemplo, no existe mecanismo alguno que incentive a los acusadores
estatales a cumplir los plazos, a ser diligentes, o a conducir una
investigación en un plazo razonable. Los errores en la investigación y
procuración de los casos penales no producen consecuencia negativa alguna en la
tarea de los fiscales ni de los jueces.
• Los fracasos en la tramitación de los casos tampoco generan mecanismos que
puedan actuar como incentivos para reducirlos seriamente.
Para
hablar de incentivos en sentido estricto deberíamos prever algún supuesto —solo
a modo de ejemplo— de las acciones qui
tam del derecho estadounidense. Se trata de la posibilidad de intervención
de particulares como acusadores privados con o sin el fiscal, en casos de delitos
de defraudación contra el Estado cometida por particulares. En estos casos, en
caso de que se consiga la condena, el acusador particular recibe entre un 15 a
un 30 % de las multas que se impongan al acusado (ver Mecanismos de control de delitos que perjudican al Estado en los
Estados Unidos, en este blog).
Sin
embargo, en nuestro derecho no está prevista ninguna institución semejante. Lo
que sí existen son los desincentivos —v. gr., el supuesto carácter ordenatorio
de los plazos para el fiscal—.
2
La
complejidad del caso, respecto a los delitos económicos, no es una variable que
pueda ser utilizada como justificativo, ni siquiera como explicación, de la
ineficacia persecutoria. El hecho de que contemos con un código procesal penal
históricamente decimonónico no es una justificación. Lo mismo sucede con la
pésima ley orgánica del Ministerio Público —que parece (y esperamos) que la
nueva Procuradora intentará reemplazar—.
En
la actualidad —con excepción de algunos hechos violentos— los delitos de mayor
gravedad no se cometen en la calle, a la vista de testigos que solo deben
narrar lo que apreciaron a través de sus sentidos para darle cabal comprensión
al hecho investigado.
La
inmensa mayoría de transacciones patrimoniales —para usar solo un ejemplo— han
dejado de realizarse mediante el intercambio de dinero en efectivo. Y ya no
hablamos de cheques o tarjetas de crédito. Hablamos, especialmente, de las
transacciones que realizamos todos los días en la red virtual.
Sin
embargo, los delitos económicos no son un núcleo problemático de este nuevo siglo. Siempre han sido
considerados como algo complejo desde la perspectiva de la persecución penal.
Por tal motivo, no podemos en la actualidad seguir afirmando que los delitos
económicos son, en sí mismo, complejos. Lo que sí podemos afirmar, en cambio,
es que la justicia penal no ha sabido adaptarse a los tiempos que corren.
Un
procedimiento moderno de corte acusatorio debería resultar neutro a las
supuestas dificultades persecutorias. La especialización debe centrarse en la investigación y en las técnicas
probatorias del tipo de delitos. Como de costumbre, los desarrollos
teóricos no resultan de mucha utilidad práctica pues se olvidan por completo de
estas dos cuestiones.
Un
buen fiscal debe conocer el tipo de delitos que investiga, persigue y presenta
ante los tribunales. Deben contar, además, con personal con los conocimientos
técnicos que los caso requieran.
Además,
los fiscales deben dejar de verse como semijueces, y comprender que su papel
consiste en conducir regularmente una investigación, preparar el caso con
empeño y probar en juicio. En nada se asemeja esta tarea a la del poder
judicial.
3
En
el informe se mencionan, también, como problemas, la selectividad de la
justicia penal y los extensos plazos de investigación. La selectividad es una
característica que informa a toda la
justicia penal, y no opera solamente generando obstáculos a la persecución
de los delitos económicos.
Una
persecución eficaz de estos delitos resultaría, precisamente, en una
disminución de la selectividad. El proceso de selectividad es el que genera la
necesidad de especializar la persecución. En consecuencia, la selectividad no
opera como un obstáculo sino que es uno de los problemas que la persecución
eficaz de los delitos económicos tiende a solucionar. Si continúa existiendo el
mismo margen de selectividad, entonces, significa que no se tiene en claro el
problema y que se está persiguiendo mal.
Los
extensos plazos del trámite procesal, finalmente, son producto de varios
factores. Uno de ellos es el trámite regulado en la legislación procesal, en
gran medida ajeno a la responsabilidad del ministerio púnblico fiscal. Pero
otro gran factor que produce este grave problema es la supervivencia cultural
de las prácticas burocráticas de los órganos de la justicia penal.
Es
la falta de una cultura organizacional adecuada a la tarea del MP
la mayor responsable de este embrollo. En este sentido, la esclarecedora obra de Mirna Goransky señala que no es la regulación
normativa del MP, ni su ubicación institucional, la que genera los problemas.
Así, indica que las cuestiones que tendrán más relevancia a la hora de
"poner en marcha" una reforma, para lograr el objetivo de que el
ministerio público logre adaptarse a las nuevas modalidades de trabajo consisten
en "la estructura administrativa de las fiscalías, su cultura organizacional y sus formas de funcionamiento, tanto en lo
administrativo como en lo que hace al proceso de investigación " (Hacia un Ministerio Público eficaz,
eficiente y democrático. Un estudio comparado, Ed. del Puerto, p. II, destacado agregado).
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