Por Maximiliano Medina, Marcos Kotlik, Ezequiel Pachu María y Alberto Bovino
Han transcurrido casi cinco años
desde la trágica e incomprensible
muerte de Mariano Ferreyra, joven
militante de una organización política que reclamaba junto a compañeros y
trabajadores tercerizados por la precaria situación laboral que se padecía en
el Ferrocarril Roca.
Mariano falleció mientras hacía un
cordón humano con el resto de sus compañeros. Él intentaba hacer lo que no
hacía la policía, proteger a las mujeres y personas mayores del ataque de la
Unión Ferroviaria. Allí, un disparo entró en el buen corazón de Mariano. Un
pibe excepcional según sus amigos, desordenado y tímido, que tocaba la
guitarra, que le gustaba la música y el cine. Un pibe que nosotros conocimos
cuando le arrancaron la vida.
Casi cinco años después, la
familia finalmente puede estar orgullosa del camino recorrido en el proceso de
justicia. Hablamos del proceso de justicia en su totalidad porque abarcó tres
momentos diferentes, con matices, pero con una misma premisa: celeridad y
seriedad en la determinación de las responsabilidades penales.
En noviembre de 2010, en el
transcurso de un mes, la justicia logró establecer la dinámica de los hechos e
identificar a los agresores. Fueron los primeros siete procesamientos, tras una
labor sin descanso de la jueza Wilma López
y la fiscal Cristina Caamaño y sus
colaboradores, dispuestos a tomar las medidas necesarias y urgentes para lograr
eficacia en la persecución penal.
Luego decidieron profundizar la investigación
para establecer el motivo del ataque producido en Barracas. José Ángel Pedraza, histórico caudillo de la Unión
Ferroviaria fue investigado por la muerte de un militante popular. Se logró avanzar
en esos motivos y en darle sentido a otros indicios que avalaban la hipótesis
de la participación criminal de Pedraza
y Juan Carlos Fernández.
La fiscal Caamaño fue luego
reemplazada por Fernando Fiszer,
quien culminó esta etapa de investigación con idéntica responsabilidad. Tras
cuatro meses de investigación desde la muerte de Mariano, se logró establecer
entonces que Pedraza y Fernández debían ser considerados
provisoriamente como partícipes en el crimen.
Luego de las apelaciones, llegó el
turno de los funcionarios policiales, aquellos que debían proteger a los
manifestantes y que hicieron todo lo contrario, permitiendo el ataque,
liberando el lugar para que los agresores tuvieran la posibilidad de matar.
También fue firme la determinación de los investigadores en desnudar la
responsabilidad de los jefes del operativo tanto en el lugar como en la sala de
situación de la Dirección General de Operaciones. En menos de un año había
diecisiete procesados, entre sindicalistas y policías. Algo pocas veces visto.
Se llegó a la etapa del debate
oral luego de las sucesivas apelaciones de las defensas y de diversos intentos
de entorpecer y obstruir la búsqueda de la verdad. Entre ellos, el escandaloso
intento de sobornar a algunos integrantes de la Cámara Federal de Casación
Penal, hecho que también se encuentra ahora en etapa de investigación. A la
vez, existieron amenazas a testigos y hasta el intento de un perito, famoso por
sus absurdas apariciones televisivas como experto en criminalística, Roberto Locles, de alterar la bala que mató a
Mariano Ferreyra, hecho por el
cual ha sido condenado con sentencia firme.
Se llegó al juicio oral con un
caso sólido, donde también fue determinante la lucha constante de la familia de
Mariano, el acompañamiento de los amigos, las organizaciones políticas y
sociales, y de la sociedad en su conjunto que se conmovió ante tan terrible
muerte política.
El CELS, que representó a la
familia, aportó su capacidad de trabajo en distintas áreas, tanto a nivel
jurídico como político, como en el apoyo a los familiares de Mariano, con el
objeto de transitar el camino de la justicia con la firmeza que se requería. Estamos
orgullosos de haber sido un engranaje más en el proceso colectivo contra la
impunidad.
El Tribunal Oral 21 condujo
prolija y firmemente el juicio. Iniciado el juicio, el equipo del ministerio público se fortaleció con la intervención del Fiscal Gamallo. Nueve meses de debate y catorce condenas, en un
fallo que como hecho judicial marcó un antes y un después, no solo por las
condenas, sino también por el modo en que se explicó el veredicto. Más de dos
años más tarde, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dio su
última palabra en un fallo que, a pesar de la disidencia parcial de Catucci, ha sido ejemplar.
A pesar del trámite procesal del
caso en el marco de un modelo de procedimiento napoleónico, solo “eficiente” en
delitos no complejos contra la propiedad, la voluntad de investigar, perseguir
y sancionar a los responsables pudo vencer los obstáculos que ese modelo
procesal establece regularmente en los casos complejos.
El caso constituye un gran avance
en el proceso de verdad, justicia y reparación para la familia. La condena
social a quienes lo asesinaron, el rol de las autoridades judiciales, el apoyo
de los organismos de derechos humanos y la sociedad en su conjunto y la
determinación política en avanzar hacia todos los responsables hicieron posible
este logro.
A menos de cinco años, un caso
complejo ya tiene sentencia condenatoria confirmada por el máximo tribunal penal
de la jurisdicción nacional. Una sentencia que más allá de los tecnicismos
jurídicos, más allá de las discusiones sobre el dolo o sobre la prueba
indiciaria, ha establecido en sus 262 páginas que a Mariano lo mató la violencia sindical e institucional.
Se confirmó la responsabilidad
penal de Pedraza y del resto de
los ferroviarios. También se confirmó la responsabilidad policial tal como lo
había establecido la sentencia del juicio. Por primera vez, dos jefes
policiales a cargo de un operativo son condenados por homicidio por no proteger
a los manifestantes. Se trata de un caso que se traduce en una grave violación
a los derechos humanos y que obliga a repensar muchas cosas que como sociedad
no podemos seguir tolerando.
Un caso que a la vez mostró un
impecable proceso de justicia, que reflejó que cuando existe voluntad hay
avances. Cuando hay vocación en el servicio de justicia no hay impunidad. Un
proceso que muestra que cuando la sociedad en su conjunto no mira hacia otro
lado y acompaña, las cosas más impensadas pueden suceder.
Por haber formado parte del equipo
de trabajo en el CELS y por representar a la familia de Mariano en este caso,
por todo el apoyo, decimos gracias.
En especial, el agradecimiento va
para Beatriz Rial, Pablo, Paula,
Rocío y Ricardo Ferreyra, quienes
dignificaron su dolor y lo transformaron en lucha tenaz contra la impunidad,
sin perder la ternura jamás.
