24 jun 2016

QUEDÓ FIRME EL SOBRESEIMIENTO PARA LAS AUTORIDADES DENUNCIADAS






Transcribo la nota enviada por la Decana, Prof. Mónica Pinto, ayer (23 de junio de 2016).



Estimados colegas profesores,
Un placer saludarlos como siempre!!!

A poco más de un año de la comunicación que con Alberto Bueres les enviáramos el 11 de mayo de 2015 a raíz de la denuncia que una egresada de esta casa, la abogada Florencia Sarso, formulara en contra de nuestra gestión por administración fraudulenta, tenemos el gusto de comunicarles que se ha dictado resolución en esa causa con fecha 5 de mayo de 2016.

En efecto, el juez a cargo de la denuncia, Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº9 de la Capital, ha dictado sobreseimiento, que se encuentra firme.

En su resolución el Juez hace mérito de la entrega de toda la prueba solicitada (la totalidad de los convenios de asistencia técnica suscriptos desde 2012 y la totalidad de los contratos celebrados con todos y cada una de las personas que trabajan en esos contextos), de una auditoría de la SIGEN (que se llevó a cabo entre agosto y octubre de 2015, cubriendo 21 registros que representan el 31.82% del universo y que corresponden al 54% aproximadamente de los ingresos por ese concepto) que concluyó que "En lo que atañe a su aplicación, se ha verificado que la Facultad destinó los fondos provenientes de las ganancias generadas por la ejecución de Convenios, principalmente para la atención de gastos operativos relacionados con el funcionamiento de la citada Unidad Académica".

Asimismo, queda claro en la resolución judicial la motivación electoral de la denuncia: "No escapa tampoco a la mirada de este Juzgador el hecho de que de manera contemporánea a la radicación de la denuncia, la Facultad de Derecho, fiel a las previsiones de su Estatuto y de las normas que regulan el autogobierno de la Universidad de Buenos Aires se encontraba sumergida en el marco de una disputa política en pos de la elección de los representantes de uno de los claustros que la integran. Dicha circunstancia tampoco fue ignorada por la denunciante quien admitió conocer las consecuencias de su accionar y junto con ello, haber sufragado en anteriores elecciones internas de la Facultad." y la conclusión a la que llega el Juez: "En este caso, la denuncia formulada resulta ser una demostración más que clara de la exteriorización de la política interna de la Facultad de Derecho, un intento por judicializar un conflicto en el marco del cual los magistrados somos ajenos y tampoco contamos con potestades legales para intervenir fruto de la plena vigencia de los principios de autarquía y autogobierno universitario".

En definitiva, pues, resuelve sobreseer - dejando expresa constancia que la formación de la causa no afecta el buen nombre y honor de los denunciados.

El sobreseimiento está firme, se comprobó la motivación política de la denuncia y se probó la inexistencia de la conducta que se nos atribuyó.

Entendemos que es nuestra obligación compartir esta noticia con ustedes y también queremos agradecer a la inmensa mayoría que nos acompañó en el año que llevó el trámite.

Un abrazo

Mónica Pinto y Alberto Bueres



22 jun 2016

LOS JUECES DICEN (DE NUEVO) QUE NO PAGARÁN IMPUESTOS





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La movida de Lorenzetti es muy original. El ministro de la Corte Suprema trabaja con la AFIP (¿¿¿???), en una novedosa práctica de colaboración entre la cabeza de uno de los poderes del Estado y representantes del órgano recaudador de impuestos. Al mismo tiempo, convoca a distintos representantes de las fuerzas judiciales y de los ministerios públicos a una reunión para debatir si ellos desean pagar impuestos.

Stella Maris Martínez (Defensora General) y Alejandra Gils Carbó (Procuradora general) no pintaron. Todos los demás invitados concurrieron y dieron el presente. Los jueces, fiscales y defensores públicos rechazaron la posibilidad de ser incorporados al pago de ganancias. Nada previsible.

Los representantes de todo el sector judicial decidieron no emitir un documento explícito con su postura, pero resolvieron conformar una comisión que dará forma al criterio que prevaleció en la reunión y luego pedirá una reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, para oficializarla. De todas formas, la postura ya está en conocimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que encabeza Alberto Abad (ver).


Me resulta tan simpático todo esto. Ahora tenemos un poder judicial deliberante. Ellos deliberan si, como todos los demás habitantes bajo la jurisdicción de nuestro país, se sienten con ganas de pagar impuestos.

Lo que debemos reconocerle a Lorenzetti, al menos, es que dio transparencia a la presión de las fuerzas judiciales para mantener sus privilegios, y él quedó como el gran partidario de una nueva institución:

“pagaremo si queremo, pero como no queremo, no pagamo”.

No se comprende, sin embargo, cómo es que Lorenzetti tiene una opinión favorable al pago de impuestos por parte de los jueces y cree que es opcional para ellos pagarlo. Son impuestos, no imponen una obligación legal que pueda ser considerada opcional o voluntaria.

Quizá quiera hacer más interesante la cuestión y establecer, por ejemplo, los plazos “meramente ordenatorios” para el pago de los tributos. De ese modo, los jueces no deben acostumbrarse a la absurda exigencia —que los civiles debemos respetar— de esos “plazos raros” que parece que son de cumplimiento obligatorio. Los señores jueces no tienen tiempo para estas boludeces, ellos están delegando y delegando todo el día.


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Algún despistado se podrá preguntar cómo es eso de que no pagan impuestos. La obligación jurídica de pagar el impuesto a las ganancias deriva de la ley nº 24.631 aprobada por el Congreso Nacional. Para no someterse a la ley, la Corte Suprema menemista dictó una acordada, que es una resolución administrativa adoptada por los propios jueces (en un caso que los afectaba directamente) y que por supuesto, no debería poder imponerse sobre una ley del Congreso. Firmaron la Acordada 20/96 los ministros Nazareno, Moliné O’Connor, Fayt, Belluscio, Boggiano y Bossert. La Corte dictó esa resolución, que declaró sin que existiera un caso judicial, es decir, sin jurisdicción (ver).

Un funcionario de la Corte Suprema nos contó extraoficialmente que las próximas reuniones de Lorenzetti serán con:

• La Asociación de Automovilistas Civiles, para saber si están dispuestos a pagar los peajes de las rutas y autopistas por las que circulen.

• La Asociación de Los Vencidos En Juicio De La Justicia Nacional, para determinar si están de acuerdo con cumplir con las obligaciones impuestas por sentencia judicial firme.

• La Asociación de Jueces Electorales, para averiguar si el resultado de las elecciones legislativas y presidenciales es de cumplimiento obligatorio para las autoridades que deben dejar el poder al término de su mandato.

• La Asociación de Civiles de las Provincias, para saber si las personas de las provincias asociadas están dispuestas a respetar voluntariamente el Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Penal de la Nación.

• La Asociación de Policías Nacionales y Provinciales, para saber si ellos serían tan amables de detener personas solo cumpliendo los requisitos legales y constitucionales.


¿Les parecen absurdas estas reuniones y su objeto de discusión? Ni más ni menos absurdas que la  reunión con los jueces celebrada hoy en Talcahuano 550.


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¡Son tan lindos estos tipos! A veces me da la impresión de que ellos realmente creen las cosas que dicen para justificar sus privilegios. El titular de la Junta de presidentes de cámaras federales y nacionales, Javier Leal de Ibarra dijo que “la Constitución Nacional es un óbice infranqueable, el artículo 110 de la Carta Magna señala claramente que no puede ser afectada la remuneración judicial de ninguna manera”. Agregó que:

No es un privilegio, toda vez que apunta a la independencia del Poder Judicial y a la dignidad de los magistrados.

Ajá. Ahora me quedo más tranquilo. Si él dice que no es un privilegio, entonces no debe serlo. Me parece excelente idea preguntarle a los privilegiados si ellos tienen privilegios. La imparcialidad de la respuesta está garantizada.

Otro de los jueces, que parece que no se animó a decir “yo dije eso”, dijo:

Por su parte, otro de los jueces que participó del encuentro afirmó que hay una situación muy compleja para resolver, que vista superficialmente parece meramente inequitativa, y agregó que, en rigor de verdad, los sueldos judiciales siempre se calcularon con la idea de no pagar Ganancias.

Además, resaltó que los magistrados tienen incompatibilidades que le impiden generar ingresos por otra vía que no sea su sueldo. En ese sentido, aseveró "como juez yo no puedo comprar un taxi y hacerlo trabajar, yo no puedo instalar una librería o cualquier otro comercio, yo no puedo realizar ninguna otra actividad, salvo la docencia universitaria".

Ahora sí me tranquilizaron del todo. Los escasos pesos que les tiramos a los jueces, unidos al hecho que fueron ellos mismos quienes decidieron no pagar ganancias, constituyen una situación que solo “superficialmente parece inequitativa”.

Nuestro problema consiste en que tenemos una mirada superficial de estos temas, que son muy complejos. ¡Haberlo sabido antes! Encima de que somos superficiales, no somos capaces de ver que se trata de un tema muy complejo, que solo los jueces están capacitados para explicarnos. Por suerte, este juez anónimo nos explicó todo. Ellos quieren trabajar más y no los dejamos.

Otro juez (Anónimo 2) nos aclaró que si permitimos que el poder ejecutivo “audite” a los jueces a través del pago de ganancias, se abre una puerta que afecta gravemente la independencia judicial:

Esto forma parte de las garantías que tiene la sociedad para tener jueces independientes.

Ésta parece ser la clave. Hay que explicarles a todos los países en donde los jueces pagan impuestos que tienen una justicia de porquería, sin jueces independientes. ¡Pero ya! Con urgencia hay que ir a casi toda Europa y a los Estados Unidos, entre otros, y decirles que ellos no saben garantizarles jueces independientes a sus sociedades... ¡Pobres sociedades! Sus jueces no entienden nada de independencia judicial...



(Las citas de este último punto corresponden a esta nota de Infobae). 


16 jun 2016

GORDAS Y GORDOS: TRANSPORTADOS PERO MALTRATADOS







Esta nota comenzó en la entrada anterior.

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La cuestión del tamaño o el sobrepeso en el transporte público también es un gran problema para gordos y gordas. Si vas a tomar un bus de larga distancia, sos obeso, y no entrás en un solo asiento, tendrás que pagar por dos lugares, porque en la clase común no hay asientos más amplios, o bien pagar más caro tu pasaje para ir en un servicio ejecutivo o similar. El asiento del servicio común, exageradamente denominado “semicama” es pequeño y bien incómodo.

1. El avión es otro mundo construido para cualquiera menos para los gordos. Con mis actuales 115 kilos, el viaje en avión puede llegar a ser una tortura. Siempre pido asiento en el pasillo, porque de otro modo —a pesar de que solo mido 1,78— prácticamente no entro, y en ese lugar puedo sacar las piernas para el costado. Si el vuelo va lleno, la llegada a mi asiento le cambia la cara al pasajero vecino.

2. Cuando llego a mi lugar, deposito mi humanidad en el escaso lugar disponible rápidamente. Solo coloco en el compartimento arriba mío la pequeña maleta con la que viajo y me siento. Me molestan mucho esas personas que cuando suben se detienen en medio del pasillo y se dedican a sacarse el abrigo y a acomodar lentamente todos sus bártulos en los compartimentos superiores, con una calma digna de otro momento y lugar, para luego mirar con sorpresa que atrás de ellos se amontonaron quince pasajeros. Como con mi sobrepeso alcanza para que algún pasajero me mire con cara de orto, evito generar antipatías adicionales.

3. Como seguramente el cinturón quedó debajo mío, debo hacer un esfuerzo hurgando con una de mis manos hasta encontrar sus dos partes. Luego cambio la medida de la parte que se puede correr para dejarlo al máximo tamaño, y después a meter la panza hasta lograr que cierre. Mientras tanto, me cuesta respirar por la escasa ventilación de la cabina cuando estamos en tierra.

4. En los asientos de clase turista todavía entro sentado. El problema es que casi no me puedo mover (algo que mi vecino agradecerá mentalmente). El segundo problema es que la mesita del asiento delantero no logra bajar a su posición de uso porque mi panza la detiene, salvo que consiga asiento en la zona de las salidas de emergencia. Y ahí son las azafatas quienes me ponen cara de orto, pero hasta ahora no me han pedido que me cambie de lugar por gordo.

5. En el último viaje en avión me tocó un asiento común, con lo cual la mesita no bajaba. Cuando la azafata pasó con las bebidas, pedí una gaseosa. Me tomé la mísera cantidad que te sirven y le pedí del mejor modo posible que se llevara el vaso vacío. Me contestó de mal modo que ella “no tenía lugar”, que pasaría de vuelta a retirar los vasos. Entonces le mostré que no podía abrir la mesa y le dije que yo tampoco tenía lugar donde dejar el vaso. Finalmente se lo llevó, pero me dio mucha vergüenza tener que hacer esa demostración pública de mis limitaciones.


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El viaje en la clase turista de un avión puede llegar a ser una tortura para los gordos y una gran molestia para los demás. El límite de sobrepeso que te complica la vida en un avión es el de las personas que no pueden bajar el apoyabrazos y colocarse el cinturón de seguridad, es decir, que no entran en un solo asiento. En esos casos, las aerolíneas suelen exigir que si el avión va lleno, se deban pagar dos pasajes por gordo, a la misma tarifa. Si hay lugar, en cambio, serán reubicados en dos asientos contiguos. Eso es lo que hacen varias aerolíneas estadounidenses que justifican la medida invocando las numerosas quejas que han recibido de los clientes por tener que compartir sus asientos (ver). 

Por supuesto que el pasajero vecino de un gordo que invade su espacio tiene derecho a que ello no suceda. Pero la culpa no es del gordo, es de la compañía aérea. Los asientos de algunos aviones solo miden 43 cms. de ancho, y la distancia entre los asientos de adelante y de atrás es cada vez menor. Las compañías, además, siguen haciendo esfuerzos para colocar más asientos en la cabina para reducir costos.

Los únicos que viajan cómodos en los asientos de turistas son las personas que miden 1,65 metros y pesan 65 kilos. El resto, lo padece (ver).

En el año 2004, cuando Carina Bertolio (34 años) fue a comprar un pasaje para un vuelo de cabotaje en Aerolíneas le ofrecieron un extra sit (asiento extra para quienes no caben en los asientos regulares). Cuando subió al avión advirtió que el apoyabrazos que separaba ambos asientos no se podía levantar, así que no pudo sentarse. La tuvieron parada media hora con el resto de pasajeros sentados, hasta que a su pedido la ubicaron en clase ejecutiva. A la compañía solo le reclamó el precio que había pagado, y denunció el hecho en el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI):

"Lo que reclamo ante el Inadi no es una compensación sino que podamos viajar como cualquier otra persona. Lo que remarco es que las aerolíneas pierden de vista lo que es el contrato de transporte. No me están vendiendo una asiento sino el traslado. En nombre de las ganancias o de la economía de gastos cada vez están juntando más las hileras, achican más los asientos y hoy son los gordos, mañana van a ser los altos. Los obesos somos personas, no somos un bulto de equipaje que cuando excede el peso estipulado tiene que abonar un extra", sentenció (ver).


Finalmente, Carina Bertolio obtuvo pronunciamiento a su favor ante el INADI.

La denunciada [Aerolíneas Argentinas] ha cometido una transgresión a la ley 23592. Esto es así porque ha impedido a la Sra. Bertolio disfrutar de los mismos derechos que el resto de los pasajeros, desde el mismo momento en que la denunciante se ve obligada a adquirir un asiento extra para poder trasladarse. No existe razón jurídica que justifique este acto. Una persona debe ser respetada como entidad en su conjunto. Y no medida por su peso, altura, etc.
De esta manera cuando un eventual pasajero se presenta para realizar un viaje es evaluado por la empresa a su antojo a fin de verificar si sus “medidas” se condicen con las del asiento. Y si no tiene recursos para pagar dos pasajes o como sucedió en el caso que nos convoca los asientos no tienen apoyabrazos rebatibles, debe sufrir en público como le ha ocurrido a la denunciante el bochorno de que su caso sea ventilado frente a los presentes en lugar de recibir un trato respetuoso y discreto, como se merece por haber adquirido un servicio que finalmente no le brindan.

El INADI, luego de declarar el hecho como acto discriminatorio “en razón de caracteres físicos” notificó de los hechos a la Subsecretaría de Transporte Aéreo y ofreció a la denunciante “apoyo institucional a través de asesoría letrada” (ver).

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La clase turista podría contar con una fila de asientos estándares que pudieran convertirse en asientos para personas con sobrepeso que no quepan en aquellos. De este modo podrían cubrirse la necesidad de todos los pasajeros. Bastaría que quien necesite ese lugar así lo declare al comprar su boleto (habría que establecer éste o algún otro método similar).

A quienes el caso de Carina Bertolio no le parezca un caso de discriminación, les recordamos que no es solo el doble del precio lo que está en juego. Se trata de toda la situación que debe vivir la persona con sobrepeso, al trato que recibe del personal de la aerolínea y de los pasajeros, al riesgo de que ni siquiera pagando el doble de la tarifa se le garantice un asiento que le permita viajar en similares condiciones a los demás y sin molestarlos.

Cuando pagamos un pasaje en avión adquirimos el derecho a que nos trasladen de un aeropuerto a otro, no nuestro transporte por kilo. Más allá de ello, si las compañías aéreas no están dispuestas a trasladar a alguien de 122 kilos, por ejemplo, deberían dejarlo en claro antes de vender el pasaje. Nadie pregunta cuánto pesamos en las oficinas de las aerolíneas, ni por teléfono, ni en las páginas web. No es una condición de la compra. Y a pesar de que las personas cada vez somos más pesadas, las compañías siguen viendo de qué manera aumentar la cantidad de asientos en la cabina, reduciendo así el espacio disponible por pasajero (ver). La reducción del tamaño de los asientos no solo afecta a quien no cabe en él, sino también a la gran mayoría de los pasajeros.

No queremos viajar más cómodos que los demás, solo en iguales o similares condiciones. No viajo igual que una persona que pesa la mitad que yo, como, por ejemplo, el “ideal” de pasajero de 65 kilos. No quiero un asiento el doble de grande, pero si sube una persona que no entra en su butaca es porque no hay asientos especiales para personas muy gordas, y el peso promedio del “pasajero ideal” es demasiado bajo. No es posible que algunos equipos deportivos reciban un trato más amigable que un pasajero gordo[1].  

No conocemos disposiciones genéricas referidas a personas con sobrepeso, pero sí existe una norma que prohíbe que personas de más de 120 kilos se sienten en los asientos cercanos a la salida de emergencia por cuestiones de seguridad (ver). Esta circunstancia aparece regularmente en las reglas que las compañías imprimen en los folletos que los pasajeros pueden leer a bordo del avión o al hacer el check-in por internet. Ello significa que las compañías venden los pasajes en los demás asientos ofreciendo una comodidad razonable para esas personas, y en los hechos no es así.


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—¿Qué hacemos, entonces, con los gordos en los aviones?
—Nada.
—¿Cómo nada? ¿Te volviste loco?
—No, loco ya estaba...
—¿Y los gordos?
—A los gordos dejalos en paz, ¿querés seguir maltratándolos?


El problema no son las personas con sobrepeso, el problema es el trato que reciben de las compañías aéreas y de los demás pasajeros. Lo que habría que determinar, entonces, es cómo hacer para modificar las conductas de quienes los maltratan. En este sentido, determinar si el sobrepeso es consecuencia de una debilidad de carácter, si se trata de una enfermedad o alguna otra opción es una cuestión irrelevante[2].

El problema no es la persona discriminada, sino quien la discrimina. Si no tenemos esto en claro, podemos caer en la lógica del reality “Cuestión de peso” sobre el que nos advierte Diego Tretorola:

Hace un par de años, una productora de Cuestión de peso, cuando todavía no estaba al aire, me llamó para invitarme a participar de ese programa-concurso donde distintas personas compiten para adelgazar. Le pregunté por qué planteaban un programa con esa lógica y una de sus justificaciones fue “porque muchas personas obesas son discriminadas”. Evidentemente me enfurecí, le contesté que me parecía nefasto que traten de “corregir” el “problema” del discriminado, que el problema real era otro, y, cada vez más furioso frente a la falta de pedido de disculpas de la productora, le dije que por qué no hacían un programa para “corregir” a travestis, judíos, putos, negros, tortas, mujeres, etc., porque también son discriminadas/os. La productora, del otro lado de la línea, comenzó a balbucear, me decía que bueno, que sí, que la idea principal era la salud, etc., mil excusas para tratar de tapar la verdadera identidad del programa basada en un ideal de belleza física bastante criminal y reaccionaria (La bestia Po). 

Es evidente que la mano invisible del mercado no sirve para lograr que las compañías aéreas respeten los derechos de todos los pasajeros, sin tratarlos como si fueran ganado en pie.

Lo que se necesita son normas que exijan a las compañías eliminar el maltrato de las personas con sobrepeso y respetar su derecho a utilizar el transporte público en condiciones de igualdad con las demás personas. Si se logra ese objetivo, además, los gordos no afectaremos los derechos de los demás pasajeros.

El problema, entonces, es producto de una cabina para clase turista que solo cuenta con asientos diseñados para un pasajero “ideal” delgado y menudo. Desde hace años existe una pronunciada tendencia al aumento generalizado de las personas con sobrepeso y, al mismo tiempo, las políticas de las compañías aéreas reducen las medidas de los asientos y el espacio disponible para cada pasajero. Hasta que no se utilicen asientos más amplios y algunos lugares especialmente diseñados para personas consideradas “obesas” en los términos de las propias compañías aéreas, se desconocerá el derecho de los gordos a transportarnos en iguales condiciones que el resto de las personas.






[1] Aerolíneas Argentinas no cobra por agregar ciertos equipos deportivos al equipaje que todos tienen permitido despachar (equipo de esquí para nieve o agua, snowboard, equipo de golf, equipo de pesca) (ver). 
[2] La idea de la “falta de voluntad” o “debilidad de carácter” de los gordos es propia de un estereotipo construido desde los prejuicios. La idea del gordo como un individuo “enfermo”, supuestamente superadora de la anterior, es, en primer lugar, discutible y, además, también construida desde los prejuicios por el saber médico.