MAÑANA COMIENZA UN JUICIO HISTÓRICO EN MENDOZA

El abogado Pablo Salinas, querellante,

nos explica de qué se trata.

Lucas escribió: "El 9 de septiembre de 2001 entrevisté en un encuentro de organismos de DDHH llevado a cabo Neuquén al abogado del MEDH mendocino Pablo Gabriel Salinas, quien me contó las dificultades de llevar adelante entonces el Juicio por la Verdad, dado que había dos camaristas, Luis Miret y Otilio Romano, que habían sido jueces de la dictadura y que estaban trabando los procesos. Y fue enfático: "Nosotros no podemos aceptar esta Cámara". Mañana Miret y Romano comenzarán a ser juzgados en Mendoza por crímenes de lesa humanidad. Me pareció bueno recordar aquí las dos primeras preguntas de aquella entrevista, que muestra que la perseverancia es amiga de los grandes logros: 

- ¿Cuáles son las dificultades que tienen en el Juicio por la Verdad de Mendoza?

- La primer dificultad y la más grave se encontró cuando descubrimos un escrito, donde el doctor Luis Francisco Miret, que es nada más y nada menos que el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, se excusó entender en el '87 en un juicio llevado contra los militares por violaciones a los derechos humanos manifestando su amistad íntima con el general Juan Pablo Saa. Y no sólo con el general, sino con toda la familia del general. Incluso llegando a decir que se alojaban en el mismo domicilio y cosas vinculadas a la amistad íntima que los unía. Luego de esto, nosotros no pudimos aceptar que un juez, que además de ser amigo de un general represor, comandan de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, que tuvo a cargo la represión en Mendoza del '77 al '79 y el cual fue indultado por 21 desapariciones y 3 secuestros de menores, no podemos decir que la amistad entre ellos dos sea menor. Y, además, de esto, el doctor Luis Francisco Miret fue juez en la dictadura. Fue juez instructor, fue luego camarista y fue nombrado por la dictadura. O sea que es un juez de la dictadura. No es un juez de la democracia. Es un juez de la dictadura que está presidiendo la cámara que debe investigar los crímenes atroces cometidos por la dictadura que lo nombró y que le dio su cargo. Entonces, esto hay que entenderlo. También hay que entender que él no está solo. Esta cámara, que tiene seis integrantes, ha generado una amistad entre ellos. Que ha generado una amistad en el trato que llevan juntos. Entonces, cuando nosotros lo recusamos al presidente, rechazó in límine nuestro planteo, obviamente en una fogosa defensa de su presidente. Asimismo, esta Cámara prejuzgó, porque dijo que estos juicios no tenían naturaleza penal, dijo que estos juicios sólo intentaban encontrar los restos de los desaparecidos. Y estos juicios no sólo que tienen naturaleza penal, y no sólo que no tienen el simple objetivo de encontrar los restos de los desaparecidos, sino que estos juicios tienen el objeto de encontrar a los menores que han sido apropiados y tienen el objeto de identificar a los responsables del terrorismo de Estado. Muchas veces cuando escucho a mis colegas de otras provincias, uno trata de hacer docencia y decir que debe tenerse en cuenta y debe leerse —todo militante de derechos humanos debe hacerlo— la resolución 28/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe leer por lo menos la parte resolutiva del caso Velázquez Rodríguez de Guatemala, del estudiante que fue desaparecido, que motivó el pronunciamiento de la CIDH y debe leer la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde dice que las resoluciones y las interpretaciones que hagan la CIDH y la Corte son resoluciones e interpretaciones obligatorias para nuestra Corte Nacional. Como conclusión de esto se saca que el objeto de estos juicios no es encontrar sólo los restos de los desaparecidos, sino encontrar el destino de los desaparecidos, encontrar el destino de los menores e identificar a los responsables. Y la resolución de la CIDH va más allá y dice que el Estado debe anular aquellas leyes que impiden el castigo. Entonces, hoy la CIDH está ordenando el castigo. Lo está ordenando el fallo del doctor Cavallo, lo está ordenando la CIDH cuando resolvió el caso Barrios Altos, que también es muy importante y hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros somos muy optimistas en el sentido de que el castigo se viene pronto.

- Vos mencionabas que, además de Miret, el presidente, había dos camaristas más que tendrían ciertos vínculos con la represión.
 

- Claro. Obviamente en Mendoza no ha habido recambio institucional. ¿Qué implica esto? Implica que esta cámara es una Cámara de la dictadura. Salvo algunos de sus miembros, todos los otros fueron o fiscales o miembros del Poder Judicial en el época de la dictadura. Es decir, el doctor Miret fue fiscal y juez en la época de la dictadura. Un juez de la dictadura. El doctor Otilio Roque Romano era fiscal en la dictadura y el doctor Pereyra González era juez en San Luis. Conclusión: Son jueces de la dictadura. Entonces, los familiares de los desaparecidos tienen que soportar que en este país no haya justicia culpa de las leyes de impunidad, y ahora tienen que soportar. Soportaron que el Consejo Supremo de las FF.AA. investigara la desaparición de sus hijos. Es decir, los mismos desaparecedores investigaban la desaparición de sus hijos. Y ahora tienen que soportar que en los juicios por la verdad intervengan los jueces nombrados por la dictadura. Es decir, aquellos jueces que pusieron su mano sobre el Estatuto de Reorganización Nacional y sobre los objetivos básicos del Proceso de Reorganización Nacional y juraron. Jueces que no juraron por una Constitución, jueces que fueron designados a dedo por algún capitoste (sic) o general genocida de turno. Estos jueces, obviamente, no van a garantizar nunca la imparcialidad que nosotros pensamos que debe garantizar un tribunal de justicia. Por lo tanto, nosotros no podemos aceptar esta cámara." 

JUZGANDO A LOS JUZGADORES

Reproducción parcial de la nota publicada en Página/12

 Por Alejandra Dandan

El proceso oral que empieza a ser nombrado como “el juicio a los jueces” comenzará en febrero en Mendoza. El marco será un nuevo juicio por los crímenes de la dictadura en el que serán juzgados 41 acusados: militares, policías y, además, cinco ex integrantes del sistema judicial. Entre ellos llegará a juicio oral Otilio Romano, el ahora ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza que se fugó a Chile para burlar a la Justicia y fue extraditado en agosto del año pasado. Pablo Salinas es abogado querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y repasa en esta entrevista algunas singularidades del debate. La presencia de los cinco acusados del Poder Judicial, entre los que hay ex jueces, fiscales y un ex defensor, mostrará en un mismo debate los distintos modos en que actuó la Justicia durante la dictadura y su modo de legitimar la barbarie.

–¿Cuál es la singularidad del juicio?

–La particularidad es que será acusado al mismo tiempo un bloque integrado por militares, policías, ex jueces y ex fiscales. Que es el mismo bloque que se ponía en funcionamiento ante cada secuestro. Después de cada operativo, una familia iba y planteaba un hábeas corpus, hacía la denuncia. Cualquier penalista podía saber que eso que estaba sucediendo era, por lo menos, un secuestro extorsivo, porque la persona no aparecía pero estas personas, en vez de investigar ese secuestro o desaparición y todos los delitos vinculados, rechazaban el hábeas corpus, con costas además de que le cobraban a la familia.

–El tema de las “costas” es conocido, pero cuando se lo menciona vuelve a impresionar, parece grotesco.

–Cuentan algunos familiares que incluso han visto las resoluciones de los hábeas corpus que se rechazaban colgadas en ganchos, como los que se usaban para la carne. Esto demuestra la poca importancia que le daban a la denuncia de alguien. Y el tema es que no sólo no investigaban los hábeas corpus, sino que esas resoluciones hoy son una prueba porque, a la vez, son una constancia de que tenían pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Y no sólo eso. Cuando la persona secuestrada era llevada a la D2, por ejemplo, que era como la ESMA mendocina, para ser sometida a interrogatorios bajo tortura, jueces y fiscales tomaban esas declaraciones como válidas y le incriminaban hechos que supuestamente penaba la ley 20.840. Con esta metodología, además, legitimaban falsamente todo el proceso de detención, porque vale aclarar que todas las declaraciones firmadas así eran autoincriminatorias porque los secuestrados eran obligados a firmar lo que les ponían ahí.

Lea la nota completa.

FINALMENTE, LE TOCÓ A BAHÍA BLANCA

¿LA NUEVA PROVINCIA CUBRIRÁ EL JUICIO?

Comenzó en Bahía Blanca el primer juicio oral por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el area del V Cuerpo de Ejército, en el que serán juzgados oficiales del ejército argentino que durante la última dictadura militar se desempeñaron en el Estado Mayor del Comando Vto. Cuerpo de Ejército, el Batallón de Comunicaciones 181, el destacamento de inteligencia 181, y el equipo de combate contra la subversión; se abarca también en este juzgamiento a las jefaturas de la unidad 4 del servicio penitenciario bonaerense durante 1976 y 1977 y personal de la policía federal argentina de Viedma.


Los diecinueve procesados que serán juzgados por casi un centenar de delitos de Lesa Humanidad, son: los ex militares Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delme, Juan Manuel Bayón, Miguel Ángel García Moreno, Mario Carlos Antonio Méndez, Julián Oscar Corres, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Condal, Jorge Horacio Granada y Carlos Alberto Taffarel; los policías Héctor Arturo Goncalves, Vicente Antonio Forchetti, Carlos Alberto Contreras y Héctor Jorge Abelleira, y los ex ágentes del Servicio Penitenciario Andrés Reynaldo Miraglia y Héctor Luis Selaya.


Los delitos a juzgar han sido calificados como asociación ilícita, homicidios, homicidios con desaparición del cuerpo, privación ilegal de la libertad, tormentos, apropiación de menores y abandono de personas.


Las audiencias se iniciaron en la fecha, con diecisiete de los imputados elevados a juicio, con motivo de las ausencias de Miguel Ángel García Moreno, prófugo tras ser excarcelado en marzo de 2010 por resolución de los jueces Juan Leopoldo VELÁZQUEZ y Beatriz TORTEROLLA. Actualmente, pesa sobre García Moreno un pedido de captura internacional. En tanto que respecto al procesado Julián Oscar Corres, internado por tratamiento oncológico, se dispuso la realización de una junta médica.


El tribunal oral interviniente, está integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti, Martín Bava y Oscar Alberto Hergott.

“ Es un momento especial. Se empieza a poner fin a tantos años de impunidad’, dijo el Fiscal Federal Dr. Abel Córdoba. ‘Implica revertir una situación de imposición de voluntades criminales que pesan todavía sobre la sociedad’, agregó”
Por su parte, el Fiscal Federal Dr. Horacio Azzollin, expresó que ‘es un paso muy importante, porque es el principio del cierre de una herida que se ha dejado en la sociedad bahiense a lo largo de muchos años. Los organismos de Derechos Humanos han luchado para descubrir la verdad de lo sucedido, buscando justicia y tratando de refrescar la memoria’.


"Esto es saludable para las mismas Fuerzas Armadas –dijo hoy el Premio Nobel de la Paz (1980) Adolfo Pérez Esquivel, a la salida de un intervalo en el primer día de audiencias, en el aula magna del rectorado de la Universidad Nacional del Sur–. Que comiencen a mirar qué pasó con sus instituciones y cuál es su compromiso con el pueblo."

MALDITA JUSTICIA II

Jorge Auat y Pablo Parenti: “En el Poder Judicial todavía
existen operadores vinculados con la dictadura”

Por Sebastián Premici

Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal
que sigue las causas de derechos humanos,
analizan la destitución del juez Luis Miret
por su colaboración con la dictadura

El Consejo de la Magistratura destituyó, finalmente, al camarista federal de Mendoza Luis Miret por haber sido “colaboracionista” con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Sin embargo, para Jorge Auat, jefe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento por Violación a los Derechos Humanos y Pablo Parenti, coordinador de ese órgano, el caso “Miret” también da cuenta de las maniobras corporativas de la justicia que pone trabas a los juicios en plena democracia. Ambos funcionarios le explicaron a Debate los alcances de la destitución de Miret, criticaron a la corporación judicial y al discurso falaz que existe sobre la “independencia de poderes” y abogaron por la continuidad de las causas contra los delitos de lesa humanidad.

¿Cuál es el mensaje detrás de la destitución del camarista Luis Miret?

Auat: El caso Miret es parte del universo fáctico donde se producen las investigaciones relacionadas con los delitos de lesa humanidad. Su destitución significa que en la estructura del Poder Judicial todavía hay muchos operadores que vienen desde la época de la dictadura, quienes poseen algún grado de responsabilidad por los hechos cometidos. Es un núcleo muy importante todavía. Lo que hay que dejar en claro es que la destitución de Miret no es un caso aislado, hay circunstancias similares que ocurren en otras provincias, como Chaco donde hay involucrados fiscales, como Roberto Domingo Mazzoni. El caso Miret no es diferente al de Víctor Hermes Brusa, en Santa Fe, o Carlos Otero Álvarez, en Córdoba. En la medida en que sigan apareciendo nombres comprometidos con los hechos que se investigan, habrá que hacer las imputaciones correspondientes. El caso de Mendoza (ndr: una de las provincias donde se produjo la mayor cantidad de excarcelaciones a militares acusados) es un testimonio más del grado de compromiso que tenían algunos jueces y funcionarios durante la época de la dictadura con los hechos que se cometían. Tiene un efecto comunicador hacia todas las estructuras del Poder Judicial para que sepan que estos hechos se están investigando. El mensaje fuerte de la destitución de Miret tiene que ver con que se desmonta lo que ocurrió durante la dictadura en relación con la justicia pero, por sobre todas las cosas, lo que siguió ocurriendo en democracia.

Parenti: El caso de Mendoza, donde también se está investigando la actuación de Otilio Romano, quien ya presentó su renuncia y el Consejo tiene que determinar su juicio político, posee un efecto comunicador en el sentido que muchas más personas que ya sabían de los hechos cometidos durante la dictadura y la participación de la justicia, ahora se van a enterar con lujo de detalles. Hay muchos testimonios que dan cuenta de cómo actuaron las diferentes estructuras del Estado durante la dictadura. Es un caso que permite superar esa idea de que el rol de la Justicia fue sólo pasivo. Incluso, algunos sectores insisten con que no podían hacer demasiado, dadas las circunstancias. Esa descripción del fenómeno, tan benévola, queda desmentida por las pruebas que aparecen. Hay múltiple cantidad de hechos y víctimas que declaran lo mismo en cuanto a la participación de la justicia en las causas sobre los delitos de lesa humanidad. Son datos insoslayables.


¿Cuáles son las circunstancias que permiten que haya jueces en distintas provincias que en vez de buscar justicia, sean cómplices?

P: Hay un factor muy claro en el Poder Judicial que es la endogamia. La administración de justicia se reproduce a partir de las mismas personas que están dentro del sistema. Entran los hijos de los funcionarios, los conocidos, sus ahijados, etcétera. Hay una permanencia que hace difícil la renovación, no sólo de personas sino de miradas y de ideologías. En muchos casos hay magistrados que no estuvieron durante la dictadura, pero sí tienen vínculos con ella, fueron secretarios de un juzgado o tienen miradas similares sobre lo ocurrido. Hay una visión de una justicia elitista, nada acostumbrada a dar explicaciones, ni abrir sus puertas a las personas que reclaman justicia. En la Argentina no hubo “limpieza” como, por ejemplo, en Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se separó a los jueces vinculados con el nazismo.

A: Existe una configuración del sistema que no se transformará sólo a partir de un recambio de jueces. Si en un proceso de cambio no hay una renovación de miradas, de otra impronta se seguirá reproduciendo el mismo sistema a partir de su endogamia. Parte de esta compleja situación tiene que ver con la urgencia que existió, en 1983, de dar una continuidad institucional a la justicia, donde se podría haber puesto un corte. En rigor, sabemos que en cualquier sistema hay corporaciones. Actuar como corporación es una forma de sobrevivir como cuerpo. Esto forma parte de la patología del problema. Por eso, creemos que hay que romper con esos paradigmas corporativos a partir del señalamiento de casos puntuales para exigirle a quien tenga alguna responsabilidad que verifique los hechos. Así ocurrió cuando marcamos las estrategias de demora implementadas por los defensores públicos y privados y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, lo sintió como un cuestionamiento personal. Cuando se actúa de manera corporativa, se diluyen las verdaderas causas de fondo.


¿Y cómo se desmontan esas respuestas corporativas?

P: Una manera es que la sociedad civil continúe exigiendo respuestas. Hay que abrir las puertas de la justicia. No tenemos problema con que las reuniones que se hacen con la comisión de la Corte Suprema sean con público, no hay nada que esconder. Si nosotros tratamos las acusaciones contra el juez de Jujuy Carlos Olivera Pastor, por ejemplo, no tenemos inconveniente con que la sociedad se entere. Si no hubiéramos roto algunas resistencias corporativas en Mendoza, Miret no habría sido destituido. No sólo había que tener pruebas suficientes en su contra sino que debíamos superar esa instancia y hacer que la sociedad en su conjunto reclamara su apartamiento.

A: Cuando hablamos de corporación, no sólo apuntamos contra los jueces y fiscales, también la integran los colegios de abogados. Para nosotros, cuando un juez se inhibe y viene otro de la matrícula que integra la lista de conjueces, rápidamente advertimos el comportamiento corporativo. Cuando existe una resistencia corporativa fuerte, la prueba necesita un acervo probatorio mucho más fuerte, para poder enfrentar a esa corporación. Es un problema de relación de fuerzas. A veces los hechos comprobados no son suficientes para condenar a alguien porque están las resistencias dentro del propio sistema judicial.


¿Cuál debería ser el rol del poder político frente a la corporación judicial?

A: Primero, habría que decir que nada cambiará si no hay una verdadera autocrítica de todo el sistema judicial, si no se admite su déficit, su deuda, su falta de respuesta. El cambio necesita un disparador. Hay urgencias razonables, causas de más de treinta años. Quien tiene expectativas de ver una condena y se muere antes, sólo vivió la impunidad, por más que después haya una condena. Si el sistema judicial no entiende que estas causas por delitos de lesa humanidad no tienen seis meses, sino más de treinta años, evidentemente, no asumirá su compromiso de justicia.

P: Por eso, habría que hacer una exhortación a los magistrados, funcionarios, abogados, fiscales, con vocación democrática, para que sean permeables a una autocrítica, incluso, que la impulsen. Quienes realmente tienen una vocación democrática deberían despegarse de las respuestas corporativas, que sólo buscan sostener la impunidad.

¿Pero quién es el responsable de hacer esa exhortación, el presidente de la Corte Suprema o el ministro de Justicia?

A: No creo que haya que ponerle la mochila a nadie, debería ser el sistema en sí, el Consejo de la Magistratura, la Asociación de Magistrados, los abogados. Habría que crear foros para discutir cuáles son los nuevos paradigmas que necesita el sistema. La sociedad debe presionar para que cambie la impronta del Poder Judicial.


Sin embargo, a la justicia no le gusta hablar de autocríticas y prefiere el discurso apolítico de la independencia de poderes.

A: La famosa independencia judicial es mentirosa, porque es puesta como barrera para cualquier tipo de cuestionamiento. La primera falacia sobre ese discurso de la independencia de poderes y la apolitización de la justicia está en los juicios por los derechos humanos. Hay jueces que hacen política desde la mora, es su forma de hacer política. Un ejemplo es el caso del juez Alfredo Bisordi, miembro de la Cámara de Casación Penal, uno de los fueros más cuestionados por la dilación en los trámites de las causas de lesa humanidad. Hubo un pedido de juicio político, renunció a su cargo y hoy es defensor de los imputados en las causas que, supuestamente, debía investigar. Bisordi, como juez, ya actuaba como defensor de los acusados

P: El discurso de la apolitización de la justicia busca el solo efecto de que los jueces puedan hacer política sin decirlo. Otro tema donde debemos trabajar es en la gestión judicial para el control sobre las moras. No estamos hablando de que haya un comité que le diga a un juez cómo tiene que fallar, sino que pretendemos que se cree una instancia donde pueda haber un control sobre la calidad del servicio de justicia. Por otro lado, también hay jueces con desidia, pereza, más preocupados por dar clases en la facultad que por impartir justicia.


Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández impulsaron los juicios sobre las causas de derechos humanos como política de Estado. Si llegara a haber un cambio de gestión, ¿seguirán las investigaciones?

A: Si tenemos en cuenta los discursos de algunos sectores, el panorama no es muy alentador, no habilita a tener un pronóstico muy auspicioso. En los actos de lanzamiento de campaña de algunos candidatos, pudieron verse algunas caras que indicarían que están en las antípodas de las investigaciones sobre los delitos de lesa humanidad. Nosotros comenzamos con los juicios por la Verdad, las primeras decisiones importantes se tomaron durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Que estos temas sigan siendo parte de una política de Estado dependerá también del grado de compromiso de los sectores sociales. Desde la Unidad Fiscal trabajamos para que estos temas se instalen sin retorno alguno. No queremos que haya una vuelta atrás.

P: En los últimos años, intentamos dar pasos fuertes, dar cuenta de hechos lo más relevantes posible como para que no exista la mínima posibilidad de un retorno. Salvo en algunas provincias problemáticas, las causas por los derechos humanos están en un punto sin regreso. Tenemos 850 procesados, de los cuales cuatrocientos están en etapa de juicio y alcanzamos las doscientas condenas. ¿Cómo se vuelve atrás con una elevación de cuatrocientos juicios en todo el país? Hay un consenso generalizado de que las causas tienen que continuar. Siempre hay que estar atentos, pero el tema de los juicios caló hondo en la clase política.

Fuente: Revista Debate