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El abogado Pablo Salinas, querellante,
nos explica de qué se trata.
- ¿Cuáles son las dificultades que tienen en el Juicio por la Verdad de Mendoza?
- La primer dificultad y la más grave se encontró cuando descubrimos un escrito, donde el doctor Luis Francisco Miret, que es nada más y nada menos que el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, se excusó entender en el '87 en un juicio llevado contra los militares por violaciones a los derechos humanos manifestando su amistad íntima con el general Juan Pablo Saa. Y no sólo con el general, sino con toda la familia del general. Incluso llegando a decir que se alojaban en el mismo domicilio y cosas vinculadas a la amistad íntima que los unía. Luego de esto, nosotros no pudimos aceptar que un juez, que además de ser amigo de un general represor, comandan de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, que tuvo a cargo la represión en Mendoza del '77 al '79 y el cual fue indultado por 21 desapariciones y 3 secuestros de menores, no podemos decir que la amistad entre ellos dos sea menor. Y, además, de esto, el doctor Luis Francisco Miret fue juez en la dictadura. Fue juez instructor, fue luego camarista y fue nombrado por la dictadura. O sea que es un juez de la dictadura. No es un juez de la democracia. Es un juez de la dictadura que está presidiendo la cámara que debe investigar los crímenes atroces cometidos por la dictadura que lo nombró y que le dio su cargo. Entonces, esto hay que entenderlo. También hay que entender que él no está solo. Esta cámara, que tiene seis integrantes, ha generado una amistad entre ellos. Que ha generado una amistad en el trato que llevan juntos. Entonces, cuando nosotros lo recusamos al presidente, rechazó in límine nuestro planteo, obviamente en una fogosa defensa de su presidente. Asimismo, esta Cámara prejuzgó, porque dijo que estos juicios no tenían naturaleza penal, dijo que estos juicios sólo intentaban encontrar los restos de los desaparecidos. Y estos juicios no sólo que tienen naturaleza penal, y no sólo que no tienen el simple objetivo de encontrar los restos de los desaparecidos, sino que estos juicios tienen el objeto de encontrar a los menores que han sido apropiados y tienen el objeto de identificar a los responsables del terrorismo de Estado. Muchas veces cuando escucho a mis colegas de otras provincias, uno trata de hacer docencia y decir que debe tenerse en cuenta y debe leerse —todo militante de derechos humanos debe hacerlo— la resolución 28/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe leer por lo menos la parte resolutiva del caso Velázquez Rodríguez de Guatemala, del estudiante que fue desaparecido, que motivó el pronunciamiento de la CIDH y debe leer la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde dice que las resoluciones y las interpretaciones que hagan la CIDH y la Corte son resoluciones e interpretaciones obligatorias para nuestra Corte Nacional. Como conclusión de esto se saca que el objeto de estos juicios no es encontrar sólo los restos de los desaparecidos, sino encontrar el destino de los desaparecidos, encontrar el destino de los menores e identificar a los responsables. Y la resolución de la CIDH va más allá y dice que el Estado debe anular aquellas leyes que impiden el castigo. Entonces, hoy la CIDH está ordenando el castigo. Lo está ordenando el fallo del doctor Cavallo, lo está ordenando la CIDH cuando resolvió el caso Barrios Altos, que también es muy importante y hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros somos muy optimistas en el sentido de que el castigo se viene pronto.
- Vos mencionabas que, además de Miret, el presidente, había dos camaristas más que tendrían ciertos vínculos con la represión.
Lucas escribió: "El 9 de septiembre de 2001 entrevisté en un encuentro de organismos de DDHH llevado a cabo Neuquén al abogado del MEDH mendocino Pablo Gabriel Salinas, quien me contó las dificultades de llevar adelante entonces el Juicio por la Verdad, dado que había dos camaristas, Luis Miret y Otilio Romano, que habían sido jueces de la dictadura y que estaban trabando los procesos. Y fue enfático: "Nosotros no podemos aceptar esta Cámara". Mañana Miret y Romano comenzarán a ser juzgados en Mendoza por crímenes de lesa humanidad. Me pareció bueno recordar aquí las dos primeras preguntas de aquella entrevista, que muestra que la perseverancia es amiga de los grandes logros:
- ¿Cuáles son las dificultades que tienen en el Juicio por la Verdad de Mendoza?
- La primer dificultad y la más grave se encontró cuando descubrimos un escrito, donde el doctor Luis Francisco Miret, que es nada más y nada menos que el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, se excusó entender en el '87 en un juicio llevado contra los militares por violaciones a los derechos humanos manifestando su amistad íntima con el general Juan Pablo Saa. Y no sólo con el general, sino con toda la familia del general. Incluso llegando a decir que se alojaban en el mismo domicilio y cosas vinculadas a la amistad íntima que los unía. Luego de esto, nosotros no pudimos aceptar que un juez, que además de ser amigo de un general represor, comandan de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, que tuvo a cargo la represión en Mendoza del '77 al '79 y el cual fue indultado por 21 desapariciones y 3 secuestros de menores, no podemos decir que la amistad entre ellos dos sea menor. Y, además, de esto, el doctor Luis Francisco Miret fue juez en la dictadura. Fue juez instructor, fue luego camarista y fue nombrado por la dictadura. O sea que es un juez de la dictadura. No es un juez de la democracia. Es un juez de la dictadura que está presidiendo la cámara que debe investigar los crímenes atroces cometidos por la dictadura que lo nombró y que le dio su cargo. Entonces, esto hay que entenderlo. También hay que entender que él no está solo. Esta cámara, que tiene seis integrantes, ha generado una amistad entre ellos. Que ha generado una amistad en el trato que llevan juntos. Entonces, cuando nosotros lo recusamos al presidente, rechazó in límine nuestro planteo, obviamente en una fogosa defensa de su presidente. Asimismo, esta Cámara prejuzgó, porque dijo que estos juicios no tenían naturaleza penal, dijo que estos juicios sólo intentaban encontrar los restos de los desaparecidos. Y estos juicios no sólo que tienen naturaleza penal, y no sólo que no tienen el simple objetivo de encontrar los restos de los desaparecidos, sino que estos juicios tienen el objeto de encontrar a los menores que han sido apropiados y tienen el objeto de identificar a los responsables del terrorismo de Estado. Muchas veces cuando escucho a mis colegas de otras provincias, uno trata de hacer docencia y decir que debe tenerse en cuenta y debe leerse —todo militante de derechos humanos debe hacerlo— la resolución 28/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe leer por lo menos la parte resolutiva del caso Velázquez Rodríguez de Guatemala, del estudiante que fue desaparecido, que motivó el pronunciamiento de la CIDH y debe leer la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde dice que las resoluciones y las interpretaciones que hagan la CIDH y la Corte son resoluciones e interpretaciones obligatorias para nuestra Corte Nacional. Como conclusión de esto se saca que el objeto de estos juicios no es encontrar sólo los restos de los desaparecidos, sino encontrar el destino de los desaparecidos, encontrar el destino de los menores e identificar a los responsables. Y la resolución de la CIDH va más allá y dice que el Estado debe anular aquellas leyes que impiden el castigo. Entonces, hoy la CIDH está ordenando el castigo. Lo está ordenando el fallo del doctor Cavallo, lo está ordenando la CIDH cuando resolvió el caso Barrios Altos, que también es muy importante y hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros somos muy optimistas en el sentido de que el castigo se viene pronto.
- Vos mencionabas que, además de Miret, el presidente, había dos camaristas más que tendrían ciertos vínculos con la represión.
- Claro. Obviamente en Mendoza no ha habido recambio institucional. ¿Qué implica esto? Implica que esta cámara es una Cámara de la dictadura. Salvo algunos de sus miembros, todos los otros fueron o fiscales o miembros del Poder Judicial en el época de la dictadura. Es decir, el doctor Miret fue fiscal y juez en la época de la dictadura. Un juez de la dictadura. El doctor Otilio Roque Romano era fiscal en la dictadura y el doctor Pereyra González era juez en San Luis. Conclusión: Son jueces de la dictadura. Entonces, los familiares de los desaparecidos tienen que soportar que en este país no haya justicia culpa de las leyes de impunidad, y ahora tienen que soportar. Soportaron que el Consejo Supremo de las FF.AA. investigara la desaparición de sus hijos. Es decir, los mismos desaparecedores investigaban la desaparición de sus hijos. Y ahora tienen que soportar que en los juicios por la verdad intervengan los jueces nombrados por la dictadura. Es decir, aquellos jueces que pusieron su mano sobre el Estatuto de Reorganización Nacional y sobre los objetivos básicos del Proceso de Reorganización Nacional y juraron. Jueces que no juraron por una Constitución, jueces que fueron designados a dedo por algún capitoste (sic) o general genocida de turno. Estos jueces, obviamente, no van a garantizar nunca la imparcialidad que nosotros pensamos que debe garantizar un tribunal de justicia. Por lo tanto, nosotros no podemos aceptar esta cámara."
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