Julio Virgolini, Adrián Maloneay y Mariano Hugo Silvestroni
replican a Poder Ciudadano
replican a Poder Ciudadano
El 1º de febrero recibimos una correo de Mariano Silvestroni en el cual nos solicita que publiquemos esta réplica de Virgolini, Maloneay y Silvestroni a una nota de Poder Ciudadano repoducida en el blog Sin Corrupción. Así lo hacemos, y desde ya invitamos a Poder Ciudadano y al blog sin Corrupción a enviar cualquier opinión o respuesta que consideren de interés para ser publicadas aquí.
AB
AB
La ONG Poder Ciudadano acaba de publicar en su web una nota anónima (no se cita el autor), también consignada en el blog “Sin Corrupción”, en la que se nos alude con nombre y apellido, exhortándonos a desistir de una denuncia, y para ello se invocan hechos y circunstancias falsas. Nos permitimos responder:
1) Es cierto que hemos denunciado a los abogados Nino, Binder, Biscay, Castelli y Blanco ante el Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, pero ha sido en los términos del art. 14 del código de ética profesional y no es cierto que haya sido con motivo de las expresiones vertidas en un debate mantenido a través de la web, ni para saldar dicha disputa, ni para ahogar derecho alguno a la libre expresión.
2) El hecho que motivó la denuncia es bien preciso: consiste, en cambio, en el haber consignado en un escrito judicial manifestaciones injuriosas y agraviantes, absolutamente innecesarias y violatorias de la regla ética ya mencionada.
3) El hecho sobre el que versa la denuncia es, en efecto, el que en base a la disconformidad suscitada por la interposición de un recurso procesal, los abogados denunciados tildaron de soeces a los argumentos empleados en el recurso, atribuyeron a los suscriptos una conducta de la mayor mala fe, les imputaron alevosía, y grosería, vileza, indignidad e infidelidad(¿), el haberse burlado de las reglas básicas de las negociaciones, haber realizado una jugada distante del fair play, un ejercicio de cinismo y burla hacia las instituciones del derecho y las nociones más básicas de la justicia, y otras semejantes.
4) Al apoyar el comportamiento de los abogados Binder, Biscay, Nino, Castelli y Blanco, puede parecer que Poder Ciudadano admite que las controversias y los litigios judiciales puedan resolverse mediante el agravio y no a través del análisis del derecho, y con ello abre la puerta a una escalada de medios injuriantes porque: ¿Cuál es el límite entre el lenguaje señalado y un escupitajo? ¿En qué punto de una discusión jurídica puede ésta saldarse con una bofetada? Obviamente, la escalera puede no tener fin.
5) Del mismo modo, ese apoyo da pié a la sensación de que Poder Ciudadano puede haber sido ganado por una especie de fundamentalismo antigarantista, que autoriza la descalificación pública del adversario como arma más eficaz para la victoria que la discusión de ideas sobre una base igualitaria: cuando una parte se permite denostar y menoscabar al adversario se acaba la democracia, pierde fuerza la razón y gana la prepotencia y el autoritarismo.
6) Finalmente, cabría interpretar que Poder Ciudadano considera bien que los abogados no se encuentran sometidos a reglas éticas de obligatorio cumplimiento, o bien que las faltas cometidas en el ejercicio estricto de la labor profesional, en el marco de un proceso judicial, no deben ser sancionadas y que la lenidad a dichas faltas se justifica en aras de la libertad de expresión que sus autores ejercen en ámbitos que son ajenos al ejercicio profesional.
7) Pero no parece que la trayectoria de Poder Ciudadano admita ninguna de las tres interpretaciones que hemos señalado, por lo menos en función de la actuación reconocida de esta ONG de bien ganado prestigio. Poder Ciudadano es una expresión que reclama la participación, y ésta solo es posible a través del respeto mutuo, que asegura la igualdad y no el sometimiento.
8) Por lo tanto debemos admitir, como mejor hipótesis, que Poder Ciudadano no se ha informado debidamente antes de emitir un comunicado que por una parte resulta falaz en los hechos y por la otra contradictorio con el ejercicio de la democracia que defienden. Porque es evidente que sólo en razón del desconocimiento (no podríamos sospechar “amiguismo”, “deshonestidad intelectual” o “esnobismo” en el seno de esa entidad) pueden efectuarse las consideraciones que respondemos. Les ha faltado información y lectura. Suponemos que podrían haber escuchado nuestra versión antes de opinar. O que podrían haber leído nuestro escrito (algo tan básico), para saber de qué se está hablando.
9) Para preservar la transparencia y la ética, que son los verdaderos intereses de Poder Ciudadano, sería saludable que, en lugar de detenerse en el detalle poco relevante de una denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados (que no debería sufrir presiones de ningún tipo ni siquiera a través de este tipo de comentarios públicos), se preocupara por indagar en la verdadera relación existente entre el Ministerio Público Fiscal y las ONGs CIPCE y ACIJ, relación que existe formalmente pero que fue deliberadamente ocultada tanto por la fiscal interviniente en el proceso IBM-BNA, señorita Namer, como por los abogados ahora denunciados. En efecto, en el acta del juicio abreviado se hizo constar que “a modo de garantes de la transparencia del proceso y tratativas para arribar al presente juicio abreviado, CIPCE y ACIJ, las dos organizaciones no gubernamentales que más críticas han sido del actuar del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal durante el desarrollo del proceso …” eran convocadas al acto, y que, por ello, “de manera alguna podrá decirse que el Estado arribó a una solución irregular del caso”. Pero la realidad es otra: ambas ONGs y los letrados aquí denunciados –algunos de los cuales suscribieron el acta referida- no son extraños ni críticos de la actuación del Ministerio Público Fiscal, ya que con anterioridad habían firmado acuerdos de colaboración con el Ministerio Público Fiscal, en los que se consignaba que (cláusula cuarta) “A los fines de planificar, proyectar y dirigir las tareas y actividades desarrolladas a partir de la firma del presente convenio marco de colaboración las partes convienen en designar a Sabrina Namer en representación de la PROCURACION y a Pedro Biscay en representación de CIPCE”. Para aclarar los tantos: Namer y Biscay son los representantes de “las partes en el acuerdo de colaboración, pero luego Biscay se presenta en el juicio junto con Nino como si fueran independientes, invocando ser las personas más críticas de la labor del Ministerio Público Fiscal, para avalar la actuación de Namer y “dar transparencia al acto”. Ello, claro está, sin revelar la existencia del convenio de colaboración. ¿Esto es o no una mentira? ¿Qué tiene que ver esto con la transparencia?
10) Lo proponemos como idea: tal vez a Poder Ciudadano le interese investigar y opinar sobre esta deliberada opacidad. O sobre la cláusula quinta del convenio “de colaboración” que dice: “La firma del presente convenio no implica erogaciones financieras directas, sin perjuicio de los acuerdos complementarios que se firmen en este sentido, los que estarán sujetas a las decisiones de sus respectivos órganos competentes, a la disponibilidad de fondos y a las normas referentes a asuntos presupuestarios y financieros” ¿Habrá existido algún acuerdo económico? Tal vez la estrecha relación entre CIPCE y ACIJ y Poder Ciudadano le permita a ésta averiguarlo.
11) Por último, nos interesa señalar que la “nota” de Poder Ciudadano es anónima, como ocurre también con las que publican las ONG Cipce y Acij en “Sin Corrupción”. Nos gustaría saber quiénes dicen lo que dicen. Para saberlo nomás. Porque es muy fácil escudarse detrás de un logo o de un nombre y desde allí decir cualquier cosa. ¿Quién es Poder Ciudadano hoy concretamente? ¿A quién representa? ¿Quién habla por ella? ¿Habla por sí o por sus aportantes? ¿Hablan sus autoridades a título personal? ¿Qué compromisos tiene con otras ONGs? Porque, en definitiva, es muy feo que se emule lo peor del periodismo más amarillo y barato: el anonimato.
Esta respuesta la firmamos: Julio Virgolini, Adrián Maloneay y Mariano Hugo Silvestroni. Esperamos que (sobre la base de la defensa de la libertad de expresión) sea publicada.
Mariano Silvestroni
1) Es cierto que hemos denunciado a los abogados Nino, Binder, Biscay, Castelli y Blanco ante el Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, pero ha sido en los términos del art. 14 del código de ética profesional y no es cierto que haya sido con motivo de las expresiones vertidas en un debate mantenido a través de la web, ni para saldar dicha disputa, ni para ahogar derecho alguno a la libre expresión.
2) El hecho que motivó la denuncia es bien preciso: consiste, en cambio, en el haber consignado en un escrito judicial manifestaciones injuriosas y agraviantes, absolutamente innecesarias y violatorias de la regla ética ya mencionada.
3) El hecho sobre el que versa la denuncia es, en efecto, el que en base a la disconformidad suscitada por la interposición de un recurso procesal, los abogados denunciados tildaron de soeces a los argumentos empleados en el recurso, atribuyeron a los suscriptos una conducta de la mayor mala fe, les imputaron alevosía, y grosería, vileza, indignidad e infidelidad(¿), el haberse burlado de las reglas básicas de las negociaciones, haber realizado una jugada distante del fair play, un ejercicio de cinismo y burla hacia las instituciones del derecho y las nociones más básicas de la justicia, y otras semejantes.
4) Al apoyar el comportamiento de los abogados Binder, Biscay, Nino, Castelli y Blanco, puede parecer que Poder Ciudadano admite que las controversias y los litigios judiciales puedan resolverse mediante el agravio y no a través del análisis del derecho, y con ello abre la puerta a una escalada de medios injuriantes porque: ¿Cuál es el límite entre el lenguaje señalado y un escupitajo? ¿En qué punto de una discusión jurídica puede ésta saldarse con una bofetada? Obviamente, la escalera puede no tener fin.
5) Del mismo modo, ese apoyo da pié a la sensación de que Poder Ciudadano puede haber sido ganado por una especie de fundamentalismo antigarantista, que autoriza la descalificación pública del adversario como arma más eficaz para la victoria que la discusión de ideas sobre una base igualitaria: cuando una parte se permite denostar y menoscabar al adversario se acaba la democracia, pierde fuerza la razón y gana la prepotencia y el autoritarismo.
6) Finalmente, cabría interpretar que Poder Ciudadano considera bien que los abogados no se encuentran sometidos a reglas éticas de obligatorio cumplimiento, o bien que las faltas cometidas en el ejercicio estricto de la labor profesional, en el marco de un proceso judicial, no deben ser sancionadas y que la lenidad a dichas faltas se justifica en aras de la libertad de expresión que sus autores ejercen en ámbitos que son ajenos al ejercicio profesional.
7) Pero no parece que la trayectoria de Poder Ciudadano admita ninguna de las tres interpretaciones que hemos señalado, por lo menos en función de la actuación reconocida de esta ONG de bien ganado prestigio. Poder Ciudadano es una expresión que reclama la participación, y ésta solo es posible a través del respeto mutuo, que asegura la igualdad y no el sometimiento.
8) Por lo tanto debemos admitir, como mejor hipótesis, que Poder Ciudadano no se ha informado debidamente antes de emitir un comunicado que por una parte resulta falaz en los hechos y por la otra contradictorio con el ejercicio de la democracia que defienden. Porque es evidente que sólo en razón del desconocimiento (no podríamos sospechar “amiguismo”, “deshonestidad intelectual” o “esnobismo” en el seno de esa entidad) pueden efectuarse las consideraciones que respondemos. Les ha faltado información y lectura. Suponemos que podrían haber escuchado nuestra versión antes de opinar. O que podrían haber leído nuestro escrito (algo tan básico), para saber de qué se está hablando.
9) Para preservar la transparencia y la ética, que son los verdaderos intereses de Poder Ciudadano, sería saludable que, en lugar de detenerse en el detalle poco relevante de una denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados (que no debería sufrir presiones de ningún tipo ni siquiera a través de este tipo de comentarios públicos), se preocupara por indagar en la verdadera relación existente entre el Ministerio Público Fiscal y las ONGs CIPCE y ACIJ, relación que existe formalmente pero que fue deliberadamente ocultada tanto por la fiscal interviniente en el proceso IBM-BNA, señorita Namer, como por los abogados ahora denunciados. En efecto, en el acta del juicio abreviado se hizo constar que “a modo de garantes de la transparencia del proceso y tratativas para arribar al presente juicio abreviado, CIPCE y ACIJ, las dos organizaciones no gubernamentales que más críticas han sido del actuar del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal durante el desarrollo del proceso …” eran convocadas al acto, y que, por ello, “de manera alguna podrá decirse que el Estado arribó a una solución irregular del caso”. Pero la realidad es otra: ambas ONGs y los letrados aquí denunciados –algunos de los cuales suscribieron el acta referida- no son extraños ni críticos de la actuación del Ministerio Público Fiscal, ya que con anterioridad habían firmado acuerdos de colaboración con el Ministerio Público Fiscal, en los que se consignaba que (cláusula cuarta) “A los fines de planificar, proyectar y dirigir las tareas y actividades desarrolladas a partir de la firma del presente convenio marco de colaboración las partes convienen en designar a Sabrina Namer en representación de la PROCURACION y a Pedro Biscay en representación de CIPCE”. Para aclarar los tantos: Namer y Biscay son los representantes de “las partes en el acuerdo de colaboración, pero luego Biscay se presenta en el juicio junto con Nino como si fueran independientes, invocando ser las personas más críticas de la labor del Ministerio Público Fiscal, para avalar la actuación de Namer y “dar transparencia al acto”. Ello, claro está, sin revelar la existencia del convenio de colaboración. ¿Esto es o no una mentira? ¿Qué tiene que ver esto con la transparencia?
10) Lo proponemos como idea: tal vez a Poder Ciudadano le interese investigar y opinar sobre esta deliberada opacidad. O sobre la cláusula quinta del convenio “de colaboración” que dice: “La firma del presente convenio no implica erogaciones financieras directas, sin perjuicio de los acuerdos complementarios que se firmen en este sentido, los que estarán sujetas a las decisiones de sus respectivos órganos competentes, a la disponibilidad de fondos y a las normas referentes a asuntos presupuestarios y financieros” ¿Habrá existido algún acuerdo económico? Tal vez la estrecha relación entre CIPCE y ACIJ y Poder Ciudadano le permita a ésta averiguarlo.
11) Por último, nos interesa señalar que la “nota” de Poder Ciudadano es anónima, como ocurre también con las que publican las ONG Cipce y Acij en “Sin Corrupción”. Nos gustaría saber quiénes dicen lo que dicen. Para saberlo nomás. Porque es muy fácil escudarse detrás de un logo o de un nombre y desde allí decir cualquier cosa. ¿Quién es Poder Ciudadano hoy concretamente? ¿A quién representa? ¿Quién habla por ella? ¿Habla por sí o por sus aportantes? ¿Hablan sus autoridades a título personal? ¿Qué compromisos tiene con otras ONGs? Porque, en definitiva, es muy feo que se emule lo peor del periodismo más amarillo y barato: el anonimato.
Esta respuesta la firmamos: Julio Virgolini, Adrián Maloneay y Mariano Hugo Silvestroni. Esperamos que (sobre la base de la defensa de la libertad de expresión) sea publicada.
Mariano Silvestroni
19 comentarios:
Hola Alberto. Te aviso que en poder Ciudadano recibimos la nota de Virgolini, Maloneay y Silvestroni que publicás. En breve va a estar subida a nuestra pagina y vamos a acompañarla de una breve respuesta institucional(te avisaremos)
Entretanto, para poner la discusión en contexto te paso un link al comunicado original de Poder
http://poderciudadano.org/?p=2365
Un abrazo
Diego Martinez
Director del Área Justicia
Hola Diego:
El enlace que me mandás es el que puse aquí en "Poder Ciudadano", donde se menciona la nota. Hice lo mismo remitiendo a "Sin Corrupción", pasa que el color del hipervínculolo era casi igual al del texto. Ahí lo oscurecí.
En el blog hemos publicado las diversas opiniones sobre este conflicto desde su origen, incluso las entradasdel blog SC, a pedido de ellos. Es por eso que en esta oportunidad reiteramos la imvitación a ustedes para que envíen lo que desean.
Cordiales saludos,
AB
Suele suceder que cuando organizaciones que luchan contra la corrupción se meten donde no deben, sacan a ventilar negocios sucios y cuestionan a los abogados con una moral bastante cuestionada se produce una gran repercución. Estos abogados salen a realizar acusaciones falsas como último manotazo de ahogado,que no son más que otras estrategias para seguir tapando de un manto de oscuridad negocios sucios de sus defendidos y malas prácticas judiciales.
Si esta gente reacciona asi es por que ACIJ Y CIPCE están haciendo bien su trabajo. FElicito tambien a Poder Ciudadano tambien por la solidaridad con las ongs
Creo que para que el debate tome verdadera consistencia, seria muy bueno que los DRes. Virgolini, Maloneay y Silvestroni pusieran a disposicion los documentos de la causa: ¿que causa era? ¿que intereses defendian las partes? ¿En que etapa procesal estaban? ¿Quien es quien en este juego? Porque hasta donde se, los abogados denunciados en el CPACF son tipos que siempre han defendido causas justas, trabajan muchas veces gratis, y que si alguna vena les salta, es porque algo no esta funcionando para la sociedad.
Y otra cosa: Para denunciar por falta de etica al Chuni Castelli en cualquier lado, hay que ser un miope que no entiene nada.
Ahora, más que nunca, hay que salir a apoyar a ACIJ y CIPCE.
Estos pibes, con una infraestructura muy pequeña, se enfrentan a los abogados de los tipos más poderosos del pais.
Saludos.
F.
soy Claudio Javier Castelli, asesor del cipce, y uno de los abogados denunciados en el colegio público de abogados...resulta curioso que los defensores de mafiosos de la delincuencia económica, y del narcotráfico, se sientan ofendios por algunas palabras utilizadas en el escrito judicial presentado con justicia por las ong denunciadas, tras la violación a un acuerdo llevado de buena fe por el Ministerio Público, y en el cual participaron las ong...resulta absurdo que alguien apele aquello que consistió en un acuerdo, tenga o no derecho a apelar, es una falta de ética clara, todos los dichos en ese escrito van a ser ratificados en el Colegio Público de Abogados, por este letrado, que no guarda ningún respeto por los defensores de los poderosos, que es ser defensores de los impunes...lo que me resulta gracioso, es que letrados acostumbrados a caminar los pasillos de Comodoro Py, y los despachos grisaceos de los funcionarios judiciales, siempre atentos para atender a los defensores en su lobby infinito, tal vez porque esos funcionarios judiciales también esperan ser abogados de los mismos delincuentes defendidos por los letrados supuestamente ofendidos en su sana concepción de la moral y la etica, algún día...como se dice actualmente se nota mucho doctores...es bueno que se sepa que intereses defiende cada uno...cual es lo malo que los pongamos en tela juicio, que le molesta al Dr. Virgolini, que el Dr. Castelli, con 30 años de experiencia en la defensas de los intereses públicos, y en lucha contra la delincuencia económica, no lo respete...que se sientan tan ofendidos para llamar a su defensa, como si no tuvieran la realidad efectiva del poder económico, que los acompaña, al Colegio Público de Abogados, la verdad que acudir al colegio, como si ustedes, y sus defendidos fueran blancanieves, resulta muy gracioso...siempre he tenidos muy claro que es defender a alguien que cometió un delito, no es tan problemático como asesorar a alguien para que siga cometiendo un delito, el uno es abogado, el otro cómplice...a veces en nuestra profesión, y en el caso de los poderosos, existe cierta confusión al respecto, tal vez sea momento de aclararlo en el colegio público de abogados...que reitero me parece de "mariquitas" la denuncia...pero si del lenguaje se trata es bueno traer a colación el caso del libro publicado por el Dr. Virgolini, que creo, si la memoria no me falla, se llama "Crimenes excelentes", pasemoslo en limpio, el Dr. Virgolini, parece que conoce el lenguaje, y utiliza un eufemismo, para hablar de la delincuencia económica, sin importar de quebrantar una palabra tan importante como excelentes, que para Aristoteles, era lo más excelso, lo más elevado, lo insospechado de todo mal...Hegel en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas termina su libro con lo más excelente la idea que se piensa a sí misma...sería bueno que estos letrados de mafiosos tan ofendidos se pensaran a sí mismo, más allá de la cátedra, de la toga, y de comodoro py, y no hicieran denuncias ridículas para amedrentar a letrados de una concepción de la ética de la profesión y de la vida muy diferente...alguna vez le pregunté a mi padre, para que servíamos los abogados...me dio una respuesta bastante sabia "cuando veo actuar a los demás me doy cuenta para que servimos los abogados", hoy lo precisaría que cuando veo actuar a algunos abogados de poderosos me doy cuenta para que servimos los abogados, que luchamos por la justicia, contra la injusticia mayúscula de la delincuencia económica...cualquiera sea la contestación institucional del Cipce, aquí va un adelanto de mi pensamiento. Sin para más saludo a los letrados ofendidos, con mis más distinguida consideración...CLAUDIO JAVIER
-ABOGADO-
Por favor!!!!!!! hay que terminar con el pretendido discurso aseptico de la ciencia penal. El derecho es un mecanismo cercano al (o quizas es el) poder.
Cuando Virgolini y Cia eligieron defender a los grandes desfalcadores del estado, es obvio que renunciaron a que "los litigios judiciales puedan resolverse... a través del análisis del derecho"
Cualquier que no sea demasiado tonto, sabe que en los tribunales, cuando se juzga a los poderosos (cosa rara de por si) lo que menos se ve es analisis del derecho, se ve la lentitud de los jueces y su ineptitud, en fin, la complicidad de todo el aparato de justicia con la impunidad de los poderosos.
Me saco el sombrero que emprender la tarea de luchar contra esta criminalidad, la unica que hay que combatir con brazo firme. Los denunciados son personas intachables, que luchan por causas justas, luchan por imponer un sistema social donde la impunidad no sea la regla.
Virgolini y Cia. dan verguenza e indignación.
Abrazo
Un garantista que no se traga sapos.
Jose, no conozco el caso, pero me parece que Virgolini y los demás abogados defensores no tiene deber alguno de justificar que defienden a una persona que a mí o vos no pueda gustarnos.
El tema de esta entrada es la denncia al CPACF, no a quién defeinden Virgolini y sus socios.
Identificar al cliente con su abogado es una mala costumbre.
albert de sobra se sabe que no condenaria a ningun abogado por el cliente que elige. En este caso pregunto la matriz de la causa judicial porque los denunciantes intentan hacer caer un acuerdo suscripto por sus clientes y ellos que ya estaba homologado judicialmente. Acordar y desdecirse es lo no etico y menos cuando la firma que representan debia devolverle dinero al estado e implicaba penas mas leves para los imputados. Ir al banquillo del colegio por intentar que en el marco judicial alguien tenga menos pena y el estado recupere el dinero que le corresponde me parece una mariconada. Esto debio resolverse en la justicia, no llamando a la policia.
Hola Alberto.
Poder Ciudadano ya subio a su web la replica de los abogados que vos posteas aqui
Tambien publico una respuesta institucional /invitacion al debate que linqueo para compartir con tus foristas
http://poderciudadano.org/?p=2528
y por si queres postearla en el blog
un abrazo
Diego Martinez
Josefina: a) los que defendían Virgolini & cia. no habían acordado devolver dinero en el acuerdo que se firmó, b) la posibilidad de recurrir un acuerdo de juicio abreviado está prevista en el artículo 431, inc. 6°, por eso, mal puede hablarse de una falta "ética", c) la prescripción es de orden público y era obvio que iba a plantearse, sobre todo cuando la corte había dicho en el caso que no había sentencia definitiva. Al existir sentencia definitiva, era lógico que vuelva a plantearse. Por esas tres razones, todos los argumentos de las ONG´s son, como mínimo, equivocados. Saludos, Sergio
Estas palabras van para el Dr. Bovino...sí un abogado defiende a los militares, es porque alguna vena fascista tiene, y también una determinada ideología...los chicos que llevan adelante las querellas contra los militares tienen, una determinada concepción de la justicia...si yo elegí ser funcionario público, para defender los intereses públicos y asesoro una ong que lucha contra la delincuencia económica es porque tengo una determinada ideología...si yo defiendo constantmente a delincuentes económicos y a narcotraficantes, es porque me siento bien caminando por la vereda sol, me gusta el dulce, y además ideologicamente no la juego de progresista en criminología como profesor de la facultad, porque evidentemente nada pretendo cambiar...tengo 25 años como letrado matriculado, he rechazado muchas defensas, que no haría, no defendería nunca a un delincuente económico, ni a pistoleros, ni muchos otros...además los defensores de los poderosos hacen un lobby, por fuera de lo formalemnte establecido, contando con la complicidad de muchos jueces, secretarios, prosecretarios y oficiales...no les quito el derecho a defender a quienquiera, sólo pido que se hagan cargo, que eligieron la impunidad, que es la ausencia de justicia, cuando eso se mezcla con cátedras en Universidades Públicas, me parece que la cosa se complica...no hay nada de malo en que se sepa que defiende cada uno...pero veo raro a algunos letrados que tengo en la memoria por su implacable prestigio, que no apelarian un acuerdo al cual contribuyeron que se celebrara, por una cuestión ética...encima aquellos letrados ofendidos por algunas palabras llaman al colegio en su ayuda...en fin Dr. Bovino, hay muchos profesores, que creen en un derecho aseptico,una visión hartamente ingenua, yo no soy de ello, y pienso que usted tampoco...atte.CLAUDIO JAVIER CASTELLI
Estimado Dr. Castelli:
Primero, no soy doctor. Luego, no entiendo a guisa de qué me da una clase de ética o de sociología jurídica, mezclada con graves imputaciones hacia los malos de la película, que nadie ha demostrado (parece que hay una megaconspiración entre ciertos abgados, todos los jueces y la universidad).
No dudo de sus antecedentes, máxime si Josefina lo avala, porque creo en su buen juicio (el de Jose). Pero tales antecedentes no justifican nada en cuanto a opinar respecto a esta entrada.
Tampoco se justifica dejar de lado una regla de nuestra profesión, la de no identificar al abogado con su cliente, nos guste o no.
Y, nuevamente, creo que nadie ha discutido el objeto de esta entrada que es la denuncia formulada al Colegio.
Cordiales saludos,
Bovino
Hola Diego, muchas gracias, ahora subo su entrada, así los lectores pueden leer las distintas opiniones.
Abrazo,
Bovino
Si el punto es la denuncia ante el Colegio Público, coincido en que más bien se trata de un acto de cobardía. Se trata de las únicas ong´s que mueven el avispero en Comodoro Py. Cualquiera visitó el INECIP o conoce a alguien de ACIJ sabe de todo lo que se puede hacer con pocos recursos. No conozco a nadie de ese mundo de las ongs que además de laburar ahí, no ejerza por su cuenta la profesión. Los poderosos buscan cortar por lo más delgado, que no es otro sitio que el bolsillo del laburante.
Abrazo
Es lamentable que abogados con tanta experiencia utilicen la web para denostar a sus colegas (sólo por título), una de ellas, funcionaria (y sí, lo aclaro, profesora mía, compañera de trabajo y jefa, así que hablo con conocimiento de causa).
Las referencias mal intencionadas a la existencia de algún tipo de interés económico tienen, como único fin, intentar infamar al otro/a con falsedades propias de un artilugio comunicacional. Por este motivo creo que lo mejor que pueden hacer quienes leen la nota que publican en este blog estos tres abogados, es conocer por sí mismos el contenido del convenio que referencian y que fue hecho público en su momento, no sólo en la web del MPF y de ambas ONGs, sino también en diversos medios de información online.
http://www.diariojudicial.com/contenidos/2009/09/17/noticia_0003.html
http://www.mpf.gov.ar/Dcap/dcap1.html
http://ahorainfo.com.ar/2009/09/ongs-trabajaran-con-fiscales-en-causas-de-corrupcion/
http://www.lanacion.com.ar/1175132-denuncian-demoras-en-causas-por-corrupcion
Los convenios, para quienes quieren leerlos y sacar sus propias conclusiones, están en los siguientes links:
http://www.mpf.gov.ar/Accesos/Dcap/Resoluciones/PGN-0119-2009-001.pdf http://www.mpf.gov.ar/Accesos/Dcap/Resoluciones/PGN-0120-2009-001.pdf
Por otra parte, sólo con acceder y realizar una simple búsqueda en el blog de CIPCE y ACIJ podrán ver que pese a la existencia de los mal mencionados convenios, las ONGs han continuado con su trabajo crítico del sistema judicial en general, y la actividad de algunos funcionarios del MPF en particular. Esto, claramente, demuestra que el sentido del convenio es mejorar el trabajo judicial en materia de investigación de casos de corrupción, y no otro, mal que le pese a los autores de la nota.
Acá van unos ejemplos:
27/12/2010 http://sincorrupcion.wordpress.com/2010/12/27/de-punto-muerto-a-marcha-atras/
8/6/2010 http://sincorrupcion.wordpress.com/2010/06/08/denuncias-en-tiempos-de-guerra/
21/5/2010 http://sincorrupcion.wordpress.com/2010/05/21/el-fiscal-del-%e2%80%9ckaraoke%e2%80%9d-primero-para-ascender/
Yanina Aballay
Si el objeto del post es debatir sobre la denuncia ante el CPACF, y si la denuncia es por los dichos que transcriben Silvestroni & cia... la verdad, hay que ser muy cagón para hacer una denuncia en el Colegio por eso. Parece claro que las expresiones de las ONG's estaban dirigidas a que no se conceda el recurso de casación, que son dichos vinculados a una presentación de estos abogados y no una "injuria" personal o expresiones referidas a su vida privada.
Como dijo Diegote, QLSC.
Hola,de casualidad leí el articulo y el comentario del Dr. Castelli. Yo soy abogado penalista y me llama la atención como abogados con extensa trayectoria como el mencionado colega, puede juzgar o condenar a otros colegas, por sus clientes o por los casos que defienden. Muchas veces me paso de ver como a jóvenes estudiantes muchos profesores de facultad les transmitían la misma idea,de que hay delitos o personas que no tienen derecho a la defensa. Yo acepto que uno puede elegir los casos que toma,pero de ninguna forma voy a aceptar lo que dice este colega,que por defender a un militar o a un asesino yo podría compartir su ideología. Yo los grandes desafíos de mi carrera y también las grandes satisfacciones las tuve al defender a los denominados enemigos públicos numero uno,y le puedo asegurar que no es fácil desde ningún punto de vista. Así que no me parece correcto juzgar a un colega por los clientes que tiene. También quiero reconocer al Profesor Bovino por su valentía y claridad siempre en dar su opinión,saludos.
Realmente me parecen injuriosos los términos utilizados y que fueron motivo de denuncia ante el CPACF. Encima los sigue ratificando el autodenominado "Doctor Castelli", llegando a la barbaridad de afirmar tangencialmente que si uno defiende a un violador es porque debe tener un violador encerrado. La abogacía es un trabajo, ¿entiende Castelli?, un trabajo y si usted la asumió como otra cosa, lo felicito, pero no puede exigir a los demàs que procedan como usted. Lo suyo es fascismo, implica decir, "los hombres deben estar con mujeres y solo con mujeres, y èl que no lo hace no es un hombre".
Publicar un comentario