30 sep. 2017

DESAPARICIÓN FORZADA EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE IDH




Mucho se ha dicho y se seguirá diciendo a raíz de la desaparición forzada (no forzosa) del joven Santiago Maldonado el 1º de agosto que las partes atribuyen a la Gendarmería. Para ver cuáles son las obligaciones del Estado agentino ante una denuncia de desaparición, recurrimos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el tema, que se puede ver recopilada en el Cuadernillo de jusrisprudencia de la Corte IDH Nº 6, Desapariciones forzadas, y se puede descargar gratis de acá.

Más allá de estas obligaciones internacionales, creemos que haberle atribuido al mismo juez el proceso de habeas corpus y la investigación penal no es lo correcto. Ambos procesos difieren sustancialmente en cuanto a su objeto, y en especial, en los plazos en los cuales deben tramitarse. Si el habeas corpus tiene como objeto principal dar con el paradero de Santiago Maldonado y proteger su vida, su integridad física y su libertad ambulatoria, dicho proceso no puede quedar atado a los tiempos de una investigación penal que podría derivar en la imputación a varias personas de la desaparición forzada del joven artesano, con la consecuente actividad del trámite que permita a todas las partes la defensa de sus derechos.



¿Qué es una “desaparición forzada”?

Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 20106 .

85. La Corte observa que tanto en las definiciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas de las Naciones Unidas, de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, la CIDFP, otros instrumentos internacionales, la jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, las decisiones de diferentes instancias de las Naciones Unidas, así como en el Estatuto de Roma, se señalan los elementos concurrentes constitutivos de la desaparición forzada: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención o de revelar la suerte o paradero de la persona interesada...

Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 200617.

81. ... en su jurisprudencia constante sobre casos de desaparición forzada de personas, la Corte ha reiterado que ésta constituye un hecho ilícito que genera una violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos por la Convención Americana y coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos conexos...

• Ello significa que no es necesaria —como se puede leer por ahí— la existencia de una práctica sistemática como requisito de la desaparición forzada. Es decir que existe desaparición forzada con esos tres elementos: a) privación de libertad; b) por agentes del Estado; y c) negativa a reconocer lo que sucedió.


Gravedad

Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998.

66. La desaparición forzada o involuntaria constituye una de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido. Además, le coloca en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos conexos. De ahí la importancia de que el Estado tome todas las medidas necesarias para evitar dichos hechos, los investigue y sancione a los responsables y además informe a los familiares el paradero del desaparecido y los indemnice en su caso

Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011.

75. La práctica de desaparición forzada implica un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su prohibición ha alcanzado carácter de jus cogens.




La prueba

Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 200529.

106. Este Tribunal hace presente que lo que caracteriza a la desaparición forzada es su naturaleza clandestina, lo que exige que el Estado, en cumplimiento de buena fe de sus obligaciones internacionales, proporcione la información necesaria, pues es él quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio. Por lo tanto, cualquier intento de poner la carga de la prueba en las víctimas o sus familiares se aparta de la obligación del Estado señalada en el artículo 2 de la Convención Americana y en los artículos I b) y II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.

Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010.

168. Por otra parte, la Corte también considera pertinente señalar que los Estados deben dotar a las autoridades correspondientes de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Al respecto, el Tribunal considera que, sin perjuicio de que deban obtenerse y valorarse otras pruebas, las autoridades encargadas de la investigación deben prestar particular atención a la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, que resultan de especial importancia cuando se trata de casos sobre desapariciones forzadas, “ya que esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas”.

Caso González Medina y Familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012.

161. El Tribunal recuerda que uno de los elementos característicos de una desaparición forzada es precisamente “la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada”, por lo cual resulta altamente cuestionable descartar la declaración de testigos con base en la negativa de los oficiales superiores de la dependencia estatal donde se dice que estuvo detenido el desaparecido, sean uno o varios, al respecto. No es lógico ni razonable investigar una desaparición forzada y supeditar su esclarecimiento a la aceptación o confesión de los posibles responsables o autoridades involucradas, o a la identidad o concordancia de sus declaraciones con la de testigos que afirman conocer de la presencia de la víctima en dependencias estatales. La Corte advierte que en la investigación de una presunta desaparición forzada las autoridades estatales deben tomar en cuenta los elementos característicos de este tipo de delito […].

• El tema de la prueba es crucial. En primer término, el juez no puede “quejarse”, como lo hacía Otranto, de que las víctimas no le presentan la prueba. Es su propia obligación la de buscar la prueba, aun cuando intervengan los familiares de la víctima. En segundo término, no se puede ignorar la naturaleza clandestina de una desaparición forzada, ya que parte de la desaparición consiste, precisamente, en negar todo conocimiento de lo que le ha sucedido a la víctima. Es por ello que la posición de Bullrich, al afirmar que nada había pasado porque así se se lo dijeron los propios gendarmes, resulta claramente inaceptable. Por ello, la Corte IDH ha dicho:

No es lógico ni razonable investigar una desaparición forzada y supeditar su esclarecimiento a la aceptación o confesión de los posibles responsables o autoridades involucradas, o a la identidad o concordancia de sus declaraciones con la de testigos que afirman conocer de la presencia de la víctima en dependencias estatales...

• Por estas razones resulta absolutamente impropio que el juez Otranto haya esperado que fuera el ministerio de seguridad quien “interrogara” a los gendarmes respecto de su participación en los hechos denunciados, como también darle al ministerio intervención en el procedimiento y en la investigación. Nótese que, además, la valoración de las declaraciones de mapuches y gendarmes fueron exactamente al revés de lo que dispone la Corte IDH.


Los derechos de los familiares

Caso de los 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004.

188. El derecho de acceso a la justicia no se agota en que se tramiten procesos internos, sino que debe además asegurar en tiempo razonable, el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables.
193. La Corte ha reiterado que no basta con que se prevea la existencia de recursos, si estos no resultan efectivos para combatir la violación de los derechos protegidos por la Convención. La garantía de un recurso efectivo “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”. Esta garantía de protección de los derechos de los individuos no supone sólo el resguardo directo a la persona vulnerada sino, además, a los familiares, quienes por los acontecimientos y circunstancias particulares del caso, son quienes ejercen la reclamación en el orden interno.

Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009.
167. Asimismo, el Tribunal ha señalado que ante hechos de desaparición forzada de personas, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal de los familiares también por la vía de investigaciones efectivas. Más aún, la ausencia de recursos efectivos ha sido considerada por la Corte como fuente de sufrimiento y angustia adicionales para las víctimas y sus familiares. En el presente caso han sido constatadas ante la Corte todas las gestiones realizadas por familiares del señor Radilla Pacheco, con ocasión de su desaparición, ante distintas instituciones y dependencias estatales para determinar su paradero, así como para impulsar las investigaciones correspondientes […].
191. El derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Además, por tratarse de una desaparición forzada, el derecho de acceso a la justicia incluye que en la investigación de los hechos se procure determinar la suerte o paradero de la víctima […].

Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010.

64. Ahora bien, ya que uno de los objetivos de la desaparición forzada es impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, cuando una persona ha sido sometida a secuestro, retención o cualquier forma de privación de la libertad con el objetivo de ocasionar su desaparición forzada, si la víctima misma no puede acceder a los recursos disponibles, resulta fundamental que los familiares u otras personas allegadas puedan acceder a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces como medio para determinar su paradero o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva.

Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009.

64. Luego, puesto que uno de los objetivos de dicha práctica es precisamente impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, una vez que una persona ha sido sometida a secuestro, retención o cualquier forma de privación de la libertad con el objetivo de su desaparición forzada, si la víctima misma no puede acceder a los recursos disponibles, resulta fundamental que los familiares u otras personas allegadas puedan tener acceso a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces como medio para determinar su paradero o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva.

Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparación y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010.

201. Por su parte, la Corte Interamericana ha considerado el contenido del derecho a conocer la verdad en su jurisprudencia, en particular en casos de desaparición forzada. Desde el Caso Velásquez Rodríguez el Tribunal afirmó la existencia de un “derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos”. La Corte ha reconocido que el derecho de los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos a conocer la verdad se enmarca en el derecho de acceso a la justicia...


• En los casos citados se establecen los deberes del Estado en relación con los derechos de los familiares de intervenir en los procedimientos. Es decir que más allá del deber autónomo del Estado de investigar lo que sucedió, se exige un determinado tratamiento a los familares de la persona desaparecida. Se tiene en cuenta cómo la inefectividad del recurso (en el sentido de procedimiento) aumenta la ansiedad y el sufrimiento que padecen los familiares de la víctima.

• La decisión de Otranto de hacer participar en el allanamiento al ministerio de seguridad y, al mismo tiempo, negarle la entrada a los familiares, no solo resultó violatoria del derecho de los familiares sino que, además, puso en peligro la investigación.

• También se señala que el objeto principal del recurso legal que se prevea en el ámbito interno consiste en “determinar su paradero o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva”. La “prudencia” que Otranto le impuso a su investigación manifestó muy poco interés en alcanzar ese resultado.


Deber de investigar

Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988.

177. [La obligación de investigar] debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad...
[…] Se acudió frecuentemente al expediente de pedir a los familiares de las víctimas que presentaran pruebas concluyentes de sus aseveraciones siendo que, por tratarse de delitos atentatorios contra bienes esenciales de la persona, deben ser investigados de oficio en cumplimiento del deber del Estado de velar por el orden público, más aún cuando los hechos denunciados se referían a una práctica cumplida dentro del seno de la institución armada la cual, por su naturaleza, está cerrada a investigaciones particulares...

Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008.

80. El deber de investigar en casos de desaparición forzada incluye necesariamente realizar todas las acciones necesarias para determinar el destino o paradero de la persona desaparecida. Al respecto, este Tribunal ha indicado que sólo si se esclarecen todas las circunstancias en cuanto a la violación, el Estado habrá proporcionado a las víctimas y a sus familiares un recurso efectivo y habrá cumplido con su obligación general de investigar y eventualmente sancionar, permitiendo a los familiares de la víctima conocer la verdad, sobre lo sucedido a la víctima y su paradero.

Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009.

135. En este sentido, este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación —y en algunos casos, la imposibilidad— para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales...

Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010.

215. La obligación de investigar el paradero persiste hasta que se encuentre a la persona privada de libertad, aparezcan sus restos o, en todo caso, se conozca con certeza cuál fue su destino. Al respecto, la Corte resalta que la obligación de investigar a cargo de los Estados en casos de desapariciones forzadas no solamente se limita a la mera determinación del paradero o destino de las personas desaparecidas o a la aclaración de lo sucedido, ni tampoco a la sola investigación conducente a la determinación de las responsabilidades correspondientes y a la sanción eventual por las mismas. Ambos aspectos son correlativos y deben estar presentes en cualquier investigación de actos como los del presente caso.

Asunto Alvarado Reyes y otros respecto México. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de noviembre de 2010.

20. La Corte considera preciso reiterar que cuando haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima o el lugar donde pueda encontrarse privada de libertad. Al respecto, toma nota de las observaciones de los representantes, con respecto a que el tratamiento por parte del Estado del presente asunto como un caso relativo a personas extraviadas o ausentes, en lugar de un caso relativo a una presunta desaparición forzada […] pudiera conllevar limitaciones en la efectividad de las medidas adoptadas por el Estado para dar con el paradero de los beneficiarios...


• Finalmente, la Corte IDH define el contenido de la obligación de investigar toda posible desaparición forzada. Así, entre otras cuestiones, señala: a) que no se le puede exigir a los familiares pruebas concluyentes del hecho que denuncian; b) la importancia de no dejar pasar el tiempo; c) los medios con los que debe contar la autoridad judicial; y d) que no se puede tratar el caso como el de una persona extraviada.

• En fin, pareciera que el juez apartado hubiera leído todo este material para actuar exactamente al revés de lo que la Corte IDH ha dispuesto en casos de desapariciones forzadas...


17 sep. 2017

INSÓLITAS DECLARACIONES DEL JUEZ OTRANTO




Según el diario La Nación, el juez federal Guido Otranto le concedió a ese diario una “entrevista exclusiva” donde se ocupó especialmente de adelantar cuál será su criterio en el caso de Santiago Maldonado.

A continuación algunas de las conclusiones del juez sobre el caso:

“No le encuentro consistencia a la versión de que fue capturado por la Gendarmería”

“La hipótesis de que se podría haber ahogado es una de las opciones que me parecen más razonables, de acuerdo con la interpretación de las pruebas que estoy realizando”

“No veo elementos que me permitan sostener que pudo haber sido herido de gravedad por un disparo a corta distancia o una piedra, por uno o más gendarmes”

“No creo que un exceso explique la desaparición”

“La hipótesis de la piedra o de un disparo con posta de goma no debió haber incidido en que Santiago no hubiera podido cruzar el río”

“Es un elemento de mucha importancia que con la cantidad de muestras dactilares y de ADN no haya surgido ningún rastro positivo que nos haya hecho pensar que Santiago Maldonado haya estado en alguno de esos móviles”

“Hay una [diferencia] fundamental entre dos testigos en cuanto a cómo se produce la salida del vehículo en el cual deberían haber cargado a Santiago Maldonado

“No diría que se armó un relato. Faltaba uno, pero a partir de ahí sí encuentro fisuras. No concuerdan los elementos en que podía haber sido capturado. Hay algo en el relato que no está bien. No cierra”

“Los abogados lo único que tienen son críticas a la investigación, pero aportes de testigos, ninguno. Un habeas corpus no es un proceso contencioso: deberíamos estar todos interesados en descubrir qué pasó”

“No se llega a comprender en su total dimensión cuál es el problema que estamos teniendo con esta comunidad: es extremadamente violenta”

La decisión del juez de salir a adelantar sus opiniones sobre el caso y, además, hacerlo en una entrevista que concedió en exclusiva a un medio en particular, a nuestro juicio, es completamente incomprensible.

Si el juez tenía información que debía ser dada a conocer al público, debió haber dado una conferencia de prensa o publicarla en una página como la del CIJ. Pero resulta inadmisible que las partes deban enterarse de sus conclusiones sobre el caso a través de una entrevista exclusiva a un medio de comunicación privado.

La actitud del juez ha sido cuestionada por todas las partes interesadas en la averiguación del paradero de Santiago Maldonado, y este adelanto de opinión se suma a esos numerosos cuestionamientos. Da la impresión de que lo que realmente está buscando Otranto es sacarse la causa de encima, es decir, que le hagan lugar a la recusación pendiente o a otra por venir...

¿Qué es lo que está diciendo el juez? Veamos.

1) La comunidad mapuche es extremadamente violenta (éste es el principal motivo por el cual debió haberse excusado de intervenir en este procedimiento; sus decisiones previas habían justificado que se reprimiera a los manifestantes).

2) No fue herido gravemente por los gendarmes.

3) La desaparición ni siquiera se puede explicar con la teoría del “exceso”.

4) Los abogados no están interesados en descubrir la verdad, solo se limitan a criticar al juez (los gendarmes y el ministerio de seguridad sí estarían interesados...).

5) No diría que el relato de algunos testigos (los mapuches) fue armado... (pero lo dice...).

6) Hay un diferencia esencial en dos testigos respecto de cómo habría salido del lugar Santiago Maldonado (las declaraciones de los gendarmes, en cambio, parecen ser consistentes).

7) La piedra o el disparo no pudieron haber evitado que Santiago cruce el río (los gendarmes resultan ajenos al hecho).

8) Santiago Maldonado se ahogó (los gendarmes resultan ajenos a ese hecho)

9) No se explica la falta de huellas dactilares o de material para obtener ADN (a pesar de que Gendarmería hizo lavar todos los vehículos).


La idea parece estar clara... (y las ganas del juez de que lo designen en el tribunal de juicio de Gral. Roca también). Aquí no pasó nada vinculado con la conducta de la Gendarmería ni de un gendarme. Ni Patricia Bullrich se animó a tanto...





ADDENDA


-->
Algunas de las manifestaciones que comentáramos ayer no era todo lo que el juez Otranto había dicho. Hoy apareció la segunda parte de la entrevista. 

En esta segunda parte, el juez le “dice” a los padres de Santiago que se queden tranquilos, que él está haciendo una investigación seria y objetiva, con mucha “prudencia”. El juez parece olvidarse de que la finalidad de su investigación consiste en encontrar con vida a Santiago Maldonado, no en determinar la verdad de lo sucedido dentro de cinco meses.

La “prudencia” del juez provocó la intervención de la Gendarmería y del Ministerio de Seguridad en el procedimiento, y en todo momento, la obstaculización de la investigación.

Con la sutileza de un elefante en un bazar, La Nación preguntó:

¿Quién le pidió eso, el CELS?

-Sí, los organismos denunciantes. Pedían dos cosas: primero que saque a la Gendarmería del lugar y de la custodia de la ruta 40. Ese era un reclamo constante. Y por otro lado, que secuestre armamentos, vehículos, tipos de comunicación de todos los escuadrones: Bariloche, Esquel, El Bolsón, José de San Martín y Comodoro Rivadavia. A mí me pareció una imprudencia y no lo hice. Esta misma prudencia que estoy teniendo ahora con si hace falta ingresar nuevamente a la comunidad.

Usted dijo que en el Hábeas Corpus todas las partes deberían unirse para encontrar a Santiago. ¿Percibe que no se trabaja en esa dirección?

Creo que hay partes que están más interesadas en cuestionar la investigación que en colaborar. Lo vi desde el primer momento como estrategia, cuando me decían: “Si usted no secuestra ya todos los vehículos, las armas y equipos de comunicación, se pierde una prueba crucial y cualquier medio de investigación a ser inefectiva”. Hoy están trabajando sobre eso, pero le restan credibilidad a la prueba de ADN.

Las siguientes tres preguntas de La Nación también son llamativas por su “objetividad”, especialmente si se tiene en cuenta que ninguna de las restantes preguntas se refiere a la actuación de la Gendarmería en el hecho y después del hecho.

¿Usted observó que al inicio hubo un mayor énfasis en instalar una investigación como desaparición forzada que de buscar realmente a Maldonado?

¿La comunidad plantó pruebas?

La desaparición de Santiago sucedió días antes de las PASO. ¿Considera que esa desaparición podría obedecer, en algún punto, a un armado político para incidir en un proceso eleccionario?


La cuestión de la “imprudencia” es esencial. No se trata de no herir las susceptibilidaddes de Gendarmería. Apartar a la fuerza de seguridad denunciada del lugar y de la  custodia de la ruta cerca de la cual ocurrió el hecho denunciado era algo básico. Y no depende de la menor o mayor “prudencia” del juez. El objeto del habeas corpus consiste en encontrar al joven desaparecido lo antes posible.

No se trata de determinar fehacientemente la participación de Gendarmería en la desaparición. Se trata, en los primeros momentos —que son cruciales en casos de desaparición forzada—, de actuar prontamente para proteger a la persona que se está intentando localizar. Las medidas a tomar no depende de la "sana discreción judicial". Existen protocolos para investigar este tipo de hechos. A modo de ejemplo, se puede ver la recopilación de jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de desaparición forzada, donde se establecen los deberes del Estado para estos casos

El juez describe el pedido del CELS y de los demás organismos como si se tratara de algo descabellado. Las medidas solicitadas, de haberse realizado inmediatamente, podrían haber localizado elementos de prueba que ahora, por la “prudencia” del juez, ya no  existen. Eso sucedió, por ejemplo, con los mensajes borrados de los celulares de los gendarmes, como también con el hecho de que se dio tiempo suficiente para lavar los vehículos y así eliminar posibles rastros de material genético o de huellas dactilares.


-->
La obsecuencia de La Nación para hacer las  preguntas que el juez necesita para justificar su deficiente actuación resulta patética.





Se pueden leer críticas al trabajo del juez en medios de todos los colores...