31 may. 2011

ENTREGA DE PREMIOS "PETISO OREJUDO"













Aquí todos los ternados y los ganadores









El 28 de mayo a partir de las 23, en el local de Av. Caseros 3033 se realizó la FIESTA #PORLAJUSTICIA, a fin de anunciar y premiar a los ternados y a los ganadores del los PREMIOS PETISOS OREJUDOS, entregados por el grupo #PORLA JUSTICIA. Los resultados de la nominación y posterior decisión de parte de los lectores del blog, fueron los siguientes.



Los resultados

Categoría juez o jueza de primera intancia (ternados)

María Romilda Servini de Cubría

Octavio Aráoz de Lamadrid

Norberto Oyarbide

Ganador: Norberto Oyarbide



Categoría exabrupto judicial

Rosa Elsa Parrilli

Alfredo Bisordi

Alfredo Barbarosch

Ganador: Alfredo Bisordi



Categoría juez o jueza de tribunal de apelaciones

A. Villordo y M. S. Oyhamburu

Alfredo Barbarosch

Carlos A. Bellucci

Ganador: Alfredo Barbarosch






Categoría tribunal de casación

Bisordi, Catucci y Rodríguez Basavilbaso

Alfredo Bisordi

Liliana Catucci y Eduardo Riggi

Ganadores: Liliana E. Catucci y Eduardo Riggi





Categoría Especial

Pedro Federico Hooft

Eduardo Pettigiani

Laura Inés Cosidoy

Ganador: Pedro Federico Hooft




Categoría Juez o jueza de tribunal de juicio

Federico Xavier Tuya

Obligado, Gordo y Faría

Juan Velázquez

Ganador: Federico Xavier Tuya




Categoría Orejudo de último momento


René Goane: por su misoginia






Categoría juez o jueza de superior tribunal

Lorenzetti, Highton, Maqueda y Fayt

José R. Cáceres

Lorenzetti, Highton y Maqueda

Ganador: Lorenzetti, Highton, Maqueda y Fayt


27 may. 2011

DENUNCIA A TORRES EN EL CONSEJO




Denuncia Torres

25 may. 2011

PRESTANDO DECLARACIÓN INDAGATORIA






Ejercicio en el Curso de Garantías

HAY JUECES... Y JUECES




Querid@s Amig@s

Ha llegado a mi conocimiento (directo) la existencia de presiones para censurar la realización de la Fiesta por la Justicia y me parece una verdadera vergüenza que se trate de acallar esta forma de expresión pública de las ideas sobre el desempeño de funcionarios públicos que tienen el deber de dar cuenta ante la sociedad de sus actos. Mucho más cuando esas presiones se encuentran dirigidas a personas que por diversas circunstancias no tienen la posibilidad de resistirlas.

La sociedad democrática necesita de la crítica pública. Ésa es la forma en que podemos revisar nuestros actos y ser cada día mejores. No se crece con prohibiciones y silencio.

Reciban todo mi apoyo personal y a no bajar los brazos!!!

MARIO JULIANO

24 may. 2011

Escrito de excarcelación y recusación de Mariano Silvestroni





Ver también este enlace.

Solicitan excarcelación y recusan

FASCISMO SALUDABLE AL DESNUDO





¿Se puede fumar aquí?

Entra en vigor en Nueva York la prohibición de fumar en parques, playas públicas y plazas peatonales

Sandro Pozzi para El País - 23/05/2011

Aviso para fumadores, sobre todo para los estén de paso: a partir de hoy entra en vigor en la ciudad de Nueva York la prohibición de fumar en zonas verdes como Central Park o el High Line, las playas públicas de Coney Island y espacios ganados al asfalto como las nuevas zonas peatonales en Times Square y Herald Square. La multa por dar una caladita ronda los 50 dólares (unos 35 euros).

Es la última medida de Michael Bloomberg en su cruzada por hacer de la ciudad de los rascacielos un ejemplo de la vida sana. Una batalla que comenzó en bares y restaurantes, y que salta a los espacios abiertos. "Este verano, los neoyorquinos que vayan a los parques y playas a divertirse podrán respirar un aire más limpio y no tendrán que sentarse sobre colillas", dijo el alcalde.

...

Hay incluso comunidades de vecinos, como en el acomodado barrio del Upper West Side, que están dando los primeros pasos para prohibir el consumo de tabaco dentro de los apartamentos. Algunos edificios dedicados exclusivamente al alquiler ya obligan a los nuevos inquilinos a firmar una cláusula que cita expresamente que no podrán fumar.

(ver nota completa)


La versión antifumadora de una nueva Ley Seca

Estas medidas son una total y absoluta locura. A todos los que nos decían: "En sus casas pueden fumar"... ¿que nos dirán ahora?

"Agradezcan que les permitimos vivir?"

Ninguna de estas medidas son legítimas. El cigarrillo sigue siendo un producto lícito, ¿y ni así lo puedo consumir en la soledad de mi casa?

Ya falta poco...

Un día de estos algún representante del Comité "SALUD O MUERTE" golpeará a las 6:30 AM a su puerta, para obligarlo a hacer ejercicios físicos. Cuando lo lleven por la fuerza a hacer ejercicio y a respirar el aire puro que supieron conseguir, entenderá de qué se trata todo esto.

Y si son tan desvergonzados como para mirar hacia uno de nosotros y pedir ayuda, me hará feliz decirles: ¡qué se jodan!


¡ADIVINE QUIÉNES ESTÁN "MOLESTOS" #PORLAJUSTICIA?





¿QUIÉNES ESTÁN MUY MOLESTOS
POR LOS PREMIOS "PETISOS OREJUDOS"?





• El PEN


• El Ministerio Público Fiscal

• El Ministerio Público de la Defensa

• Algunos miembros del poder judicial

22 may. 2011

¡LARGÓ LA VOTACIÓN DE LOS PETISOS OREJUDOS!

VISITE EL BLOG #POR LA JUSTICIA Y VOTE







El clik de la foto no anda, este click

21 may. 2011

LOS OREJUDOS CON CANALETTI EN TN

LARGÓ CANALETTI










OTRA, ESTA VEZ GRACIOSA, PARA ENTRETENERSE

¿ESTOY DE LICENCIA?








SOLICITA LICENCIA (A VER SI PINTAN MAXI Y CRISTIAN)

Necesito una semana de licencia
para trabajar en otro blog (están invitados)









Les dejo este videíto para que se alegren el güikén



16 may. 2011

SALUDOS DEL GRANDE DEL PROF. EDUARDO PESCE

ALLÍ ESTAREMOS CUANDO DISPONGA,
PERO YO NO BEBO ALCOHOL...



Desde Montevideo, Universidad de la República



14 may. 2011

PAPÁ Y EL DERECHO CANÓNICO

SOMOS UNA FAMILIA MUY NORMAL








Mi padre conoció a mi madre cuando ella tenía 27 años y él 47. Nadie sabe muy bien por qué, pero parece que mi madre lo enamoró y, dado que el viejo era separado, se fueron a vivir en pecado porque no podían casarse por civil ni por Iglesia. Con el tiempo se desquitaron —si es que se puede llamar así—, pues luego se casaron cinco veces sin haberse separado. Primero se casaron en Young (Repúbica Oriental del Uruguay), y también en Paraguay y en México.


Ninguno de esos tres matrimonios era válido en la Argentina medieval pre-ley de divorcio. Aprobada la ley de divorcio en 1987, se casaron por cuarta vez, más de treinta años después de vivir juntos. Por último, cuando falleció la primera esposa de mi padre, él accedió al deseo de ella de casarse por iglesia.


Mamá se dice católica practicante, pero el viejo era agnóstico de los de verdad, creo que la existencia de Dios le resultaba totalmente intrascendente. Pero para casarse debía confesarse —sin aclarar que ni sabía si había sido bautizado alguna vez—.


La confesión fue un tanto bizarra, y tan normal como toda mi familia. En primer lugar, fue a domicilio. Papá hizo pasar al cura al escritorio que tenía en casa y escuchó al cura que le explicaba que para poder casarse tenía que contarle todos los pecados cometidos en sus 80 años de vida, y arrepentirse de ellos.


Papá meditó un rato e hizo una contraoferta:


"Mire Padre, si tenemos que hacer esos que Usted dice necesitaremos por lo menos un par de semanas, ¿por qué no nos tomamos unos whiskys y me absuelve, así, cómo decirlo, en general?".


Por supuesto, tomaron el whisky y recibió su absolución generalizada. A los pocos días, se casaron con el mismo cura, que era del Colegio donde estudiaba uno de mis sobrinos. En el medio de una clase con otro cura, mi sobrino ve entrar al cura confesor que le dice:


"Rodrigo, salí de clase y vení conmigo que se casan tus abuelos...".

13 may. 2011

MARIANO BERTELOTTI Y EL JUEGO DE LAS MADERITAS

CURSO DE RÉGIMEN PROCESAL PENAL





Para entender mejor el juego, ver antes esta entrada




10 may. 2011

NOS ESTÁN MIRANDO




Si bien veníamos con un promedio de lectores muy alto para ser un blog creado hace unos días, desde la publicación de la nota en Diario Judicial, el nivel de entradas ha aumentado de forma exponencial. Anoche a la 1:10 AM se habían leído 3.446 páginas.







Hoy a las 17:01 —es decir, prácticamente 16 horas más tarde, ésta es la cantidad de lecturas:





Es decir, 3.566 lecturas en 16 horas. ¡Vamos por más!

7 may. 2011

BIENVENIDOS LOS ANÓNIMOS





Debido a que muchas personas desean enviar fallos de candidateables al PETISO OREJUDO, pero sienten temor de dar sus nombres —sea porque trabajan en el poder judicial, o porque litigan ante los tribunales candidateables—, hemos decidido que a pedido expreso de quien envía la postulación al PETISO de alguna ilustrada figura del poder judicial argentino-uruguayo, no publicaremos su nombre.


Pero solo lo haremos si quien solicita anonimato nos informa correctamente su nombre en la solicitud, además de los requisitos restantes (ver aquí).


Hemos tomado esta decisión debido al razonable temor que sienten varias personas, cuestión sobre la cual nos han informado. Por este lamentable motivo, para no cometer la injusticia de dejar a ningún candidateable fuera de carrera, no daremos a publicidad a quienes lo o la postulan.


Saludos,


#PORLAJUSTICIA

FALLO DE CATUCCI & RIGGI S.A. QUE LOS LLEVA A LA NOMINACIÓN DEL “PETISO OREJUDO”

Los casadores siguen haciendo lo que quieren









Navegando por allí y por aquí, ingresé en la página web del Poder Judicial de la Nación. Por esas cosas de la vida, advertí una sección llamada “Fallos destacados”, e ingresé en ella, con la secreta esperanza de no tener que leer nada de mi querida amiga Liliana Elena. Sin embargo, El cuarto fallo en orden de arriba hacia abajo, sobre “tenencia de estupefacientes*, llamó mi atención y me condujo a la postulación de la querida Liliana Elena y su cómplice, muy a mi pesar.



¿De qué se trata? Se sobresee en el Tribunal Oral a tres jóvenes que habían sido detenidos antes de entrar a la cancha de fóbal con unos porros, por aplicación de la doctrina de la CSJN ratificada en “Arriola”.



La fiscal de cámara —que parece que mucho laburo no tiene— impugna esa decisión debido a la arbitrariedad del fallo, invocando el art. 456, inc. 2 (violación de reglas formales) que “se traduce en una errónea aplicación de la ley sustantiva en los términos del artículo 456 inciso 1º del C.P.P..” (Liliana Elena dixit).



Parece que la fiscal, ante la duda, se mandó con todas: arbitrariedad, errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 456, inc. 1) y vicios de procedimiento (art. 456, inc. 2). En primer término, deseamos destacar el hecho de que para lograr que L.E. conceda a la defensa un recurso por arbitrariedad, uno tiene que ser su primo, se debe tratar de la defensa de un funcionario o de un miembro de las fuerzas des seguridad. Si no, ni lo intenten.



En segundo término, debemos destacar el “pequeño detalle” de que la casadora carecía de competencia para revisar la decisión, pues según lo expresa Ángela Ledesma en su voto disidente:



“… corresponde rechazar el recurso de casación… [pues] una lectura integral del del capítulo referido al recurso de casación en el CPPN me permite concluir que el acusador público no se encuentra facultado para impugnar esta decisión atento a las limitaciones existentes en el artículo 458 del ordenamiento procesal” .



Por último, nuestra amiga L.E. sella su merecida nominación, luego de afirmar que está aplicando el fallo “Arriola”, del siguiente modo:



“Pues más allá de la escasa cantidad de marihuana secuestrada, el espacio público donde fue incautada permite afirmar que su conducta ha trascendido el ámbito privado protegido por el artículo 19 de la ley fundamental, y los lineamientos del mencionado fallo ‘Arriola’” (destacado agregado).


En el segundo voto, el amigo Eduardo Rafael dijo que habría de compartir los argumentos de L.E. y en consecuencia, revocar el sobreseimiento de los tres imputados.


¿¿¿¿¿¿Qué argumentos???????? Los jóvenes tenían el porro en sus ropas, no estaban fumando. ¿Dónde está “el peligro concreto o daño a derechos o bienes de terceros” exigido en “Arriola” que L.E. cita en su propio voto?



Una vez más, los casadores hacen lo que les viene en gana invocando expresamente doctrinas de fallos de la CSJN. Es esta práctica sistemática de la lucha de poder entre la CNCP y la CSJN la que condujo a que esta última dictara el fallo “Casal” para que se respete el derecho del imputado a impugnar la sentencia penal condenatoria (art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Una vez más, los casadores le mojan la oreja a la Corte.




Causa "Santana" Sala III de la CNCP

* Causa nº 12.313, “Santana, Claudio Mauricio y otros s/rec. de casación”, Sala III.

6 may. 2011

AMICUS PRESENTADO POR PENSAMIENTO PENAL





Amicus APP EN "Jiménez Manrique Edston"

PARA LOS ANTIFUMADORES QUE LO MIRAN POR TV

CONSECUENCIAS DE LA POLÍTICA ANTIFUMADORES







Parece que las arremetidas del fascismo saludable, con la imposición de "deberes de expresión" que desinforman y Otras maneras de hacer campañas de desinformación, y más campañas, ha logrado exactamente lo contrario de lo que se propone.

Ahora algunas tabacaleras utilizan los mismos métodos terroristas como campañas de marketing. Y eso se pudo ver ayer, en pleno centro porteño, con el lanzamiento de una marca de cigarrillos denominada DE PUTA MADRE.







Aquí se puede ver cómo las rubias modelos con la camiseta que lleva la marca de los cigarrillos muestran, también, palabras tales como "cancer" o "infarto".



En una nota titulada FAMOSOS EN POLÉMICA CAMPAÑA PARA PRESENTAR UNA MARCA DE CIGARRILLOS se informa:


Este jueves 5 de mayo a las 12 hs., cerca de 30 famosos se darán cita en el Obelisco porteño para presentar la primera marca argentina de cigarrillos que tendrá en su envase una imagen ilustrativa de advertencia sobre el consumo del tabaco y los riesgos de sufrir un infarto, entre otras enfermedades.


Los cigarrillos “De Puta Madre” exhibirán en su envase la siguiente frase: “Sabías…? que cada cigarrillo que fumás aumenta las probabilidades de tener un INFARTO? No sólo para vos, sino para los que te rodean”. Acompañando a esta leyenda aparecerá la foto de un bebé recién nacido, junto con el siguiente mensaje: “¿Sabías que el HUMO de tabaco los ahoga y enferma?”. Y en la parte inferior del paquete se lee la palabra CÁNCER.


En la presentación de los cigarrillos “De Puta Madre”, que se desarrollará en el cruce de las calles Corrientes y 9 de Julio, ciudad de Buenos Aires, estarán el boxeador Rodrigo “La Hiena” Barrios, Aníbal Pachano, José María Muscari, Eunice Castro, Nazarena Vélez, Carlos Nair Menem, la “enana” Noelia Pompa, Guido Süller y Tomasito, Oggi Junco, Jacobo Winograd, Juan Pablo Bataglia, Joaquín Starosta, Luis Bremer, Juan Acosta, Pablito Ruiz, La Tota Santillán, Ricardo García, Jezabel Jacuzzi, Electra, Juan “Coqui” Jacuzzi, Adriana Aguirre, Pablo Cabaleiro, Valeria Britos, Marcelo de XT, Sabrina Ravelli y Mariana de Melo.


En el evento habrá un desfile y varios shows que se desarrollarán en un escenario montado a tal fin. Además se regalarán medio millar de remeras y atados de cigarrillos “De Puta Madre” a quienes se acerquen al lugar.



Lo más paradójico es lo que en la misma nota se informa a continuación:


Para este emprendimiento, la empresa “De Puta Madre”se unió con la Fundación Marie Curie que se dedica a la promoción de la docencia e investigación en Radioterapia Oncológica, Oncología Clínica, y otras áreas relacionadas a ciencias de la salud.


Las tabacaleras y la industria médica hacen negocios juntos.


¿Y la salud de los fumadores y no fumadores?


Bien, gracias...


Las dos últimas fotografías fueron enviadas por Juan Ángel Vásquez

5 may. 2011

#PORLAJUSTICIA

Fiesta #PORLAJUSTICIA

28 de mayo de 2011 – 23 horas

Av. Caseros 3033

Organiza: Blog http://fiestajusticia.blogspot.com/




Damas: gratis

Caballeros: también



Un montón de preguntas


¿Por qué hacemos este blog? ¿Quiénes somos? ¿Por qué esta propuesta? ¿Por que los premios? ¿Por qué una fiesta? ¿Qué celebramos?


Leer la entrada completa

3 may. 2011

DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN


COMUNICADO DE PRENSA R40/11 RELATORÍA ESPECIAL LLAMA A ESTADOS DE LAS AMÉRICAS A IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES NECESARIAS PARA FORTALECER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN


Washington D.C., 3 de mayo de 2011.- En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce los importantes avances alcanzados en algunos Estados de la región en materia de lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra los y las periodistas, así como progresos en los marcos legales referentes a la libertad de expresión. En particular la Relatoría Especial reconoce que en la mayoría de los Estados de la región se ha derogado el delito de desacato y existe una marcada tendencia a despenalizar los delitos contra el honor cuando se trate de informaciones críticas u opiniones acerca de actos u omisiones de funcionarios públicos.


Sin embargo, como lo advierte en el informe anual 2010, lamentablemente se ha incrementado la violencia y el hostigamiento contra los y las periodistas en algunos Estados. Solo en 2010, la Relatoría Especial registró en la región la muerte de 26 comunicadores que podrían estar relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión y múltiples hechos de agresión, amenazas y criminalización relacionados con el ejercicio de este derecho. También ha existido un aumento en la aplicación de las normas penales y la solicitud de medidas civiles desproporcionadas contra quienes, en ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de opinión y expresión, han criticado a las autoridades públicas. Finalmente, continúan presentes desafíos fundamentales en materia de diversidad y pluralismo en el debate democrático sin que existan políticas adecuadas en todos los Estados para evitar la existencia de monopolios públicos o privados en la propiedad y/o el control de los medios de comunicación, ni medidas especiales que faciliten el acceso de los grupos marginados o discriminados al debate público.


Ante esta realidad la Relatoría Especial considera necesario y oportuno en este día recordar a los Estados de la región la importancia de implementar una serie de recomendaciones ya señaladas en el Informe Anual de la Relatoría Especial del año 2010, necesarias para hacer real y efectivo el derecho a la libertad de expresión en el hemisferio y evitar que hechos de naturaleza grave se repitan, con el consiguiente deterioro de la democracia y de la protección de los derechos humanos:

1. En cuanto a la violencia contra periodistas y medios de comunicación:



a. Realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social. También deben investigarse adecuadamente estos crímenes cuando son cometidos con el propósito de silenciar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de cualquier individuo. En este sentido, deben adoptarse las medidas necesarias para lograr el avance en las investigaciones, así como la creación de cuerpos especializados y protocolos especiales de investigación.


b. Juzgar por tribunales imparciales e independientes a todos los responsables de los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación por causa del ejercicio de la libertad de expresión, y reparar adecuadamente a sus víctimas y familiares.


c. Condenar públicamente estos hechos para prevenir acciones que fomenten tales crímenes.


d. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes son agredidos y amenazados por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ya sea que estos actos provengan de agentes del Estado o que sean cometidos por particulares.


e. Adoptar las medidas necesarias para que los comunicadores sociales en situación de riesgo que debieron desplazarse o exiliarse puedan retornar a sus hogares en condiciones de seguridad. Si estas personas no pudieran regresar, los Estados deben adoptar medidas para que puedan permanecer en el lugar elegido en condiciones dignas, con medidas de seguridad y con el apoyo económico necesario para conservar su trabajo y sus relaciones familiares.


2. En cuanto a la criminalización de la expresión e impulso de la proporcionalidad en las sanciones ulteriores:


a. Promover la derogación de las leyes que consagran el desacato, cualquiera sea la forma en la que se presenten, dado que estas normas son contrarias a la Convención Americana y restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático.


b. Promover la modificación de las leyes sobre difamación criminal a fin de eliminar la utilización de procesos penales para proteger el honor y la reputación cuando se difunde información sobre asuntos de interés público, sobre funcionarios públicos o sobre candidatos a ejercer cargos públicos.


c. Promover la modificación de las leyes sobre injuria de ideas o de instituciones a fin de eliminar el uso de procesos penales para inhibir el libre debate democrático sobre todos los asuntos.


d. Establecer regulaciones claras que garanticen el ejercicio legítimo de la protesta social y que impidan la aplicación de restricciones desproporcionadas que puedan ser utilizadas para inhibir o reprimir expresiones críticas o disidentes.


e. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.


3. En cuanto a las manifestaciones de altas autoridades estatales con base en la línea editorial:


a. Incentivar el debate democrático a través de declaraciones, prácticas y políticas pública que promuevan la tolerancia y el respeto a los periodistas y comunicadores, cualquiera sea su pensamiento o ideas.



b. Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. En particular, evitar las declaraciones que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.


4. En cuanto a la censura previa:


a. Eliminar cualquier norma que habilite la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, y también cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión, tales como las exigencias previas de veracidad, oportunidad e imparcialidad en la información.


5. En cuanto a la asignación discriminatoria de la publicidad oficial:


a. Abstenerse de utilizar el poder público para castigar o premiar a medios y comunicadores, en relación con su línea editorial o la cobertura de cierta información, ya sea a través de la asignación discriminatoria y arbitraria de la publicidad oficial u otros medios indirectos encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, así como regular estos asuntos de conformidad con los estándares interamericanos expuestos en los informes de la Relatoría Especial.


6. En cuanto a los avances en materia de acceso a la información:


a. Continuar promulgando leyes que permitan el acceso efectivo a la información y normas complementarias que regulen su ejercicio, de conformidad con los estándares internacionales en dicha materia.


b. Garantizar efectivamente, tanto de iure como de facto, el habeas data a todos los ciudadanos, por ser elemento esencial de la libertad de expresión y del sistema democrático.


c. Propiciar la implementación efectiva y eficiente de las normas de acceso a la información, capacitando adecuadamente a los funcionarios y formando a la ciudadanía en aras de erradicar la cultura del secretismo y con la finalidad de otorgar a los ciudadanos las herramientas para realizar un efectivo monitoreo del funcionamiento estatal, la gestión pública y el control de la corrupción, esenciales en el proceso democrático.


7. En cuanto a la asignación de frecuencias radioeléctricas:


a. Adoptar las medidas necesarias para evitar los monopolios públicos o privados en la propiedad y/o el control de los medios de comunicación, en los términos definidos por los estándares internacionales, incluyendo el Principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.


b. Adoptar legislación que asegure criterios transparentes, públicos y equitativos para la asignación de frecuencias radioeléctricas y del nuevo dividendo digital. Esta legislación debe tomar en cuenta la situación actual de concentración en la propiedad de los medios de comunicación, y asignar la administración del espectro radioeléctrico a un órgano independiente, sometido al debido proceso y al control judicial.


c. Promover políticas y prácticas efectivas que permitan el acceso a la información y la participación igualitaria de todos los sectores de la sociedad para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño y la toma de decisiones sobre políticas públicas. Asimismo, adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar el pluralismo, incluyendo leyes antimonopólicas.


d. Legislar en materia de radiodifusión comunitaria, de manera que se destine una parte equitativa del espectro y del dividendo digital a las radios y canales comunitarios. Al asignar estas frecuencias deben tomarse en cuenta criterios democráticos que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los individuos en el acceso y la operación de estos medios en condiciones de equidad, sin restricciones desproporcionadas o irrazonables, conforme al principio 12 de la Declaración de Principios y la “Declaración Conjunta sobre diversidad en la radiodifusión” (2007).


e. Iniciar esfuerzos regionales para la regulación de las facultades estatales de control y vigilancia y de asignación de bienes o recursos públicos relacionados directa o indirectamente con el ejercicio de la libertad de expresión. En este punto, la tarea es ajustar los marcos institucionales a dos propósitos fundamentales: prevenir la posibilidad de que las facultades estatales sean utilizadas para premiar o castigar a los medios según su línea editorial y, de otra parte, fomentar el pluralismo y la diversidad en el debate público.


Para más información acerca de la Relatoría Especial visite: http://www.cidh.oas.org/relatoria/

LA ACCIÓN PENAL NO PUEDE ESTAR PRESCRIPTA EN LA CAUSA LAPA

LA FIGURA PENAL APLICABLE
EN LA CAUSA LAPA






La Cámara de Casación Penal confirmó hoy la absolución de los principales directivos de la ex empresa aérea Lapa, en relación con el accidente del avión en el que murieron 65 personas el 31 de agosto de 1999.


El fallo confirmó además los tres años de prisión en suspenso de los dos únicos condenados por el delito de estrago culposo: el ex gerente de operaciones de LAPA, Valerio Diehl y al ex jefe de la línea 737, Gabriel Borsani.


...


"Esto no sorprende en lo más mínimo, pedirle a un Tribunal que ha sido permisivo con la tragedia de la defensa para hacer prescribir la causa. Esto fue un plan criminal para poder ahorrar costos. No puedo creer en la justicia", sostuvo Enrique Piñeiro, cineasta y ex piloto de la compañía.


Ver nota completa en ElArgentino.com

IV. Calificación legal

IV. 1. Estrago culposo



I. Los imputados Gustavo Andrés Deutsch, Ronaldo Patricio Boyd, Nora Silvia Arzeno, Alfredo de Víctor, Valerio Francisco Diehl, Fabián Mario Chionetti, y Gabriel María Borsani, deben ser juzgados por su responsabilidad en la causación culposa de las muertes y lesiones de las víctimas que sus actos produjeron. Según el texto del artículo 196 del CP:


Artículo 196: Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este capítulo.

Si del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de uno a cinco años (texto según Ley 25.189, destacado agregado).


Dado que debemos tener en cuenta el tipo penal vigente al momento del hecho, la figura básica preveía una pena de prisión de seis meses a dos años, mientras que el tipo agravado establecía una escala de uno a cuatro años de prisión.


Desarrollaremos, a continuación, los argumentos que justifican por qué los imputados deben ser vinculados —al menos— a este procedimiento como responsables en calidad de autores de la figura de estrago culposo prevista en el artículo 196 del Código Penal.


La estructura del tipo culposo presenta diversas particularidades. La responsabilidad culposa de los imputados en este caso concreto ha consistido en “causar un desastre aéreo” (arts. 196, párr. I, y 190, párr. II). La figura básica enunciada, en este caso particular, se agrava por la calificante del segundo párrafo del art. 196, pues a consecuencia del hecho han resultado lesionadas múltiples víctimas y han resultado muertas más de sesenta personas.


Los elementos del tipo penal imprudente han recibido distintas denominaciones en el desarrollo dogmático, y siempre ha generado discusión la cuestión referida a la determinación de sus elementos esenciales. Roxin señala, en este sentido, que:


“[c]uando nos preguntamos por los elementos de contenido de la conducta imprudente, nos topamos en la jurisprudencia y en la doctrina científica con una profusión de elementos diferentes”[1].


Sin embargo, si dejamos de lado diferencias terminológicas, resulta posible sintetizar los diversos elementos que integran el tipo culposo según la doctrina dominante.


Teniendo en cuenta la definición del estrago imprudente, regulada en el art. 196, CP, podemos sostener que para que en nuestro derecho se pueda responsabilizar a alguien por esta figura culposa se requiere la verificación de los siguientes elementos:


• Un comportamiento activo u omisivo voluntario que se realiza sin intención de causar el desastre aéreo (art. 196, CP).


• El comportamiento debe violar un deber objetivo de cuidado y aumentar el riesgo de afectación del bien jurídico más allá de lo permitido.


• La causación del desastre aéreo debe ser consecuencia de la acción contraria al deber objetivo de cuidado.


Por otra parte, para aplicar la agravante del segundo párrafo del artículo 196 del Código Penal se requiere, además, que:


• Del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona.


Para la verificación de estos elementos, se utiliza criterios eminentes normativos. En este sentido, Roxin señala:


“... para constatar la realización imprudente de un tipo no se precisa de criterios que se extiendan más allá de la teoría de la imputación objetiva”[2].


En este sentido, se señala:


“... lo fundamental y básico en el delito culposo es una consideración global objetiva-normativa, ya que el elemento esencial típico que lo define es la falta del cuidado requerido en el ámbito de relación [nota omitida]. Luego no hay una culpa natural u ontológica, sino que siempre surge de un sistema de relaciones que exige un determinado cuidado...”[3].


“La falta de cuidado requerido en el ámbito de relación es un concepto objetivo, porque surge desde el ordenamiento jurídico en su conjunto y su regulación de la vida social, y es normativo o valorativo, porque se deriva de la valoración que le merece una determinada acción dentro de un ámbito situacional determinado. El problema de la atribución consiste, fundamentalmente, en atribuir normativamente, conforme al cuidado exigido, una determinada situación dentro del ámbito situacional descripto por el tipo legal...”[4].


II. Queda claro, entonces, que el elemento central de carácter normativo que integra el tipo culposo consiste en una acción u omisión que viola un deber objetivo de cuidado.


Es indispensable destacar que, tanto por las particulares circunstancias de los hechos objeto de este procedimiento, como por la relación jerárquica existente entre los eventuales responsables de los hechos objetos de este procedimiento, los parámetros normativos de la imputación pueden presentar algunas variaciones respecto de los casos comunes.


De hecho, el principio de organización de las estructuras jerárquicas, el deber de obediencia en el ámbito de las relaciones comerciales propias de la estructura de sociedades de capital tales como la sociedad anónima, y la definición del incumplimiento deliberado de la orden de un superior como infracción laboral, en estos contextos, alteran los principios generales de la imputación por el hecho punible de un tercero.


Así, mientras el deber de cuidado del subordinado se limita, en principio, a la esfera reducida de su propia competencia funcional, el deber de cuidado del superior comprende, precisamente, la determinación adecuada del ámbito de actuación de sus subordinados. De modo similar funciona la competencia funcional del superior en la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas.


En supuestos como el que se investiga en autos, el deber de los imputados incluía, entre otras acciones, definir con precisión qué medidas debían adoptarse para respetar el principio rector de la actividad comercial a la que se dedicaba la empresa aérea LAPA: el principio de seguridad en el vuelo.


III. Luego de esta breve introducción, veamos qué hechos se le atribuyen a los imputados para afirmar que son probablemente responsables de la comisión de la conducta descripta en la figura de estrago culposo prevista en el art. 196, CP.


Antes de ello, es indispensable señalar que la teoría de la autoría y participación no es aplicable a la responsabilidad culposa como sucede en el ámbito de las figuras dolosas. Así, se afirma:


“Como ya dijimos, la fórmula del dominio del hecho no es aplicable al autor culposo… ya que justamente no tiene tal dominio; autor culposo es, por tanto, sólo aquel que no aplica el cuidado debido requerido en el ámbito de relación” (Bustos Ramírez, Derecho penal. Parte general, cit., p. 295).


“… Luego, como no hubo una conducta dirigida a ese resultado, no pudo haber ni autor ni partícipe, sino sólo causantes” (Zaffaroni, Eugenio R.; Alagia, Alejandro; y Slokar, Alejandro, Derecho penal. Parte general, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 757).


Trataremos de ser sintéticos, pues los distintos hechos que se le atribuyen a cada uno de los imputados como causantes, serán enunciados con mayor detenimiento al analizar la situación procesal de cada uno de ellos de manera autónoma. Por este motivo, aquí sólo mencionaremos circunstancias genéricas que pueden ser atribuidas, en principio, a todos los imputados por los estragos culposos. A este fin, transcribiremos varios párrafos de la resolución de Cámara dictada el 15 de julio de 2002.


• Uno de los elementos cruciales de la imputación consiste en el análisis de los antecedentes profesionales del Comandante de la nave accidentada, Sr. Gustavo Adolfo Weigel. Lo mismo sucede con la falta de consideración de los antecedentes del copiloto[5].


• Según la alzada, “puede afirmarse la existencia de un accionar negligente por parte de aquellas personas que de una manera u otra permitieron que el nombrado piloto estuviera al mando de una aeronave”.


• Una de las más graves negligencias de las autoridades directivas y operativas de la empresa LAPA consistió en ignorar las continuas evaluaciones negativas del piloto Weigel: “A juicio de los suscriptos, es a partir de allí donde queda prima facie demostrada la negligencia en el accionar de aquellos directivos de la empresa ‘LAPA’ con vinculación en aquél punto, pues no puede argumentarse que la calificación final es la única que debe tenerse en cuenta, ya que tales observaciones sobre las características de vuelo debieran servir para algo, y no solamente para quedar archivadas en un legajo o para que sea solo el propio examinado quien las tenga en cuenta. Debiera existir un control efectivo y no meramente formal, de manera de posibilitar realmente que los pilotos superen las fallas cometidas” (destacado agregado).


• Continúa la Cámara afirmando que, al contrario de lo que sucedió, “debieron extremarse los controles respecto de esta tripulación, lo que era absolutamente posible si realmente se le hubiera dado la importancia debida a las observaciones efectuadas por los instructores”.


• Entre las circunstancias que, de acuerdo con la Cámara, debieron tenerse en cuenta, se cita:


“Así, por ejemplo, el ‘vuelo rasante’ que protagonizara Weigel años atrás, del que no se dejara constancia alguna en el legajo respectivo y aquellas falencias que el testigo Piñeyro —sin perjuicio de los inconvenientes laborales que éste tuviera con la empresa y cuya valoración excede esta etapa— señalara en varias oportunidades con anterioridad al accidente de autos (ver fs. 224/31, 233, 5425/42 y 6488/540, todas del principal).


De igual modo deben ponderarse los dichos de Hugo Oscar Leimann Patt (ver fs. 545/7 de los autos principales), en cuanto se refiere a las denominadas ‘fallas latentes’ o ‘condiciones que predisponen al error humano’, entre las que destaca el régimen laboral, el estilo gerencial que utilizan los superiores, el régimen salarial, la presión de tiempo bajo la cual un operario debe ejercer sus funciones, las ‘reglas tácitas’ —no escritas— acerca de si cada falla debe registrarse o sólo transmitirse de boca en boca, etc.”.


• De este modo, la Cámara concluye en que:


“… puede afirmarse que uno de los motivos que concurrieron en el accidente fue la falta de efectivo control y consecuente toma de medidas por parte de aquellas personas responsables de la firma con nivel decisorio en lo que hace a los aspectos vinculados con la seguridad de los vuelos.


… En tal sentido, no podían ellos desconocer la calidad de los pilotos que estaban al frente de sus aviones, máxime en el caso de Deutsch, por su condición de tal, a lo que se agregan las restantes falencias reseñadas por los testigos mencionados en los párrafos anteriores, de cuyos dichos se desprende que el funcionamiento de la firma iba en desmedro de la seguridad”.


IV. 2. Creación de peligro para transporte aéreo



I. Los imputados Gustavo Andrés Deutsch, Ronaldo Patricio Boyd, Nora Silvia Arzeno, Alfredo de Víctor, Valerio Francisco Diehl, Fabián Mario Chionetti, y Gabriel María Borsani, deben ser juzgados por su responsabilidad en la causación culposa de las muertes y lesiones de las víctimas que sus actos produjeron.


Hasta aquí hemos analizado la eventual responsabilidad de estos siete imputados a la luz del artículo 196 del Código Penal. Sin embargo, consideramos que también debe analizarse la posibilidad de encuadrar la conducta atribuida a estos siete imputados en la figura típica del artículo 190 del Código Penal.


Para ello, debemos tener en cuenta las particularidades que presenta esta figura penal. En primer lugar, se sostiene que el art. 190 “tutela la seguridad del transporte… aéreo, no la efectividad de sus servicios. Procúrase evitar los peligros que pueden darse respecto de los medios con que se realiza el transporte o para las cosas o las personas transportadas, no la regularidad de los viajes, que, en todo caso, se contempla en otros tipos penales”[6].


Para analizar la posible calificación atribuida a los hechos objetos de este procedimiento penal, es necesario resolver dos problemas. Por un lado, hay que determinar si tales hechos pueden ser considerados típicos del delito descripto en el art. 190 del Código Penal. Por el otro, hay que verificar si la calificación propuesta no viola el principio de congruencia y, por ende, el derecho de defensa de los imputados.


II. En primer lugar, determinaremos si es posible subsumir los hechos objeto de este procedimiento, respecto de estos siete imputados, en la figura de puesta en peligro de una aeronave. El artículo 190 del Código Penal dispone:


Artículo 190: Será reprimido con prisión de dos a ocho años, el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave.



Si el hecho causare lesión a alguna persona, la pena será de seis a quince años de reclusión o prisión, y si ocasionare la muerte, de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.


Las disposiciones precedentes se aplicarán aunque la acción recaiga sobre una cosa propia, si del hecho deriva peligro para la seguridad común.


(texto conforme a la ley 17.567, ratificado por la ley 20.509, que recuperó su vigencia según la ley 23.077, destacado agregado).


A primera vista, pareciera que la figura prevista en el art. 190 del Código penal regula un delito doloso calificado por el resultado —en el caso de producción de lesiones o muerte—. Sin embargo, una lectura atenta de esta figura penal nos indica que, en realidad, se trata de la regulación específica, en una disposición legal, de un caso bastante atípico de dos figuras culposas. La única particularidad que posee el tipo penal del art. 190, párrafo III, consiste en regular un supuesto de culpa conciente grave calificada por el resultado que representa la realización del peligro concreto generado por la conducta culposa conciente de realizar cualquier tipo de acto que “ponga en peligro la seguridad de una… aeronave”.


La manera más fácil de comprender la aplicación de esta figura a casos como éste surge de confrontar el hecho y la pena prevista en esta figura respecto de otros tipos penales.


Art.

Tipo penal

Pena

81

Homicidio en emoción violenta

1 a 6 años

81

Homicidio preterintencional

1 a 6 años

84

Homicidio culposo simple

6 meses a 5 años

84

Homicidio culposo en tránsito

2 a 5 años

196

Estrago culposo seguido de muerte

1 a 4 años

190

Puesta en peligro agravada

10 a 25 años


Sería absurdo pensar que un homicidio preterintencional, o un homicidio culposo cometido conduciendo un automóvil pueden tener mayor gravedad que aquellos casos en los cuales el sujeto activo realiza un acto u omisión que pone en peligro una aeronave y, como consecuencia de la realización de este peligro en el caso concreto, fallecen más de 60 personas.


Sobre todo porque si el tipo de homicidio culposo del art. 84 se agrava por haber sido cometido a bordo de un automóvil, es evidente que generar un peligro concreto para una aeronave genera un riesgo mucho mayor para personas y bienes —esto es, para la seguridad común— que el conducir un auto de modo descuidado. Por otra parte, el homicidio culposo del art. 84 abarca casos de culpa con y sin representación, mientras que la figura del art. 190 sólo comprende casos de culpa grave con representación.


En cuanto a esta especial manera de resolver el concurso de dos delitos culposos, no sólo se halla prevista en el art. 190 de nuestro Código Penal, sino en otras figuras penales de nuestro derecho positivo, como así también en el derecho comparado:


“Un grupo especial de delitos de resultado que encierra tanta dificultad teórica como importancia práctica, lo constituyen los delitos cualificados por el resultado, como las lesiones de graves consecuencias (§ 224) o con resultado de muerte (§ 226), el robo con resultado de muerte (§ 251) o la inundación imprudente con resultado de muerte (§ 314). En estos casos, la especial peligrosidad inherente a determinadas acciones por sí solas ya punibles, conduce a castigarlas con pena sustancialmente mayor cuando el peligro típico que el hecho encierra se realiza en un resultado lesivo.


Cada vez más, el legislador exige en los delitos cualificados por el resultado que concurra imprudencia temeraria…”[7].


Del mismo modo, señala Zaffaroni para nuestro derecho:


“3. Para evitar la terrible confusión generada en torno de estas figuras y sus gravísimas consecuencias, en homenaje a la claridad es preferible optar por reconocer que existen figuras complejas entre las cuales, algunas (a) combinan tipicidades dolosas y culposas, (b) otras califican tipos dolosos en razón de resultados dolosos más graves y, por último (c) otras califican tipos culposos por resultados culposos más graves[8].


Ahora bien, resulta claro, por la manera en que está redactada la figura, que la representación sólo alcanza la puesta en peligro de la aeronave, no los resultados de muerte o lesiones. Si bien tales muertes o lesiones no pueden ser imputadas a título de responsabilidad objetiva, sí pueden ser imputadas si ellas se producen por la concreción de la puesta en peligro que el sujeto activo produjo siendo conciente de dicha puesta en peligro. En este sentido, se ha dicho:


“Éste es el orden introducido en el capítulo… en el cual procuramos mantener siempre en las figuras de todo el título la idea de que el núcleo central de ellas ‘consiste en la creación de un peligro común, de manera que los daños efectivamente producidos van sirviendo solamente como índices reguladores de las escalas penales’”[9].


II. La escala penal regulada en el art. 190, por otra parte, resulta absolutamente adecuada dentro de la sistemática del Código. Así, por ejemplo, el artículo 186 establece una pena de prisión o reclusión de tres a diez años para el caso de quien causa un incendio “si hubiere peligro común para los bienes”. Se trata de un caso de incendio doloso que, aun si no genera daño alguno, merece una pena de suma gravedad si el incendio acarrea “peligro común para los bienes”.


Piénsese que, además de no estar en juego en esa figura la vida humana, tanto los bienes como las personas pueden ser protegidos de múltiples maneras neutralizando el peligro concreto generado por el incendio[10]. En el caso de la puesta en peligro de una aeronave, sin embargo, difícilmente se pueda neutralizar las consecuencias de la concreción del peligro generado[11]. Especialmente ello sucede en casos como éste, en los cuales el peligro derivaba, precisamente, de la falta de idoneidad de quienes estaban a cargo de maniobrar la aeronave.


La acción típica, señala la doctrina, es “la de ejecutar un acto que ponga en peligro la seguridad del medio de transporte… quedan comprendidas tanto las acciones cuanto las omisiones… La ley habla de cualquier acto, con lo cual se extiende a todos los que originan el particular peligro que afecta la seguridad del medio”[12].


El elemento subjetivo del tipo —el término “a sabiendas”— “requiere que el autor conozca el carácter peligroso del acto para la seguridad de la nave, aeronave o construcción flotante, pero no que, a la vez, desee crear ese peligro (no olvidemos que la acción no es propiamente la de crear el peligro, sino la de ejecutar el acto que pone en peligro…)”[13].


Para terminar de verificar la adecuación típica de los hechos atribuidos a la figura del art. 190, basta señalar la definición de “desastre aéreo”:


Desastre aéreo es el accidente con gran daño para la aeronave, sea por su precipitación cuando ya está en vuelo, sea por decolaje defectuoso o aterrizaje forzoso o anormal en las operaciones inmediatamente anteriores o posteriores, o sea, es el accidente que se produce en el acto del transporte, aunque la conducta peligrosa del autor se haya realizado con anterioridad…”[14].


Por último, se ha destacado especialmente que es preciso tener en cuenta la idea del peligro común porque esta figura no se funda en los daños causados sino en la generación de un peligro común.


III. El respeto al principio de congruencia, en este caso concreto, es autoevidente. Si la aplicación de una u otra figura —art. 190 o art. 196, CP— produjera variaciones respecto del carácter doloso o culposo de las lesiones y de las muertes, entonces sí estaríamos frente a una violación del principio de congruencia, pues las circunstancias fácticas que configuran un homicidio doloso —el dolo, por ej., es un hecho— y un homicidio imprudente resultan diferentes.


Sin embargo, en este caso, la aplicación de una u otra figura no varía en nada los elementos fácticos que deben verificarse en este procedimiento para aplicar cualquiera de los dos tipos penales a los hechos del caso. Ello pues en ambos supuestos la causación de los resultados de lesiones y/o muertes son culposos, esto es, son la concreción de la elevación del riesgo producida por la violación del deber de cuidado que se deben dar en cualquiera de las dos figuras para que los actos de los imputados puedan ser considerados típicos.


La única diferencia que permitirá decidir cuál es la figura aplicable al caso para resolver sobre el fondo consiste en determinar si la violación del deber de cuidado exigida por el art. 196, que define el tipo de estrago culposo, configuró un supuesto de culpa conciente grave —esto es, culpa grave con representación— respecto de la elevación del riesgo para la seguridad de la aeronave.


Así, si los distintos imputados, autónomamente, realizaron actos a sabiendas que dichos actos “ponían en peligro la seguridad de la aeronave” y, como se ha comprobado en este proceso, tales actos fueron la causa directa de la ocurrencia del accidente, entonces su conducta debe ser subsumida en el tipo penal del art. 190. Ello pues en este supuesto, los imputados realizaron actos —u omitieron tomar medidas— que pusieron en peligro la seguridad de la aeronave y, como consecuencia de tales actos, no sólo generaron un peligro común sino que, además, provocaron lesiones y muertes que agravaron el tipo básico de la puesta en peligro de aeronave.




[1] Roxin, Claus, Derecho penal. Parte general, Ed. Civitas, Madrid, 1997, t. I, p. 999.

[2] Roxin, Derecho penal. Parte general, cit., p. 1001.

[3] Bustos Ramírez, Juan, Manual de derecho penal. Parte general, Ed. Ariel, Barcelona, 1989, 3ª ed., p. 233, destacado en el original.

[4] Bustos Ramírez, Manual de derecho penal. Parte general, cit., p. 233, destacado en el original.

[5] Además, en este caso concreto la falta de control de la capacidad técnica del copiloto se ve agravada debido a que la inidoneidad del Comandante aconsejaba contar con el apoyo de un copiloto de extrema idoneidad.

[6] Creus, Carlos, Derecho penal. Parte especial, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1983, t. II, p. 38.

[7] Jescheck, Hans-Heinrich, Tratado de derecho penal. Parte general, Ed. Bosch, Barcelona, 1981, vol. I, ps. 355 y siguiente (destacado agregado).

[8] Zaffaroni, Alagia, y Slokar, Derecho penal. Parte general, cit., p. 539 (destacado en negrita agregado).

[9] Soler, Sebastián, Derecho penal argentino, Ed. TEA, Buenos Aires, 1988, t. IV, p. 610.

[10] Se podrían pensar varios ejemplos de situaciones de hecho en las cuales el incendio resulte fácil de extinguir a pesar de la puesta en peligro de los bienes.

[11] Son escasos los ejemplos en los cuales un peligro grave que se concreta durante el vuelo de una aeronave que viaja a más de 800 kilómetros por hora, a 10.000 metros de altura, terminen de un modo distinto a una catástrofe que implique la muerte de todas las personas a bordo.

[12] Creus, Derecho penal. Parte especial, cit., t. II, p. 39.

[13] Creus, Derecho penal. Parte especial, cit., t. II, p. 40.

[14] Creus, Derecho penal. Parte especial, cit., t. II, p. 42 (destacado en negrita agregado).