RESTRICCIONES ILEGÍTIMAS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

SOBRE EL EJE DE LA DISCUSIÓN

Estimado J, no sé si habré cambiado el eje de la discusión, pues creo que estábamos discutiendo si era legítimo que el Estado impusiera tales deberes de expresión a las tabacaleras. Pero supongamos que lo hubiera hecho. Eso en nada impide que todos discutan lo que quieran, y no creo que sea autoritario afirmar que las limitaciones a la publicidad del tabaco y los deberes de expresión impuestos a las tabacaleras representan restricciones ilegítimas a la libertad de expresión.

Esa cuestión ya la tratamos con el amigo Juan Pablo Chirinos en esta entrada. Lo que se hace respecto a la publicidad del cigarrillo es censura previa y, por lo tanto, vulnera el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ése es el aspecto central de la discusión, a mi juicio. De allí que afirmo que todo lo demás no me interesa demasiado si no se puede justificar tal violación a una libertad que es uno de los pilares de cualquier sociedad democrática.

Por otro, lado, la censura publicitaria de tabaco no solo afecta a las tabacaleras, pues, como ha dicho la Corte Interamericana, la libertad de expresión tiene dos caras: la de emitir y la de recibir ideas e información. Y yo tengo un derecho absoluto a recibir la información sobre los productos en el mercado de cigarrillos, que no puede ser restringido a través de la censura. Lo máximo que se puede hacer con el emisor de ideas e información en este aspecto, es atribuirle responsabilidades ulteriores, pero no prohibir su expresión (ver Dulitzky).

El fascismo saludable arrasa con varios principios estructurales del Estado de derecho, y sin embargo a nadie parece importarle. ¿Alguien leyó detenidamente la ley 1.799, es decir, la Ley Antifumadores de la Ciudad Autónoma. ¿Desde cuándo se acepta en el derecho penal que se imponga a alguien una sanción de carácter penal por hechos de terceros (ver art. 27, ley 1.799)? ¿A nadie le molesta? Pues a mí sí, del mismo modo que la violación a la libertad de expresión, y ese principio violado torna ilegítima la prohibición de publicidad. Podemos discutir si, además, eso que hace el Estado desinforma o informa, pero la ilegitimidad siempre estará allí.

En mi entrada dí por sentada la violación a las exigencias del derecho internacional y, además, cuestioné el hecho de que los "deberes de expresión" ni siquiera consisten en información, lo que los hace doblemente ilegítimos. No es que creo que su ilegitimidad deriva en primer término de su capacidad para desinformar.

Por ello, lo primero que me gustaría discutir es si las restricciones a la libertad de expresión de la legislación antifumadores vigente en esta Ciudad son legítimas o no. Y por favor no invoquen el argumento del artículo 28, CN, tan utilizado como incorrecto —me refiero a cualquier lector—. Lo que dispone el artículo 28 de la Contitución Nacional es un límite a la acción estatal que reglamenta el ejercicio de un derecho, nada tiene que ver con una restricción. Un semáforo reglamenta el ejercicio a la libertad ambulatoria; el encarcelamiento preventivo es una restricción a ese derecho.

Otra cuestión que no se ha discutido es por qué motivo se distingue entre "deberes de expresión" para ciertos productos, y entre campañas informativas a cargo del Estado para otros. Como tampoco se diferencian las maneras en que unos y otras son instrumentadas. En el caso de los deberes de expresión no solo se impone a empresas y particulares la obligación legal de "informar" algo, sino también se le imponen contenidos a ese "algo": "Fumar mata" o las fotografías francesas —previo photoshop—. En el caso de las campañas "informativas" o no, el contenido lo da el ente interesado en la campaña, no le viene impuesto por la contraparte.

Tampoco coincido con la afirmación de que casi todas las publicidades desinforman. La gran mayoría de las publicidades no afirman proposiciones demostrables, sino que expresan opiniones, preferencias y gustos, que no informan ni desinforman, ya que no pueden ser falsas ni verdaderas. El hecho de que lo único que les interese a quienes publicitan sus productos en el mercado sea venderlos es autoevidente, y es tan lícito como no hacer publicidad alguna. Por lo demás, también es un derecho constitucional la venta y promoción de productos lícitos.

La publicidad política, por otra parte, ni siquiera está sometida a controles de "publicidad engañosa". No sé si se acuerdan:

¡Felices Pascuas!

Con la democracia se come, se cura y se educa...

¡No los voy a defraudar!

El salariazo y la revolución productiva

En cuanto al esclarecedor comentario de "La causa Glasman" sobre el uso adecuado e inadecuado, tampoco estamos de acuerdo. Se asume allí que todas las muertes o lesiones en tránsito provienen de uso inadecuado del producto. Es cierto que en la mayoría de los casos esto es así, pero no siempre. No siempre hay culpables, en ocasiones existen accidentes que pueden ser "provocados" por el uso adecuado de un producto y, sin embargo, a ese producto no se le imponen deberes de expresión. Ahora bien, si el uso inadecuado del producto es la regla, entonces también la cuestión se convierte en un tema de salud pública.

Más allá de ello, antes de hablar del uso "adecuado" de un producto deberíamos establecer quién define cuál es el "uso adecuado". Desde la "ciencia" médica, muchos alimentos son malos in se, y las publicidades nos taladran el cerebro cotidianamente con lo saludable que es la alimentación light, diet, colesterol free...

Por último, respecto del uso adecuado e inadecuado, veamos el ejemplo del alcohol. ¿Qué medidas se toman como regla para evitar el hábito de "beber con moderación" o el de que los menores beban? Las medidas suelen ser "toques de queda" generales, con horarios en los cuales el Estado nos manda a todos a la cama de manera coactiva a quienes hacemos uso adecuado o inadecuado del producto. Y nadie protesta.

El hecho de que el tabaco sea un producto lícito cuyo uso adecuado es dañino, además, no es un problema que se soluciona violando la libertad de expresión.

AB