31 may. 2018

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN: "NO HAY SISTEMA"









El 26 de junio de 2014 se informaba en un diario de Ushuaia que una mujer residente en Miami, en un trámite de divorcio de mutuo acuerdo, había declarado a través del programa Skype. La nota terminaba con el siguiente párrafo:

La herramienta de apoyo tecnológico se pudo lograr merced al trabajo en conjunto desplegado por los agentes del Juzgado y la Dirección de Informática y Comunicaciones del Poder Judicial.

Lo que parece en joda es la descripción del uso de la “herramienta de apoyo tecnológico”. Decir que en 2014 se pudo lograr una comunicación por Skype “merced al trabajo en conjunto” y “desplegado” por los empleados del juzgado y la oficina de informática, no deja muy bien parados a los que “desplegaron” el trabajo…

Esto demuestra la eficiencia de nuestros poderes judiciales en el manejo de las "herramientas de apoyo tecnológico". Para no defraudar a nadie, hoy se puede leer en una  nota del Página/12:

Colapso por un problema informático que impide el acceso a expedientes

Será por ello que nuestros avances en materia procesal implican los comienzos de la informatización de los expedientes. Sin embargo, en el sistema nacional y federal, al no modificar los códigos procesales, la "informatización" significa, en gran medida, transformar un expediente en papel en otro en Gigas, manteniendo el trámite escrito y las mismas actas en otro formato. Por lo tanto, el "colapso" informado se tradujo en la imposibilidad de acceso a los expedientes.

El Coordinador de la Comisión Nacional de Gestión Judicial —integrada por jueces—, creada en 2007 en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le echó la culpa rápidamente al Consejo de la Magistratura. Así, informó, en conjunto con el Director de Sistemas de la Corte, que el colapso fue producto de la "desinversión en la actualización de la infraestructura informática, por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación".

En noviembre de 2017 la agencia Reuters había informado que la Corte delegó en la Comisión Nacional de Gestión Judicial la supervisión del sistema informático:

Según reflejan los supremos, a partir de allí “se inició una actividad tendiente a desarrollar programas normativos de gestión y formativos de recursos humanos con el fin de optimizar el desempeño de los tribunales y fomentar la labor colectiva para el logro de procesos que mejoren la calidad del servicio y la agilización de los tiempos”.

Los supremos consideraron conveniente que sea esa misma dependencia la que establezca las pautas y se ocupe, en esta etapa de implementación de las tecnologías digitales en el ámbito de la administración de justicia, de “supervisar y coordinar las actividades pendientes y mejoras que impliquen las tareas relacionadas exclusivamente con el Sistema Informático de Gestión Judicial”.

En la página web de la Dirección General de Informática y Tecnología del Consejo de la Magistratura, se lee que:

La misión de la Dirección General es garantizar una prestación eficaz del servicio de justicia, así como lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado. El propósito se logra a través de la organización y mantenimiento de sistemas informáticos que le permitan el acceso a información precisa, permanente y actualizada a todos los usuarios y agentes del servicio de Justicia. 

Mucho coordinador, director de sistemas y director general. Sin embargo, no se ha logrado cumplir con las funciones declamadas por las oficinas de la Corte Suprema ni del Consejo. Una muestra más de la incapacidad de nuestros jueces para prestar un verdadero servicio de justicia.

Desde la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, se reclamó a la Corte que declare feriado judicial en todos los tribunales afectados por el "colapso". También se denunció el "funcionamiento calamitoso" del sistema informático y "casi una década de desinversión en todos los aspectos".

Lo paradójico es que Lorenzetti abrió este año judicial afirmando que los jueces debían diseñar las reformas para mejorar la justicia porque ellos tenían "la experiencia".

Coincidimos. Los jueces tienen la experiencia. De lo que no se debe hacer.



29 may. 2018

LA MAFIA DE LOS CHOCOLATES







Por Pedro Aristizábal 


La acusación es por el intento de hurto de tabletas de chocolate, previo a la celebración de pascuas. En un primer momento se trataba de 24, al Juzgado llegaron 20. Se ve que en el camino alguien se tentó y se comió cuatro.

Probablemente sea ésta la punta del iceberg, estimado lector. Ya son muchas las denuncias y los informes sobre el flagelo del robo de chocolates. Hay discusiones en distintos foros sobre esta nueva modalidad delictiva. Algunos sostienen que debe diferenciarse cuando es para consumo personal o cuando es para el tráfico, pero nadie puede hacerse el desentendido. No se puede negar que la problemática  ha avanzado en los últimos años y que los expertos ya lo han definido como de posible criminalidad organizada.

Estábamos, pues, ante un caso testigo. Un caso que podía llegar a abrir el escenario para acabar con la impunidad y para dar un mensaje claro de que con los chocolates no se jode.

El imputado, Jorge, encima tenía antecedentes, dos condenas por hurto. Había salido de la cárcel hacía como tres meses. El hombre, de unos 40 años, se metió entre sus ropas las tabletas y cuando intentó salir por la puerta del supermercado sonó la alarma, razón por la que el personal de seguridad de inmediato dio intervención a la policía.

El hecho ocurrió el viernes santo, y el juicio de flagrancia se realizó el lunes, después del domingo de pascuas. Dios no estuvo en los detalles ese día ni durante todo el fin de semana. Quizás Dios no perdona tampoco este tipo de pecados, y mucho menos en fechas festivas.

La víctima del hurto de los chocolates es una importante cadena de supermercados. El costo calculado es de $ 700.

La defensa y la fiscalía están dispuestos a llegar a un arreglo para reparar el “daño causado” y que al tipo lo liberen de inmediato. La cadena de supermercados que “nos conoce” a todos, no está de acuerdo con dicha reparación. En criollo, quiere preso al supuesto ladrón.

Ante esta situación, la Secretaria del juzgado informa extraoficialmente tanto al defensor como al fiscal que no es criterio del juez convalidar un acuerdo en ese sentido. El acusado tiene antecedentes y no van a aprobar ninguna alternativa que implique una excarcelación inmediata. La causa por el robo de las 20 tablas de chocolate debería llegar a juicio con el imputado preso.

Así, con un escenario imprevisible, comenzó la audiencia por flagrancia. El acusado pidió la palabra.

—Reconozco que robé, lo hice para poder vender los chocolates. Estoy sólo. Salí hace unos meses de la cárcel y mi casa está usurpada. Fui a la comisaría pero no me ayudaron. Duermo algunos días en la calle y otros días en la camioneta de un amigo.

Cuando el juez le preguntó si tenía trabajo dijo que no puede conseguir. Contó que antes de entrar a la cárcel trabajaba, y que una vez que salió, llevó varios curriculums a distintos locales de venta. Incluso dijo que en dos oportunidades lo llamaron, fue a las entrevistas, pero cuando saltaron los antecedentes no lo tomaron.

—Lo que más me jode de haber estado en la cárcel es que ahora ya quedé marcado.

Si no estuviéramos en presencia del flagelo de robo de chocolates, un criminólogo podría considerar que la frase de Jorge es la teoría del etiquetamiento en estado puro, tanto que provocó en el mismísimo Jorge una percepción de sí mismo obligadamente asumida y condicionada por lo que todos los demás esperamos de él.

Es un ladrón. Siempre lo será. Y si quiere laburar no va a poder porque le saltan los antecedentes. Jorge entonces se asume como un ladrón y va a un supermercado a robar. No importa si es para revender, importa que robó —recuperar, en la jerga social—. 

Claro que esa crítica sería válida si no estuviéramos en presencia de un delito de consecuencias, incluso, trasnacionales. 

Sigue la audiencia y el relato de Jorge es pausado y el silencio se va profundizando alrededor. Concluye con un pedido de disculpas y pide medicación psiquiátrica, ya que desde el viernes santo que lo detuvieron no toma y está muy ansioso.

Luego de estas palabras y sabiendo que el juez no iba a aceptar ningún acuerdo, la fiscalía formula la acusación sin hacer referencia a la prisión preventiva, tal como ya le había adelantado a la defensa.

A su turno, la defensa pide la excarcelación, pero el juez, para sorpresa de todos, resuelve en sentido contrario, con el argumento de que hay peligro de entorpecer la investigación y también peligro de fuga.

Lo de siempre. Antecedentes que hacen vaticinar lo peor y una circunstancia especialmente grave: el acusado no tiene domicilio —arraigo en la jerga judicial—.

—Eso me persuade de que en el caso de otorgarle la libertad habrá peligro de fuga o de obstruir el avance de la investigación —afirmó el juez—

Además de que por los antecedentes no puede trabajar, ahora por los antecedentes no puede recuperar la libertad. Además de que el Estado no puede garantizarle una vivienda digna a Jorge aunque se encuentra obligado a hacerlo, el mismo Estado le dice a Jorge que, por no tener un hogar, se va a fugar.

Tenemos un etiquetado definido socialmente como “desviado”, que es rechazado por toda la sociedad y por el propio Estado que, a la vez no le puede garantizar una vivienda. Y por todo eso lo metemos preso porque si no se va a fugar. El razonamiento es ferpecto.

La fiscalía pide entonces que el caso vaya a juicio pero omite requerir la prisión preventiva.

—¿De la medida cautelar no va a decir nada señor fiscal? —pregunta el Juez—.

—Por los mismos argumentos ya dichos, no voy a pedir ninguna medida cautelar —contesta el Fiscal—.

—¿Nada? —repregunta—.

Cruce de miradas, silencio, odios cruzados, ganas de putearse.

—Nada.

Inmediatamente, la defensa vuelve a pedir la libertad del acusado, que no entendía nada, pero que no podía creer que estaba por volver a la cárcel.

Sin otra alternativa y dejando a salvo su opinión en contrario, el juez ordenó la liberación del acusado con una caución —fianza—  de $ 500.

El tipo no tenía un peso. El fiscal y el defensor hicieron una vaquita, y pusieron 250 cada uno.

¿Es razonable suponer que tanto el fiscal como el defensor son nexos que tiene esta importante organización criminal en la justicia?

El juez, cuando todos se fueron, se tomó un café que acompañó con un conejo de pascuas que le regaló uno de sus empleados más leales. Lo que no sabe el juez, es que el empleado compró ese conejo a un vendedor ambulante cuando bajaba del tren en Retiro para ir a la oficina.

Afortunadamente, en un futuro no muy lejano se hará un juicio oral al que asistirán representantes de una fiscalía de juicio, tres jueces y representantes de alguna defensoría. Estamos hablando de que quizá seis funcionarios nombrados con acuerdo del Senado y decreto presidencial intentarán determinar la responsabilidad penal de uno de los eslabones de esta importante organización criminal: “la mafia de los chocolates”.

Los diarios de alcance nacional colmarán sus tapas con el inicio de uno de los juicios más trascendentes de los últimos tiempos.

Asistirán tres testigos, entre ellos Willy Wonka, el encargado de la cadena de supermercados y también el imputado.

Quizá, estimado lector, le parezca una nimiedad, pero de condenarse al imputado será sin dudas un precedente que los peligrosos miembros de esta organización criminal dedicada al hurto de tan noble golosina, van a tener muy en cuenta antes de animarse a continuar con  semejante faena.

Tal vez sea éste el comienzo alentador para terminar con la impunidad, y para que los dueños y gerentes de esas importantes cadenas de supermercados que —indudablemente por razones de estrictas seguridad personal— guardan arsenales de armas en sus establecimientos, puedan estar tranquilos brindando las ofertas semanales sin ningún tipo de remarcación en los precios, para la alegría de todo el pueblo trabajador que merece tranquilidad al momento de hacer las compras sin toparse con peligrosos delincuentes.

Los veinte chocolates secuestrados son la principal prueba. Que nadie se tiente y se coma alguno en el camino.