27 feb. 2011

¿POR QUÉ LOS PAPAS DEBEN SER EUROPEOS?

VEAN ESTA INTERESANTE PROPUESTA






APARTADO Y DENUNCIADO PENALMENTE EL PERITRUCHO ROBERTO LOCLES

JUGANDO SUCIO





Un golpe a la principal prueba del delito

Se trata de Roberto Jorge Locles. Wilma López lo separó del caso y lo denunció penalmente por haber dañado la bala con la que fue asesinado el militante del Partido Obrero. La jueza inscribió el hecho en los intentos de la Unión Ferroviaria de embarrar la causa.

Por Irina Hauser
La jueza Wilma López apartó y denunció penalmente al perito puesto por uno de los acusados del crimen de Mariano Ferreyra por alterar la principal evidencia de la causa: la bala que mató al militante del Partido Obrero. Se trata de Roberto Jorge Locles, un capitán retirado conocido por otras controvertidas actuaciones judiciales, quien contaba en este caso con el respaldo de la mayoría de las defensas de los integrantes de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) que están detenidos por el homicidio. Lo más impresionante es que Locles dañó el proyectil en medio de una junta en la que participaban los peritos oficiales y de una de las querellas: lo golpeó sobre una mesa, a la vista de todos los presentes, que intentaron frenarlo. Lo ocurrido fue tenido en cuenta entre los fundamentos del juzgado y de la fiscalía de Fernando Fiszer al momento de negarles la excarcelación al líder del sindical José Pedraza, su segundo Juan Carlos “Gallego” Fernández y al delegado Claudio Alcorcel, por considerarlo una demostración de que desde el gremio ya venían intentando embarrar el expediente.


Ver la nota completa en Página/12 aquí

25 feb. 2011

¿Y AHORA QUIÉN PODRÁ DEFENDERME? II

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ME BAUTIZÓ COMO "ALFREDO"





15/05/2009

Señor Profesor
Dr. Alfredo Bovino
S/D

Por este medio pongo en su conocimiento que, conforme informe remitido por la Dirección de Registros Académicos, en cumplimiento de la Resolución 3385/06 del Consejo Directivo, se habrían verificado cuatro (4) inasistencias en el mes de marzo del año en curso en la Comisión 3 a su cargo, a saber: 09, 16, 19 y 26.
Por este motivo, solicito tenga a bien hacer saber a este Departamento los motivos de las inasistencias informadas y el día en que las clases serán recuperadas, a fin de informar a la Comisión de Enseñanza del Consejo Directivo, tal como lo establece la resolución ya citada.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.


Dr. Mario Héctor Resnik
Director Departamento Derecho Público I

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NO RESPONDÍ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

16/06/2009

Señor Profesor
Dr. Alfredo Bovino
S/D

Por este medio pongo en su conocimiento que, conforme informe remitido por la Dirección de Registros Académicos, en cumplimiento de la Resolución 3385/06 del Consejo Directivo, se habrían verificado seis (6) inasistencias en el mes de abril del año en curso en la Comisión 3 “Garantías Const. del Derecho Penal” a su cargo, a saber: 06, 13, 20, 23, 27 y 30.

Por este motivo, solicito tenga a bien hacer saber a este Departamento el día en que las clases serán recuperadas, conforme el art. 3° de la mencionada Resolución.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Dr. Mario Héctor Resnik
Director Departamento Derecho Público I

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sr. Prof. Dr. Mario Resnik:

Las inasistencias mencionadas no se han "verificado", a lo sumo lo que se pudo haber verificado es el hecho de que no haya firmado la planilla. He tenido inasistencias, aunque no sé cuántas. De lo que estoy plenamente seguro es de que no desaparecí seis clases en el mes de abril.

Cuando he tenido que faltar a la clase, ésta jamás fue suspendida o levantada, pues concurría otro docente en mi reemplazo. He tenido que viajar con motivo de seminarios, conferencias y congresos, que también son parte de la actividad académica.

Lo que también es seguro es que en muchas oportunidades no puedo firmar la planilla debido a que la retiran antes de que uno finalice la clase. Cada vez que llego a la Facultad a la hora en que comienza la clase o algunos minutos después, me dirijo directamente al aula, pues creo que es más importante aprovechar el tiempo con los estudiantes antes que firmar en una carpeta.

De todas maneras, si me explican cómo debo recuperar las clases de mis ausencias "verificadas" con un sistema digno de una fábrica de principios del siglo pasado, me someteré de modo obediente a lo que disponga el art. 3 de la Resolución que Ud. invoca.

Aprovecho para informarle que el próximo jueves no asistiré pues estaré en Costa Rica dando un seminario.

Cordiales saludos,

Alberto Bovino

24 feb. 2011

¿Y AHORA QUIÉN PODRÁ DEFENDERME?

ALFREDO SE FUE AL CARAJO...



Alberto Bovino - 18 de febrero

Estimados amigos: Tengo varios interrogantes.

1) Que es la Resolución (CD) Nº 668/00

2) ¿Por qué mi materia siempre sale solo en la primera inscripción, aún si el curso tiene poco estudiantes?

3) ¿No han solucionado aún el tema de mi nombre de pila?

4) Me podrían enviar la Resolución por mail y la firmo cuando comienza el curtoi

Cordiales salidos,

ABovino

•••••••••••••••••••••

Departamento Público - 23 de octubre

Estimado Dr. Bovino:

1) La Resolución CD 668/00 establece el procedimiento para subsanar errores u omisiones en las actas definitivas de cursos y exámenes. En su caso, se ha tenido que labrar un acta complementaria por un error en la nota de la alumna Demaras Luzuriaga Karen Rosario, con fecha 22/07/2010. El art. 10º dispone que "Se dejará constancia en el legajo del docente que cometiera en cinco oportunidades errores u omisiones en el acta de calificaciones definitivas, tal situación. Asimismo, se le informará al Consejo Directivo para su conocimiento".

2) Es una decisión de Secretaría Académica. Eventualmente podrá consultarlo allí.

3) Hemos solicitado la corrección de su nombre de pila, pero, lamentablemente en cómputos no lo han registrado. Enviaremos nuevamente una nota firmada por el Director reclamado tal cuestión.

4) La resolución no podemos remitrla por mail porque no tenemos manera de digitalizarla en el Departamento.


Saludos cordiales,

Alguien del Dpto. Público

••••••••••••••••••••••••

Alberto Bovino

Estimadx n.n.:

1) No sé de que se trata, y aprovecho para informarle que todas esas situaciones han sido solucionadas, y que en la última oportunidad el error se debió a que me desmayé durante el examen final y el médico de la Facultad me ordenó ir a una Clínica. Pueden hacer las anotaciones que quieran en mi legajo e informar al Consejo Directivo, y no veo por qué debo pasar por allí a notificarme.

2) Consultaré con Secretaría Académica.

3) El error sobre mi nombre de pila ha sido responsabilidad exclusiva de la Facultad. Éste es el segundo o tercer año que sucede, y hay estudiantes que no se anotan en el curso, que se da una vez al año, debido a su negligencia. Los que logran averiguarlo es porque se comunican a mi mail privado o a mi página personal de facebook para sacarse la duda preguntándome a mí por el error de ustedes. Supongo que habrá algún reglamento, resolución o circular que atribuya responsabilidad a alguien, que deje constancia en el legajo del responsable, y que informe al Consejo Directivo, y que solucione los problemas causados a los estudiantes.

4) La respuesta del punto 4 me parece absolutamente irracional. Hasta que no reciba por cualquier medio el texto de la resolución no me daré por notificado. Lo pueden pasar por facsímil al 4375-4209 (espero que tengan facsímil).

Aprovecho la oportunidad para que el Departamento evalúe la calidad de los demás cursos de esta materia por la calidad de sus contenidos y metodologías de enseñanza, y no por perder el tiempo intercambiando notas. Si desean que no de más este curso porque pertenece al área de Derecho público, rama del derecho que parece ser de su exclusiva propiedad, sería mejor que me lo dijeran de frente y regreso a mi departamento.

Cordiales saludos,

ABovino

SENDRA. MILICOS Y NARCOTRÁFICO

AÚN CONSERVA ACTUALIDAD



22 feb. 2011

DETUVIERON A PEDRAZA

EL PAIS › Exclusivo

CAYO PEDRAZA SIN LLOVER

Por Irina Hauser

| | Allanaron la casa de José Pedraza, líder de la Unión Ferroviaria, en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra. La jueza busca documentación sobre los vínculos entre las empresas tercerizadas y la cúpula del sindicato




Ver la nota completa del Página/12 aquí.

18 feb. 2011

PRINCIPIOS BÁSICOS DE MARKETING LEGAL


Elija bien su isologo*






El isologo de su estudio jurídico es la imagen de su firma legal. Por ello debe ser pensado y diseñado cuidadosamente, para transmitir del mejor modo posible la imagen que lo identifique ante los clientes y colegas. He aquí varios ejemplos de lo que no debe hacerse. Para ver las imágenes en tamaño mayor haga click sobre ellas.




Farmacia Kudawara

Quizá será más adecuado para un proctólogo

o para un servicio de acompañantes masculinos



Clínica dental San Marcelino?

Doctores en computadoras

Faltaria agregar: satisfacemos todos sus deseos




Oficina gubernamental de Comercio

Hasta aquí, todo bien.

Pero si giramos 90 º el isologo...





Aparece Don Onán




PERO TODOS LOS PREMIOS SON PARA...



CENTRO PEDIÁTRICO ARLINGTON

Sin comentarios





¿Y MARIANA?

MARIANA PASCUALLI, ¿EXISTE?



Haga click en la imagen para verla en tamaño normal

A raíz de la foto que pusimos ilustrando la nota de los abogados Virgolini, Maloneay y Silvestroni aquí, una lectora anónima escribió los siguiente en un comentario a esa entrada:

Anónimo dijo...

Mi pregunta apunta a la imagen que ilustra esta entrada: ¿quién es el que ha quedado knockout en esta "pelea"? ¿Poder Ciudadano?
MP

Yo respondí lo siguiente:

ABovino dijo...

La foto ilustra el fin de la discusión. Son dos boxeadores, cada uno interpretará lo que desee.

AB

ABovino dijo...

Sería bueno que quienes hagan preguntas de este tipo, en honor a la transparencia inmaculada que declama Poder C., escriban su nombre.

Saludos

Alberto Bovino

Frente a mi respuesta, recibimos este increíble comentario, ahora firmado por una tal Mariana Pascualli que no volvió a aparecer, no contestó nuestra pregunta y, en verdad, no sabemos si existe.

Anónimo dijo...

Mantengo la pregunta. Y pensando que el moderador no va a tener objeciones, me permito invitar a los seguidores del blog a que reflexionen sobre quién o quiénes perdieron en esta disputa. No pido que publiquen sus conclusiones, sino que, simplemente, lo piensen.
Muchas gracias.
Mariana Pascualli (MP)


Nosotros respondimos de este modo:

ABovino dijo...

Estimada Mariana:

No puedo [ni se me ocurriría] tener objeciones a que los lectores reflexionen. Y tampoco las tendría en publicar las refexiones y las conclusiones de cada uno, como hasta ahora se ha hecho.

No comprendo si tu referencia a que los lectores reflexionen si yo no me opongo es ignorancia o provocación.

En este blog se ha publicado íntegramente el debate. He tenido un intercambio cordial con las personas de "Sin Corrupción" desde el inicio, y les pedí para repoducir sus respuestas a las cartas de los abogados para que constaran todas las posiciones, sin favorecer a nadie.

He apoyado a Acij desde el principio, y mantengo una excelente relación con ellos y con quienes administran el blog "Sin corrupción".

Desde que Poder entró al debate, lo mismo sucedió con quienes se ocupan del blog. No veo por qué debo rendir "cuentas" porque vos das determinada interpretación a la foto que me atribuís a mí. Ya te respondí de buena fe, y sinceramente me molesta que dudes de mi respuesta.

Por último, te agradecería que nos aclares si tenés alguna relación con Poder o con alguno de los involucrados, pues he buscado el nombre que me diste en la web y no he encontrado ni una sola referencia a él.

Los lectores de este blog saben que pueden enviar sus opiniones sin necesidad de que Mariana los convoque, así que sigamos como de costumbre.

Cordiales saludos,

ABovino

TE SEGUIMOS ESPERANDO, MARIANA...

Alberto Bovino

EL PAPA BENEDICTO SIGUE RECHAZANDO EL PRESERVATIVO

TIEMPOS MODERNOS









"Benedicto XVI recuerda que el uso del preservativo
equivale a banalizar la sexualidad,
y pierde su significado como expresión de amor".





17 feb. 2011

LA MUERTE DE ALFREDO Y LA PRESENTACIÓN DE MI CURSO





¡ÚLTIMO MOMENTO!







Y AHORA SÍ, ¡A PRESENTAR EL CURSO!

16 feb. 2011

NOTA FINAL DE VIRGOLINI Y SILVESTRONI





Luego de la invitación al debate público de Poder Ciudadano que hemos subido aquí, hemos recibido esta nota de Julio Virgolini, Adrián Maloneay y Mariano Silvestroni:


Declinamos la invitación. Como todos los abogados sabemos, nuestro rol de defensores en la causa de referencia no nos permite debatir públicamente situaciones, procedimientos o expectativas que se encuentran cubiertas por el secreto profesional. La labor allí desempeñada se encuentra reflejada en los escritos de este estudio, que están a disposición de quien tenga interés en leerlos y analizarlos, lo que no ha ocurrido hasta el momento a pesar de la tinta ya malgastada en un pseudo debate, en el que los abogados de las ONGs ACIJ y CIPCE se dedicaron a denostar públicamente a otros sobre la base de discrepancias que podían haber dado motivo a una discusión seria; en este punto queremos simplemente puntualizar que el deslizamiento del eje de la cuestión al terreno personal —lo que parece preocupar a Poder Ciudadano— ha sido lo que tales abogados han desplegado en un blog en donde suelen expresarse en ese estilo y en un escrito judicial innecesaria e injustamente agraviante. Las discrepancias sobre las cuestiones estrictamente penales y procesales vinculadas a la causa de mención serán resueltas por los tribunales correspondientes; los agravios proferidos serán valorados por un tribunal de disciplina profesional. Ninguna de las decisiones que allí se produzcan tiene por qué impedir o restringir un debate público abierto y serio, que con placer observaremos sin participar en él. Nuestra ausencia podrá servir, además, para que ciertos letrados propensos al desborde verbal y a resolver las discrepancias mediante la descalificación del adversario —y no sobre mejores razones— no se sientan tentados a repetir exabruptos. No nos ocuparemos más de este tema y agradecemos la invitación de Poder Ciudadano, a la que auguramos mejor éxito.

11 feb. 2011

ACIJ Y CIPCE responden


CARTA ABIERTA DE ACIJ Y CIPCE




Del mismo modo que Poder Ciudadano, el blog Sin Corrución ha publicado una respuesta a los dichos vertidos por Silvestroni, Maloneay y Virgolini en estes blog (ver aquí). Agradecemos al blog Sin Corrupción que nos permitieran reproducir su respuesta. Y ahora sí, pasemos y leamos

.




Julio Virgolini, Adrián Maloneay y Mariano Silvestroni solicitaron derecho a réplica al comunicado institucional que Poder Ciudadano emitió a raíz de la denuncia que estos tres abogados presentaron en el Colegio Público de Abogados contra los directivos y abogados de ACIJ y CIPCE por su intervención en la causa “IBM/Banco Nación”.


Dicha réplica fue publicada en la página de Poder Ciudadano y en el blog NO HAY DERECHO. Allí se efectúan una serie de manifestaciones falsas que nos gustaría clarificar de cara a la opinión pública y la comunidad académica.


En el punto “9” de la réplica sostienen que ACIJ, CIPCE y el Ministerio Público de la Nación, mantuvieron oculta la existencia de un convenio de colaboración durante la instancia de juicio abreviado. Asimismo, dejaron entrever sobre la existencia de nexos no públicos y posibles beneficios económicos para las organizaciones que de allí surgiría. En ese sentido, sugieren que Poder Ciudadano debería investigar si la celebración del convenio de colaboración implicó algún acuerdo económico entre las partes.


Sobre el asunto, debemos decir lo siguiente: La firma del convenio tuvo carácter público, y desde el momento de su rúbrica, se encuentra publicado en el sitio web del Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gov.ar) y en las páginas de Internet de ACIJ y CIPCE. No hay otro contenido que lo que allí se expresa. Dicho convenio es el resultado de años de trabajo de monitoreo y crítica respecto de la labor desempeñada por el Ministerio Público y el Poder Judicial, en causas de criminalidad económica a través del seguimiento público de los principales expedientes donde se investiga la corrupción pública y privada. Se trata de casos -todos ellos- que han dañado la institucionalidad de nuestro país y el patrimonio del Estado Nacional.



Es una práctica habitual –en muchos países del mundo- que los organismos públicos que promueven el avance de la investigación sobre hechos de corrupción, firmen acuerdos de colaboración con organizaciones no gubernamentales. Ello no implica, de ningún modo, un respaldo –por parte de las ONGs- de la actuación del Ministerio Público ni de éstos hacia los primeros. De la posición crítica sobre el desempeño que tienen los diversos actores que participan de estos expedientes, da cuenta a diario la información que publicamos en nuestro blog “Sin Corrupción”.


La afirmación respecto a que el convenio – presumiblemente conocido por los abogados al momento de firmar el juicio abreviado en cuestión- pudo haber implicado un beneficio económico entre las partes, es completamente falsa y representa una muestra clara de las formas asumidas por el estudio jurídico que es parte de la polémica suscitada. La alegación de que no nos comportamos neutralmente en nuestra función en el acuerdo –por haber suscripto ese convenio- también es inapropiada.


Nuestro rol en la audiencia en la que se firmó el acuerdo entre los acusados y la fiscal fue extremadamente acotado. Solo nos limitamos a observar ese acto procesal, sin haber efectuado ningún tipo de consideración. En este sentido, el agravio denunciado por los abogados firmantes, es inexistente.


En nuestro país, la corrupción y el delito económico han causado daños valuados en por lo menos 13 mil millones de dólares, sin que hasta el presente se haya podido recuperar parte significativa del mismo. El convenio de colaboración aludido tuvo y tiene como misión, contribuir al desarrollo de una política pública anticorrupción basada en la recuperación de activos de origen ilícito y, por ende, orientada hacia la reparación del daño social causado por la criminalidad económica y la corrupción. Los esfuerzos realizados, en ese caso, por la fiscal de juicio Sabrina Namer, permitirían recobrar 18 millones 286 mil pesos.


Seguramente el enojo de estos abogados, sea el reflejo de haber tocado un nervio sensible del poder económico en nuestro país. Es a la vez, la mejor prueba de los buenos resultados de los efectos preventivos que una política de recuperación de activos bien implementada genera en la difícil tarea de reducir la corrupción, y reparar el daño social producido por este tipo de criminalidad.


No es nuestra intención continuar con un debate que a esta altura resulta estéril en relación con las deudas que mantiene nuestro país en las materias que nos ocupan. Sin embargo, hacemos saber a quienes se interesan por estos asuntos, que no nos dejaremos amedrentar por esta clase de acusaciones. De acuerdo al art. 13 de la Convención Internacional contra la Corrupción, las ONGs tienen un rol clave en materia anticorrupción.


Seguiremos realizando nuestra labor, independientemente de los obstáculos que se nos pongan enfrente, especialmente de quienes lo advierten como una amenaza al contexto de impunidad reinante en nuestro país. Argentina es uno de los países del mundo con menor cantidad de condenas por estos delitos.


El abuso recursivo y el aprovechamiento de las falencias del sistema jurídico por parte de algunos abogados defensores es una de sus causas. Continuaremos con la tarea de explicitarlo y hacerlo saber a todas las víctimas de la corrupción, es decir, el resto de la sociedad.

10 feb. 2011

COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE LA MEMORIA




COMUNICADO DE LA COMISION POR LA MEMORIA


El Ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, alcaide mayor Ricardo Casal, agredió a la Comisión por la Memoria mediante declaraciones publicadas por el diario Clarín en el día de ayer. Una vez más –según su estilo- ha tratando de confundir a la opinión pública con sus dichos falaces.



La diversidad, pluralidad, compromiso militante e independencia de los miembros de nuestra Institución está en la esencia de su constitución y ello garantiza su total autonomía frente a todos los gobiernos. La trayectoria por más de diez años demuestra este andar innegociable en la defensa de los derechos humanos en el marco normativo que surge de la Constitución Nacional y los tratados internacionales en la materia.



El aporte documental que realiza la CPM en base a los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense opera como idóneos elementos probatorios que sirven para desentrañar el plan criminal de exterminio y lograr la condena de los genocidas sometidos a juicio. La política educativa que desde hace diez años se desarrolla con jóvenes del ámbito provincial ha posibilitado que miles de estudiantes interactúen con el pasado en el presente para proyectar la memoria hacia el futuro. Más de 6000 jóvenes brindan anualmente su trabajo y creatividad bajo la conducción del área específica de la CPM en el Programa Jóvenes y Memoria. Se rescatan historias de vida y los sucesos de los pueblos y ciudades del territorio de la provincia de Buenos Aires.



En el Museo de la Memoria de CPM se exponen obras de los mejores artistas de la Argentina y las muestras recorren la provincia sirviendo de instrumento para generar una mirada crítica y comprometida desde la cultura, respecto a la vulneración de derechos y su defensa. Es educar por el arte.



La Comisión por la Memoria monitorea los lugares donde hay personas detenidas (cárceles, comisarias, institutos de menores), pese a las restricciones, obstáculos y prohibición de registros fílmicos y fotográficos que estableció el Ministerio de Justicia y Seguridad. Cada año se realizan más de 100 visitas a lugares de detención, se recibe a familiares de detenidos y se realizan trámites judiciales para atender las sistemáticas violaciones a los derechos humanos del estado provincial. Durante 2010 se presentaron 1220 acciones de “habeas corpus” y denuncias por violencia institucional sobre los detenidos. Un informe anual da un cuadro de situación y ha servido de base para denuncias nacionales e internacionales por incumplimientos rotundos de la legislación vigente por parte del gobierno provincial en el área de seguridad y justicia.



La Comisión por la Memoria es parte fundadora del Acuerdo para la Seguridad Democrática y ha criticado la gestión basada en la demagogia punitiva y la autonomía policial que encarna el ministro Ricardo Casal como expresión acabada de la mano dura y de impunidad para la corrupción institucional de las fuerzas policial y penitenciaria. Pero no nos quedamos en la descripción del cuadro de situación sino que hemos diseñado un conjunto de propuestas para mejorar la seguridad y la justicia de la provincia de Buenos Aires basadas en la recuperación de la gestión civil sobre las fuerzas de seguridad, en la transformación profunda de la policía y el servicio penitenciario –cumpliendo con protocolos internacionales en la materia-, la creación de una Policía Judicial dependiente de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia.



Las declaraciones del ministro Casal pretenden descalificar a la CPM, pero en realidad muestran su propia ideología, su concepción del poder y la pretensión de manejar los fondos públicos como si fueran propios. El ministro Casal cree que si una institución tiene asignados fondos públicos debe disciplinar su comportamiento a los deseos del gobierno. La obsecuencia y la sumisión parece ser la regla vertical que rige su gestión. Malversando fondos podrá comprar otros silencios.



Nuestra Comisión Provincial por la Memoria no es un sujeto complaciente y aplaudidor de cualquier gestión. Nuestro compromiso es con la vida, la dignidad de las personas y la defensa innegociable de los derechos humanos de cualquier hermano que los vea quebrantados por agentes del Estado.



La colérica reacción del ministro Casal se da porque no acepta que una institución representativa y plural sea tan intransigente en la lucha por la vigencia de los DDHH de todos y todas, que la CPM haya denunciado los pactos con la corporación uniformada y que haya demostrado que la demagogia punitiva y la autonomía policial no sólo son contrarias al estado de derecho, sino que son un fracaso respecto a la seguridad de los vecinos de la provincia, mientras ocultan la vigencia de nichos de corrupción y redes delictivas donde participan policías, hasta reclutando menores para delinquir.



Con respecto a la masacre de José León Suárez, reiteramos nuestra posición. No alcanza la tardía separación transitoria de los sospechados de las muertes crueles y vanas. Hay que cambiar de fondo la política de seguridad del gobierno que instala la idea de que los niños, jóvenes y adultos pobres y excluidos tienen menos derechos y que son los responsables de la inseguridad. Esas políticas son las responsables últimas de que tantos uniformados se sientan habilitados a disparar contra ellos porque creen que su vida no vale nada. Y lo hacen, además, sabiendo que cuentan con la impunidad que les garantiza esta política. La seguridad pública que lleva adelante el ministro Casal parece fuera de curso, por fuera de una política pública de seguridad democrática.



Ante el agravio ocasionado, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, solicita al gobernador Daniel Scioli que exija la retractación de su ministro en el área de justicia y seguridad por las procaces manifestaciones publicadas. La CPM merece ese mínimo acto reparador ante la afrenta ocasionada a nuestra institución y sus miembros.




COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA


ADOLFO PEREZ ESQUIVEL – HUGO CAÑON – LAURA CONTE – ALDO ETCHEGOYEN – ALEJANDRO MOSQUERA – VICTOR MENDIBIL – ELISA CARCA – MAURICIO TENEMBAUM - ROBERTO TITO COSA – DANIEL GOLDMAN – MEMPO GIARDINELLI – ELIZABETH RIVAS – MARTHA PELLONI – VICTOR DE GENNARO – EMILCE MOLLER – FORTUNATO MALLIMACI – SUSANA MENDEZ - LUIS LIMA – VERONICA PICCONE - CARLOS SANCHEZ VIAMONTE

8 feb. 2011

PODER CIUDADANO RESPONDE

INVITACIÓN A UN DEBATE PÚBLICO SOBRE EL CASO IBM-BANCO NACIÓN





A continuación reproducimos la respuesta de Poder Ciudadano a la nota de Virgolini, Maloneay y Silvestroni que subiéramos días pasados


Los abogados Virgolini, Maloneay y Silvestroni han solicitado ejercer su derecho a réplica a una opinión de Poder Ciudadano en la que expresa su preocupación frente la denuncia realizada por ellos ante el Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados contra integrantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Ver texto completo de los letrados aquí.


Dado que a partir del Fallo “Petric, Domagoj Antonio v. Diario Página 12” por parte de la CSJN (Lexis Nº 983898), quedó claro que el derecho a réplica no abarca las meras opiniones, ideas o juicios de valor o críticas, invitamos a los letrados y a todos los interesados en la solución de hechos de corrupción en el país, a convertir el derecho a réplica en un debate público.


En su comunicación, Poder Ciudadano destacó la importancia de que una discusión sobre un caso de alta relevancia en materia de corrupción y recupero de activos se de, tanto en el expediente penal como en la arena pública, con la mayor plenitud.


La solución definitiva de un caso de corrupción y el recupero de los fondos sustraídos de las arcas públicas son cuestiones de la máxima importancia, que reclaman el involucramiento de la ciudadanía y la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. El caso IBM-Banco Nación constituye una oportunidad de poner a prueba ideas y mecanismos novedosos que puedan ayudar tanto al recupero de activos como a la reducción de la impunidad, escapando al mismo tiempo de paradigmas meramente punitivos. Las razones para que esto no haya ocurrido aún son múltiples y no está en la intención de Poder Ciudadano ocuparse de ello, sino rescatar lo que aún es posible del debate generado. Las intervenciones procesales y en la arena pública de las ONGs y de los abogados son del máximo valor, y la opinión de Poder Ciudadano se orientó exclusivamente a potenciar las posibilidades de este debate, recomendando excluir acciones enfocadas en sanciones personales sobre cualquiera de los abogados participantes en razón de sus decisiones en estas arenas.


Es por ello que señalamos que trasladar las discusiones procesal y/o pública al terreno de la responsabilidad disciplinaria de los abogados, llevando el conflicto y sus consecuencias al terreno personal, implica correr el eje de la disputa y restringir éste y futuros debates.


Es por eso, que desde Poder Ciudadano, invitamos a alimentar un debate democrático en el que se exponga la diversidad de posiciones de distinguidos abogados, profesores universitarios y militantes de la sociedad civil, acerca de la solución correcta de un caso de corrupción pública.


Creemos que es posible darle un nuevo cauce a esta discusión. Para esto es necesario elegir un ámbito y reglas de juego que nos contengan y en los que nos podamos reconocer mutuamente en nuestras diferencias. En cuanto al ámbito, les proponemos que sea Poder Ciudadano. En cuanto a las reglas de juego, diseñemos un debate estructurado en torno a temas específicos y con reglas claras para el desarrollo de la discusión. Si todos los involucrados están de acuerdo, nos ponemos ya mismo a organizarlo. Si de esta discusión sale algo más que litigio y agresión, habrá valido la pena.


Una última consideración en relación a la insistente referencia a que la opinión de Poder Ciudadano ha sido expresada de manera anónima.. Somos una organización con más de 20 años de actuación pública en la sociedad civil, titular de personeria jurídica, con un domicilio legal y con una web institucional (www.poderciudadano.org) en donde podrán encontrar los datos de las autoridades constituidas formalmente y de los miembros de su staff.


Apelamos a la alta estima y respeto que sentimos por todos los involucrados en el conflicto y deseamos profundamente que este debate público pueda concretarse.


Saludos cordiales,


PODER CIUDADANO

7 feb. 2011

EL CURSO DE GARANTÍAS A CARGO DE ALFREDO BOVINO ES MÍO


-->
LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ALFREDO







-->
Yo soy Profesor del Departamento de Derecho Penal. Una vez al año, el primer cuatrimestre, doy el curso “Garantías constitucionales del derecho penal sustantivo y del derecho procesal penal”, materia que depende del Departamento de Derecho Público. Ésta debe ser la tercera vez que en el Departamento de Derecho Público informan mal mi nombre de pila a quienes se ocupan de armar la oferta de cursos de toda la Facultad.

Por este motivo, mi curso aparece a cargo de un tal “Alfredo Bovino”, que no existe. Este error parece poner bastante nervioso a los estudiantes, y ya es la tercera vez que la pregunta sobre quién da el curso me llega por distintas vías. Este año, además de las vías más tradicionales, me llegó tanto por Facebook como por Twitter.








Hace unos días me citaron de la Facultad, más precisamente del Departamento de Derecho Público. El 01/02/2011, a las 13:25, Departamento Publico escribió:

Estimado Prof. Bovino:
Le solicitamos mediante la presente que tenga a bien pasar por el Departamento para notificarse de la Resolución (CD) Nº 668/00.
Saludos cordiales,
Martín Fontan Otero.
Facultad de Derecho - U.B.A
Departamento de Derecho Publico.


Aproveché este correo para pedir que se corrija el error:


Sent: Tuesday, February 01, 2011 4:21 PM
Subject: Re: INFORMAR.-
Estimado Martín:
Si me puede informar los horarios le agradecería. Otra cosa, creo que es el tercer año que en la oferta de cursos, mi materia de "Garantías constitucionales...", aparece a cargo de "Alfredo" Bovino. Por esta razón muchos estudiantes averiguan si se trata de mí o de otro profesor. ¿Hay manera de corregir eso, al menos para el futuro? Muchas gracias,
Alberto Bovino


Yo pensé que con eso bastaría, ya que el Departamento tiene toda la documentación que prueba cuál es mi nombre. Pero no, nada es tan fácil. Al día de hoy, 7 de febrero, la única ha sido la siguiente.


Estimado Profesor Bovino:
El horario dentro del cual puede pasar por el Departamento a notificarse es de 8 a 20 hs de lunes a viernes. Con respecto a la consulta que nos hizo sobre la modificación de su nombre en la oferta de cursos, lo consulto con los directivos del Departamento y a la brevedad le estaremos dando una respuesta.
Saludos cordiales,


Quizá algún día me devuelvan mi único nombre de pila.

5 feb. 2011

¿NADIE RECORDÓ QUE LA CENSURA NO ES BUENA?

La expresión comercial cada vez más devaluada...




Mire este video...





La Autoridad de Normas Publicitarias (ASA) del Reino Unido prohibió un anuncio televisivo del perfume Belle d'Opium de Yves Saint Laurent porque considera que representa a una mujer consumiendo drogas (NOTA EN OHLALÁ!).




Si usted salió corriendo a buscar a su dealer, ellos tenían razón...

2 feb. 2011

MARIANO SILVESTRONI - SIN CORRUPCIÓN - PODER CIUDADANO


Julio Virgolini, Adrián Maloneay y Mariano Hugo Silvestroni
replican a Poder Ciudadano







El 1º de febrero recibimos una correo de Mariano Silvestroni en el cual nos solicita que publiquemos esta réplica de Virgolini, Maloneay y Silvestroni a una nota de Poder Ciudadano repoducida en el blog Sin Corrupción. Así lo hacemos, y desde ya invitamos a Poder Ciudadano y al blog sin Corrupción a enviar cualquier opinión o respuesta que consideren de interés para ser publicadas aquí.

AB




La ONG Poder Ciudadano acaba de publicar en su web una nota anónima (no se cita el autor), también consignada en el blog “Sin Corrupción”, en la que se nos alude con nombre y apellido, exhortándonos a desistir de una denuncia, y para ello se invocan hechos y circunstancias falsas. Nos permitimos responder:


1) Es cierto que hemos denunciado a los abogados Nino, Binder, Biscay, Castelli y Blanco ante el Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, pero ha sido en los términos del art. 14 del código de ética profesional y no es cierto que haya sido con motivo de las expresiones vertidas en un debate mantenido a través de la web, ni para saldar dicha disputa, ni para ahogar derecho alguno a la libre expresión.


2) El hecho que motivó la denuncia es bien preciso: consiste, en cambio, en el haber consignado en un escrito judicial manifestaciones injuriosas y agraviantes, absolutamente innecesarias y violatorias de la regla ética ya mencionada.


3) El hecho sobre el que versa la denuncia es, en efecto, el que en base a la disconformidad suscitada por la interposición de un recurso procesal, los abogados denunciados tildaron de soeces a los argumentos empleados en el recurso, atribuyeron a los suscriptos una conducta de la mayor mala fe, les imputaron alevosía, y grosería, vileza, indignidad e infidelidad(¿), el haberse burlado de las reglas básicas de las negociaciones, haber realizado una jugada distante del fair play, un ejercicio de cinismo y burla hacia las instituciones del derecho y las nociones más básicas de la justicia, y otras semejantes.


4) Al apoyar el comportamiento de los abogados Binder, Biscay, Nino, Castelli y Blanco, puede parecer que Poder Ciudadano admite que las controversias y los litigios judiciales puedan resolverse mediante el agravio y no a través del análisis del derecho, y con ello abre la puerta a una escalada de medios injuriantes porque: ¿Cuál es el límite entre el lenguaje señalado y un escupitajo? ¿En qué punto de una discusión jurídica puede ésta saldarse con una bofetada? Obviamente, la escalera puede no tener fin.


5) Del mismo modo, ese apoyo da pié a la sensación de que Poder Ciudadano puede haber sido ganado por una especie de fundamentalismo antigarantista, que autoriza la descalificación pública del adversario como arma más eficaz para la victoria que la discusión de ideas sobre una base igualitaria: cuando una parte se permite denostar y menoscabar al adversario se acaba la democracia, pierde fuerza la razón y gana la prepotencia y el autoritarismo.


6) Finalmente, cabría interpretar que Poder Ciudadano considera bien que los abogados no se encuentran sometidos a reglas éticas de obligatorio cumplimiento, o bien que las faltas cometidas en el ejercicio estricto de la labor profesional, en el marco de un proceso judicial, no deben ser sancionadas y que la lenidad a dichas faltas se justifica en aras de la libertad de expresión que sus autores ejercen en ámbitos que son ajenos al ejercicio profesional.


7) Pero no parece que la trayectoria de Poder Ciudadano admita ninguna de las tres interpretaciones que hemos señalado, por lo menos en función de la actuación reconocida de esta ONG de bien ganado prestigio. Poder Ciudadano es una expresión que reclama la participación, y ésta solo es posible a través del respeto mutuo, que asegura la igualdad y no el sometimiento.


8) Por lo tanto debemos admitir, como mejor hipótesis, que Poder Ciudadano no se ha informado debidamente antes de emitir un comunicado que por una parte resulta falaz en los hechos y por la otra contradictorio con el ejercicio de la democracia que defienden. Porque es evidente que sólo en razón del desconocimiento (no podríamos sospechar “amiguismo”, “deshonestidad intelectual” o “esnobismo” en el seno de esa entidad) pueden efectuarse las consideraciones que respondemos. Les ha faltado información y lectura. Suponemos que podrían haber escuchado nuestra versión antes de opinar. O que podrían haber leído nuestro escrito (algo tan básico), para saber de qué se está hablando.


9) Para preservar la transparencia y la ética, que son los verdaderos intereses de Poder Ciudadano, sería saludable que, en lugar de detenerse en el detalle poco relevante de una denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados (que no debería sufrir presiones de ningún tipo ni siquiera a través de este tipo de comentarios públicos), se preocupara por indagar en la verdadera relación existente entre el Ministerio Público Fiscal y las ONGs CIPCE y ACIJ, relación que existe formalmente pero que fue deliberadamente ocultada tanto por la fiscal interviniente en el proceso IBM-BNA, señorita Namer, como por los abogados ahora denunciados. En efecto, en el acta del juicio abreviado se hizo constar que “a modo de garantes de la transparencia del proceso y tratativas para arribar al presente juicio abreviado, CIPCE y ACIJ, las dos organizaciones no gubernamentales que más críticas han sido del actuar del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal durante el desarrollo del proceso …” eran convocadas al acto, y que, por ello, “de manera alguna podrá decirse que el Estado arribó a una solución irregular del caso”. Pero la realidad es otra: ambas ONGs y los letrados aquí denunciados –algunos de los cuales suscribieron el acta referida- no son extraños ni críticos de la actuación del Ministerio Público Fiscal, ya que con anterioridad habían firmado acuerdos de colaboración con el Ministerio Público Fiscal, en los que se consignaba que (cláusula cuarta) “A los fines de planificar, proyectar y dirigir las tareas y actividades desarrolladas a partir de la firma del presente convenio marco de colaboración las partes convienen en designar a Sabrina Namer en representación de la PROCURACION y a Pedro Biscay en representación de CIPCE”. Para aclarar los tantos: Namer y Biscay son los representantes de “las partes en el acuerdo de colaboración, pero luego Biscay se presenta en el juicio junto con Nino como si fueran independientes, invocando ser las personas más críticas de la labor del Ministerio Público Fiscal, para avalar la actuación de Namer y “dar transparencia al acto”. Ello, claro está, sin revelar la existencia del convenio de colaboración. ¿Esto es o no una mentira? ¿Qué tiene que ver esto con la transparencia?


10) Lo proponemos como idea: tal vez a Poder Ciudadano le interese investigar y opinar sobre esta deliberada opacidad. O sobre la cláusula quinta del convenio “de colaboración” que dice: “La firma del presente convenio no implica erogaciones financieras directas, sin perjuicio de los acuerdos complementarios que se firmen en este sentido, los que estarán sujetas a las decisiones de sus respectivos órganos competentes, a la disponibilidad de fondos y a las normas referentes a asuntos presupuestarios y financieros” ¿Habrá existido algún acuerdo económico? Tal vez la estrecha relación entre CIPCE y ACIJ y Poder Ciudadano le permita a ésta averiguarlo.


11) Por último, nos interesa señalar que la “nota” de Poder Ciudadano es anónima, como ocurre también con las que publican las ONG Cipce y Acij en “Sin Corrupción”. Nos gustaría saber quiénes dicen lo que dicen. Para saberlo nomás. Porque es muy fácil escudarse detrás de un logo o de un nombre y desde allí decir cualquier cosa. ¿Quién es Poder Ciudadano hoy concretamente? ¿A quién representa? ¿Quién habla por ella? ¿Habla por sí o por sus aportantes? ¿Hablan sus autoridades a título personal? ¿Qué compromisos tiene con otras ONGs? Porque, en definitiva, es muy feo que se emule lo peor del periodismo más amarillo y barato: el anonimato.



Esta respuesta la firmamos: Julio Virgolini, Adrián Maloneay y Mariano Hugo Silvestroni. Esperamos que (sobre la base de la defensa de la libertad de expresión) sea publicada.




Mariano Silvestroni