NOS SACARON EL CURSO DE GARANTÍAS

Buenos Aires, 5 de febrero de 2014

Al Departamento de Derecho Público

En el día de ayer hemos recibido un correo electrónico del Departamento de Derecho Público en el que se pretendía justificar el hecho de haber omitido publicar mi oferta de curso de CPO para este primer cuatrimestre. El texto del mensaje decía lo siguiente:

Estimado Profesor Alberto Bovino:

Lamentamos que el curso Garantías Constitucionales del Derecho Penal no fuese ofertado. En este sentido le informamos que teniendo en cuenta que el curso no obraba agregado en el listado remitido por la Secretaría Académica para su renovación, este Departamento obró en la inteligencia que el Dpto Derecho Penal había canalizado y readecuado su propuesta del curso dentro de esa órbita. 

Asimismo, conforme los lineamientos recibidos de las autoridades de la Facultad, el Consejo Consultivo del Departamento, en un contexto de una disminución importante de matrícula, estableció como criterio que las propuestas de cursos se efectúen a través de profesores titulares, y se priorizó la asignación de los cursos a profesores dependientes del Departamento, en particular a aquellos que perciben renta.

Lamento decirles que sus explicaciones no me han satisfecho. En primer término, alegan que el Departamento "obró en la inteligencia de que el Dpto. de Derecho penal había canalizado y readecuado su propuesta del curso dentro de esa órbita". El Departamento podría haber preguntado al Departamento de derecho penal si había intervenido de algún modo. Además, el Departamento de Público no informó de nada al de Penal, razón por la cual la expresión "obró en la inteligencia..." no resulta para nada creíble.

El requisito de que las propuestas de curso se efectúen a través de profesores titulares —cuyos fundamentos desconocemos— fueron para nosotros de cumplimiento imposible, tal como lo explicara en uno de los correos que adjunté a la nota anterior. Antes de la fecha prevista para presentar las propuestas, y luego de aclarar que en este momento no estoy en ninguna cátedra, solicité instrucciones, que jamás fueron contestadas. Finalmente, el día anterior al vencimiento del plazo, remití la nota dirigida al Director del Departamento para su consideración.

Por otra parte, el criterio que dio prioridad a los profesores del departamento muestra una vez más que las formas se imponen sobre la sustancia. En efecto, nada se dice de la calidad de cada uno de los cursos, de sus contenidos y aspectos metodológicos.

El maltrato sistemático que he recibido por parte de las autoridades del Departamento produjeron los siguientes obstáculos para actuar. Primero se me rebautizó con un nombre de pila que no era mío (Alfredo Bovino). Más de dos años me costó que se me devolviera mi nombre. Luego se me asignó un curso cuando había pedido licencia. Y ahora me han dejado sin curso.

Finalmente, se han librado de mí, porque no pienso lidiar con burócratas que como única variable para asignar un curso invocan la pertenencia a un departamento. Espero que estén felices. Lo paradójico es que a nadie se le ocurrió evaluar la calidad del curso que solía estar a mi cargo.

Espero que con esta mezquina medida que solo pretende encasillar los cursos como propiedad exclusiva de los docentes de su Departamento por cuestiones formales no perjudique a los estudiantes que siguen la Orientación en Derecho Penal.

Me han ganado por cansancio. ¿Qué interés podría tener yo si la asignación de los cursos no se realiza sobre las aptitudes que cada docente, sino tales criterios nada dicen de la idoneidad del docente? Por este motivo, expreso mi decisión de no volver a dar jamás el Curso de "Garantías constitucionales...", así no me entrometo en los cursos que en este Departamento se consideran de propiedad exclusiva de sus docentes y, por el mismo precio, me abstengo de afectar la pureza de la teoría constitucional. Y esta vez les solicito que tomen nota de esta decisión, pues no quiero que el primer cuatrimestre de 2015 aparezca mi oferta de curso. Que quede claro.

Por último, creo que estas decisiones de "política educativa", según las cuales mi curso sería rechazado por "no pertenecer" exigen, entre otros reglas de fair play, la publicidad de las reglas. Deberían haberme dicho claramente, antes de octubre, que mi curso sería rechazado. La explicación que recibiera por correo electrónico solo se debió al hecho de que pedí explicaciones. Las explicaciones posteriores a los hechos me impidieron ofrecer un curso en el Dpto. de Derecho penal. Es decir que muchos estudiantes que querian cursar la materia con nosotros no podrán hacerlo; y que con la arbitraria decisón de este Departamento, además, se ha restringido mi derecho a cumplir con mis obligaciones docentes.

Cordiales saludos,

Alberto Bovino