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20 mar. 2011

MALDITA JUSTICIA II

Jorge Auat y Pablo Parenti: “En el Poder Judicial todavía
existen operadores vinculados con la dictadura”


Por Sebastián Premici





Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal
que sigue las causas de derechos humanos,
analizan la destitución del juez Luis Miret
por su colaboración con la dictadura




El Consejo de la Magistratura destituyó, finalmente, al camarista federal de Mendoza Luis Miret por haber sido “colaboracionista” con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Sin embargo, para Jorge Auat, jefe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento por Violación a los Derechos Humanos y Pablo Parenti, coordinador de ese órgano, el caso “Miret” también da cuenta de las maniobras corporativas de la justicia que pone trabas a los juicios en plena democracia. Ambos funcionarios le explicaron a Debate los alcances de la destitución de Miret, criticaron a la corporación judicial y al discurso falaz que existe sobre la “independencia de poderes” y abogaron por la continuidad de las causas contra los delitos de lesa humanidad.



¿Cuál es el mensaje detrás de la destitución del camarista Luis Miret?

Auat: El caso Miret es parte del universo fáctico donde se producen las investigaciones relacionadas con los delitos de lesa humanidad. Su destitución significa que en la estructura del Poder Judicial todavía hay muchos operadores que vienen desde la época de la dictadura, quienes poseen algún grado de responsabilidad por los hechos cometidos. Es un núcleo muy importante todavía. Lo que hay que dejar en claro es que la destitución de Miret no es un caso aislado, hay circunstancias similares que ocurren en otras provincias, como Chaco donde hay involucrados fiscales, como Roberto Domingo Mazzoni. El caso Miret no es diferente al de Víctor Hermes Brusa, en Santa Fe, o Carlos Otero Álvarez, en Córdoba. En la medida en que sigan apareciendo nombres comprometidos con los hechos que se investigan, habrá que hacer las imputaciones correspondientes. El caso de Mendoza (ndr: una de las provincias donde se produjo la mayor cantidad de excarcelaciones a militares acusados) es un testimonio más del grado de compromiso que tenían algunos jueces y funcionarios durante la época de la dictadura con los hechos que se cometían. Tiene un efecto comunicador hacia todas las estructuras del Poder Judicial para que sepan que estos hechos se están investigando. El mensaje fuerte de la destitución de Miret tiene que ver con que se desmonta lo que ocurrió durante la dictadura en relación con la justicia pero, por sobre todas las cosas, lo que siguió ocurriendo en democracia.

Parenti: El caso de Mendoza, donde también se está investigando la actuación de Otilio Romano, quien ya presentó su renuncia y el Consejo tiene que determinar su juicio político, posee un efecto comunicador en el sentido que muchas más personas que ya sabían de los hechos cometidos durante la dictadura y la participación de la justicia, ahora se van a enterar con lujo de detalles. Hay muchos testimonios que dan cuenta de cómo actuaron las diferentes estructuras del Estado durante la dictadura. Es un caso que permite superar esa idea de que el rol de la Justicia fue sólo pasivo. Incluso, algunos sectores insisten con que no podían hacer demasiado, dadas las circunstancias. Esa descripción del fenómeno, tan benévola, queda desmentida por las pruebas que aparecen. Hay múltiple cantidad de hechos y víctimas que declaran lo mismo en cuanto a la participación de la justicia en las causas sobre los delitos de lesa humanidad. Son datos insoslayables.


¿Cuáles son las circunstancias que permiten que haya jueces en distintas provincias que en vez de buscar justicia, sean cómplices?

P: Hay un factor muy claro en el Poder Judicial que es la endogamia. La administración de justicia se reproduce a partir de las mismas personas que están dentro del sistema. Entran los hijos de los funcionarios, los conocidos, sus ahijados, etcétera. Hay una permanencia que hace difícil la renovación, no sólo de personas sino de miradas y de ideologías. En muchos casos hay magistrados que no estuvieron durante la dictadura, pero sí tienen vínculos con ella, fueron secretarios de un juzgado o tienen miradas similares sobre lo ocurrido. Hay una visión de una justicia elitista, nada acostumbrada a dar explicaciones, ni abrir sus puertas a las personas que reclaman justicia. En la Argentina no hubo “limpieza” como, por ejemplo, en Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se separó a los jueces vinculados con el nazismo.

A: Existe una configuración del sistema que no se transformará sólo a partir de un recambio de jueces. Si en un proceso de cambio no hay una renovación de miradas, de otra impronta se seguirá reproduciendo el mismo sistema a partir de su endogamia. Parte de esta compleja situación tiene que ver con la urgencia que existió, en 1983, de dar una continuidad institucional a la justicia, donde se podría haber puesto un corte. En rigor, sabemos que en cualquier sistema hay corporaciones. Actuar como corporación es una forma de sobrevivir como cuerpo. Esto forma parte de la patología del problema. Por eso, creemos que hay que romper con esos paradigmas corporativos a partir del señalamiento de casos puntuales para exigirle a quien tenga alguna responsabilidad que verifique los hechos. Así ocurrió cuando marcamos las estrategias de demora implementadas por los defensores públicos y privados y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, lo sintió como un cuestionamiento personal. Cuando se actúa de manera corporativa, se diluyen las verdaderas causas de fondo.


¿Y cómo se desmontan esas respuestas corporativas?

P: Una manera es que la sociedad civil continúe exigiendo respuestas. Hay que abrir las puertas de la justicia. No tenemos problema con que las reuniones que se hacen con la comisión de la Corte Suprema sean con público, no hay nada que esconder. Si nosotros tratamos las acusaciones contra el juez de Jujuy Carlos Olivera Pastor, por ejemplo, no tenemos inconveniente con que la sociedad se entere. Si no hubiéramos roto algunas resistencias corporativas en Mendoza, Miret no habría sido destituido. No sólo había que tener pruebas suficientes en su contra sino que debíamos superar esa instancia y hacer que la sociedad en su conjunto reclamara su apartamiento.

A: Cuando hablamos de corporación, no sólo apuntamos contra los jueces y fiscales, también la integran los colegios de abogados. Para nosotros, cuando un juez se inhibe y viene otro de la matrícula que integra la lista de conjueces, rápidamente advertimos el comportamiento corporativo. Cuando existe una resistencia corporativa fuerte, la prueba necesita un acervo probatorio mucho más fuerte, para poder enfrentar a esa corporación. Es un problema de relación de fuerzas. A veces los hechos comprobados no son suficientes para condenar a alguien porque están las resistencias dentro del propio sistema judicial.


¿Cuál debería ser el rol del poder político frente a la corporación judicial?

A: Primero, habría que decir que nada cambiará si no hay una verdadera autocrítica de todo el sistema judicial, si no se admite su déficit, su deuda, su falta de respuesta. El cambio necesita un disparador. Hay urgencias razonables, causas de más de treinta años. Quien tiene expectativas de ver una condena y se muere antes, sólo vivió la impunidad, por más que después haya una condena. Si el sistema judicial no entiende que estas causas por delitos de lesa humanidad no tienen seis meses, sino más de treinta años, evidentemente, no asumirá su compromiso de justicia.

P: Por eso, habría que hacer una exhortación a los magistrados, funcionarios, abogados, fiscales, con vocación democrática, para que sean permeables a una autocrítica, incluso, que la impulsen. Quienes realmente tienen una vocación democrática deberían despegarse de las respuestas corporativas, que sólo buscan sostener la impunidad.

¿Pero quién es el responsable de hacer esa exhortación, el presidente de la Corte Suprema o el ministro de Justicia?

A: No creo que haya que ponerle la mochila a nadie, debería ser el sistema en sí, el Consejo de la Magistratura, la Asociación de Magistrados, los abogados. Habría que crear foros para discutir cuáles son los nuevos paradigmas que necesita el sistema. La sociedad debe presionar para que cambie la impronta del Poder Judicial.


Sin embargo, a la justicia no le gusta hablar de autocríticas y prefiere el discurso apolítico de la independencia de poderes.

A: La famosa independencia judicial es mentirosa, porque es puesta como barrera para cualquier tipo de cuestionamiento. La primera falacia sobre ese discurso de la independencia de poderes y la apolitización de la justicia está en los juicios por los derechos humanos. Hay jueces que hacen política desde la mora, es su forma de hacer política. Un ejemplo es el caso del juez Alfredo Bisordi, miembro de la Cámara de Casación Penal, uno de los fueros más cuestionados por la dilación en los trámites de las causas de lesa humanidad. Hubo un pedido de juicio político, renunció a su cargo y hoy es defensor de los imputados en las causas que, supuestamente, debía investigar. Bisordi, como juez, ya actuaba como defensor de los acusados

P: El discurso de la apolitización de la justicia busca el solo efecto de que los jueces puedan hacer política sin decirlo. Otro tema donde debemos trabajar es en la gestión judicial para el control sobre las moras. No estamos hablando de que haya un comité que le diga a un juez cómo tiene que fallar, sino que pretendemos que se cree una instancia donde pueda haber un control sobre la calidad del servicio de justicia. Por otro lado, también hay jueces con desidia, pereza, más preocupados por dar clases en la facultad que por impartir justicia.


Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández impulsaron los juicios sobre las causas de derechos humanos como política de Estado. Si llegara a haber un cambio de gestión, ¿seguirán las investigaciones?

A: Si tenemos en cuenta los discursos de algunos sectores, el panorama no es muy alentador, no habilita a tener un pronóstico muy auspicioso. En los actos de lanzamiento de campaña de algunos candidatos, pudieron verse algunas caras que indicarían que están en las antípodas de las investigaciones sobre los delitos de lesa humanidad. Nosotros comenzamos con los juicios por la Verdad, las primeras decisiones importantes se tomaron durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Que estos temas sigan siendo parte de una política de Estado dependerá también del grado de compromiso de los sectores sociales. Desde la Unidad Fiscal trabajamos para que estos temas se instalen sin retorno alguno. No queremos que haya una vuelta atrás.

P: En los últimos años, intentamos dar pasos fuertes, dar cuenta de hechos lo más relevantes posible como para que no exista la mínima posibilidad de un retorno. Salvo en algunas provincias problemáticas, las causas por los derechos humanos están en un punto sin regreso. Tenemos 850 procesados, de los cuales cuatrocientos están en etapa de juicio y alcanzamos las doscientas condenas. ¿Cómo se vuelve atrás con una elevación de cuatrocientos juicios en todo el país? Hay un consenso generalizado de que las causas tienen que continuar. Siempre hay que estar atentos, pero el tema de los juicios caló hondo en la clase política.

Fuente: Revista Debate

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