CASO FERREYRA: UN PROCESO COLECTIVO CONTRA LA IMPUNIDAD

Por Maximiliano Medina, Marcos Kotlik, Ezequiel Pachu María y Alberto Bovino

Han transcurrido casi cinco años desde la trágica e incomprensible muerte de Mariano Ferreyra, joven militante de una organización política que reclamaba junto a compañeros y trabajadores tercerizados por la precaria situación laboral que se padecía en el Ferrocarril Roca.

Mariano falleció mientras hacía un cordón humano con el resto de sus compañeros. Él intentaba hacer lo que no hacía la policía, proteger a las mujeres y personas mayores del ataque de la Unión Ferroviaria. Allí, un disparo entró en el buen corazón de Mariano. Un pibe excepcional según sus amigos, desordenado y tímido, que tocaba la guitarra, que le gustaba la música y el cine. Un pibe que nosotros conocimos cuando le arrancaron la vida.

Casi cinco años después, la familia finalmente puede estar orgullosa del camino recorrido en el proceso de justicia. Hablamos del proceso de justicia en su totalidad porque abarcó tres momentos diferentes, con matices, pero con una misma premisa: celeridad y seriedad en la determinación de las responsabilidades penales.

En noviembre de 2010, en el transcurso de un mes, la justicia logró establecer la dinámica de los hechos e identificar a los agresores. Fueron los primeros siete procesamientos, tras una labor sin descanso de la jueza Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño y sus colaboradores, dispuestos a tomar las medidas necesarias y urgentes para lograr eficacia en la persecución penal. 

Luego decidieron profundizar la investigación para establecer el motivo del ataque producido en Barracas. José Ángel Pedraza, histórico caudillo de la Unión Ferroviaria fue investigado por la muerte de un militante popular. Se logró avanzar en esos motivos y en darle sentido a otros indicios que avalaban la hipótesis de la participación criminal de Pedraza y Juan Carlos Fernández.

La fiscal Caamaño fue luego reemplazada por Fernando Fiszer, quien culminó esta etapa de investigación con idéntica responsabilidad. Tras cuatro meses de investigación desde la muerte de Mariano, se logró establecer entonces que Pedraza y Fernández debían ser considerados provisoriamente como partícipes en el crimen.

Luego de las apelaciones, llegó el turno de los funcionarios policiales, aquellos que debían proteger a los manifestantes y que hicieron todo lo contrario, permitiendo el ataque, liberando el lugar para que los agresores tuvieran la posibilidad de matar. También fue firme la determinación de los investigadores en desnudar la responsabilidad de los jefes del operativo tanto en el lugar como en la sala de situación de la Dirección General de Operaciones. En menos de un año había diecisiete procesados, entre sindicalistas y policías. Algo pocas veces visto.

Se llegó a la etapa del debate oral luego de las sucesivas apelaciones de las defensas y de diversos intentos de entorpecer y obstruir la búsqueda de la verdad. Entre ellos, el escandaloso intento de sobornar a algunos integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, hecho que también se encuentra ahora en etapa de investigación. A la vez, existieron amenazas a testigos y hasta el intento de un perito, famoso por sus absurdas apariciones televisivas como experto en criminalística, Roberto Locles, de alterar la bala que mató a Mariano Ferreyra, hecho por el cual ha sido condenado con sentencia firme.

Se llegó al juicio oral con un caso sólido, donde también fue determinante la lucha constante de la familia de Mariano, el acompañamiento de los amigos, las organizaciones políticas y sociales, y de la sociedad en su conjunto que se conmovió ante tan terrible muerte política.

El CELS, que representó a la familia, aportó su capacidad de trabajo en distintas áreas, tanto a nivel jurídico como político, como en el apoyo a los familiares de Mariano, con el objeto de transitar el camino de la justicia con la firmeza que se requería. Estamos orgullosos de haber sido un engranaje más en el proceso colectivo contra la impunidad.

El Tribunal Oral 21 condujo prolija y firmemente el juicio. Iniciado el juicio, el equipo del ministerio público se fortaleció con la intervención del Fiscal Gamallo. Nueve meses de debate y catorce condenas, en un fallo que como hecho judicial marcó un antes y un después, no solo por las condenas, sino también por el modo en que se explicó el veredicto. Más de dos años más tarde, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dio su última palabra en un fallo que, a pesar de la disidencia parcial de Catucci, ha sido ejemplar.

A pesar del trámite procesal del caso en el marco de un modelo de procedimiento napoleónico, solo “eficiente” en delitos no complejos contra la propiedad, la voluntad de investigar, perseguir y sancionar a los responsables pudo vencer los obstáculos que ese modelo procesal establece regularmente en los casos complejos.

El caso constituye un gran avance en el proceso de verdad, justicia y reparación para la familia. La condena social a quienes lo asesinaron, el rol de las autoridades judiciales, el apoyo de los organismos de derechos humanos y la sociedad en su conjunto y la determinación política en avanzar hacia todos los responsables hicieron posible este logro.

A menos de cinco años, un caso complejo ya tiene sentencia condenatoria confirmada por el máximo tribunal penal de la jurisdicción nacional. Una sentencia que más allá de los tecnicismos jurídicos, más allá de las discusiones sobre el dolo o sobre la prueba indiciaria, ha establecido en sus 262 páginas que a Mariano lo mató la violencia sindical e institucional.

Se confirmó la responsabilidad penal de Pedraza y del resto de los ferroviarios. También se confirmó la responsabilidad policial tal como lo había establecido la sentencia del juicio. Por primera vez, dos jefes policiales a cargo de un operativo son condenados por homicidio por no proteger a los manifestantes. Se trata de un caso que se traduce en una grave violación a los derechos humanos y que obliga a repensar muchas cosas que como sociedad no podemos seguir tolerando.

Un caso que a la vez mostró un impecable proceso de justicia, que reflejó que cuando existe voluntad hay avances. Cuando hay vocación en el servicio de justicia no hay impunidad. Un proceso que muestra que cuando la sociedad en su conjunto no mira hacia otro lado y acompaña, las cosas más impensadas pueden suceder.

Por haber formado parte del equipo de trabajo en el CELS y por representar a la familia de Mariano en este caso, por todo el apoyo, decimos gracias.

En especial, el agradecimiento va para Beatriz Rial, Pablo, Paula, Rocío y Ricardo Ferreyra, quienes dignificaron su dolor y lo transformaron en lucha tenaz contra la impunidad, sin perder la ternura jamás.