Castración Química de Violadores.

SI ES CARA GANO YO, SI ES CRUZ USTED PIERDE.

Por Maxi Flammá

" El pecado de la fornicación es dividido por Casiano en tres tipos. El primero es la "conjunción de los dos sexos" (commixtio sexus utriusque) o fornicatio - en sentido restringido - ; el segundo es cometido sin tener contacto con la mujer (absque feminu tactu), y esto es lo que llevó a Onán a la condenación, es la immunditia, y puede tener lugar tanto en el sueño (polución) como en la vigilia (masturbación); finalmente, el tercero es "concebido por el pensamiento y el espíritu": es la libido, que tiene lugar en los "pliegues del alma", sin que tenga lugar la "pasión corporal" (sine pasione corporis). "
Michel Foucault
Historia de la sexualidad

I. Noticias de ayer

Hace poco mas de un año informabamos aquí sobre las inquietudes de algunos legisladores de la Provincia argentina de Mendoza de aprobar un proyecto de ley para la castración de violadores.

Según por estos días vienen dando cuenta distintos medios de comunicación, el gobernador de dicha provincia -Celso Jaque- acaba de aprobar un proyecto de castración química para violadores que incluye el suministro de medicamentos inhibidores del deseo sexual y un abordaje multidisciplinario de los casos.

No hemos podido aún hacernos de los decretos provinciales para darle al caso el análisis que se merece, pero ateniéndonos a la información brindada por el Ministro de Gobierno Provincial Mario Adaro a los medios, a partir de la puesta en marcha de la iniciativa de Jaque, sólo podrán presentar recursos de indulto o conmutación de pena los reclusos que se sometan al tratamiento químico.

“No se trata de un canje de beneficios. Lo que buscamos es endurecer el sistema de beneficios que ya prevé la ley. Antes, con la buena conducta alcanzaba para acceder a ellos. Ahora decimos que con la buena conducta no alcanza, hay que someterse al tratamiento”, dijo.

Según un relevamiento efectuado por las propias autoridades que impulsan la puesta en práctica de este sistema, once personas condenadas por delitos sexuales ya pidieron la castración química en esa provincia.

El Ministro de Gobierno provincial agregó que la Provincia impulsa cambios a los Códigos Penal y Procesal Penal para los delitos sexuales. Estos cambios tienden a defender la integridad física y psicológica de las víctimas, especialmente de los menores de edad.

“Se envió a la Legislatura un proyecto para implementar el seguimiento satelital de los condenados con salida transitoria o que hayan recuperado su libertad”, indicó y luego añadió:

“El gobernador con los legisladores nacionales oficialistas llevarán al Congreso una iniciativa que prevé que el plazo de prescripción de un delito sexual contra un menor comience a regir una vez que éste alcanzó la mayoría de edad, cuando es consciente de lo que le ha pasado”.

Durante una conferencia de prensa de la que también participaron el ministro de Gobierno, Mario Adaro, y el subsecretario de Justicia, Sebastián Godoy Lemos, el “Comité de Castración Química” formado por expertos, no solo recomendó que se endurezca el sistema de beneficios para los violadores de modo que sólo los presos que se sometan al tratamiento de castración puedan tenerlo, sino además que estos delitos pasen a ser de instancia pública debido a que, según explicó Godoy Lemos:

“una vez hecha la denuncia, si la víctima no decide impulsar procesalmente para que se dé comienzo a todo el trámite judicial que acabe con la condena del imputado, no se puede hacer porque es de instancia privada”

Y agregó que:

“si no es la víctima quien le da impulso a la causa, no hay fiscal alguno que pueda hacerlo. Nosotros pretendemos que pase de instancia privada a pública para que el fiscal pueda, aún de oficio, iniciar este tipo de causas para reprimir al culpable”.

Otra de las propuestas fue impulsar un sistema de pulseras magnéticas satelitales para monitorear a los agresores. Se trata de un plan piloto para este caso de delitos en los que quienes ya hayan sido condenados y tengan algún tipo de libertad o beneficio, estén controlados y, ante un hecho de estas características, se pueda determinar si tuvo que ver una de estas personas o no.


II. ¿Castigo estatal o tratamiento voluntario?

Quizás sea imprudente adelantar nuestra opinión antes de hacernos de los instrumentos legales, pero conforme parece estar planteado el tema, resulta imposible contener la necesidad de llamar la atención sobre varios puntos, y poner en crisis su legitimidad a la luz de lo principios que deben imperar en el marco de un Estado de Derecho.

Creemos entonces que el punto central se basa en determinar si este nuevo régimen para las personas que cometieron delito de violación es o no una medida sancionatoria, una pena, o si como se lo pretende presentar, constituye suplemente un tratamiento voluntario.

El carácter de pena, entendida como aflicción o pérdida de un derecho, o como en el caso una capacidad física, resulta indiscutible, no obstante el poco feliz intento del Ministro de Gobierno mendocino de camuflarla bajo el eufemismo de un “endurecimiento del régimen de beneficios”.

Sobre otras medidas vinculadas a los delitos sexuales y su carácter punitivo puede leerse aquí un Dictamen para el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la U.B.A., y como allí bien se dice, el carácter penal de una consecuencia jurídica no deriva de la designación que le atribuya el legislador sino del contenido de la consecuencia de que se trate.

Por otro lado, puede advertirse que el discurso que intenta legitimar esta verdadera pena apela al libre sometimiento del condenado como condición excluyente de su carácter sancionatorio.

Pensamos en cambio que la supuesta voluntariedad en la que se asienta el sistema, donde es el propio condenado quien “elige” someterse a esta práctica, representa una falacia que no puede sostenerse racionalmente, desde el mismo momento que dicha elección se incorpora como condición indispensable para la obtención de “beneficios” como el indulto, la conmutación de las penas o el morigeramiento de sus condiciones de encarcelamiento.

Es por eso que entendemos que en el caso estamos ante un efectivo castigo, que el condenado aceptará, no como resultado de la libre expresión de su voluntad sino condicionado por la violencia que su actual condición de encierro conlleva y su deseo de poner fin. No debemos perder de vista que en esta elección, el condenado tiene frente a si dos castigos. Uno ya impuesto y otro que le permitirá cambiar su actual condición de privado de la libertad pero que de ningún modo representa un “beneficio”.

Creemos que esta violencia originaria, no obstante legítimamente ejercida por el Estado como consecuencia de una condena, no dejará de influir sobre su voluntad al momento de someterse al denominado tratamiento, lo que le dará al acuerdo el carácter de extorsivo.

III. Ojo por brazo, diente por pulmón

Sentado que a nuestro entender estamos frente a una pena, un castigo impuesto por el poder punitivo estatal, se abren varios problemas que impiden a priori sostener su adecuación a los principios constitucionales que rigen las condiciones en que éste puede ser impuesto.

Intentaremos abordar solo algunos, sin ánimo de agotar todos y cada uno de los cuestionamientos que podemos encontrar.

En primer lugar debemos pensar en qué tipo o naturaleza de castigo o pena estamos hablando.

El art. 2° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificada por nuestro país en 1988, define como tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

En el caso, está fuera de toda duda que el suministro de estos químicos tiene como fin anular o inhibir temporalmente uno de los aspectos de la personalidad de los individuos condenados por delito de violación como es su libido, es decir disminuir o anular su deseo sexual.

Lo expuesto nos conduce a afirmar que esta práctica en el contexto que la entendemos, es decir como castigo impuesto por el Estado, se encontraría prohibida por el derecho vigente en nuestro país.

Por otro lado conforme abiertamente se declara, el fin de este castigo no guarda relación con el hecho acaecido, sino que tiene como propósito impedir que en un futuro el condenado cometa nuevos delitos de esa naturaleza. Es decir, no se castiga el hecho sino al autor, por circunstancias que aún no han sucedido pero que su “personalidad” hace presumir que sucederán.

Un claro ejemplo del Derecho Penal de Autor, violatorio del principio de exterioridad de la acción que se deriva del art. 19 de la Constitución Nacional y que por ende impide sea el fundamento del reproche jurídico penal en el que se sustente un castigo.

Tampoco podemos pasar por alto el impedimento que conforme nuestro sistema Federal de gobierno encontraría un Estado provincial para el dictado de este tipo de normas.

Ligado a esto, la inquietud de Ejecutivo provincial de transformar este tipo de delitos como perseguidles de oficio en lugar de dependientes de instancia privada, da cuenta no solo de una voluntad arbitraria y autoritaria sino de un claro desconocimiento de las múltiples inconvenientes que para la victima acarrea, tanto su reconocimiento social de tal, como la sustanciación de este tipo de procesos.

Flaco favor le hacen, si piensan que le hacen uno.

IV. Sin conclusión

No pretendimos agotar el tema con este comentario. Los delitos sexuales son aberrantes y nos resulta difícil separar las emociones y sentimientos que en razón de ellos se ponen en juego, es lógico. Pero ello no debe hacernos perder de vista cuáles son las alternativas a las que legítimamente el Estado puede apelar para intentar dar solución al conflicto social que generan.

No es intención del presente dar uno solución al problema. Pero si como parece, se llegara a concluir que la comisión de estos delitos guarda relación en una patología psíquica de su autor, quizás antes de anular su deseo sexual todo en el marco de un acuerdo tan poco voluntario como el que se propone, el Estado debería brindar una respuesta terapéutica sería, como frente a cualquier otra patología, antes de querer cortar por lo “sano”.

Pero en el caso, parece que Jaque -haciendo honor a su apellido- ha realizado un movimiento que representa un peligro inminente para nuestro Estado de Derecho y los principios en que él se asienta. Esperemos que no sea “mate”.