¿CÓMO PROTEGER LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL?

¿QUÉ HACEMOS CON LOS JUECES QUE NO MERECEN SU CARGO?

Desde hace unos días habíamos comenzado a pensar en este tema, pero de manera abstracta, es decir, no vinculada con el actual enfrentamiento entre el Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial de la Nación.

Sin embargo, el tema está en uno de sus puntos más altos de discusión por la actual coyuntura política, debido al increíble proyecto del diputado Alejandro Rossi. Según informa la Nación en una nota:

"Lo que proponen es un mamarracho jurídico", advirtió esta mañana el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo.

Aludió así al proyecto del diputado kirchnerista Alejandro Rossi del que hoy dio cuenta el diario Clarín. Se trata del mismo legislador que la semana pasada había propuesto investigar el origen social de los candidatos a jueces, cuyo eje es que los magistrados deban aprobar evaluaciones periódicas y de no hacerlo puedan ser sometidos a juicio político.

Estas circunstancias deberían llamarnos a la reflexión, antes que a dar alguna respuesta apresurada, independientemente de la crítica que merece un proyecto de estas características, que, dejando de lado sus argumentos, tiene una finalidad clara: el sometimiento de la justicia nacional al poder ejecutivo, y el control de los jueces y juezas díscolos.


Hasta ahora, en el ámbito nacional, la afectación de la independencia de los jueces y juezas se venía dando de manera más informal, por medios tales como servilletas y llamados telefónicos. En estos casos, la falta de independencia venía dada por la práctica de designación y remoción, y no por las normas legales.


Hoy, sin embargo, se pretende someter al poder judicial con proyectos como el del diputado Rossi. ¿Cómo atacar, entonces, ese proyecto y, al mismo tiempo, proponer una reflexión seria sobre la independencia judicial?


Lo primero que debemos determinar es la gravedad del problema. El primer gran tema, que es el único que se somete de tanto en tanto a la discusión pública, es el de la independencia externa del poder judicial. Éste es el problema más visible.

Sin embargo, existe un segundo grave problema de igual o mayor gravedad: la falta de independencia interna. En este sentido, se ha señalado:

En el post de Lucas Arrimada, "Estructuras judiciales II: Dependencias e independencias", se cita el siguiente párrafo del libro del ministro supremo Raúl Zaffaroni:

Más allá de eso, reconocemos pasajes muy buenos cuando leemos esto, por ejemplo: "En la práctica, la lesión a la independencia interna suele ser de mayor gravedad que la violación a la propia independencia externa. Ello obedece a que el ejecutivo y los diferentes operadores políticos suelen tener interés en algunos conflictos, en general bien individualizados y aislados (salvo casos de corrupción muy generalizados, o sea, de modelos extremadamente deteriorados), pero los cuerpos colegiados que ejercen una dictadura interna y que se solazan aterrorizando a sus colegas, abusan de su poder en forma cotidiana. A través de este poder vertical satisfacen sus rencores personales, se cobran en los jovenes sus frustraciones, reafirman su titubeante identidad, desarrollan su vocación para las intrigas, despliegan su egolatría, etc, mortificando a quienes por el mero hecho de ser jueces de diferente competencia son considerados sus "inferiores". De este modo se desarrolla una increíble red de pequeñeces y mezquindades vergonzosas, de las que participan los funcionarios y auxiliares sin jurisdicción. La maledicencia se convierte en moneda corriente, hace presa a todos y sustituye a las motivaciones racionales de los actos jurisdiccionales: las sentencias no confirman, revocan o anulan por razones jurídicas, sino por simpatía, antipatía, rencor, celos con el colega. Si los operadores de un poder judicial verticalizado decidiesen un día dejar de practicar la malediciencia respecto de sus colegas, reinaría en los edificios de sus tribunales más silencio que en los templos". En un trabajo, lo llamamos autoritarismo jerárquico.

¿Y ahora qué hacemos? Luego la sigo. Lo que pretendo decir es que esta embestida contra la (poca) independencia del poder judicial debe ser rechazada enérgicamente, pero de ningún modo nos debe conducir a legitimar a una administración de justicia que padece una crisis endémica.