GACETILLA DE PRENSADIPUTADA MARCELA RODRÍGUEZ
25 de febrero de 2009
OTRA DEUDA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
La Diputada Nacional de la CC Marcela Rodríguez manifestó, respecto del reclamo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su Fallo del día 24 de febrero de 2009 (autos: "Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986"), por la “falta de regulación (de las acciones de clase) la que, por lo de más, constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible”, que, el 10/05/2006 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó una iniciativa de su autoría de Régimen de acción de amparo individual y colectivo, cuyo texto final fue consensuado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, con las iniciativas de legisladores y legisladoras de distintas bancadas y que daba respuesta a varios de los cuestionamientos de la CSJN. Pese a que fue votada por unanimidad, no fue tratada en el Senado durante los años 2007/2008.
Por tal motivo, la legisladora que ha elaborado propuestas sobre este tema desde el año 2005, nuevamente presentó un proyecto de ley para regular el Amparo Individual y Amparo Colectivo (Proyecto de ley Nº 4427-D-2008), en agosto de 2008.
La diputada aclaró que si bien existe una diferencia técnica sustancial entre el amparo colectivo y las “class actions”, “el proyecto aprobado por Diputados ofrece las herramientas necesarias para resolver casos como violaciones al medio ambiente, a los derechos de los usuarios y consumidores, a la salud pública, entre otros, en que un mismo acto o hecho viola los derechos de muchas personas. En tales situaciones, el amparo colectivo permite a determinadas personas tramitar una acción cuya sentencia va a beneficiar a toda la clase afectada.”
Una vez más, la Corte ha venido a suplir un vacío legal que podía y debía haber sido cubierto por la correspondiente vía legislativa. Cabe insistir, existe un proyecto, tiene la aprobación de la Cámara de Diputados, y ha quedado –sin explicación alguna- paralizado en la Cámara de Senadores.
Rodriguez agregó, “habiendo transcurrido 15 años desde la Reforma Constitucional, el Congreso aún no ha reglamentado las herramientas necesarias para la protección de los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Si bien actualmente la jurisprudencia admite su procedencia, a pesar de no estar reglamentado, es imperioso establecer las pautas básicas de estas instituciones a fin de despejar las dudas y conflictos que actualmente se despiertan con relación a cuestiones tales como la intervención de los interesados en el proceso, los alcances de las sentencias, los efectos de la cosa juzgada en estos casos, entre otras".
“Aspiramos a dar cumplimiento al mandato constitucional y reglamentar las acciones de amparo individual y colectivo y de clase, de forma tal de garantizar el efectivo acceso a la justicia y el derecho de defensa en juicio para todas las personas que habiten de nuestro país”, concluyó.
Se agradece su difusión
Antes que nada, aclaro que soy absolutamente ajeno a cualquier partido político, que soy un animal político —esto es, que en política soy una bestia—, que soy escéptico, y que de vez en cuando, muuuuuy de vez en cuando, me identifico con las ideas, las propuestas o las decisiones de alguna política o político.
Marcela Rodríguez —con quien alguna vez dábamos el estereotipo de "archienemigos", a propósito de la reforma del título sobre delitos sexuales del Código Penal—, es una de esas personas que como regla, me hace creer que no todo está perdido. Es por eso que publicamos información sobre su trabajo.
AB
La Diputada Nacional de la CC Marcela Rodríguez manifestó, respecto del reclamo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su Fallo del día 24 de febrero de 2009 (autos: "Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986"), por la “falta de regulación (de las acciones de clase) la que, por lo de más, constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible”, que, el 10/05/2006 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó una iniciativa de su autoría de Régimen de acción de amparo individual y colectivo, cuyo texto final fue consensuado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, con las iniciativas de legisladores y legisladoras de distintas bancadas y que daba respuesta a varios de los cuestionamientos de la CSJN. Pese a que fue votada por unanimidad, no fue tratada en el Senado durante los años 2007/2008.
Por tal motivo, la legisladora que ha elaborado propuestas sobre este tema desde el año 2005, nuevamente presentó un proyecto de ley para regular el Amparo Individual y Amparo Colectivo (Proyecto de ley Nº 4427-D-2008), en agosto de 2008.
La diputada aclaró que si bien existe una diferencia técnica sustancial entre el amparo colectivo y las “class actions”, “el proyecto aprobado por Diputados ofrece las herramientas necesarias para resolver casos como violaciones al medio ambiente, a los derechos de los usuarios y consumidores, a la salud pública, entre otros, en que un mismo acto o hecho viola los derechos de muchas personas. En tales situaciones, el amparo colectivo permite a determinadas personas tramitar una acción cuya sentencia va a beneficiar a toda la clase afectada.”
Una vez más, la Corte ha venido a suplir un vacío legal que podía y debía haber sido cubierto por la correspondiente vía legislativa. Cabe insistir, existe un proyecto, tiene la aprobación de la Cámara de Diputados, y ha quedado –sin explicación alguna- paralizado en la Cámara de Senadores.
Rodriguez agregó, “habiendo transcurrido 15 años desde la Reforma Constitucional, el Congreso aún no ha reglamentado las herramientas necesarias para la protección de los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Si bien actualmente la jurisprudencia admite su procedencia, a pesar de no estar reglamentado, es imperioso establecer las pautas básicas de estas instituciones a fin de despejar las dudas y conflictos que actualmente se despiertan con relación a cuestiones tales como la intervención de los interesados en el proceso, los alcances de las sentencias, los efectos de la cosa juzgada en estos casos, entre otras".
“Aspiramos a dar cumplimiento al mandato constitucional y reglamentar las acciones de amparo individual y colectivo y de clase, de forma tal de garantizar el efectivo acceso a la justicia y el derecho de defensa en juicio para todas las personas que habiten de nuestro país”, concluyó.
Se agradece su difusión
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Antes que nada, aclaro que soy absolutamente ajeno a cualquier partido político, que soy un animal político —esto es, que en política soy una bestia—, que soy escéptico, y que de vez en cuando, muuuuuy de vez en cuando, me identifico con las ideas, las propuestas o las decisiones de alguna política o político.
Marcela Rodríguez —con quien alguna vez dábamos el estereotipo de "archienemigos", a propósito de la reforma del título sobre delitos sexuales del Código Penal—, es una de esas personas que como regla, me hace creer que no todo está perdido. Es por eso que publicamos información sobre su trabajo.
AB
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