ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

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COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO

Nº R05/09

RELATORES PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA ONU Y DE LA OEA MANIFIESTAN PREOCUPACIÓN POR SEÑALAMIENTOS DE ALTAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO COLOMBIANO CONTRA PERIODISTA

Ginebra – Washington, D.C., 9 de febrero de 2009 –– El Relator de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, manifestaron su preocupación por las recientes declaraciones de altas autoridades del gobierno de Colombia en contra del periodista Hollman Morris.

De acuerdo con la información recibida, el 2 de febrero de 2009 Morris, en su condición de periodista, asistió a la liberación de cuatro rehenes en un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento del Caquetá. Además de otras declaraciones de altos funcionarios del gobierno, el 3 de febrero de 2009 el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, señaló en una rueda de prensa que Morris “se [escudaba] en su condición de periodista para ser permisivo cómplice del terrorismo, […], una cosa son aquellos amigos del terrorismo que fungen como periodistas, y otra cosa son los periodistas”. El mandatario añadió que Morris, “[se] aprovechó […] de su situación de periodista, […] e hizo una fiesta terrorista en un sitio alternativo al de la liberación del soldado y de los policías, el pasado domingo”. Los relatores de la ONU y de la OEA no han tomado conocimiento de prueba alguna que vincule al periodista con actividades criminales.

Luego de las declaraciones de las autoridades, Morris habría recibido varias llamadas amenazantes. En anteriores oportunidades, el periodista tuvo que salir del país por la existencia de graves amenazas contra su vida. Morris es beneficiario de medidas cautelares ante la CIDH desde 2000.

En los últimos años, los relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la OEA han manifestado reiteradamente su preocupación por los señalamientos por parte de altos funcionarios del Estado colombiano contra organizaciones de derechos humanos y periodistas críticos del gobierno. En 2004, con ocasión de su visita oficial para evaluar la situación de la libertad de expresión en Colombia, el relator de la ONU exhortó al gobierno, “a adoptar medidas concretas para evitar la estigmatización, especialmente por parte de sus altos funcionarios y la polarización de opiniones, dos elementos que envician el debate político y menoscaban el ejercicio del pluralismo” (E/CN.4/2005/64/Add.3). En 2005, el relator de la OEA, luego de tomar nota sobre las declaraciones de altos funcionarios estatales que estigmatizaban a defensores de derechos humanos y periodistas críticos del gobierno, señaló que, “visiones excluyentes de este tipo generan una gran desconfianza y una actitud polarizante que no contribuye a la creación de un entorno que permita el desarrollo de la libertad de expresión” (OEA/Ser/L/V/II. Doc.51). Tal como lo ha señalado la CIDH, este tipo de señalamientos no sólo incrementa el riesgo al cual se ven sujetos quienes ejercen la actividad periodística o defienden los derechos humanos, “sino que podría sugerir además que los actos de violencia destinados a acallarlos de alguna forma cuentan con la aquiescencia del gobierno” (OEA/Ser.L/V/II/122. Doc.5 rev.1).

En la presente oportunidad, La Rue y Botero reiteraron las recomendaciones de sus predecesores frente a la existencia de declaraciones de las más altas autoridades del gobierno, “que ponen en mayor riesgo la vida y la integridad personal de los periodistas y defensores de derechos humanos, y que generan un efecto amedrentador y de autocensura en Colombia”. Los relatores señalaron que los funcionarios públicos, especialmente los que ocupan las más altas posiciones del Estado, tienen el deber de respetar la circulación de informaciones y opiniones, incluso, cuando éstas son contrarias a sus intereses y posiciones. En este sentido, deben promover de manera activa el pluralismo y la tolerancia propios de una sociedad democrática.

Finalmente, los relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la OEA recordaron al Estado colombiano la obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas y, en particular, de quienes se encuentran en situación de riesgo extraordinario, como los periodistas o defensores de derechos humanos que han sido objeto de amenazas o que cuentan con medidas de protección. En estos casos, “el Estado no sólo debe ejercer diligentemente su deber de garantía, sino que tiene que evitar incrementar el nivel de riesgo al cual estas personas se encuentran expuestas. Recordamos una vez más al Estado colombiano que los altos funcionarios del gobierno deben abstenerse de emitir declaraciones públicas que estigmaticen a los periodistas críticos y generen un ambiente de intimidación que afecte la libertad de expresión en el país. Esta obligación es particularmente importante en un contexto de polarización y conflicto armado interno como el colombiano”, apuntaron La Rue y Botero.

Para más información sobre la Relatoría: http://www.cidh.org/relatoria.