SOBRE EL PROYECTO DE CPP: ¿QUÉ HACEMOS CON LOS JUECES?

Nos parece muy bueno, y especialmente muy necesario, reemplazar el vetusto código vigente por algo que nos traslade del Siglo XIX al Siglo XXI. Siglos de cultura inquisitiva generaron un sistema de justicia penal burocrático, rígido, secreto, lento, ineficiente y extremadamente injusto que, además, resulta casi imposible de abandonar. En este contexto, la justicia penal opera sin satisfacer ningún interés legítimo.

La administración de justicia penal resulta incapaz de atender las necesidades sociales mínimas que se supone debe satisfacer, entre ellas las siguientes: a) dar respuesta a todos o gran parte de los casos incorporados al sistema; b) dar respuesta a todo conflicto social que presente, mínimamente, mayor complejidad que los casos comunes procesados por el sistema —v. gr., delitos contra la propiedad—; c) dar respuesta a los delitos más graves —especialmente aquellos cometidos por órganos estatales—; d) dar respuesta a las nuevas formas de criminalidad —v. gr., económica, ecológica, informática—; e) respetar los derechos de quienes resultan perseguidos penalmente; f) satisfacer los intereses legítimos de quien ha resultado víctima del delito; y g) brindar soluciones alternativas a la sanción penal o a la pena privativa de libertad.

Sin embargo, no se trata de un problema de vigencia de normas. Se trata, antes que nada, de un problema cultural que nos afecta a todos los operadores —también los externos al aparato estatal, como los litigantes—. Los supuestos defectos de la justicia inquisitiva son, antes que nada, los rasgos que la definen: el papeleo, el secreto, la burocracia, la lentitud…

Por este motivo, estamos preocupados por lo que será el trabajo de implementación del nuevo CPP, tanto por un problema normativo como por el grave problema cultural.

Si hablamos del problema normativo, más allá de diversas reglas del Proyecto que deberían ser revisadas y reemplazadas, lo cierto es que estamos muy preocupados con la ausencia de discusión de una ley orgánica del poder judicial y de una nueva ley de ministerio público que abandone de una vez por todas el modelo de organización refleja del MP y uno de sus hijos dilectos: la extraña idea del “fiscal natural”.

Sintéticamente, deberíamos discutir seriamente el papel de los jueces en el nuevo modelo procesal. En caso de no tomarnos seriamente esta cuestión, corremos el riesgo de fracasar antes del comienzo. No podemos olvidar que las prácticas inquisitivas son como el encarcelamiento preventivo y las cucarachas alemanas: han sobrevivido al paso del tiempo. Por ello, cualquier reforma procesal seria debe atender especialmente al rol de los jueces, entre otras razones, porque el trabajo de los jueces difiere sustancialmente en uno y otro modelo.

Además de pensar cuidadosamente el perfil de los jueces en el nuevo modelo, se debe resolver un problema grave sobre la idea que muchos jueces tienen de su rol en un Estado de derecho. Existe una falsa premisa en este sentido, muchos jueces creen que ellos deben seguir siendo jueces automáticamente en el nuevo modelo, y eso no es así. No existe un derecho subjetivo de carácter laboral que garantice el empleo a los jueces.

tribunal cerrado = el ex juez se vuelve abogado

En primer término, la estabilidad en el cargo es precisamente eso: dura mientras tal cargo exista. La estabilidad solo tiene un fin, que es garantizar la independencia de los jueces con el fin de proteger nuestros derechos, no los de ellos. Recordemos, además, que la condición de admisibilidad en los empleos es la idoneidad. Y no puede presuponerse que los jueces del viejo sistema son idóneos para el nuevo sistema procesal. Por lo tanto, dada la cláusula de igualdad ante la ley, todas las personas que deseen ser jueces con el nuevo régimen de administración de justicia deberán demostrar su idoneidad, dando un concurso ante el Consejo de la Magistratura.

Si durante la vigencia de este Código se trasladara a un juez federal de instrucción al fuero de menores, por ejemplo, ese juez, con razón, reclamará su estabilidad en el empleo. Ello pues eso es, precisamente, lo que la cláusula constitucional de estabilidad en el cargo garantiza (“… conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta…”, art. 110, CN).

Del mismo modo que la garantía del juez natural que regula la competencia no se ve afectada por una reforma integral que modifique las reglas de competencia de manera general, en este caso sucede exactamente lo mismo. Al desaparecer ciertos tribunales debido a una reforma integral, la estabilidad en el cargo atentaría contra esa reforma, imposibilitándola. Al desaparecer ese cargo (ese “empleo”), quien lo ocupaba pierde esa estabilidad, y la independencia judicial no se ve afectada. Y ése es el único sentido que la estabilidad en el empleo tiene.

La independencia judicial se garantizará, entonces, con el sistema de ingreso a los nuevos cargos del poder judicial. No puede derivarse de una cláusula constitucional destinada a garantizarnos a todos nosotros la independencia de los jueces, un derecho inexistente que atentaría contra cualquier reforma posible destinada a mejorar la administración de justicia o, mejor dicho, a adecuar el proceso a las cláusulas de la Constitución Nacional.