14 nov 2014

SOBRE EL PROYECTO DE CPP: ¿QUÉ HACEMOS CON LOS JUECES?






Nos parece muy bueno, y especialmente muy necesario, reemplazar el vetusto código vigente por algo que nos traslade del Siglo XIX al Siglo XXI. Siglos de cultura inquisitiva generaron un sistema de justicia penal burocrático, rígido, secreto, lento, ineficiente y extremadamente injusto que, además, resulta casi imposible de abandonar. En este contexto, la justicia penal opera sin satisfacer ningún interés legítimo.

La administración de justicia penal resulta incapaz de atender las necesidades sociales mínimas que se supone debe satisfacer, entre ellas las siguientes: a) dar respuesta a todos o gran parte de los casos incorporados al sistema; b) dar respuesta a todo conflicto social que presente, mínimamente, mayor complejidad que los casos comunes procesados por el sistema —v. gr., delitos contra la propiedad—; c) dar respuesta a los delitos más graves —especialmente aquellos cometidos por órganos estatales—; d) dar respuesta a las nuevas formas de criminalidad —v. gr., económica, ecológica, informática—; e) respetar los derechos de quienes resultan perseguidos penalmente; f) satisfacer los intereses legítimos de quien ha resultado víctima del delito; y g) brindar soluciones alternativas a la sanción penal o a la pena privativa de libertad.

Sin embargo, no se trata de un problema de vigencia de normas. Se trata, antes que nada, de un problema cultural que nos afecta a todos los operadores —también los externos al aparato estatal, como los litigantes—. Los supuestos defectos de la justicia inquisitiva son, antes que nada, los rasgos que la definen: el papeleo, el secreto, la burocracia, la lentitud…

Por este motivo, estamos preocupados por lo que será el trabajo de implementación del nuevo CPP, tanto por un problema normativo como por el grave problema cultural.

Si hablamos del problema normativo, más allá de diversas reglas del Proyecto que deberían ser revisadas y reemplazadas, lo cierto es que estamos muy preocupados con la ausencia de discusión de una ley orgánica del poder judicial y de una nueva ley de ministerio público que abandone de una vez por todas el modelo de organización refleja del MP y uno de sus hijos dilectos: la extraña idea del “fiscal natural”.

Sintéticamente, deberíamos discutir seriamente el papel de los jueces en el nuevo modelo procesal. En caso de no tomarnos seriamente esta cuestión, corremos el riesgo de fracasar antes del comienzo. No podemos olvidar que las prácticas inquisitivas son como el encarcelamiento preventivo y las cucarachas alemanas: han sobrevivido al paso del tiempo. Por ello, cualquier reforma procesal seria debe atender especialmente al rol de los jueces, entre otras razones, porque el trabajo de los jueces difiere sustancialmente en uno y otro modelo.

Además de pensar cuidadosamente el perfil de los jueces en el nuevo modelo, se debe resolver un problema grave sobre la idea que muchos jueces tienen de su rol en un Estado de derecho. Existe una falsa premisa en este sentido, muchos jueces creen que ellos deben seguir siendo jueces automáticamente en el nuevo modelo, y eso no es así. No existe un derecho subjetivo de carácter laboral que garantice el empleo a los jueces.

tribunal cerrado = el ex juez se vuelve abogado

En primer término, la estabilidad en el cargo es precisamente eso: dura mientras tal cargo exista. La estabilidad solo tiene un fin, que es garantizar la independencia de los jueces con el fin de proteger nuestros derechos, no los de ellos. Recordemos, además, que la condición de admisibilidad en los empleos es la idoneidad. Y no puede presuponerse que los jueces del viejo sistema son idóneos para el nuevo sistema procesal. Por lo tanto, dada la cláusula de igualdad ante la ley, todas las personas que deseen ser jueces con el nuevo régimen de administración de justicia deberán demostrar su idoneidad, dando un concurso ante el Consejo de la Magistratura.

Si durante la vigencia de este Código se trasladara a un juez federal de instrucción al fuero de menores, por ejemplo, ese juez, con razón, reclamará su estabilidad en el empleo. Ello pues eso es, precisamente, lo que la cláusula constitucional de estabilidad en el cargo garantiza (“… conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta…”, art. 110, CN).

Del mismo modo que la garantía del juez natural que regula la competencia no se ve afectada por una reforma integral que modifique las reglas de competencia de manera general, en este caso sucede exactamente lo mismo. Al desaparecer ciertos tribunales debido a una reforma integral, la estabilidad en el cargo atentaría contra esa reforma, imposibilitándola. Al desaparecer ese cargo (ese “empleo”), quien lo ocupaba pierde esa estabilidad, y la independencia judicial no se ve afectada. Y ése es el único sentido que la estabilidad en el empleo tiene.


La independencia judicial se garantizará, entonces, con el sistema de ingreso a los nuevos cargos del poder judicial. No puede derivarse de una cláusula constitucional destinada a garantizarnos a todos nosotros la independencia de los jueces, un derecho inexistente que atentaría contra cualquier reforma posible destinada a mejorar la administración de justicia o, mejor dicho, a adecuar el proceso a las cláusulas de la Constitución Nacional.



20 comentarios:

Anónimo dijo...

Tal cual ! Despidan a los jueces, denles un curso en el consejo, que los abogados litiguen con tasas fijas, que los fiscales intervengan en los casos para los cuales estén mejor preparados.
Que la justicia sirva a los ciudadanos y deje de ser un negocio económico o de egos pedorros de poder.

Anónimo dijo...

Muy bien dicho! Concursos para todos y todas. ¿Cómo se sentirán esos viejos dinosaurios si se les exige salir de sus lúgubres despachos, dar la cara, y medirse en un concurso? Ojalá pudiésemos ilusionarnos con que algo así fuese posible, pero lo dudo mucho....

Alberto Bovino dijo...

Yo creo que no son pocos quienes podrían estar de acuerdo con esta idea, solo que nadie se anima a decirla en voz alta. Ya pagaré por haberme osado a decir lo que muchos piensan...

Gracias por tu comentario. Saludos,

AB

Cristian De Fazio dijo...

El cambio del sistema de enjuiciamiento penal es una excepción a la garantia del juez natural. Pero debería analizarse con mucha precisión, si esta excepción, utilizada de forma política (no hablo de ahora, sino de reformas en general) puede resultar en un mecanismo político, para afectar la independencia de los jueces, que como bien destacas alberto, es una garantia nuestra

Cristian De Fazio dijo...

Me parece, asimismo, que el problema de idoneidad lo tendrán más los fiscales que los jueces, a quienes se les quita facultades de investigación, y solo se les permite controlar las injerencias sobre el imputado (facultad que actualmente poseen). Será un problema de idoneidad, creo, el de los tribunales orales, cuando se reglamente la ley del juicio por jurados

Anónimo dijo...

Es que un punto central para mejorar la administración de justicia es que los abogados no puedan cobrar más dinero del específicamente establecido de acuerdo al caso.
Hay que terminar también con la corrupción privada que es la otra cara de la misma moneda.
Sin ir más lejos ya hay casos de lavado de dinero de estudios de abogados poderosos que lo único que hacen es lucrar con los intereses de las víctimas o a costa del estado.

Anónimo dijo...

El texto parte de la premisa de que el dcho penal debe satisfacer un interés legítimo lo cual es falso.
En segundo término propone que la "administración de justicia penal resulta incapaz de atender las necesidades sociales mínimas" cuando de eso pareciera ser una función exclusiva del estado en su rol ministerial, porque de hecho el poder judicial carece de recursos para la tarea que el autor propone.
Con las respuestas que tiene que dar podemos acordar con varias de ellas pero me parece que se le pide demasiado a un poder que no tiene los recursos para hacerlo.
La propuesta de mandar a la casa a jueces y empleados preparados y contratar otras 4000 personas -como establece el proyecto-, además de esconder un cambio de eje del poder, me parece brutalmente capitalista.

CRISTIAN DE FAZIO dijo...

Me parece, asimismo, que el problema de idoneidad lo tendrán más los fiscales que los jueces, a quienes se les quita facultades de investigación, y solo se les permite controlar las injerencias sobre el imputado (facultad que actualmente poseen). Será un problema de idoneidad, creo, el de los tribunales orales, cuando se reglamente la ley del juicio por jurados

Anónimo dijo...

Yo soy parte del mundo judicial, trabajo hace años allí, me esfuerzo por crecer, me capacito, laburo horas extras sin que nadie me las pague, mi jefa no labura, no sabe, se la pasa haciendo sociales y firma todo en media hora. Desde que se recibió jamás hizo nada más. Claramente no está capacitada. Opino que lo mejor es ofrecerle a esta gente un retiro voluntario así le dejan paso a las nuevas generaciones. Por obvias razones publico como anónima.

Alberto Bovino dijo...

Anónimo de las 11:44, no entiendo qué relación tiene lo que planteás con el tema de la entrada.

Anónimo de las 11:56, no estoy trasladando al poder judicial funciones ejecutivas. Cuando hablo de necesidades sociales, hablo de aquellas que sí son tarea del poder judicial cumplir. No se de qué proyecto hablás. Y solo me estoy refiriendo a los jueces, no a los empleados, así que eso de "4.000" está de más.

Cristian, para mí los fiscales no deben tener estabilidad, por eso solo me refiero a los jueces. Y si no cambian esa ley del MP, no se puede hacer mucho.

Anónima: gracias por tu comentario. Muy interesante tu idea. Disculpen la demora en contestar pero estuve un par de días sin poder entrar al correo.

Saludos, AB

Anónimo dijo...

La relación que pretendía establecer para sumar al debate es que el abogado defensor forma parte de la tríada que caracteriza al sistema acusatorio. Si somos consecuentes con este modelo en el cual el juez cumple un rol de garantía y el procurador pretende llevar adelante la política criminal, la defensa debería estar a cargo o bien de defensores públicos o bien establecer defensas tasadas. Este punto, sin bien puede entenderse como opuesto al sistema anglosajón entiendo que le otorga mayor racionalidad al sistema penal, que me parece que es lo que su tesis propone. No sólo porque dejaría de suceder que los mejores abogados defienden a los más poderosos –obviamente dejando a salvo honrosas excepciones como la suya y su trabajo en el CELS entre otros- sino porque principalmente las personas más vulnerables tendrían acceso a defensas más eficientes, puesto que no sólo se dejaría a salvo el aprovechamiento de su vulnerabilidad por la sencilla razón de lucrar, sino también porque se balancearía la injusticia de la criminalización de los casos más toscos tal como queda caracterizado por la acción de los operado jurídicos de nuestro país.

Saludos,

El anónimo de las 11:44.

Anónimo dijo...

Soy el anónimo de las 11.56.

La entrada parte de la pregunta de qué hacemos con los jueces. Al día de hoy los jueces son quienes están a cargo de juzgado de instrucción, federales u orales. La reforma del código procesal penal de la nación al que la entrada hace referencia -a mi criterio con acierto- lleva el sistema de enjuciamiento a uno adversarial y para eso determina que los jueces van a estar a cargo de las audiencias orales y los empleados de los juzgados y tribunales orales pasan a ser empleados administrativos porque la función de investigación queda en manos del Ministerio Público –lo cual también es correcto-.

Justamente el proyecto establece la contratación de aproximadamente 4000 nuevas personas más para nutrir al Ministerio Público y no toca una sola coma de qué pasaría con esas personas que conforman los tribunales que ya no van a ser necesarias porque la función que le asigna el código la pueden cumplir muchas menos personas, que tal como la anónima de las 8.28 trabajan hace años allí, se esfuerzan por crecer, se capacitan y laburan horas extras sin que nadie les pague.

Esta claro que podrán “migrar” al ministerio público si así lo quisieran, pero no es tan sencillo, de hecho creo que con buenas razones ellos sí poseen determinada estabilidad como para decir livianamente “tribunal cerrado: el ex juez se vuelve abogado” y completo, “sus empleados, ahora administrativos, también…”.

Anónimo dijo...

Alberto, el MPF ha nombrado ex-abogados del CELS como fiscales en comisión, por lo que me pregunto: ¿de qué vale cualquier reforma cuando la intencionalidad con la que se usan las cosas es esa?

Anónimo dijo...

Porqué no le cambia el nombre al blog y le pone nohubodebate.com?

Anónimo dijo...

Che Bobino, dede cuándo empezaste a filtrar comentarios?

Alberto Bovino dijo...

Anónimo de las 14;44, no se a que te referís, porque no he filtrado ningún comentario.

Anónimo de las 21:57, no sé por que decís "nohubo debate".

Saludos,

AB

Alberto Bovino dijo...

Aclaraciones

1) No sé qué comentario filtré

2) El hecho de que ex abogados del CELS integren fiscalías especiales, no me parece nada malo en sí.

3) Cualquier lector puede enviar un breve trabajo sobre los temas de la nota que del tema deseen.

Saludos, AB

Anónimo dijo...

Aclaración a la aclaración:

El comentario Anónimo del 18/11 07:07 apareció publicado después de uno posterior que sí se publicó el 21/11 -que no me pertenece-, y no hasta que envié el del 26/11 en que preguntaba cuándo habías empezado a practicar un filtro. El orden en que hoy aparecen publicados no refleja aquél de las autorizaciones que evidentemente les concedió el administrador. No entiendo porqué hacerse el pelotudo "en sí", pero veo que es una práctica recurrente.

Alberto Bovino dijo...

Gracias por tu comentario

Alberto Bovino dijo...

ESTIMADO ANÓNIMO DE YA NO SÉ QUÉ HORA

Si te identificaras con tu nombre todo sería más fácil. No entiendo lo de hacerme el pelotudo en sí, y no me gusta que me puteen sin saber por qué ni por parte de quién.

Respecto a la falta de debate, los que afirman lo contrario que yo no dan mucho debate, lo dan como una verdad absoluta. Además, no sé si te entiendo, no sé cuál sos vos y cuál no, y me tiene sin cuidado tu opinión, desde que has hecho de esto algo personal y me has llamado pelotudo.

Si el blog tiene tantos defectos, hacete uno o no lo leas, no sé que decirte. Pero estoy harto de que me hagan preguntas con mala leche (como las de los abogados del CELS trabajando en la Procuración, como si yo tuviera que justificar todo lo que hace el CELS y los ex CELS.

Así es fácil: ustedes saben con quien hablan y meten chicanas ajenas al tema de discusión. Yo no tengo la más puta idea. Así que si te gusta bien, y si no también.

Especialmente porque te rpegunté a que te referías con tus críticas y optaste por llamarme "pelotudo". Alto debate proponés.