EL CELS DENUNCIÓ A RIGGI ANTE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

El CELS denunció al juez Riggi ante el Consejo de la Magistratura por el intento de soborno
	El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó al Consejo de la Magistratura de la Nación que inicie el proceso de remoción del juez de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi, para que se determine su responsabilidad funcional por los hechos que surgen de la investigación del intento de soborno para favorecer la situación procesal de los imputados por el asesinato de Mariano Ferreyra.    Según se pudo conocer de las intervenciones telefónicas ordenadas por la jueza Wilma López —en el marco de la investigación del asesinato de Mariano, actualmente en la instancia de debate oral—, el secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, mantuvo comunicaciones con el abogado y ex secretario de la Cámara, Octavio Aráoz de Lamadrid; con el ex agente de inteligencia, Juan José Riquelme, y con el vicepresidente de Belgrano Cargas S.A. y contador de la UF, Ángel Stafforini a fin de llevar adelante el soborno. El beneficio a cambio sería la designación de la Sala III. Stafforini se encargaría de entregar 50 mil dólares a Aráoz de Lamadrid quien, junto a Riquelme, oficiarían como intermediarios y encargados de coordinar la operación destinada a que la Sala integrada por el juez Riggi revoque el procesamiento de Cristian Favale, Gabriel Sánchez, Juan Carlos Pérez, Guillermo Uño, Pablo Díaz, Daniel González y Francisco Pipitó. Del mismo modo, se buscaba trabar la posibilidad de que avanzara la acusación contra Pedraza. Por su parte, el prosecretario de Casación Luis Ameghino Escobar sería el encargado de digitar la designación de esa Sala en particular. A partir de esta información, se allanó el estudio de Aráoz de Lamadrid -quien también había sido abogado de Uño- y se secuestró un sobre con su nombre que contenía los 50 mil dólares.   El lunes 10 de septiembre, el juez Luis Rodríguez procesó a Riquelme, Escobar, Stafforini, Aráoz de Lamadrid y Pedraza. De acuerdo a la resolución de Rodríguez, “la influencia de Aráoz de Lamadrid y Riquelme sobre el magistrado Riggi se consideraba real, en tanto ambos mantenían relaciones personales preexistentes con él, uno como ex-empleado y el otro con un vínculo afectivo demostrado por el intercambio de las comunicaciones y otras escuchas telefónicas obtenidas”.   En las comunicaciones  intervenidas por la jueza López  aparecen conversaciones absolutamente impropias para un juez y que dan una pauta de sus vínculos con operadores de la justicia federal, expertos en hacer valer sus relaciones para obtener beneficios. Estos intercambios lo relacionan directamente con la investigación penal del intento de soborno pero también con conductas que pueden ser consideradas “mal desempeño” en sus funciones. De las escuchas telefónicas surgen, entre otras circunstancias, menciones a ciertos “presentes” que Pedraza realizó a jueces del tribunal o una relación mediada por Riquelme para la obtención de una casa para su hijo.    Para el CELS, el juez Riggi debe brindar explicaciones sobre todos estos hechos, en especial sobre su relación y trato familiar con el ex agente de inteligencia Juan José Riquelme, y el Consejo de la Magistratura debe evaluar su accionar como magistrado de la Nación.   Las escuchas telefónicas han permitido conocer detalles de las relaciones espurias que existen entre abogados, jueces, agentes de inteligencia, sindicalistas  y otros funcionarios, en lo que puede advertirse como una de las maniobras más graves y escandalosas de corrupción y tráfico de influencias. Esto impone que se extremen las medidas de investigación penal y disciplinaria de quienes podrían estar involucrados. Esa es la responsabilidad que le cabe al Consejo de la Magistratura y a los funcionarios judiciales a cargo de la investigación penal.     En esta línea, resulta sugestivo que el juez Luis Rodriguez no haya profundizado hasta el momento la investigación respecto de los posibles jueces involucrados y haya demorado más de un año las indagatorias y el procesamiento de los imputados, para sacarlo una semana antes del tratamiento en el Senado de su pliego para ocupar una vacante de juez federal. La postulación de Rodriguez fue impugnada por el CELS junto a otras organizaciones a raíz, entre otros motivos, de su deficiente actuación en esta investigación.
	Centro de Estudios Legales y Sociales web@cels.org.ar / www.cels.org.ar