CASACIÓN A LA CARTA II - COCINA DE AUTOR

ESTO ES ESCANDALOSO, ¿A NADIE LE CALIENTA?

Sorteos dudosos en Casación

Abogados del supermercado hicieron una presentación judicial porque creen que un expediente fue arreglado para que “le tocara” a la Sala III, la misma que fue señalada por un supuesto intento de soborno gestionado desde el gremio de José Pedraza.

Por Irina Hauser



¿Qué tienen en común el titular de la Unión Ferroviaria (UF) José Pedraza, preso por el asesinato de Mariano Ferreyra, y el Grupo Exxel, cuyos directivos están procesados por una millonaria estafa a Carrefour? Un importante punto de unión estaría en la Cámara de Casación Penal. Los abogados de la cadena de supermercados denunciaron ayer la presunta manipulación del sorteo de la causa en la que son demandantes para que “le tocara” a la Sala III del máximo tribunal penal. Dos de sus integrantes, los jueces Eduardo Riggi y Gustavo Mitchell, están mencionados en escuchas y bajo la lupa en la causa judicial en la que se investiga un intento de soborno gestionado desde el gremio de Pedraza para que dejaran en libertad a la patota que mató al militante del Partido Obrero (PO)...

Los letrados que representan a Carrefour pidieron la nulidad de la designación de la Sala III, asignada para revisar los procesamientos que pesan sobre nueve ejecutivos del Exxel Group y uno de la Consultora Price Waterhouse acusados de haber estafado a esa empresa al venderle el 49 por ciento de las acciones de Supermercados Norte con estados contables fraguados. Recientemente, la Justicia les trabó un embargo por 352 millones de dólares. Los abogados relatan en su presentación que el 23 de marzo en la secretaría general de Casación les informaron que la causa no se sortearía, sino que se juntaría por conexidad con otra llamada “Latinstock”, donde también aparece implicado el Exxel, radicada en la Sala IV. Sin embargo, unas semanas después lo que disparó sus sospechas fue que les dijeron que habían advertido que “la conexidad no era procedente” y por eso se mandó a sorteo sólo una vez que entró el último recurso de queja, de Juan Navarro, titular del Exxel. Luego advirtieron que podía haber un paralelismo con las irregularidades detectadas en la causa por el homicidio de Mariano Ferreyra y en su planteo judicial aludieron a la trama descripta por este diario en su edición del 18 de abril.

El intento de coima y “forum shopping” en la causa sobre el homicidio de Ferreyra fue detectado mientras se hacían escuchas a Pedraza. Para investigarlo se abrió un nuevo expediente, que tiene dos aristas: la gestión del soborno y la aparente manipulación del sorteo para que el expediente fuera asignado, como ocurrió, a la Sala III de Casación. Aunque aún hay medidas en trámite, la Justicia –pudo saber este diario– ya tiene pruebas de que el vicepresidente de Belgrano Cargas y contador de la UF, Angel Stafforini, envió dinero (50 mil dólares) para comprar voluntades en Casación al estudio del ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, y que detrás de la negociación estaba Pedraza. Aráoz de Lamadrid, que defendía a uno de los ferroviarios detenidos, fue secretario del juez Riggi, y se comunicaba con un agente de la ex SIDE señalado como intermediario de la coima, Juan José Riquelme. En ciertas escuchas, Riquelme comenta haberse reunido tanto con Riggi como con su colega de la Sala III, Mitchell, confirmaron fuentes del caso. El día que sale sorteada esa sala para revisar las detenciones y procesamiento de la patota ferroviaria que mató a Ferreyra, Aráoz habría hablado por lo menos seis veces con el funcionario de la cámara que hace el sorteo informático, que está imputado.

El pedido de nulidad y recusación de Carrefour contra los jueces que integran actualmente la Sala III intenta poner en evidencia una serie de sugestivas coincidencias entre los magistrados y la historia que rodea al fraude del Exxel y sus protagonistas. El juez Mitchell, dice el escrito al que accedió Página/12 , es pariente (tío) de Alejandro Mitchell, a quien señalan como abogado de Navarro y ofrecen dar pruebas de que mantienen una relación estrecha; en cuanto a la jueza Liliana Catucci, sostienen que la única vez –y primera en dieciocho años– que admitió como camarista de casación revisar un procesamiento sin prisión preventiva fue el del abogado Alejandro Mitchell, procesado por cohecho justamente en una maniobra para direccionar una causa a favor del empresario Raúl Moneta. El juez Riggi, recuerda la denuncia, tiene un vínculo de mucha confianza de años con un nombre, el de Octavio Aráoz de Lamadrid, que justamente es preponderante en el intríngulis del intento de coima de la UF. Desde su estudio familiar, añade el texto, se ejercería la defensa del perito oficial Fernando Robles (que fue segundo del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema) suspendido en sus funciones por actuar en connivencia –algo constatado en filmaciones– con el Exxel precisamente en la demanda promovida por Carrefour.

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