SU MAJESTAD MAURICIO I

Se podrá justificar todo lo que se quiera, pero todo el conflicto entre Macri y la procuradora se resume en la siguiente orden de Mauricio Macri a sus colaboradores:

Encárguense. No la quiero en mi gobierno.

En la nota  de La Nación se informa que Garavano habría dicho que Gils Carbó no llegaba a fin de año. También informan que la Procuradora piensa dar pelea hasta el final.

La orden de Macri habla bastante mal del futuro presidente. Él cree que “su” gobierno incluye la facultad de sacar y poner a su antojo a la Procuradora General. Si la reforma constitucional de 1994 le dio independencia y autonomía al ministerio público, apartándola del poder ejecutivo, ha sido, precisamente, para evitar la influencia, presión o instrucción del presidente sobre el/la procurador/a.

No importa, entonces, lo que Macri “quiera” o “no quiera”. Hay una ley del Congreso que impide que la destitución de la Procuradora dependa de lo que él quiera. En el caso de que el presidente electo, luego de asumir, pretenda destituirla con un decreto, sea normal o de necesidad y urgencia, estaría desconociendo la voluntad del constituyente.

Supongamos que, en el peor de los casos, no correspondiera el juicio político. Eso tampoco podría depender de Macri. La ley está vigente y lo vincula. Si se declarase inconstitucional el art. 76 de la ley orgánica del ministerio público fiscal, entonces ninguna ley dispondría el procedimiento de remoción de la procuradora general. En consecuencia, correspondería al tribunal que declarase la inconstitucionalidad disponer cómo se podría realizar el trámite de destitución. Y este trámite jamás podría depender de la decisión de Mauricio I. Por algo el constituyente separó al ministerio público del poder ejecutivo, dándole independencia, autonomía e inmunidades funcionales.

Si se dictara un decreto de necesidad y urgencia permitiendo tal ataque a la institucionalidad, la independencia del ministerio público quedaría en la nada. Y la institucionalidad también. El “mi” gobierno de Macri se restringe al poder ejecutivo y a las facultades constitucionales de ese poder. Destituir a la procuradora general de la nación no es, ni puede ser, una facultad del PEN.