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17 abr. 2016

PODER JUDICIAL Y CORPORACIÓN POLÍTICA SIGUEN REPRODUCIENDO LÓGICAS PACTISTAS








Se siguen reproduciendo las lógicas pactistas entre el poder judicial y la corporación política
Por Fernando Bracaccini

Si el Presidente Macri de verdad cree que Oyarbide hizo mucho daño y quiere evitar que siga haciéndolo, eligió una muy mala opción. En ese caso, lo que debería haber hecho es promover su remoción y solicitar preventivamente su suspensión. ¿Cómo podemos admitir que el presidente diga tan livianamente que acepta la renuncia de un juez que él mismo dice que es corrupto y que hizo mucho mal al sistema institucional?

Algunas razones para no aceptar la renuncia de Oyarbide y someterlo al proceso de remoción: está fuertemente sospechado de haber cobrado protección a prostíbulos y talleres clandestinos, y de haber exigido sobornos en otros casos; no puede explicar su patrimonio; obstaculizó el caso sueños compartidos; admitió haber frenado un allanamiento por un llamado del Subsecretario Liuzzi; durmió el caso en contra de Lázaro Baez, que ahora se acumuló al que tiene Casanello; garantizó impunidad a Menem en el caso de sus cuentas en suiza y sobreseyó a su secretario privado en un caso de enriquecimiento ilícito; cerró el caso de enriquecimiento ilícito de Nestor Kirchner y Cristina Fernandez de Kirchner contradiciendo un dictamen pericial que afirmaba que sus aumentos patrimoniales no podían justificarse con sus ingresos; está fuertemente sospechado de vincularse a lo peor de los servicios de inteligencia de la PFA. Y podría seguir un buen rato.

Norberto Oyarbide debería ser destituido, y sometido a proceso penal por los actos de corrupción de los que se lo acusa.

Necesitamos cambios estructurales en el poder judicial. Si no, van a seguir rotando lxs Oyarbides, lxs Bonadíos, lxs Servini de Cubría, y demás. ¿Por qué el reemplazo de Oyarbide actuaría distinto a él? No podemos pretender resultados distintos si no cambiamos en lo más profundo el sistema de justicia.

El primer paso en ese sentido podría haber sido destituir a Oyarbide, un juez que garantizó impunidad a la corrupción durante 20 años. Desafortundamente, el Presidente decidió no darlo.




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