LA RENUNCIA DE OYARBIDE

Cuenta la leyenda que un policía detuvo un hombre en la oscuridad por estar orinando en la vereda. Al trasladarse a un lugar con más luz, advirtió que era el presidente de la nación.

—¡Señor presidente, discúlpeme! Marche, no más...

—No, agente, usted está cumpliendo con su deber, no hay problema, continúe.

—¡Pero señor, por favor, vaya tranquilo! No lo voy a detener por una meadita, con las cagadas que se manda...

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La misma lógica debe haber seguido la denuncia contra Oyarbide por “mal desempeño” por actos ofensivos al “decoro de la función judicial” presentada por los consejeros Ricardo Recondo y Alejandro Fargosi. Esa vez fue denunciado por haber cantado y bailado con la “Mona” Jiménez en un boliche cordobés. Seguramente se impuso la teoría de la “meadita” para rechazar la denuncia presentada en abril de 2011. 

En verdad, la denuncia era absurda. No solo porque el hecho que se le imputaba nada tenía que ver con la función judicial, sino también porque el concepto de “decoro” de los denunciantes bien podría pertenecer a la época del Virreynato. Además, porque se trataba de Norberto Oyarbide, y teniendo los motivos que ya había para solicitar el jury, se les ocurre tamaña insensatez.

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A pesar de todas las denuncias en su contra que lo siguieron a lo largo de sus 21 años de juez federal, Oyarbide se va por la puerta principal, como si nada irregular hubiera hecho mientras estuvo en el cargo. ¿Por qué?

Porque el jueves pasado presentó la renuncia a su cargo de juez federal de instrucción. La presentó ante el ministro de justicia Germán Garavano, quien dijo que el presidente debería aceptar la renuncia.  Macri aceptaría esa renuncia el 15 de abril. 

Si se le acepta su renuncia, entonces se retirará con todos los privilegios propios de las fuerzas judiciales, y del mismo modo que lo puede hacer cualquier persona honorable que haya ocupado el cargo de juez. Se retiraría cobrando de jubilación alrededor de $ 100.000 mensuales.

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En 1994 ocupó el Juzgado Federal 5 por designación de Carlos Menem, cuando el entonces presidente aprovechó la reforma procesal para inundar la justicia penal de “esperpentos” —como llamó León Arslanián a los casadores nombrados—. Esta experiencia menemista de “toma” de la justicia ha demostrado algunas cosas:

a) los daños que generan las designaciones irresponsables o de mala fe en los cargos del poder judicial permanecerán más de una generación. Así, por ejemplo, la jurisprudencia plenaria sentada por casación. Piénsese, también, que aún quedan “esperpentos” en la casación sin intenciones aparentes de renunciar o probabilidad cercana de ser destituidos;

b) desde un punto de vista más práctico, la “lealtad” de los jueces amigos del poder político solo se “garantiza” mientras se permanezca en el cargo. 

Oyarbide amagó a permanecer en su cargo, pero se le hizo saber que en esta oportunidad el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura avanzaría hasta disponer su destitución. Por este motivo, este jueves pasado presentó finalmente su renuncia. 

Uno podría preguntarse por qué eligió no defenderse. Muy sencillo, pues el proceso de destitución podría terminar eliminando su privilegiada jubilación. Entonces, dada su repentina “situación de agotamiento” y simultánea necesidad de buscar “otras cosas”, renunció, y aquí no ha pasado nada. La única alternativa que queda para que pudiera ser destituido sería que Macri no le aceptara la renuncia, en cuyo caso el proceso ante el Consejo continuaría.

El ministro Garavano le aconsejó a Macri con énfasis aceptarla. No se comprende, realmente, por qué Garavano considera mejor aceptarle la renuncia. Es cierto que como regla, a los jueces que están al borde de la destitución tradicionalmente se les acepta. Es decir, esto no es un invento de Garavano.

Pues bien, está mal que así sea. ¿Cuál es el mensaje que contiene la decisión de aceptarle la renuncia? En primer término, nos deja un sabor a impunidad muy amargo, especialmente en un caso tan escandaloso como éste. Oyarbide, por lejos, se ha transformado en un ícono de la corrupción judicial. La incapacidad del sistema político de librarse de un juez como él ha demostrado que su permanencia en la justicia federal no es una patología del poder judicial. Un juez que permanece 21 años en su cargo es parte de ese poder, de su fisiología.

Por otro lado, el efecto de aceptarle la renuncia le quita el carácter preventivo a la destitución respecto de los demás jueces. Así, se fomenta que personajes como él continúen prevaricando hasta el momento en que se les complique el panorama y puedan renunciar sin mayores consecuencias, recibiendo sus remuneraciones de juez retirado.

¿Por qué razones, entonces, un gobierno que ha hecho de la independencia del poder judicial y del combate a la corrupción unas de sus promesas más declamadas protege a quien es la imagen de la corrupción judicial a los ojos del público? Dicen que Angelici se había reunido con Oyarbide para explicarle que Macri no toleraría su permanencia en el cargo, y por ello presentó finalmente su renuncia.

Todos estos trascendidos perderían entidad si el presidente no aceptara su renuncia y fuera destituido regular y públicamente por el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura. Cualquier otra decisión representaría el beneficio de la impunidad para Oyarbide, y la muestra de que el Consejo de la Magistratura es incapaz de cumplir con su función constitucional.