EL TESORERO "ANGELITO":
EL HOMBRE DE LA BOLSA
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I
El lunes 19 de
marzo de 2012 comenzó el juicio oral sobre el desfalco de la Tesorería de
la Municipalidad de Gualeguaychú. Los hechos que dieron origen al juicio fueron
cometidos a fines de 2004 y de enero a junio de 2005. Nadie se explica muy bien
por qué razón el caso se tomó siete largos años para dignarse a ser discutido
en juicio oral y público ante el tribunal de la ciudad de Gualeguay. Los
imputados son cuatro:
1. “Angelito” Giménez,
tesorero de la Municipalidad hasta el 1º de julio de 2005 (91 hechos de
peculado doloso[1]), defendido
por Amelia Angerosa;
2. José Daniel Irigoyen,
ex intendente de Gualeguaychú (9 hechos de peculado culposo[2]),
defendido por Leandro Dato,
Alberto Bovino y Luis Leissa como sustituto;
3. Néstor Pérez,
ex Secretario de Hacienda de la Municipalidad (18 hechos de peculado culposo),
defendido por Félix y Sebastián Castillo;
y
4. Pedro Pomés,
Contador General de la Municipalidad (omisión de los deberes funcionales),
defendido por Celia Borros y
Gustavo Rivas.
Los apoderados de la parte querellante, la
Municipalidad, son Julio Federik
—por lejos, el mejor abogado de la audiencia— y Leopoldo Lambruschini. El fiscal es Dardo Tortul. El tribunal está integrado por
Darío Crespo (presidente),
Alejandra Gómez y Jorge Torres[3].
II
Recordemos que los hechos que dieron origen a la
denuncia penal —efectuada por el entonces intendente Daniel Irigoyen— salieron al descubierto el 30
de junio y 1º de julio de 2005. Casi siete años más tarde, ha dado comienzo el
juicio público. Aunque en verdad, mucho de público no tiene ya que, al
realizarse en una ciudad diferente de aquella en la que ocurrió el hecho, no
convoca a muchos asistentes. Una lástima que un juicio que, de realizarse en
Gualeguaychú, habría convocado a muchísimos vecinos interesados, se realice en
una localidad a 80 kms. de distancia.
Problemas de la organización judicial entrerriana. La
investigación del caso se llevó a cabo en Gualeguaychú; las apelaciones en
Concepción del Uruguay; el juicio en Gualeguay; y los eventuales recursos
tramitarán en Paraná. Un rally habría
tenido un itinerario menos accidentado.
El tribunal fijó un total de 21 audiencias,
comenzando el 19 de marzo y culminando el 4 de mayo de 2012. Eran ocho semanas,
sin contar las audiencias de alegatos. Y para cada audiencia se citó entre
cinco y nueve testigos. Al principio, pensábamos que terminaríamos de
interrogar a los testigos todos los días al mediodía.
La estrategia de la defensa consistió en hacer
declarar a Giménez al principio
del debate. Éste prestó declaración separadamente por cada uno de los 91
hechos. Así, Giménez se esmeró
especialmente en destruir el cronograma del juicio desde el primer día.
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En efecto, el primer día estaba programado para la
declaración de los cuatro acusados. Sin embargo, el ex tesorero solo declaró
sobre los quince primeros hechos el lunes 19 de marzo. Continuó declarando
durante alrededor de 28 horas netas en tres jornadas (19/3, 21/3 y 23/3).
Finalmente, el 24 de marzo les tocó el turno a Irigoyen,
Pérez y Pomés. Estos tres
acusados manifestaron su intención de declarar en el juicio pero se abstuvieron
de hacerlo ese día, por consejo de sus defensores.
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En la declaración de “Angelito” Giménez —absolutamente disparatada—, el
tesorero se ocupó de imputar a todo el mundo. Así, entre otras cuestiones,
declaró[4]:
Tal como lo había hecho el
lunes, ayer reiteró que es ajeno a las acusaciones que pesan en su contra y
esta vez avanzó en señalar que la causa le fue armada en su contra por los
funcionarios que ingresaron en su despacho en la tarde-noche del jueves 30 de
junio de 2005.
El presidente de la Cámara del Crimen, Darío Crespo, le preguntó a Giménez que “quién” creía que le armó esto, y el imputado respondió: “Ellos, los que ingresaron a mi oficina cuando yo no estaba”. La autoridad judicial replicó y le solicitó que “dé nombres”.
Giménez pronunció: “(Oscar) Pirovani, (Marta) Garciarena, el intendente (Daniel Irigoyen) y (Sergio) Delcanto y (Néstor) Pérez”. Seguidamente, el Tribunal le preguntó por el ex contador municipal, Pedro Poméz y Giménez respondió: “No, Poméz, no” (nota en “El Argentino”, del 21/3/2012).
De este modo se inició el juicio. La declaración del
ex tesorero acusado de 91 hechos independientes de malversación dolosa incomodó
a todas las partes —acusadores y los otros tres acusados—, fue difícilmente creíble,
confusa y contradictoria.
El resto de los protagonistas aún nos preguntamos qué es lo que pretende
Giménez.
CONTINUARÁ...
[1] Art. 261.- Será reprimido con
reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el
funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración,
percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.
[2] Art. 262.- Será reprimido con
multa del veinte al sesenta porciento del valor substraído, el funcionario
público que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los
reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra
persona la substracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo
anterior.
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