te lo advertimos...

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18/6/2010

HISTORIAS DE ABOGADOS - EPISODIO 7

Cuando el progresismo se va de caza (de brujas)

Por Mariano H. Silvestroni






Como abogado litigante he visto infinidad de desatinos de jueces, fiscales y funcionarios de todo tipo.

Hubo una época en que se hablaba de la “justicia menemista”: conservadora, facha, refractaria a las garantías constitucionales. Sin dudas, una de las épocas más nefastas de la historia de un poder judicial en democracia. Por suerte los vientos cambiaron y sobre todo gracias a la Corte, que en pocos años produjo una revolución judicial en materia de garantías. No estamos en el paraíso, ni mucho menos, pero avanzamos bastante.

Muchos abogados litigantes creyeron que el ocaso de la “justicia menemista” importaría el abandono de ciertas prácticas, persecuciones, aberraciones inconcebibles. Y no era para menos, dado que una catarata de docentes universitarios, que en su mayoría decían estar comprometidos con la defensa de las garantías, comenzó a escalar posiciones en la justicia penal, Consejo de la Magistratura mediante.

Personalmente nunca lo creí, tal vez por desconfiado, tal vez por cierta repulsión que los enunciados fáciles y políticamente correctos me generan de forma natural. A mi escepticismo contribuyó mi experiencia en un par de concursos del Consejo de la Magistratura en los que incursioné más que nada por curiosidad y tal vez, inconscientemente, para conseguir ideas para mis novelas. Lo que vi allí fue espantoso. El Consejo de la Magistratura es un chiste, es una maquinaria destinada a reciclar a los mismos funcionarios de siempre, dando visos de legalidad a un procedimiento que, en lo sustancial, sigue siendo el mismo. Y tengo pruebas, por supuesto. Me guardé los exámenes de los ganadores y de los perdedores, y las impugnaciones y las respuestas y los antecedentes de los jurados. Para que el día de mañana nadie pueda hacerse el distraído.

Pero creo que me estoy yendo por las ramas, porque lo que quiero contar es una anécdota reciente, que me gustaría dar a conocer para encender una luz roja, una señal de alerta sobre el riesgo que las garantías constitucionales corren en la actualidad. Un riesgo mucho mayor al de las épocas de la “justicia menemista” porque ahora (tal vez por una broma del destino o quizás porque era inevitable que así ocurriera), los que pisotean las garantías son los que durante años, se llenaron la boca defendiéndolas, a punto tal que sus carreras, sus logros, sus vidas parecen asociadas de manera indisoluble a conceptos tales como progresismo, garantismo, Constitución, Derechos Humanos.

Nunca fui progresista (y tal vez haya sido por eso que nunca me creí el cuento), pero siempre fui garantista, partidario de un derecho penal ultramínimo, defensor de la libertad y de los derechos humanos.

Otros, que sí lo fueron (y repito, tal vez haya sido por eso), ahora que tienen un poquito de poder, de dinero para sus ONGs, de fama ganada a fuerza de slogans, pretenden emprender a garrotazos contra quienes se interponen en el camino.

Y no voy a hablar de una causa de militares o algunas de esas que se rigen por otra Constitución y otros principios. Voy a hablar de una causa de corrupción. Voy a hablar del caso IBM-Banco Nación en el que me desempeño como abogado defensor desde hace más de una década, y en el que he visto desfilar una carrada de groserías procesales de todo tipo. Pero no hablaré del caso por aquéllas groserías y no sólo porque son cosa del pasado (de la tan vapuleada “justicia menemista”) y porque muchas de ellas las intuyo o las entreví entre líneas, sino porque ya me referí a muchas de ellas en mis dos novelas judiciales.

Voy a referirme al presente. Al juicio abreviado que se llevó a cabo con la intervención de la Fiscal Sabrina Namer y con las ONGs CIPCE y ACIJ, representadas por Pedro Biscay y Ezequiel Nino, respectivamente.

Como defensor aconsejé a mi cliente a firmar un acuerdo con la fiscalía por el cual se le imponía una pena de dos años y tres meses de prisión. Mi cliente lo firmó y luego concurrió al Tribunal Oral y prestó su consentimiento ante los jueces. Mi cliente no ofreció dinero a cambio del acuerdo (como lo hicieron otros, algunos incluso en cuotas a pagar desde el momento de la firmeza de la sentencia). Mi cliente aceptó el acuerdo por sus propias razones. Habían transcurrido más de quince años de proceso y estaba cansado. Además, le expliqué que eso no implicaba renunciar a la posibilidad de recurrir la sentencia, porque el art. 431 bis inc. 6 del CPPN se lo permitía expresamente, con lo cual su agravio relativo a la prescripción (que había operado de forma manifiesta) permanecía intacto.

Se dictó sentencia, nos notificamos, la recurrimos. En mi caso con el único agravio de la prescripción, dado que ya tenía sentencia definitiva y la Corte había resuelto (en un recurso anterior) que no evaluaría la prescripción hasta tanto existiera dicha sentencia. Otro imputado se agravió porque no se habían respetado los términos del acuerdo y doy fe de que en ese caso no se respetaron.

En suma. Contingencias usuales del ejercicio profesional.

Juicios (orales o abreviados), negociaciones, planteos, recursos. Lo de siempre. Lo que siempre hicimos incluso durante la época de la “justicia menemista”. Pero esta vez ocurrió algo impensado (en realidad no fue impensado para mí, porque ya les dije que nunca confié en los dueños de los slogans simpáticos), dado que la Fiscal Sabrina Namer y las ONGs CIPCE y ACIJ (con la firma de los abogados Ezequiel Nino, Alberto Binder, Pedro Biscay y Javier Castelli), presentaron virulentos escritos en los que se expresa lo contrario a lo que el garantismo representa.

La Fiscal Sabrina Namer ordenó la formación de una “lista negra” de abogados, en la que incluyó a los recurrentes (entre ellos, tres defensores oficiales), para ser remitida a todos los fiscales del país, para que “no se vean sorprendidos” con los métodos de defensa que utilizamos.

Como vemos, en pleno post menemismo, en la primavera del garantismo inaugurado por la Corte, de la mano de los nuevos funcionarios que vinieron a oxigenar el sistema judicial, se forman listas negras de abogados para castigarlos por ejercer el derecho de defensa de sus clientes.

El enojo de la fiscal fue acompañado por las ONGs que se auto colocan a la vanguardia del progresismo. Fíjense lo que dice el escrito de los abogados citados previamente “hemos visto muchas actitudes de las defensas tendientes a profundizar el litigio sobre cuestiones menores, de puro incidente, de puro burocratismo, cuyo valor está más cercano a la ficción que a la discusión real y sustantiva sobre el fondo del asunto ventilado en las instancias del proceso penal; pero ninguna de ellas se compara en su magnitud, alevosía y grosería con el carácter vil, indigno e infiel de la presentación efectuada”.

En lo personal, no recuerdo un ataque semejante a la esencia de la labor del abogado penalista, desde las épocas en que Bernardo Neustadt se ponía histérico con las excarcelaciones, los códigos, las trabas para “condenar delincuentes”. O la andanada de ataques de Juan Carlos Blumberg, que terminó en la sanción de leyes vergonzosas que están causando un profundo daño a la sociedad y a la vigencia de los derechos humanos.

No creo necesario recordar a los distinguidos abogados que se enojan por nuestro recurso, que las discusiones de forma son tan importantes como las que atañen a la “discusión real y sustantiva sobre el fondo del asunto”. Salvo que propugnen volver sobre los pasos de Montenegro, Fiorentino, Rayford y todo lo que vino después. En los claustros universitarios dirán que no, que no propugnan ese retroceso. En sus libros o artículos dirán lo mismo. Pero cuando llega la hora de actuar con ecuanimidad (como deben hacerlo los supuestos representantes de la sociedad civil o los fiscales), se molestan porque un imputado presenta un recurso. Un recurso previsto expresamente en el art. 431 bis inciso 6to. del CPP Nación. Un recurso que, como saben, es irrenunciable. Y mucho más, teniendo en cuenta que su objeto específico es plantear una prescripción ya operada en la causa. ¿O también les molesta que alguien invoque la garantía del plazo razonable en su favor? Pero no se agravian dentro de las reglas de juego como lo hacemos los abogados litigantes todos los días (Porque un día me toca acusar y otro defender y lo mismo pasa con los demás colegas; y, entonces, un día se defiende una posición y otro día otra; esas son las reglas de juego). Pero tanto la fiscal Sabrina Namer como los abogados Ezequiel Nino, Alberto Binder, Pedro Biscal y Claudio Javier Castelli, se están agraviando de la propia esencia de la profesión del abogado. De que defendamos, de que recurramos, de que hayamos ejercido una facultada expresamente otorgada por la ley. ¡Y encima tenemos que dar explicaciones sobre eso! ¿Y si no hubiese estado otorgada, qué? ¿Acaso no nos cansamos de recurrir en casación por cuestiones de hecho y prueba en contra de la posición de una Cámara nefasta que se dedicaba sistemáticamente a convalidar fallos injustos? Lo hicimos durante toda una década infame, hasta que la pelea finalmente tuvo sus frutos a partir del fallo Casal. ¿Y ahora tenemos que soportar que nos coloquen en listas negras por ejercer el derecho al recurso, o que nos agravien y nos ataquen por defender a personas acusadas de corrupción? Es lamentable.

Sería bueno que quienes otorgan soporte económico, político y social a esas personas que se compraron el mote de defensores de las garantías (y que en los hechos no las respetan), sepan cual es la consecuencia concreta que tienen sus acciones.

Mariano H. Silvestroni Profesor de derecho penal y abogado litigante

24 comentarios:

Anónimo dijo...

pura chicanas

Ana dijo...

Todavía me resulta increíble que sucedan estas cosas y que, como apunta el título, sigan existiendo las cobardes persecuciones de brujas, para sustentar sistemas infames.
Y digo que todavía me sorprende y pongo énfasis en este hecho, porque me siento orgullosa de que me siga sorprendiendo la calamidad humana, tanto como día a día me sorprende lo bueno que ostentamos como especie, sin ir más lejos, con declaraciones de principios como la expuesta.
Me gustaría saber los nombres de las novelas, para leerlas.

Saludos!

AGUSTIN dijo...

Para Ana: El abogado del presidente y El Juez Federal.
Dos muy buenas novelas. Las disfruté mucho.

Ana dijo...

Me imaginé! Hace poco me las recomendaron en la librería jurídica donde suelo comprar, pero no suelo retener muy bien los nombres!
Gracias!

Instituto de Direito Desportivo da Bahia dijo...

Dr. Mariano,

No sé nada de Derecho Penal o Procesal Argentino, quizas, no sé escribir bien el español!

Todavia, como abogado que soy, me enoja leer y saber que cosas como esas aunque ocurren y peor, hay otros abogados ayudando su continuidad!

No extraño que un Físcal haga eso, extraños otros abogados apoyandolo. A muchos fiscales - no todo, dijo!- interesa la condena como justicia a cualquer precio!

Y mismo que para tanto, toda la Ley no tenga validad, como en su caso. Decia un gran profesor de Brasil, que la Ley no trae palabras inutelis, así se se permite el recurso y hay tiempo de prescricion, nada se puede hacer, pues el Estado - que el Fiscal representa - dijo que no hay más interese en punir! Se ellos hicieron un acuerdo y olvidaron de la prescripción - ese PEQUEÑO DETALLE-, la Defensa nada puede hacer, no tiene culpa, hizo lo que la Constituición determina, trabajo dentro de la etica y la ley!

Estas correcto en lo que hizo! Pues se no hubiese recorrido estarias litigando contra su cliente! Y eso es la peor cosa que un abogado puede hacer!

Dejo mi apoyo! Y la certeza que con su conducta torna la abogacia argentina más libre y independiente, sin lazos o temores por el Parquet, sin enlaces peligrosos!

Por una abogacía libre y fundada en valores jurídicos y no de falsa moral!

Imagino que esa no va se la última o no fue la primera vez que le sucedió eso, así, fuerza!

Abrazos,

Milton Jordão.

Anónimo dijo...

No entiendo muy bien. De un lado veo muchos argumentos y del otro (el del abogado ofendido) veo sólo victimización y desprestigio hacia el otro. Si decidís meterte en el baile de la impunidad, no te rasgues las vestiduras por el repudio que eso puede generar entre los demás colegas (entre los que me cuento) y la comunidad en general. Aceptalo, seguí facturando y listo.

Agustín Eugenio Acuña dijo...

Terrorífico. Algo que se debe tener en cuenta es que las garantías son para todos. Te guste o no.

¿Pidieron esa lista negra en serio? ¡Qué descarados!

Muy buena el abogado de el presidente.

A leer El Juez Federal ahora.

Anónimo dijo...

Anónimo, no creo que sea victimización y desprestigio. Si los hechos fueron tal como surge del post, realmente está mal. Los recursos no son chicanas, el estado de derecho no es sólo para los pobres excluidos, las garantías constitucionales no protegen sólo a algunos. Que un hecho grave quede impune, sin dudas, es algo que no debiera ocurrir, pero como sistema democrático, elegimos dejar impunes algunos hechos en función del respeto de las garantías. Es una lucha que no podemos abandonar, por más que se trate de hechos desagradables. Y sobre todo, nunca podemos equiparar al abogado con la persona a quien se defiende. Eso pasó en los peores momentos de la historia argentina, y hay muchos colegas que dejaron la vida por esa razón. A los de capital, nos basta con mirar la placa que está en la planta baja del palacio de justicia. Yo me pregunto, ¿qué repudiamos? El desempeño profesional de un colega? Nos parece qué eso es ser inescrupuloso? Cuestionamos que se facture por un laburo? Eso está mal? Revisemos un poco lo que decimos.
Maxi

Pablo Pascale dijo...

Silvestroni, nos estás tomando el pelo? Te parece que no hay suficientes garantías para los delincuentes de cuello blanco? Pues bien, no hay prácticamente juicios orales, menos aún condenas. La justicia es una para los ricos y una para los pobres. No quiere decir que las garantías no deben aplicarse a los ricos, sino más bien que los hechos indican que sobran las garantías para los corruptos. En tu caso parece que lo que hiciste fue firmar algo que después te lo pasaste por debajo del traje. Quizá estuvieras cruzando los dedos o algo así pero, al firmar, conseguiste una condena mucho más baja que lo que le hubiera tocado a tu imputado (y vos te salvaste de tener que estar en el juicio oral durante meses). Pero no, las querés todas. Para colmo, pintas una justicia que no existe, los jueces investigando furiosamente a los funcionarios o empresarios corruptos. Se nota que no sos nada progresista, tu intención es que siga este sistema injusto en el cual las clases altas no solo se llevan una enorme parte de la torta, sino que meten preso a los excluidos. Los corruptos y evasores, mientras tanto de fiesta. Eres complice Silvestroni, junto a Virgolini, Rusconi y cía...

Fernando dijo...

Aclarenme una cosilla: estos profesores que propugnan las garantías constitucionales en los cursos de la UBA no son los mismos que después se dedican a chicanear hasta el infinito para dilitar los juicios en causas de corrupción? Si son los mismos, no hay alguna contradicción ética? Que yo sepa, los pobres no tienen tantas garantías porque los defensores oficiales están desbordadísimos y no los veo a ellos defendiendolos.

Anónimo dijo...

¿Por qué mejor no nos preocupamos por tener fiscales competentes?
Los abogados arman estrategias para hacer la mejor defensa de sus clientes.
Los fiscales deberían tener la capacidad y habilidad de poder hacer lo mismo en la defensa del Estado. Si no, pasan estas cosas...
Saludos!

Anónimo dijo...

jajajaja! qué caradura silvestroni... lista negra o sometimiento a un tribunal de disciplina?

Tomás Marino dijo...

Fernando, siempre que se critique una maquinita en la cual uno es una partecita más de su engranaje se incurre en contradicciones.

Por cierto, muy fachero el blog Ab. Bien ahí.

EC dijo...

Muchachos,
Estimo que no será responsabilidad del defensor nada mas que el ejercicio de la defensa de su cliente. No será su culpa que un proceso haya tardado mas de una decada. Si el Tribunal no supo manejar los tiempos del proceso, es una deficiencia que de ningun modo puede recaer sobre el imputado. Ahora todos estamos de acuerdo en el problema que genera la selectividad, pero me parece que ello no autoriza a darle un sentido inverso y a hacer selectividad de cuello blanco para decir "esta vez ganamos nosotros". O se lleva adelante un proceso legal o se bancan las consecuencias, entre ellas la pérdida de la posibilidad de obtener una condena, sea quien sea el imputado, el resto es arbitriedad.
No me parece adecuado acudir a la cuestion dineraria para formular una crítica al post que comentamos. Recuerden que los abogados litigantes tenemos que procurarnos nuestros propios ingresos, no recibimos 13 veces al año un depósito en la cuenta del Ciudad, ni tenemos los 45 dias de feria. Ni mucho menos la jornada de 6 hs.
Saludos,

Anónimo dijo...

No me parece que la presentacion de las ONG sea para rajarse las vestiduras. Veo mucha sobreactuacion por parte de Silvestroni.
Todo el sistema es refractario a las garantias y si sos pobre muchisimo mas, para ver esto no hace falta ser muy vivo.
Me parece realmente vil defender a esta gente y no me parece mal que las ONG lo expresen. Obvio que es un debate moral o etico, pero no esta de mas decirlo.
Realmente un caradura Silvestroni. Indignante.

Anónimo dijo...

Cuando uno jura desempeñar la profesión con probidad, buena fé y lealtad, y elige asumir la defensa de una persona, la única ética es la de trabajar con esfuerzo y dedicación para ayudar a quien te eligió.
Indignante son todos los comentarios autoritarios de los que no entienden la esencia de la tarea de abogar.
Lo demás es puro cuento, nos puede parecer horrible lo que hace una persona, pero no lo que hace un abogado, utilizando los mecanismos legales que establecen las leyes procesales. Esas, no son chicanas.
M.

Arbolito dijo...

No se entiende qué te indigna... presionar, presentando escritos y si es necesario sacando comunicados de prensa desgastando la posición de la contraparte es lícito. Las ONG´s y la fiscal están defendiendo un interés, distinto al tuyo y de tu cliente, con armas legales.
¿O me vas a decir que te sentiste amenzado?

Te presentaron un escrito criticando tu estrategia de defensa y, me imagino, habrán pedido la inadmisibilidad del recurso... y te quedás con la anécdota y la convertís en un atentado al sistema democrático!

Por favor, no me lo compro ni a palos. Ni la fiscal ni las ONG´s están para verificar si tu defensa es legítima. Están para buscar una condena por hechos de corrupción o la recuperación de activos. Y los que están para controlar/decidir son los jueces. Básico.

Arbolito.

P.D.: ¿Qué causas se rigen por otra Constitución y otros principios? No se entiende.

Anónimo dijo...

En todas partes se cuecen habas. Abogados de ONGs, de estudios y de tribunales…nadie mea agua bendita, y cada uno corre con sus mezquinos intereses, y muy pocos son sinceros. Sáquense todos las caretas muchachos.

tomas dijo...

No entiendo mucho qué e slo que ofende tanto a Silvestroni. En ningún momento se habla en la presentación de las ong´s de listas listas negras o algo así. Se plantea un crítica y se realiza con aquellas armas (no es más que presión pública)con las que cuenta una ong que trabaja para acabar o disminur con la impunidad que muchos ciudadanos percibimos.
Por otro lado creo que Silvestroni confunde lo que sucedío en los 90. No había -nunca lo hubo- un menoscabo las garantía de los imputados poderosos. Más bien todo lo contrario. Creo que busca una argumentación que lo deje bien parado en los lados que tiene un mostrador. Lo entiendo, porque debe ser difícil andar por la vida diciendo que uno colabora -por buena plata por cierto- en que prospere y persista el latrocinio, el saqueo y la impunidad. Algunos son tan caraduras que hasta se comparan con abogados que en la dictadura pagaron con su vida la defensa de presos políticos. Como si Virgolini fuera los mismo que Ortega Peña.
Muchachos, eligieron vivir en el barro. No se ofendan si los salpican un poco. Como dice Binder lo que es inadmisible es ponerse el sombrero de profesor, pregonar un discurso en el aula y decirse garantistas, y al rato cambiar de sombrero, hacer zancadillas, organizar fiestas de Karaoke o partidos de fútbol para ganar simpatías o información.
Como consuelo Silvestroni y compañía acumulan horas de muy buena facturación. Pobre del que cree que no se trata de eso, pobre del que cree que nos es por eso que hablan o escriben de garantías.

Tomás

Anónimo dijo...

Abolito. Nadie dijo que sea ilícito sacar comunicados. Sólo critico la postura, no la legalidad/ilegalidad de ello.
Respecto del fiscal, no está para buscar una condena a ultranza, o ¿vos decís que sí? Te recomiendo la lectura de la LOMP y del artículo 120 de la CN. Por ahí, si lo hacés, cambiás de opinión. Creo, por otro lado, que nadie dijo que determinados actores están para "verificar" si la defensa de un abogado es legítima. Se denunció, un supuesto agravio, y eso es lo que discutimos. Es decir, se discute si lo que pasó constituye o no un agravio. Ah, y no soy Silvestroni. La M es la inicial de mi nombre.
Después se dice que un abogado "colabora" con la impunidad por asistir a un tipo que lo consulta. Es terrible. Y la base argumentativa es que lo hace porque es un tipo inescrupuloso y que lo único que quiere es ganar guita. Cómo si eso estuviera mal. ¿Y que tiene ser profesor, pregonar por las garantías y defender a un miserable que está sometido a un proceso penal? Yo no veo la incompatibilidad che, pero bueno, por ahí esta pésimo...
Saludos,
M.

Anónimo dijo...

No entiendo a qué "lista negra" hace referencia Silvestroni, me he encargado de averiguar si se hacía alguna referencia en tal sentido en alguno de los escritos al que se refiere el abogado y hasta donde pude saber lo único que se dijo fue que habría que avisarle al resto de los fiscales de juicio este tipo de manejos que podrían hacer las defensas una vez que obtuvieran la homologación de los acuerdos que ellos mismos hicieron firmar a sus defendidos. La verdad que no veo qué puede tener esto de malo, en todo caso serán reglas claras, ni más ni menos.
Quizás en realidad de lo que se trate es de que ahora haya miedo en las defensas de tener que dedicar $u$ día$ a $entar$e en una sala de audiencias en un juicio oral y público.
Todos los que tuvieron o tienen un paso por la justicia conocen la innumerable cantidad de planteos dilatorios que formulan las defensas siempre amparandose en el derecho de defensa, pero todos sabemos que el plazo razonable también hace al derecho de defensa y muchas veces los años y años que demandan los procesos son consecuencia directa de esos planteos dilatorios que, escudados en el ejercicio de ese derecho, realizan los abogados.
Otra cuestión que me viene a la mente es la siguiente, si Silvestroni y el resto de los abogados que recurrieron la sentencia consideraban que la acción estaba prescripta, no habrian tenido que plantearlo, en todo caso y a más tardar, antes de la homologación por parte del tribunal. ¿Les hicieron reconocer a sus defendidos la culpabilidad de un delito que estaba prescripto?
Disculpen, pero dudo sobremanera que estemos aquí presentes debatiendo realmente sobre garantías, creo que más bien se trata de que se pusieron al descubierto, de una manera que hasta ahora nadie se había animado a hacerlo, las chicanas de las defensas; de aquellas mismas que hablan sobre los plazos razonables.
Los "argumento$" de Silvestroni se asimilan mucho a los que utilizan, en lo que resulta comparable, las defensas de los genocidas.
Pero qué más se puede esperar... ¿alguna vez alguno de estos abogados habrá tenido aunque sea un cachito de contradicción o debate ético al darse cuenta que muy probablemente su tarea es pagada con la plata que se le robó al estado?

Anónimo dijo...

"...muchas veces los años y años que demandan los procesos son consecuencia directa de esos planteos dilatorios que, escudados en el ejercicio de ese derecho, realizan los abogados."
Falso.
Si los planteos son claramente dilatorios, la justicia debería resolverlo rápido.

Anónimo dijo...

Al final, muchos hablan de "chicanas", pero en lugar de refutar con argumentos, intentan ser persuasivos y desvían la discusión hacia la plata que un abogado gana cuando hace su trabajo.
Anónimo, decís que todo el que pasó por la justicia conoce de"la innumerable cantidad de planteos dilatorios que formulan las defensas siempre amparandose en el derecho de defensa, pero todos sabemos que el plazo razonable también hace al derecho de defensa y muchas veces los años y años que demandan los procesos son consecuencia directa de esos planteos dilatorios que, escudados en el ejercicio de ese derecho, realizan los abogados."
Falso. Absurdo.
Si un planteo es claramente dilatorio, la Justicia debería poder resolverlo rápido. Y si la Justicia, parte del Estado, no funciona como debiera, no es culpa del abogado que hace planteos en defensa de un interés del cliente. Después hablás de la estrategia de defensa, cosa que tampoco importa y nada tiene que ver con lo que discutimos.
No hablamos sobre garantías???? El derecho al recurso, no lo és?
Los argumentos de Silvestroni, si coinciden con los argumentos de las defensas de los genocidas, deberías, refutarlos también con argumentos. Y no das ni uno. Finalizás con una pregunta que apela a lo emotivo sin discutir lo central, que es la crítica a un abogado por el sólo hecho de hacer lo que debe hacer.
Saludos,
M.

Anónimo dijo...

Cuánta hipocresía Silvestroni, sino supiera que es usted quien escribe, conforme a su escrito, pensaría que se trata de una pobre mujer perseguida por la santa inquisición.
Vamos que somos pocos y nos conocemos mucho. Como bien expresó un preopinante, pretender no mancharse cuando se juega en el barro, causa cuánto menos, risa.
Resulta hasta gracioso que usted pretenda hacer creer a la ciudadanía, valiéndose de un relato sumamente tergiversado de los hechos, que el caso que aquí nos convoca es ejemplo de “ataque a la esencia de la labor del abogado penalista”.
Usted se burló maliciosamente del acuerdo que voluntariamente y entiendo, por asesoramiento suyo, firmaron sus clientes. La causa IBM-Banco Nación no está prescripta, lo cual es todo un logro, ya que bien sabemos, así es que nunca llegan a juicio. De hecho, en este caso, no se encuentra prescripta porque uno de los imputados continúo en la función pública. Bien debiera saberlo usted, que dice ser progresista y garantista, digo, que este tipo de causas rara vez llegan a juicio.
Usted se burló del juicio abreviado como posible solución de conflicto. El Ministerio Público, al efectuar el acuerdo, resignó parte del objetivo y pretensión que posee por mandato constitucional, y lo hizo de buena fe, por medio de un instituto que es el juicio abreviado, que tiene por objetivo, dar fin al proceso, lo cual se vió frustrado por la chicana procesal por Ud. Interpuesta. Quienes nos manejamos en el medio, bien sabemos que lo que usted ha hecho es en primer lugar, una triste avivada que no hace más que manchar la profesión; pero a demás su fin es que su cliente eluda cumplir eventualmente una condena de prisión de cumplimiento efectivo por la otra causa en la que se encuentra imputado.
¿Qué espera usted Silvestroni? ¿Que las ONG y el ministerio público lo feliciten por su desempeño? Utiliza golpes muy bajos, situándose en el lugar de víctima, imputando un doble discurso a sus contrarios, cuando en realidad solo a usted le pertenece.
Víctima es la sociedad entera, de los corruptos que se enriquecen a costa del mal que deben sufrir muchos otros. A los corruptos rara vez los persigue el sistema penal, y cuando lo hace, gracias a abogados como usted que se valen de estrategias vacías de ética profesional, nunca llegan a ser juzgados.
Será la Cámara quien deba resolver la procedencia de su recurso. Lo que no puede usted pretender es que creamos su versión baja y victimizada de los hechos.
Si juega en el barro, acostúmbrese a andar manchado.

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