LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ BAJO LA LUPA DE NACIONES UNIDAS

COMISION POR LA MEMORIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1 de junio de 2010

Un informe presentado por la Comisión por la Memoria en Ginebra afirma que la ley de promoción de los derechos del niño no se cumple y advierte sobre el uso excesivo de la prisión preventiva para los menores de 16 años: “Los Institutos cerrados se encuentran en un proceso de “carcelización” y comienzan a reproducir las peores condiciones de las unidades penitenciarias de adultos” señala el informe. También se denuncia la práctica de torturas en centros de detención de menores, violencia policial y la desaparición forzada del joven Luciano Arruga.

El estado argentino rinde cuentas en Ginebra sobre la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes ante el Comité de los Derechos del Niño, órgano creado por la Convención de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En ese marco, la Comisión por la Memoria a través de su Comité contra la Tortura , presentará un informe alternativo centrado en la provincia de Buenos Aires donde se plantean severas críticas a la implementación de las leyes de promoción y protección de derechos y la ley de responsabilidad penal juvenil y se denuncia el uso excesivo de la prisión preventiva. También, en el mismo informe, se releva un aumento de las autolesiones e intentos de suicidio y la vigencia en los institutos provinciales de regímenes de encierro-aislamiento de entre 24 y 36 horas. En la presentación se denuncia además la continuidad de la detención de jóvenes en comisarías y se destaca la desaparición sin esclarecer del joven Luciano Arruga, detenido en la Comisaría de Lomas de Mirador en enero de 2009.

Las audiencias donde el estado argentino será evaluado se desarrollarán durante los días 2 y 3 de junio en Ginebra Suiza. Por la Comité contra la Tortura de la Comisión ampliarán su propio informe sobre Provincia de Buenos Aires, Roberto Cipriano García y Alicia Romero.

Se presenta a continuación una síntesis de varios de los segmentos más significativos del Informe que presentado ante el Comité de los Derechos del Niño.

Incumplimiento de la ley de promoción y protección de niños y niñas

La implementación de la nueva ley de promoción y protección de derechos y la creación del fuero de responsabilidad penal juvenil tienen serios déficits en la provincia de Buenos Aires. No fueron creados organismos como el Observatorio Social y el Defensor de los derechos del Niño. Otros como los servicios locales y zonales o como la Comisión Interministerial , funcionan sin recursos presupuestarios y de manera deficiente o están desjerarquizados.

Al no otorgarse los recursos presupuestarios necesarios, estas instancias de contención no funcionan y la única respuesta del estado es el sistema penal que encierra a los jóvenes.

Uso generalizado de la prisión preventiva.

El sistema penal juvenil implementado en Provincia de Buenos Aires ha copiado los peores defectos del sistema de adultos: el uso generalizado de la prisión preventiva incluso más allá de los plazos legales. El 70 % de los jóvenes alojados en Institutos de Menores están con prisión preventiva. Solo un 5% se encontraba en situación de juicio o ya condenados.

Sobre aquellos con prisión preventiva, más de la mitad (52%) se encontraban en esta condición desde hacía 6 meses, tope legal establecido. Por otra parte un 11 % permanecía hacía más de un año detenido bajo la figura de prisión preventiva, límite máximo luego del cual la ley 13.634 prevé que debe ser liberado. Si sumamos los jóvenes que se encontraban en el plazo de prorroga de la prisión preventiva con los que estaban con el plazo total para la prisión preventiva ya vencido la cifra se eleva al 63 % de los adolescentes privados de libertad.

Los datos son elocuentes: las “medidas de seguridad” aplicables a adolescentes menores de 16 años se traducen en la privación de libertad por tiempo indeterminado y sin sometimiento a juicio para las personas consideradas inimputables.

Violaciones a los DDHH en el encierro de jóvenes

En ámbitos de encierro la provincia aloja 470 jóvenes en 14 institutos cerrados, Centros de Recepción o Alcaidías. En estos lugares se producen violaciones a los derechos fundamentales de los jóvenes: condiciones inhumanas de detención, prácticas que constituyen tortura, falta de acceso a la salud y la educación y regímenes de vida sustentados en el aislamiento y las sanciones colectivas y violando toda normativa existente. Existe una ausencia programática de actividades educativas, recreativas y formativas, combinada esta ausencia con regímenes de encierro y aislamiento prolongado, que los transforman en verdaderos depósitos de adolescentes. Los jóvenes permanecen aislados en celdas-buzones de 24 a 36 hs., saliendo apenas 3, 4 o 6 hs a un lugar un poco más grande donde solo pueden ver televisión. Solo concurren a la educación primaria un promedio de 1 hora y media a 3 por semana. No existen actividades de formación técnica. Los jóvenes padecen requisas vejatorias diariamente cada vez que dejan su celda, con modalidad de desnudo total y flexiones, en general entre 2 y 3 flexiones con exhibición de genitales. Los Institutos se encuentran en un proceso de “carcelización” y comienzan a reproducir las peores condiciones de las unidades penitenciarias de adultos.

Autolesiones, tentativas de suicidio y muertes

Durante el año 2008 murieron cuatro jóvenes por presuntos suicidios en los distintos Centros cerrados de la provincia de Buenos Aires. Esta situación tuvo su punto extremo cuando alrededor de 16 jóvenes fueron alojados en un Centro Cerrado de Máxima Seguridad de La Matanza , en el que no había médicos, enfermeros, ni posibilidades de acceso a la educación o tratamiento psicológico. Allí se suicidaron dos jóvenes por diferencia de horas. Al otro día se evitaron al menos 5 intentos de suicidios más.

El régimen de vida mencionado más arriba y la falta de actividades educativas, formativas y recreativas, genera una alarmante cantidad de de tentativas de suicidio y de autoagresiones. Una pericia psicológica de la Asesoría Pericial del Poder Judicial dispuesta en habeas corpus colectivo luego de una inspección y presentación de este Comité en el Centro de Recepción Malvinas Argentinas, consigna que de los 100 jóvenes evaluados, el 70 % de ellos habían tenido intentos de suicidios, y un 100 % se autolesionaron en algún momento de su detención. Es habitual entrevistar jóvenes cortados con cicatrices en antebrazos, abdomen, etc., único camino que encuentran para que se atiendan sus reclamos.

Ausencia de estadísticas oficiales y públicas

El Estado no construye estadísticas oficiales y públicas sobre la situación del sistema penal juvenil en nuestra provincia. En Provincia la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia prácticamente no entrega información. El estado nacional en su informe al Comité de Derechos del Niño, solo presenta las cifras a nivel global país, es decir, sin desagregar los datos por provincia, sesgando la muestra y por lo tanto su posibilidad de evaluación.

Proyectos legislativos regresivos en la provincia

Durante 2009 el gobierno provincial intentó dos modificaciones legislativas regresivas en materia de derechos, destinadas a los adolescentes: Por un lado presentó un proyecto de ley (que llegó a obtener media sanción parlamentaria del Senado) donde a través de la modificación del art. 41 de la ley 13.634 preveía la duplicación de los plazos máximos para la aprehensión de menores antes de la orden de detención (de 12 a 24 hs.) y también duplicaba el plazo previsto para la realización de la audiencia inicial (de 5 a 10 días). Por otro lado, presentó un proyecto de Código de Contravenciones que facultaba a la agencia policial para detener a jóvenes a partir de los 14 años cuando incumplieran normas contravencionales (cuando la ley nacional establece la edad de imputabilidad recién desde los 16 años).

Proyecto para bajar la edad de imputabilidad en materia penal juvenil

En el orden nacional existe un proyecto de ley para un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que cuenta con media sanción (aprobado por el Senado), que introduce las indispensables garantías del debido proceso para los jóvenes, pero al mismo tiempo establece una baja en la edad de imputabilidad y punibilidad para personas menores de edad (de 16 a 14 años) bajo una operación semántica que la encubre, so pretexto del otorgamiento de las garantías procesales y de un régimen especial. La baja en la edad está especialmente cuestionada por el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, el Art. 24 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos así como por las Observaciones Generales Nro. 10 (2007) (CRC/C/GC/10) del Comité de los Derechos del Niño. La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires apoya la sanción de un régimen penal protectorio de derechos que termine con el régimen nacional del patronato, pero sin que este baje la edad de imputabilidad.

Torturas y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes

En las instituciones de detención de jóvenes de la Provincia de Buenos Aires, se ha constatado la aplicación de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Durante 2009 en el marco de una investigación conjunta con el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, sobre 79 jóvenes encuestados un 32 % denunció haber sido agredido en algún instituto, por el personal a cargo de su cuidado y dentro de estos, el 44% reconoció haber sido golpeado. Del total de adolescentes encuestados, el 86 % fue sancionado con aislamiento continuo. En muchos casos las sanciones son acumulativas y los jóvenes pueden permanecer más de un mes en su celda.

Para dar sólo un ejemplo: en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora, se ha verificado la implementación de un dispositivo de tortura que cuenta con una mecánica o procedimiento preestablecido. A la salida del Módulo 2 de dicho centro, existe un cuarto pequeño con puerta de metal y una abertura en la parte superior con barrotes, donde golpean a los jóvenes, mientras permanecen esposados a dicha ventana y desnudos. En esta celda denominada “Gabinete” y que funciona para el castigo físico y psíquico de los jóvenes, se verificó y constató judicialmente la presencia de manchas de sangre en dos de sus paredes.

Alojamiento y golpizas en comisarías

El 100 % de los jóvenes entrevistados durante 2009 por este fueron alojados en comisarías de policía, lugar expresamente prohibido por la reglamentación y distintos fallos judiciales para alojar jóvenes. El 67% de los adolescentes fue alojado en celdas de la comisaría y solo el 33% en lugares diferentes dentro de la dependencia.

Al momento de ser detenidos el 83% fue golpeado por la fuerza policial, en la abrumadora mayoría de casos después de ser inmovilizados y esposados, estando en el piso o en el patrullero. Al 95% no se les leyó sus derechos al ser detenidos y el 93% no pudo efectuar una llamada telefónica a sus padres o tutores al ser aprehendidos.

El 64% de los adolescentes recibieron golpes una vez dentro de las dependencias policiales, en general a modo de hostigamiento y degradación previa a la entrega del adolescente a la justicia. En general estas situaciones no se denuncian judicialmente ya que se naturalizan y son la regla en las detenciones.


Una desaparición sin esclarecer: Luciano Arruga

Se denuncia el caso de Luciano Arruga, joven de 16 años que permanece en condición de desaparecido luego de ser detenido por personal policial en enero de 2009. La madrugada del 31 de enero de 2009 Luciano Arruga fue detenido por personal del destacamento de Lomas del Mirador; testigos que se encontraban en el destacamento afirmaron que, estando allí detenido, fue golpeado salvajemente por personal policial. No obstante, aun bajo la evidente participación policial en su desaparición, la causa sigue caratulada como averiguación de paradero.

Dr. Roberto F. CIPRIANO GARCIA
Coordinador COMITE CONTRA LA TORTURA COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA Provincia de Buenos Aires, Argentina