DEL BLOG "SIN CORRUPCIÓN"

Un (tras) papelón inexplicable

Nota del blog "Sin Corrupción" que publicamos aquí a su pedido

Desde que ACIJ y CIPCE comenzamos nuestro recorrido ante los tribunales federales bregando por el amplio acceso y la publicidad de los casos relacionados con la corrupción, hemos experimentado situaciones insólitas.

Varias de ellas involucran al secretario del Juzgado Federal 6, Felipe Del Viso y al ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid. Sin embargo, ninguna de esas anécdotas iguala a la que involucra a Marcelo Martínez de Giorgi, un joven juez de grandes aspiraciones.

Marcelo Martínez de Giorgi está subrogando dos juzgados de Comodoro Py. Acaba de concursar ante el Consejo de la Magistratura -con altos puntajes por cierto- para acceder definitivamente al cargo de juez federal.

Cuando se hallaba a cargo sólo del juzgado 8 (luego asumió también en el juzgado 2), pudimos constatar que el funcionamiento de la mesa de entradas –especialmente de la secretaría 15- era de los más deficientes en Comodoro Py. Esa atención mejoró con el tiempo, cuando empezaron a conocernos y a entender cuál era nuestra pretensión. Pero al principio, era común que perdieran nuestros escritos o que nos dijeran que esas causas no tramitaban allí al mero efecto de lograr desgastar nuestro trabajo.

De más está decir que Martínez de Giorgi está entre aquellos jueces que denegaban a estas ONGs la vista de causas de corrupción sin dar ningún tipo de fundamento.

En el mes de abril, solicitamos una audiencia con el magistrado para hablar sobre temas relacionados con las falencias que detectamos en este tipo de investigaciones. En dicha oportunidad, tuvimos la posibilidad de explicarle mejor en qué consistía nuestro trabajo y por qué creíamos que el acercamiento de la justicia a la sociedad civil era fundamental para lograr avances singnificativos y duraderos que redunden en beneficios en pos del interés público.

Aquella audiencia fue muy amena. Al poco tiempo, recibimos una cédula en la que se nos notificaba una resolución de Martínez de Giorgi favorable a nuestro pedido de vista. Se trataba de la causa caratulada “Lapadula, Carlos Félix y otros s/ delito de acción pública” en la que se investiga el otorgamiento irregular de subsidios para el déficit financiero de obras sociales y el supuesto cobro de parte de esos subsidios, por un ex Gerente General de la Administración de Programas Especiales. La resolución mediante la cual el juez nos concedía la vista era digna de aplausos. De hecho, recomendamos su lectura ya que es una resolución ajustada a los estándares actuales que regulan la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción (disponible aquí).

Pero la alegría de haber logrado una pequeña victoria más en Comodoro Py nos duró poco, demasiado poco. Así, sólo una semana después de haber sido notificados de aquella resolución favorable, nos llegó una nueva cédula notificando una nueva resolución que textualmente dice: “…la cédula emitida por este Tribunal (…) fue emitida erróneamente y no tiene valor alguno, habiéndose dispuesto en respuesta a su presentación (…) correr vista a las partes…”. La resolución, muy cortita, está disponible aquí.

Al día siguiente nos presentamos ante la mesa de entradas del juzgado para solicitar que se nos informe mejor qué significaba esa resolución. Muy amablemente nos informaron que por error se había notificado un “proyecto”, y que se trataba de un error que ya les había sucedido con anterioridad. Con posterioridad, ese “proyecto” volvió rebotado por el juez y advirtieron que ya habíamos sido notificados del mismo y por eso, de oficio, se decretó que la notificación no tenía ningún valor. De hecho, al tratarse de un “proyecto” no figuraba en el expediente, era una resolución que no existía y que nunca había existido. Una resolución fantasma.

Nos resulta difícil encontrar una explicación a lo sucedido y la verdad, por nuestra experiencia, hemos aprendido que muchas veces los “errores” no son casuales en Comodoro Py.

Haciendo un poco de memoria, dedujimos que los únicos hechos que acontecieron contemporáneamente al “error” del juzgado en la notificación, fueron dos notas en el blog donde se analizan sendas resoluciones de Martinez de Giorgi. En una de ellas se trató de un comentario de Alberto Bovino en el caso “El Chapel” (ver aquí), la otra un comentario a una resolución de la Sala II confirmando una resolución del juez de grado, disponible aquí

Para saber mejor cómo reaccionar –jurídica y políticamente- a esta situación, consultamos a secretarios de juzgados, jueces, abogados, profesores, etc. Los hechos en todos los casos causaron sorpresa y estupor. Nos han dicho que no existe la más mínima posibilidad de que un secretario notifique a todas las partes intervinientes una resolución que no sea aquella que está observando en el expediente al momento de librar la cédula. Nos dicen que –obviamente- si se trató de un hipotético error, el juez debiera ordenar la apertura del sumario correspondiente. También hubo quienes nos dijeron que probablemente la resolución estuvo en algún momento agregada al expediente y que sufrió lo que se conoce como “recurso de arrancatoria”. De acuerdo a las normas previstas, el Secretario actuante verificó la veracidad de la firma, tal como está previsto en el artículo 121 del CPP (el texto dispone que “el tribunal será siempre asistido en el cumplimiento de sus actos por el secretario, quien refrendará todas sus resoluciones con firma entera precedida por la fórmula: “Ante mí”), lo cual hace al asunto aún más complejo.

Pedimos una audiencia mediante un escrito y el juez se limitó a proveer “Téngase presente para su oportunidad”. Preguntamos a los empleados del juzgado qué había querido decir el juez y nos dijeron que por ahora no habrá audiencia y que lo mejor sería solicitarla de manera informal mediante sus secretarios privados. Desde hace poco más de un mes estamos llamando insistentemente y, si bien son muy amables, por distintas razones –gripes, turnos, etc.- nos resulta imposible que el juez nos reciba para poder aclarar el “error”.

Como dijimos al comienzo de esta nota, Martínez de Giorgi concursó en el Consejo de la Magistratura para ser confirmado como juez federal y el trámite se halla ahora en el Congreso de la Nación. Sea lo que sea que haya ocurrido en el expediente Lapadula, ninguna opción lo deja bien parado para acceder en forma definitiva a tan alto cargo.

Si ciertamente fue un error, el mismo es inaceptable. Imaginemos si se tratara de un detenido que exultante recibe una cédula de notificación informando que se resolvió su libertad, y a los pocos días otra donde se le diga que se trató de un error. Imaginemos que el detenido se encuentra ya en libertad cuando recibe la nueva notificación.

Si, en cambio, la resolución existió, y luego de haberse sentido ofendido por alguna nota en un blog (digámoslo, de poca repercusión por fuera del ámbito interesado en estas cuestiones) el juez se arrepintió y la “sacó” del expediente, estamos entonces ante un hecho más grave aun. Hecho que denota que para Martínez de Giorgi la medida de nuestro derecho a la información es nuestra libertad de expresión. También podría decirse que para influir en el estado de ánimo de este juez –e influir en sus decisiones- se requiere muy poco poder comunicacional. Imaginemos lo que en ese sentido se puede hacer con un medio de comunicación con poder en serio (sea oficialista u opositor).

Como fuera que sucedieron los hechos, lo cierto es que el caso amerita que quienes deben resolver si Marcelo Martínez de Giorgi accede o no al cargo de juez federal de forma definitiva, tomen nota de estos antecedentes.