A QUIÉN SIRVEN CUANDO ALZAN LAS BANDERAS
10/02/2010 | Luego de 5 años de instrucción finalmente llegaran a juicio los represores.
El próximo 11 de marzo, y después de 30 años, se iniciarán los juicios a los represores por sus crímenes durante la dictadura militar. En el banquillo de los acusados estarán los responsables de desapariciones, muertes, violaciones, torturas y robos. Ellos sí tendrán todas las garantías que no les reconocieron a sus víctimas para su defensa.
Paralelamente, avanzan las denuncias que las víctimas y los organismos de derechos humanos han realizado ante el Consejo de la Magistratura, que conmocionaron a la máxima autoridad de la Justicia Federal de Mendoza, tradicionalmente vinculada a los militares del Proceso; como ejemplo podemos mencionar la amistad intima del general Juan Pablo Saá (comandante de la 8a Brigada de Infantería de Montaña, imputado por el Plan Cóndor) con el camarista federal Luis Francisco Miret (reconocida por este último).
La confesión la hizo por escrito, cuando se excusó de intervenir en causas por crímenes contra la humanidad que se tramitaban contra el mencionado Saá, antes de que fuera beneficiado por las leyes de “punto final” y “obediencia debida”.
En este contexto se inscribe la renuncia de Carlos Martín Pereyra González, a quien el Tribunal Oral Federal de San Luis extrajo compulsa por haber presenciado y encubierto crímenes de lesa humanidad.
La denuncia contra Guillermo Petra habría avanzado en la Comisión de Juicio Político. Petra y González habían sido denunciados también por otorgar la libertad a los acusados de delitos de lesa humanidad, convirtiendo a Mendoza en la única provincia donde todos los represores serán juzgados en libertad.
La denuncia contra Otilio Romano y Luis Miret demuestra también las relaciones entre represores y Justicia Federal. Según las pruebas presentadas, por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Madres de Plaza de Mayo, consintieron la actuación de grupos de tareas.
Habiendo tomado conocimiento de estos crímenes, omitían denunciar los hechos o investigar las denuncias de secuestros, torturas, violaciones, robos que las propias víctimas formulaban.
Hoy, públicamente salen a distanciarse de la dictadura militar y dicen que no estaban comprometidos con los represores, intentando desviar la atención sobre la responsabilidad que tienen en su participación como funcionarios judiciales de la dictadura militar, cuando declaraban la inconstitucionalidad de leyes por su supuesta oposición a las actas y estatutos del proceso militar que ellos defendían con sus actuaciones judiciales.
Como diría Serrat, “probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas”.
Alfredo Guevara Escayola
Viviana Laura Beigel
Carlos Eduardo Varela Álvarez
Pablo Gabriel Salinas
URL http://www.losandes.com.ar/notas/2010/2/10/escribeellector-471499.asp
El próximo 11 de marzo, y después de 30 años, se iniciarán los juicios a los represores por sus crímenes durante la dictadura militar. En el banquillo de los acusados estarán los responsables de desapariciones, muertes, violaciones, torturas y robos. Ellos sí tendrán todas las garantías que no les reconocieron a sus víctimas para su defensa.
Paralelamente, avanzan las denuncias que las víctimas y los organismos de derechos humanos han realizado ante el Consejo de la Magistratura, que conmocionaron a la máxima autoridad de la Justicia Federal de Mendoza, tradicionalmente vinculada a los militares del Proceso; como ejemplo podemos mencionar la amistad intima del general Juan Pablo Saá (comandante de la 8a Brigada de Infantería de Montaña, imputado por el Plan Cóndor) con el camarista federal Luis Francisco Miret (reconocida por este último).
La confesión la hizo por escrito, cuando se excusó de intervenir en causas por crímenes contra la humanidad que se tramitaban contra el mencionado Saá, antes de que fuera beneficiado por las leyes de “punto final” y “obediencia debida”.
En este contexto se inscribe la renuncia de Carlos Martín Pereyra González, a quien el Tribunal Oral Federal de San Luis extrajo compulsa por haber presenciado y encubierto crímenes de lesa humanidad.
La denuncia contra Guillermo Petra habría avanzado en la Comisión de Juicio Político. Petra y González habían sido denunciados también por otorgar la libertad a los acusados de delitos de lesa humanidad, convirtiendo a Mendoza en la única provincia donde todos los represores serán juzgados en libertad.
La denuncia contra Otilio Romano y Luis Miret demuestra también las relaciones entre represores y Justicia Federal. Según las pruebas presentadas, por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Madres de Plaza de Mayo, consintieron la actuación de grupos de tareas.
Habiendo tomado conocimiento de estos crímenes, omitían denunciar los hechos o investigar las denuncias de secuestros, torturas, violaciones, robos que las propias víctimas formulaban.
Hoy, públicamente salen a distanciarse de la dictadura militar y dicen que no estaban comprometidos con los represores, intentando desviar la atención sobre la responsabilidad que tienen en su participación como funcionarios judiciales de la dictadura militar, cuando declaraban la inconstitucionalidad de leyes por su supuesta oposición a las actas y estatutos del proceso militar que ellos defendían con sus actuaciones judiciales.
Como diría Serrat, “probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas”.
Alfredo Guevara Escayola
Viviana Laura Beigel
Carlos Eduardo Varela Álvarez
Pablo Gabriel Salinas
2 comentarios:
Mi única duda en estos casos, es la de armonizar las ideas abolicionistas con la "alegría" que pueda generar que estos muchachos estén presos...
Absolutamente comprensible, pero ojalá esa fuera mi única duda, más allá de que no soy abolicionista. Te envidio.
Saludos,
AB
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