LA IMPARCIALIDAD DE SAGASTUME

En el derecho fueguino, el Consejo de la Magistratura está integrado por: a) un juez del Superior Tribunal; b) un ministro del poder ejecutivo; c) el Fiscal de Estado; d) dos legisladores; y e) dos abogados de la matrícula. Recibida una denuncia, el trámite mínimo es el siguiente:

Artículo 10.- El presidente del Consejo dispondrá la investigación sumaria de los hechos denunciados. Concluida la investigación, convocará a los miembros del Consejo, con exclusión del que se encuentre ejerciendo el cargo de fiscal acusador, remitiéndoles previamente copia del expediente sobre la investigación. Si el Consejo considerase que la denuncia es infundada o irrazonable será rechazada sin más trámite. En caso contrario correrá traslado de las actuaciones al fiscal acusador que actuará como órgano de acusación.

Desde el principio del trámite de la denuncia, el Dr. Sagastume tomó partido claramente a favor de los jueces denunciados. En una entrevista radial que le hicieran recién presentada la denuncia, cuando aún yo no la había ratificado, dijo:

“Y sería poco serio seguir adelante con una denuncia sin ratificar porque, al haber presunta comisión de delito, hay que considerar también la eventual  responsabilidad del denunciante, en caso de que se cometa una falsa denuncia”, deslizó el también titular del Superior Tribunal de Justicia.

En ese sentido, detalló que si, por ejemplo, una “fácil pericia caligráfica” demostrara que las firmas son verdaderas, y que los hechos no son como se ha relatado, entonces “podría existir temeridad o falsa denuncia” por parte del denunciante…

Un dato relevante es que Sagastume confirmó ayer que la investigación preliminar de la Presidencia puede ser amplia, y por lo tanto incluir desde el pedido de copia certificada de los expedientes judiciales originales (donde estarían estampadas las firmas falsas) hasta disponer de la pericia caligráfica reclamada por el denunciante (transcripción de la nota publicada al día siguiente de la entrevista radial, El Diario del Fin del Mundo, 6/8/2014, http://bit.ly/1uNZA0x).

Finalmente, sobre el tema de la realización del peritaje que nosotros solicitáramos al Consejo de la Magistratura, el Dr. Sagastume, al momento de desestimar la denuncia —y para hacerlo— afirmó:

Si bien solo a través de una pericia caligráfica podrá establecerse con precisión, si como postula el Dr. Bovino algunas de las firmas individualizadas en su presentación, resultan apócrifas, acceder a la petición de que sea este Consejo quien practique dicha medida de prueba potencialmente implicaría poner en riesgo el normal funcionamiento de los tribunales provinciales (Informe del Dr. Sagastume dirigido a los demás consejeros, p. 7, destacado agregado).

Las breves citas de las afirmaciones del Presidente del Consejo ponen en evidencia su falta de imparcialidad. En primer término, me hizo una clara “advertencia” respecto del resultado de un peritaje. Si las firmas no hubieran sido falsas, entonces yo había actuado con conocimiento de ello y con intención de realizar una falsa denuncia.

Sin embargo, donde pone de manifiesto toda su parcialidad es al hablar de las “pericias” caligráficas. En sus declaraciones radiales dijo claramente que era posible realizar una “fácil pericia caligráfica” para demostrar mi posible falsa denuncia o mi temeridad. Luego de eso, como señala el autor de la nota citada, el Dr. Sagastume señaló la amplitud de la investigación que debe realizarse para analizar la denuncia, amplitud que incluye la posibilidad de realizar un peritaje caligráfico.

Algunos días más tarde su opinión era exactamente la contraria: si el Consejo ordenaba realizar ese peritaje ponía “en riesgo el normal funcionamiento de los tribunales provinciales”. Es decir que para acusar al denunciante se trata de una “fácil pericia”, y para verificar la responsabilidad de los jueces denunciados la misma medida de prueba arriesga el normal funcionamiento de los tribunales.

¿Cómo se explica ese cambio de opinión jurídica? No se explica. A menos que tengamos en cuenta que entre ambas opiniones presentamos ante el Consejo de la Magistratura un peritaje sobre primeras fotocopias que corroboraba que las firmas eran falsas. En ese contexto, realizar un peritaje sobre los originales demostraría con total certeza la responsabilidad de los jueces denunciados.

Y eso no era lo que quería Sagastume.