ESCANDALOSA Y CUESTIONADA REMOCIÓN DEL JUEZ COSTARRICENSE FERNANDO CRUZ

UNA INDIGNACIÓN POCAS VECES VISTA EN DEFENSA DE UN SEÑOR JUEZ

¡FUERZA DON FERNANDO CRUZ!

¡FUERZA COSTA RICA!

 

 

Una decisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, de manera harto irregular, y sin motivos válidos, ha provocado, de hecho, la destitución del juez Fernando Cruz, un ejemplo de funcionario judicial, académico y ser humano.

Sin embargo, como pocas veces hemos visto, la ciudadanía ha reaccionado de manera prácticamente unánime con idignación por dicha decisión. Ya se han presentado amparos para revocar la decisión legislativa y reponer en su puesto al juez Cruz. Se han pronunciado personas e instituciones, logrando un consenso que no distingue por intereses partidarios ni mezquinos. 

Un ejemplo de arbitrariedad estatal expresada por 38 diputados está siendo impugnado por un ejemplo democrático de respuesta masiva de los ciudadanos costarricenes.

AB

COSTA RICA EN LA CRUZ

Por Luis Alberto Monge

La república está en peligro. La Asamblea Legislativa ha dado un zarpazo contra la Corte Suprema de Justicia. Todo ciudadano consciente está en el deber de manifestarse en contra de la irreflexiva destitución de un magistrado ejemplar. Si en la próxima sesión plenaria los diputados no enmiendan su equivocación, podría brotar la ira cívica como en 1889, en 1919 o en 1948.

Los diputados son simples depositarios temporáneos de la representación política que nosotros les encomendamos como pueblo soberano. No pueden arrogarse facultades por encima del régimen legal vigente. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública, ya sea porque legislen en beneficio propio o porque se extralimiten en sus potestades. 

En Costa Rica no es posible sustituir, por medios inconstitucionales, a los magistrados. La Corte Plena y la Comisión de Nombramientos avalaron por unanimidad la reelección del Dr. Fernando Cruz Castro. Vencido el plazo reglamentario, su reelección fue automática. Si querían destituirlo, debieron seguir los procedimientos establecidos. Quienes fueron elegidos democráticamente, están forzados a ejercer sus responsabilidades por vías democráticas. La arbitrariedad está reñida con el Estado de derecho.

Ver nota completa aquí.

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Carta enviada por el Prof. Julio B. J. Maier a la Asamblea Legislativa

 

Honorable Asamblea Legislativa

República de Costa Rica

San José, COSTA RICA

De mi mayor consideración:

No pretendo discutir el poder jurídico bajo cual se ha fundado la destitución del magistrado Fernando Cruz. Hoy he recibido esa triste noticia para quienes lo conocimos, para quienes fuimos y somos sus colegas, para quienes lo apreciamos como juez, como jurista y como persona. Estoy alejado del mundillo judicial y político de Costa Rica, pero apenas si puedo imaginar que la noticia es seria y proviene de los Señores Diputados; no puedo tan siquiera intuir la causa que provocó tan drástica decisión.

Sólo quiero decir, dominado por mi tristeza y en homenaje de quien ha sido y aún es mi amigo, que él dedicó su vida al Poder Judicial costarricense y lo hizo con honestidad, con sapiencia, con valentía y con honor. Lo conocí hace mucho, allá por la década de los 80´, como jefe de los fiscales costarricenses y allí también lo ví sufrir un alejamiento prematuro, dada la demostración de independencia de criterio con la que siguió una investigación que, de alguna manera, no convenía al poder político imperante. Lo seguí como juez y como magistrado durante toda su carrera judicial intachable, plena de afirmación de valores tales como la consagración de los derechos humanos y la independencia e imparcialidad judiciales. Lo aprecié como docente lleno de sapiencia cuando fuimos colegas impartiendo enseñanzas de Derecho penal y procesal penal para graduados y hasta lo valoré como adversario cuando, alguna vez, discutimos y argumentamos de modo diferente.

Como dije, no conozco ni puedo intuir la causa de su destitución, si es que ella, en verdad, existe, pero estoy casi seguro de que la Honorable Asamblea Legislativa ha cometido un error que, de no ser reparado velozmente, constituirá una tragedia no sólo para ella misma, sino también para todo el Poder Judicial costarricense, que, como alguna vez lo expresé, goza en la América toda, casi por excepción, de los mejores pergaminos que se pueda desear, pergaminos que merece, entre otras razones, por incluir a Fernando Cruz entre sus miembros.

Haré llegar estas líneas por correo electrónico, por razones de seguridad y rapidez, a través de amigos que cumplirán el pedido que hoy les ruego. Supongo, en homenaje a la lealtad y a la hombría de bien, que los Señores Diputados no requerirán mi firma autógrafa como signo de validez.

Muy atentamente

Julio Maier

Profesor titular consulto de Derecho penal y procesal penal

Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, República Argentina.

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“CRUZ-IFICADO” POR LA POLÍTICA

J. Federico Campos C., Abogado penalista en LEXPENAL

Ha sido sorprendente la reacción y el apoyo incondicional que se ha desatado a nivel nacional –en todos los sectores de la sociedad– a favor del Doctor Fernando Cruz Castro, principalmente en las redes sociales, por parte de muchas personas que –aun sin conocerlo– han sido solidarias con este honorable Magistrado de la Sala Constitucional.

Quienes hemos tenido contacto profesional y académico con don Fernando sabemos muy bien cuál es su historial profesional, sus atestados académicos y su integridad moral; por eso, le hemos dado nuestro apoyo públicamente.

 

Por el contrario, ha sido generalizada la condena y desazón contra quienes lo destituyeron; y, este sentimiento, se incrementó a partir de que los costarricenses escuchamos las absurdas “razones” que expresó el diputado del PLN Fabio Molina (conocido a nivel nacional solamente por su penosa intervención en el Plenario sobre la ideología del “chuchingismo político”), quien fue el vocero designado para explicarle a la opinión pública los turbios motivos de esa decisión legislativa.

 
Y es que la afrenta contra don Fernando es de desproporcionadas dimensiones porque se actuó contra uno de los pocos Magistrados que ha llegado a ese puesto luego de ocupar los más altos cargos en el Poder Judicial; es decir, don Fernando es el vivo ejemplo de lo que implica desarrollar exitosamente una carrera judicial y, luego de varias décadas de trabajo honesto, llegar a la cúspide y culminar con una Magistratura.

 
Los méritos de don Fernando son auténticos; no como los de muchos otros que han sido nombrados en esos mismos puestos por la “virtud” de sus influencias políticas, de su apellido o de su poder económico.

 
Razones absurdas: Y es que no reelegir a don Fernando, bajo el absurdo argumento de alinear o domesticar a la Sala Constitucional, es una de las razones más espurias que he conocido en toda mi vida. Sin ninguna vergüenza el mismo diputado Molina reconoció haber tomado como "chivo expiatorio" a don Fernando para aplacar a la Sala Constitucional, aceptando públicamente que se utilizó el mecanismo de la no reelección con fines distintos a los establecidos en la Constitución Política. A mi juicio estas razones tornan –per se– en inconstitucional esa destitución.

 
Además, cobrarle a la Sala Constitucional sus sentencias y el supuesto exceso que esta ha tenido a nivel político, vulnera descaradamente la Independencia Judicial y el principio de Separación de Poderes. Y pretender que de ahora en adelante la Sala Constitucional resuelva y se ajuste a los deseos del Poder Legislativo, o del Poder Ejecutivo, conllevaría a desnaturalizar su esencia y sus fines.

 
Hipocresía política: Todo lo anterior se llegaría a agravar más si en un futuro se demuestra que imperaron de forma oculta otras razones con el nefasto propósito de “cortarle la cabeza” a don Fernando.

 
De ser cierta la hipótesis de que se le estaría cobrando a él su ideología o la posición jurídica que ha mantenido valientemente en algunas sentencias de interés nacional dictadas por la Sala Constitucional, y por ello se le destituyó, pues nos debería alertar a todas y todos los costarricenses que estamos ante un grave riesgo de desvanecimiento de nuestra Democracia.

Porque destituir a un Magistrado “cortándole la cabeza” como sanción por sus posiciones jurídicas es la más vil de las hipocresías políticas y la forma más cobarde de guillotinar a un valiente jurista y caballero por ser coherente con su pensamiento y, consecuentemente, por enaltecer su Independencia Judicial sin inclinarse ante quienes tienen intereses inescrupulosos.

 
Y la amenaza que se avecina con esta arbitraria decisión legislativa –sin precedentes– es que podría transformar en “obedientes y sumisos” políticamente a muchos jueces y juezas, quienes preferirían “calcular y acomodar” sus decisiones a intereses perversos para no perder sus cargos de Magistrado o Magistrada (“principio de conservación del puesto”), y evitar así –posteriormente– ser crucificados o castigados por la clase política como lo hicieron con el Magistrado Cruz.

Llegar a este extremo de injerencia en el Poder Judicial tradicionalmente ha sido una de las más comunes manifestaciones de la corrupción política, ya que el propósito es que nadie ni nada se entrometa en el camino.

Nota en Telenoticias

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