DEMAGOGIA JURADISTA PAMPEANA

¿IGNORANCIA O COMPLICIDAD?

Un jurado ausente

Un aparentemente despistado legislador pampeano de nombre Martín Berhongaray, diputado del Frepam

Texto citado de la nota:

El diputado Martín Berhongaray decidió reimpulsar una ley que establezca la implementación del juicio pror jurados en nuestra provincia -es decir, con participación de la ciudadanía- aunque sólo para el caso de delitos cometidos en contra de la administración pública.

El legislador recordó antecedentes que avalan la iniciativa, como su puesta en práctica -al menos parcialmente- en la provincia de Córdoba. También recordó que hay a nivel nacional varios proyectos en el mismo sentido y que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner -que cuando era senadora motorizó una iniciativa de este tipo- aludió recientemente a que también el Ejecutivo nacional estudia un proyecto similar.

Berhongaray formalizará mañana la presentación de su propuesta.

Remarcó que el juicio por jurados se encuentra implementado por la Constitución Nacional desde 1853, habiendo sido respetado este instituto por las sucesivas reformas constitucionales.

“Cuando en el marco de la reforma de 1994 se eliminaron varios institutos por ser considerados ‘antiguayas’ (ej. patentes de corso) se decidió conservar la herramienta del juicio por jurados para una futura reglamentación”, rememoró.

El legislador añadió que “hace varios años que este mecanismo se aplica en la provincia de Córdoba, aunque en la forma escabinada, esto es, conjugando jurados técnicos (abogados) con jurados legos (populares)”.

“En el proyecto se contempla la implementación del instituto de juicio por jurados ‘sólo’ respecto de delitos cometidos contra la administración pública (coimas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, etc.)”, precisó.

“La reciente historia de nuestro país brinda sobradas muestras de que resultan muy pocas las investigaciones por delitos contra la administración pública que encuentran rápida y justa solución”, opinó Berhonhgaray.

Insistió en que “nadie puede desconocer que, en la realidad política actual, la presión que el poder político ejerce sobre muchos magistrados termina por tergiversar -en casos- el requisito constitucional de la independencia, indispensable para la adecuada administración de justicia”.








Lo que el autor del Proyecto ha olvidado por completo es que solo un mínimo de casos de corrupción llegan a juicio:

Gracias al amigo Francisco Hirsch por sus correcciones.