CRISIS EN LA JUSTICIA – PARTE II Y 1/2

Estimado Alberto,

Nuevamente arremetés contra la justicia y, como en aquellas otras oportunidades, no puedo sino compartir en un todo la crítica. Es más, te diría que los post llegaron en un momento por demás oportuno. Han pasado más de treinta años desde el regreso de la democracia y, de algún modo, desde que se gestaron los primeros intentos por modificar, modernizar y democratizar la administración de justicia. Sin embargo, los pocos avances que han ocurrido —elogiables muchos de ellos— no han podido revertir la lógica y la cultura inquisitiva que aún impregna cada una de las prácticas judiciales. Y cuando digo “cada una” me refiero a “todas”.

No existe duda alguna en punto a que los conflictos interpersonales no pueden resolverse en forma escrita. Me llama significativamente la atención que aún haya muchos operadores jurídicos que sigan pensando lo contrario. Las cosas más importantes de la vida las solucionamos —o al menos intentamos hacerlo— hablando. No se me ocurre entonces cómo pretendemos que otros tengan que defender su libertad o patrimonio por escrito. ¡Y encima a través de intermediarios! Para llegar al despacho del juez hay que atravesar un largo recorrido. Desde el letrado que ejerce la defensa, hasta el muchacho o muchacha que “lleva la causa”.

Pero no es ése el aspecto más grave. La práctica inquisitiva no exige el mero registro en actas. Requiere un lenguaje particular —el castellano antiguo propio de 1810— y, en especial, minuciosidad. Pocas frases resumen la lógica inquisitiva del modo en que lo hace ésta:

Lo que no está en el expediente no está en el mundo.

Y lo peor de todo es que pagamos —más bien pagan otros— un precio muy caro por encontrar a diario las palabras exactas que integraran cada proveído. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa el tiempo que lleve resolver una situación si tenemos la habilidad o la suerte de escribir como lo hubiera hecho Vélez Sarsfield. Y qué relevancia tiene. Si al poder judicial no le corren los plazos.

Tampoco existen objetivos a largo o mediano plazo. La gestión judicial preocupantemente se limita a tratar de encontrar el mejor tipo o tamaño de letra, o el modo en que se caratula tal o cual expediente, etc.; al tiempo que la modernización de la justicia, a excepción de algún que otro juzgado, se reduce al envío de correos electrónicos con unos pocos organismos públicos.

Y cuando digo “algún que otro juzgado” si bien pareciera hablar bien de alguna sede judicial en particular, cabe otra crítica. No existe una mirada global del poder judicial. Si existen juzgados que funcionan bien, no se debe sino a la actuación aislada del juez que se encuentre a cargo que, desde ya, poco puede hacer por el resto. Cada juez conduce su juzgado como si se tratara de una “PyME”; circunstancia ésta que repercute sobre quienes tienen la desgracia de tener que concurrir a diario ante una mesa de entradas, así como sobre el resto de los integrantes del juzgado.

En el primer caso, porque los letrados, procuradores, imputados o víctimas que deben acercarse a la mesa de entradas no sólo deben conocer o lidiar con las normas del código procesal —que ya es bastante vetusto—, sino también con las costumbres propias de cada juzgado que, más allá de que puedan ser bien intencionadas, no tienen asidero legal alguno. Y en la práctica, llevan a que en un juzgado las cosas se realicen de un modo y en otro, aun cuando los puedan separar unos escasos metros, de una manera totalmente distinta.

En último lugar, porque cada juez trata a los demás integrantes de su juzgado, como si se tratasen de sus empleados cuando, en rigor de verdad, son empleados del Poder Judicial de la Nación. Le deben, claro, el respeto que exige el cargo, del mismo modo en que lo hace cualquier empleado, por ejemplo, a un gerente de una multinacional, etc.; al tiempo que le caben las obligaciones que derivan de la función que cumplen día a día en una agencia estatal.

En el sistema actual, la carrera de cualquier empleado judicial y, por ende, el esfuerzo de tantos años, se puede derrumbar de un día para otro sin ningún tipo de explicación, indemnización y posibilidad —al menos a corto o mediano plazo— de encontrar otro lugar de trabajo. No estoy de acuerdo con la “estabilidad del empleado judicial” pero sí con que debería haber las mismas posibilidades y oportunidades de cambio que existen en otros organismos públicos y empresas para aplicar para cualquier puesto de trabajo. Esto obligaría a democratizar el ingreso a la justicia y a que las designaciones, ascensos, etc. no dependan, al menos exclusivamente, de la decisión aislada de un juez.

Algunos dirán que un secretario, prosecretario y por qué no un auxiliar debe ser de la “confianza del juez”. Por favor… existen organismos y empresas donde se ponen en juego intereses de la misma naturaleza o incluso más delicados, y no por eso dejan de utilizar un “Departamento de Recursos Humanos” y, en definitiva, un grupo de especialistas capacitados para seleccionar al personal. El estado actual de cosas y la inestabilidad propia de los contratos, interinatos, etc., no genera otra cosa, salvo raras excepciones, más que sumisión. Podría seguir, pero a esta altura tengo miedo de perder mi contrato.


Fernando Gauna Alsina