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La movida de Lorenzetti
es muy original. El ministro de la Corte Suprema trabaja con la AFIP (¿¿¿???),
en una novedosa práctica de colaboración entre la cabeza de uno de los poderes
del Estado y representantes del órgano recaudador de impuestos. Al mismo
tiempo, convoca a distintos representantes de las fuerzas judiciales y de los
ministerios públicos a una reunión para debatir si ellos desean pagar
impuestos.
Stella Maris Martínez
(Defensora General) y Alejandra Gils
Carbó (Procuradora general) no pintaron. Todos los demás invitados concurrieron
y dieron el presente. Los jueces, fiscales y defensores públicos rechazaron la
posibilidad de ser incorporados al pago de ganancias. Nada previsible.
Los representantes de
todo el sector judicial decidieron no emitir un documento explícito con su
postura, pero resolvieron conformar una comisión que dará forma al criterio que
prevaleció en la reunión y luego pedirá una reunión con el ministro de
Justicia, Germán Garavano, para oficializarla. De todas formas, la postura ya
está en conocimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
que encabeza Alberto Abad (ver).
Me resulta tan simpático todo esto. Ahora
tenemos un poder judicial deliberante. Ellos deliberan si, como todos los demás
habitantes bajo la jurisdicción de nuestro país, se sienten con ganas de pagar
impuestos.
Lo que debemos reconocerle a Lorenzetti, al
menos, es que dio transparencia a la presión de las fuerzas judiciales para
mantener sus privilegios, y él quedó como el gran partidario de una nueva
institución:
“pagaremo
si queremo, pero como no queremo, no pagamo”.
No se comprende, sin embargo, cómo es que Lorenzetti tiene una opinión favorable
al pago de impuestos por parte de los jueces y cree que es opcional para ellos pagarlo. Son impuestos, no imponen una obligación legal que pueda ser
considerada opcional o voluntaria.
Quizá quiera hacer más interesante la cuestión
y establecer, por ejemplo, los plazos “meramente ordenatorios” para el pago de
los tributos. De ese modo, los jueces no deben acostumbrarse a la absurda
exigencia —que los civiles debemos respetar— de esos “plazos raros” que parece
que son de cumplimiento obligatorio. Los señores jueces no tienen tiempo para
estas boludeces, ellos están delegando y delegando todo el día.
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Algún despistado se podrá preguntar cómo es
eso de que no pagan impuestos. La obligación jurídica de pagar el
impuesto a las ganancias deriva de la ley nº 24.631 aprobada por el Congreso
Nacional. Para no someterse a la ley, la Corte Suprema menemista dictó una
acordada, que es una resolución administrativa adoptada por los propios jueces
(en un caso que los afectaba directamente) y que por supuesto, no debería poder
imponerse sobre una ley del Congreso. Firmaron la Acordada 20/96 los
ministros Nazareno, Moliné O’Connor, Fayt,
Belluscio, Boggiano y Bossert. La
Corte dictó esa resolución, que declaró sin que existiera un caso judicial, es
decir, sin jurisdicción (ver).
Un funcionario de la Corte Suprema nos contó
extraoficialmente que las próximas reuniones de Lorenzetti
serán con:
• La Asociación de Automovilistas Civiles, para saber si están
dispuestos a pagar los peajes de las rutas y autopistas por las que circulen.
• La Asociación de Los Vencidos En Juicio De La Justicia Nacional,
para determinar si están de acuerdo con cumplir con las obligaciones impuestas
por sentencia judicial firme.
• La Asociación de Jueces Electorales, para averiguar si el
resultado de las elecciones legislativas y presidenciales es de cumplimiento
obligatorio para las autoridades que deben dejar el poder al término de su
mandato.
• La Asociación de Civiles de las Provincias, para saber si las personas
de las provincias asociadas están dispuestas a respetar voluntariamente el Código
Civil y Comercial de la Nación y el Código Penal de la Nación.
• La Asociación de Policías Nacionales y Provinciales, para saber
si ellos serían tan amables de detener personas solo cumpliendo los requisitos
legales y constitucionales.
¿Les parecen absurdas estas reuniones y su
objeto de discusión? Ni más ni menos absurdas que la reunión con los jueces celebrada hoy en
Talcahuano 550.
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¡Son tan lindos estos tipos! A veces me da la
impresión de que ellos realmente creen las cosas que dicen para justificar sus
privilegios. El titular de la Junta de presidentes de cámaras federales y
nacionales, Javier Leal de Ibarra
dijo que “la Constitución Nacional es un óbice infranqueable,
el artículo 110 de la Carta Magna señala claramente que no puede ser afectada
la remuneración judicial de ninguna manera”. Agregó que:
No es un privilegio, toda vez que
apunta a la independencia del Poder Judicial y a la dignidad de los magistrados.
Ajá. Ahora me quedo más tranquilo. Si él dice que no es un privilegio,
entonces no debe serlo. Me parece excelente idea preguntarle a los
privilegiados si ellos tienen privilegios. La imparcialidad de la respuesta
está garantizada.
Otro de los jueces, que parece que no se animó a decir “yo dije eso”,
dijo:
Por su parte, otro de los
jueces que participó del encuentro afirmó que hay una situación muy compleja
para resolver, que vista superficialmente parece meramente inequitativa, y
agregó que, en rigor de verdad, los
sueldos judiciales siempre se calcularon con la idea de no pagar Ganancias.
Además, resaltó que los
magistrados tienen incompatibilidades que le impiden generar ingresos por otra
vía que no sea su sueldo. En ese sentido, aseveró "como
juez yo no puedo comprar un taxi y hacerlo trabajar, yo no puedo instalar una
librería o cualquier otro comercio, yo no puedo realizar ninguna otra
actividad, salvo la docencia universitaria".
Ahora sí me tranquilizaron del todo. Los escasos pesos que les tiramos
a los jueces, unidos al hecho que fueron ellos mismos quienes decidieron no
pagar ganancias, constituyen una situación que solo “superficialmente parece
inequitativa”.
Nuestro problema consiste en que tenemos una mirada superficial de
estos temas, que son muy complejos. ¡Haberlo sabido antes! Encima de que somos
superficiales, no somos capaces de ver que se trata de un tema muy complejo,
que solo los jueces están capacitados para explicarnos. Por suerte, este juez
anónimo nos explicó todo. Ellos quieren trabajar más y no los dejamos.
Otro juez (Anónimo 2) nos aclaró que si
permitimos que el poder ejecutivo “audite” a los jueces a través del pago de
ganancias, se abre una puerta que afecta gravemente la independencia judicial:
Esto forma parte de las garantías que tiene
la sociedad para tener jueces independientes.
Ésta parece ser la clave. Hay que
explicarles a todos los países en donde los jueces pagan impuestos que tienen
una justicia de porquería, sin jueces independientes. ¡Pero ya! Con urgencia
hay que ir a casi toda Europa y a los Estados Unidos, entre otros, y decirles
que ellos no saben garantizarles jueces independientes a sus sociedades...
¡Pobres sociedades! Sus jueces no entienden nada de independencia judicial...
(Las citas de este último punto corresponden a esta nota de Infobae).
