SOBRE "JUSTICIA LEGÍTIMA"

 

"Si hay sentencias inentendibles, no puede haber Justicia"

La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, sostuvo que "la Justicia no puede inspirarle temor a la gente" y se manifestó a favor de que haya "participación ciudadana en la elección de los jueces", aunque no que éstos sean elegidos mediante el voto popular.

"La Justicia no puede inspirarle temor a la gente. El ciudadano de a pie no entiende lo que dicen los jueces en sus sentencias inentendibles, y así no puede haber Justicia. Hay que transparentar la administración, no se puede funcionar en base al secreto", remarcó Martínez durante una conferencia de prensa ofrecida en el marco de las jornadas Justicia Legítima.

Durante su exposición, consideró que "los jueces tienen que dialogar, explicar a la ciudadanía cómo trabajan, qué hacen", pero estimó que "estos cambios no se van a dar nunca desde la cúpula, sino que tienen que empezar desde abajo, hay que empezar oxigenando desde ahí".

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"Ni yo como Defensora General conozco cuál es el sistema por el que se seleccionan algunos temas por sobre otros. Hay algunos jueces de la Corte que usan y abusan del artículo 280 para rechazar recursos de queja sin explicación alguna. Es el único poder del Estado que puede tomar una decisión que afecte a un ciudadano sin explicar por qué. Esto no es democrático", concluyó.

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Mario Wainfeld y la Justicia Legítima

El periodista Mario Wainfeld sintetizó en menos de siete minutos un tema que está en agenda, la democratización de la justicia. Ponderó el debate y sostuvo que  “en la Argentina, cuando abrís una discusión, en general es muy difícil cerrarla sin resultados”.

El periodista Mario Wainfeld se refirió a la democratización de la justicia y en siete minutos explicó un panorama complejo pero alentador.

“Hay un sector del poder judicial que quiere marcar que la independencia no sólo del poder político sino de las grandes corporaciones”, sostuvo y agregó, “muchos jueces quisieron marcar la diferencia entre ellos y Francisco de las Carreras, el camarista que viajó a Miami con todo pago por Clarín”.

Respecto al juez “tentado” por el monopolio, Wainfeld citó al Presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, que comparó al juez con un árbitro y aclaró que, “no se puede cambiar al árbitro en el medio de un partido”. “Tampoco se puede permitir que antes de un River- Boca, el árbitro viaje con alguno de los dos clubes y luego dirija el partido”, refutó el periodista.

Por otro lado, Wainfeld destacó que “en la Argentina, cuando abrís una discusión, en general es muy difícil cerrarla sin resultados” y enfatizó “un lugar tan elite como es el ambiente judicial ya comenzó a hablar para modificarse, y eso no es poca cosa”.

Gils Carbó: "Cuando se trata de plata, la Corte Suprema no respeta la Constitución"

La procuradora subió el tono de la disputa con el máximo tribunal por el pago de Ganancias; "Lo que se está diciendo es que paguemos nosotros, mientras ellos no pagan", afirmó.

Sin ánimo de bajarle el tono a la disputa retórica con la Corte Suprema por el pago del impuesto a las Ganancias, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Garbó, aliada al kirchnerismo, redobló la apuesta y acusó al máximo tribunal de no respetar lo que fija la ley.

 

"Cuando se trata de plata, no es la primera vez que la Corte Suprema no respeta la Constitución", afirmó, en diálogo con radio Del Plata. Gils Garbó se mostró "sorprendida" por la respuesta del máximo tribunal a su pedido para trabajar en forma conjunta con la implementación del pago del impuesto a las ganancias de jueces y fiscales.


"Es sorprendente porque lo que nosotros pedíamos era sentarnos en la mesa de discusión que ellos anunciaban que estaban teniendo para que funcionarios paguen ganancias. No es cierto que la Corte no puede tomar decisiones sobre nuestro nivel salarial", apuntó.

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La relación entre la Procuradora y la Corte es cada vez más tensa

• 25 de febrero / Durísima definición
  La procuradora Gils Carbó afirmó, en una entrevista con LA NACION, que la Justicia actual es "ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados". No dejó fuera de esta definición a la Corte

• 26 de febrero / Desaire a Lorenzetti
  Gils Carbó rompió con el protocolo y faltó al acto de apertura del año en la Corte, donde se conmemoró además el 150° aniversario del tribunal. Tampoco asistieron los invitados kirchneristas

• 27 de febrero / Justicia legítima
  Gils Carbó encabezó el primer encuentro de Justicia Legítima en la Biblioteca Nacional, con críticas al mensaje unificador de Lorenzetti

• 1° de marzo / Anuncio presidencial
  Cristina Kirchner anunció que enviaría al Congreso una serie de proyectos de ley para "democratizar la Justicia" y cuestionó a la Corte porque los jueces no pagan impuesto a las ganancias. Varios referentes de Justicia Legítima celebraron los anuncios, que generaron críticas de la Asociación de Magistrados

• 8 de marzo/ Nota a la Corte
  La Procuración envió una nota a la Corte diciéndole que si estaba discutiendo el tema del impuesto a las ganancias, la incluyeran en el debate. Alegó que lo que se resolviera, se aplicaría también a los fiscales. La Corte le respondió que no era así y dijo que, según la ley, Gils Carbó ya debería aplicar el impuesto

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El mensaje por "justicia legítima" llegó a la Rosada

El ministro de Justicia, Julio Alak, se reunió con los representantes del movimiento "Justicia legítima", quienes le acercaron las conclusiones del encuentro realizado el 27 y 28 de febrero en la Biblioteca Nacional. "Las ideas principales tienen una coincidencia profunda y clara con el desafío que planteó la Presidenta durante la apertura de la Asamblea Legislativa", sostuvo Alak.

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Alejandra Gils Carbó: "La Justicia actual es ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados"

La jefa de los fiscales dice que no le teme a las presiones del Poder Ejecutivo y que es más preocupante la influencia que tienen sobre los jueces los poderes económicos "hegemónicos".

Por Hernán Cappiello y Paz Rodriguez Niell  | LA NACION

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, abrió una semana clave para el Poder Judicial con una definición terminante: sostuvo que la Justicia actual es "ilegítima", porque es "corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados".

Para la jefa de los fiscales, es más preocupante "el poder hegemónico" que ejercen sobre los jueces "las corporaciones financieras" y las "mediáticas" que las presiones del Poder Ejecutivo, que encuentra sobredimensionadas.

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El desafío de Justicia legítima

Un espacio de debate sobre los cambios en la Justicia

 Por Martín Granovsky

Opinión

La Justicia no es ya una familia judicial. Las franjas más conservadoras pueden ser dominantes, pero no todos los jueces y fiscales son conservadores. Ni siquiera todos responden a los cien mayores estudios de la Argentina, ni fallan o dictaminan por encargo público o privado. Tampoco el segundo es un sector homogéneo. Por ahora hay dos novedades. Una, que creció de manera reactiva ante el exhibicionismo de poder de los conservadores. La otra, que decidió juntarse. El documento “Justicia legítima”, emitido a principios de enero, fue el primer ejemplo de espíritu de grupo. El segundo se producirá esta semana, cuando centenares de funcionarios judiciales se congreguen el 27 y 28 para discutir qué pasa en el Poder Judicial y reflexionar sobre su propia práctica.

El fiscal Félix Crous fue uno de los firmantes del texto. Cuando el martes 19 asumió como jefe de la Procuraduría en Narcocriminalidad, Crous hizo un discurso sin giros corporativos. Más bien fue anticorporativo.

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“El sistema condiciona, pero no determina”, dijo al hablar del Poder Judicial. Y explicó que por eso no quedan justificados “ni indolentes ni vagos”.

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Aunque no es altisonante ni recurre a consignas, el fiscal suele ser crítico con una parte de la realidad que lo circunda.

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Mirar hacia adentro

Llegó la hora de mirar hacia adentro del sistema de administración de justicia y hacer pública nuestra autocrítica a fin de dar sentido a la diferencia entre el accionar corporativo y una “Justicia legítima”. Para conformar otro sistema de Justicia hay que partir de un núcleo irrenunciable de principios y prácticas que aseguren la vigencia plena e irrestricta del Estado de Derecho, la defensa y ampliación permanente de los derechos humanos y de las garantías consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales y el rechazo de toda forma de discriminación por condición social, étnica, religiosa o de género. Sabemos que todavía hay que superar las marcas que la dictadura imprimió y que subsisten en la estructura y en muchos agentes judiciales de cualquier nivel.

Queremos discutir cómo se forma a los jueces, magistrados, funcionarios y agentes; cómo y por quiénes se llevan adelante los procesos de selección para ingresar y permanecer en la institución judicial en todos sus niveles; cómo se asegura que la postulación y elección de miembros de los consejos de la magistratura sea abierta y sin restricciones; cómo se conforma y se exhibe la gestión de los recursos, de la jurisdicción y de la administración; cuáles son las condiciones imprescindibles para efectivizar el acceso a la justicia para todos, protegiendo a los vulnerables y cuáles las posibles vías de intervención de la sociedad civil en la construcción de una Justicia fuerte, independiente y democrática. Y estamos dispuestos a persistir en este intento.

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Un programa real de democratización

 Por Por Andrés Harfuch * y Alfredo Pérez Galimberti **

Luego de tres décadas de luchar por una Justicia democrática en toda Iberoamérica, promoviendo la reforma de los caducos y medievales sistemas corporativos de Justicia hacia el modelo acusatorio adversarial y con jurados previsto en nuestras constituciones, el Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) propone al debate público los diez puntos mínimos que deben estar en la agenda de cualquier programa “real” de democratización de la Justicia.

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1) Juicio por jurados. Es imposible, ingenuo e ilusorio pretender independencia judicial si seguimos insistiendo tozudamente en que nuestro sistema judicial sea administrado íntegra y exclusivamente por magistrados profesionales. Aunque no nos guste admitirlo, ese modelo sólo provoca debilidad estructural y ha producido un divorcio total de la ciudadanía con el Poder Judicial. Por eso, el punto de partida para democratizar la Justicia debe comenzar por cumplir con la Constitución e instaurar el juicio por jurados clásico, como lo quisieron y legislaron los padres fundadores de la república, en materia penal, en temas ambientales y civiles de gravedad, cuando se afecten derechos de los consumidores, de tierras y pueblos indígenas y en el resto de los fueros (art. 24 de la Constitución). Sólo cumpliendo con esta exigencia constitucional, por su efecto práctico y por el alto contenido simbólico que poseen las decisiones judiciales cuando las toma el pueblo, se irá allanando el camino para dar contenido real a la agenda democrática. Ningún Estado moderno le entrega el monopolio de la administración de los conflictos judiciales más graves de la sociedad a una Justicia exclusivamente profesional. Todos estos países se valen del pueblo (a través de la labor de los jurados) para compartir esas decisiones y hacer concurrir el sistema judicial a la gobernabilidad democrática, como lo marca la Constitución. Argentina, lamentablemente, es la perfecta muestra de un Poder Judicial integrado sólo por jueces profesionales, que es incapaz hoy de procesar con eficacia las justificadas demandas ciudadanas de justicia. Es imperioso, por lo tanto, cumplir con la Constitución y abrir de una vez por todas los tribunales a la intervención directa del pueblo, no sólo a través del juicio por jurados, sino de los demás mecanismos de participación ciudadana. La historia del jurado en los pueblos de todas las latitudes demuestra empíricamente que esta práctica cívica desencadena cambios democratizadores irreversibles en los sistemas de Justicia. Por eso, la manifiesta resistencia corporativa –de cuño inquisitorial o pseudoprogresista– a su implementación. Los restantes puntos de la agenda democrática son propuestas consustanciales a la participación popular directa en la Justicia.

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Defensa pública inclusiva y eficiente

Por María Florencia Hegglin *

Dotar de un significado auténtico a la novedosa y bienvenida proclama de una democratización del sistema de justicia nos obliga, como operadores del sistema, a intentar definir lo más ajustadamente posible de qué hablamos cuando hablamos de una Justicia democrática. Es muy posible que no todos estemos queriendo decir lo mismo, o pensando el asunto desde un mismo lugar, principalmente porque la denominada administración de justicia no está conformada sólo por jueces, sino también por fiscales y defensores públicos que formamos parte de ese mismo engranaje. Más allá de ello, creo que algunos ejes centrales han llegado para instalarse, o al menos para dar pelea, con un inusitado vigor, en este abierto debate.

Los binomios democracia-inclusión y democracia-igualdad, que consagran el valor de la administración de los asuntos públicos para el bien común y, como tal, para todos, son ejes temáticos que emergieron con enorme fuerza, para interpelarnos. ¿Es la administración de justicia lo suficientemente inclusiva en la aplicación de la ley? ¿Qué niveles de inclusión social garantizan las agencias judiciales? ¿De qué modo se garantiza una política inclusiva e igualitaria en la defensa pública? Respecto de este último interrogante, hay cursos de acción que mostrar y cuestiones para señalar desde la perspectiva del Ministerio Público de la Defensa.

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Lorenzetti abre el fuego

Con la excusa de los 150 años de la Corte, que se cumplen en octubre, Ricardo Lorenzetti encabezará un acto ante centenares de jueces, donde sentará posición sobre el estado de la Justicia, cuando crece el debate por la democratización.

 Por Irina Hauser

El Poder Judicial parece en estado de ebullición. En Tribunales puede percibirse la gran expectativa reinante por una sucesión de acontecimientos que ocurrirán esta semana y que muestran a muchos de sus integrantes como protagonistas en un escenario de reflexión sin precedentes sobre la esencia misma de su tarea como parte de uno de los poderes del Estado, el único que no es votado por el pueblo, pero que tiene en sus manos grandes decisiones que lo afectan. El disparador, ya conocido, fue la iniciativa de cientos de jueces, fiscales y defensores que en medio de la disputa alrededor del caso Clarín salieron a diferenciarse de la Asociación de Magistrados que –alentada por parte de la Corte Suprema– denunciaba presiones políticas, y terminaron convocando a dos jornadas de debate abierto para mañana y pasado en la Biblioteca Nacional con el lema de buscar una “Justicia legítima”. Sin embargo, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se les anticipó y hará hoy a las 11 un acto de apertura del año judicial que intentará amplificar más que otras veces con la excusa de que el máximo tribunal cumple 150 años. A los ojos del mundillo judicial, es evidente el intento por marcar la cancha y condicionar la agenda, en medio de lo que ya es una discusión abierta e instalada sobre lo que se ha dado en llamar “democratización de la Justicia”. 

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El surgimiento de esta corriente puso en duda la idea de unidad que Lorenzetti alimenta hace tiempo. A fin de año, frente al llamado de la presidenta Cristina Kirchner a democratizar, eligió contestar desde una cena de la Asociación de Magistrado que los jueces no son “una corporación sino un Poder del Estado”. Esta vez, dicen en su entorno, hará un discurso amigable, intentará mostrar al Poder Judicial como amplio y abierto a los debates y a una agenda común. Lorenzetti tiene una capacidad para hablar de los grandes temas de la coyuntura sin nombrarlos explícitamente. Lo ha hecho al hablar de la libertad de expresión –en medio del debate por la ley de medios– y hasta al hablar del transporte ferroviario tras la tragedia de Once. En casa ocasión retomará, casi como un mantra, el concepto de que la Justicia debe ofrecer un servicio y estar cerca de la gente. El enigma es si cuando hable hoy ignorará el debate creciente sobre el Poder Judicial, si lo abordará con su estilo elíptico habitual o si hará referencias más directas. En los últimos días también circularon rumores de que haría anuncios, como la generalización del ingreso democrático, por concurso a la carrera judicial.

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El punto de partida para una reforma de la Justicia

En el cierre del encuentro de “Justicia legítima”, la defensora general, Stella Maris Martínez, llamó a que los jueces tomen empleados por concurso. Se debatió en talleres sobre independencia, participación ciudadana, transparencia e ingreso a la Justicia.

 Por Irina Hauser

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La asistencia masiva sorprendió al grupito inicial de autoconvocados, que tuvo como una suerte de madrinas a la defensora Martínez y a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. “Nos van a decir que el clima ayudó. Claramente esto es viento de cola”, ironizó el fiscal Félix Crous sobre el final del encuentro, desde una mesa larga y poblada sobre el escenario. Con el mismo aire socarrón agregó que por la Biblioteca pasaron, entre ayer y el miércoles, “dos mil personas que se enamoraron de las palabras” y que hablaron “bajo la epopeya de no quedar bien con tirios y troyanos”. Era una nueva alusión tácita al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuyos discursos buscan contentar a todos los sectores. “Los que estamos acá nos tomamos en serio el decreto de supresión de honores, acá no hay prerrogativas de sangre ni de nacimiento”, cizañó Crous. “En el Poder Judicial todo es revolucionario”, se rió el fiscal, y con él todo el auditorio, que estaba colmado.

El primer día de encuentro de “Justicia legítima” hablaron decenas de personas que se iban pasando el micrófono cada cinco minutos, el límite establecido. En la segunda jornada se dividieron en cuatro grupos, cada uno con un tema, y escribieron algunas ideas, que los coordinadores leyeron al atardecer. El taller más concurrido fue el de “Independencia judicial” y, llamativamente, el que menos asistencia tuvo fue el de “Transparencia”. En ambos se esperaba surgiera la discusión sobre las exenciones impositivas que benefician al Poder Judicial y los ministerios públicos, pero se tocó de manera colateral. Otro grupo analizó los mecanismos de ingreso al Poder Judicial y el cuarto, las posibles formas de participación de la ciudadanía en los quehaceres judiciales y la “gestión democrática”.

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