Documento del primer día de Justicia Legítima
27/02/2013
Los que estamos
aquí queremos ser parte de una Justicia más plural y más independiente,
dispuesta a transparentar y a rendir cuenta de su actuación ante la
ciudadanía entera. Nos une la convicción de que existe un modo diferente
de ejercer la magistratura y la jurisdicción.
Rara vez en
estos casi treinta años de recuperación del Estado de Derecho, y salvo
honrosas excepciones, un número tan importante de jueces, fiscales,
defensores públicos, funcionarios y empleados han firmado con nombre y
apellido un cuestionamiento claro y enérgico como el que se expresa en
los documentos de “Justicia Legítima.” Así se habilita el escenario de
un debate público en el que sin desconocer la mayor responsabilidad que
nos corresponde como integrantes del Poder Judicial, aspiramos a sumar
muchas voces y muy diferentes actores sociales para inaugurar mecanismos
de participación ciudadana.
También es inédito y
auspicioso que miembros de las justicias federal, nacional y locales
elijan modos de encuentro y participación como el de esta asamblea
nacida de una convocatoria en la que nadie se arroga la representación
de otros, ni apela a distinciones o jerarquías que no reconocemos ni
aceptamos.
Es el primer paso de un largo camino que no se
agota en la indignación y en el rechazo a una manera falaz e
intencionada de “invocar independencia” para encubrir sumisión a grupos,
intereses y poderes partidarios, económicos, mediáticos a cambio de
ventajas y beneficios incompatibles con un servicio de justicia en un
Estado de Derecho. Defendemos una noción de independencia que no ignore
la trama de poderes formales e informales que atraviesa el espacio en el
que trabajamos y el mundo en el que vivimos y somos concientes de los
deberes que nos son propios y estamos dispuestos a cumplirlos sin
claudicaciones.
Llegó la hora de mirar hacia adentro del
sistema de administración de justicia y hacer pública nuestra
autocrítica a fin de dar sentido a la diferencia entre el accionar
corporativo y una “justicia legítima”. Para conformar otro sistema de
justicia hay que partir de un núcleo irrenunciable de principios y
prácticas que aseguren la vigencia plena e irrestricta del Estado de
Derecho, la defensa y ampliación permanente de los derechos humanos y de
las garantías consagradas en la Constitución y en los tratados
internacionales y el rechazo de toda forma de discriminación por
condición social, étnica, religiosa o de género. Sabemos que todavía hay
que superar las marcas que la dictadura imprimió y que subsisten en la
estructura y en muchos agentes judiciales de cualquier nivel.
Queremos
discutir cómo se forma a los jueces, magistrados, funcionarios y
agentes; cómo y por quienes se llevan adelante los procesos de selección
para ingresar y permanecer en la institución judicial en todos sus
niveles; cómo se asegura que la postulación y elección de miembros de
los consejos de la magistratura sea abierta y sin restricciones; cómo se
conforma y se exhibe la gestión de los recursos, de la jurisdicción y
de la administración; cuáles son las condiciones imprescindibles para
efectivizar el acceso a la justicia para todos, protegiendo a los
vulnerables y cuáles las posibles vías de intervención de la sociedad
civil en la construcción de una Justicia fuerte, independiente y
democrática. Y estamos dispuestos a persistir en este intento.